Judiciales
Ni con Patricia Méndez, ni con su abuela: beba fue entregada a familia adoptiva
Finalmente, y a pesar de la aparición de la abuela biológica de la niña, la Justicia avanzó con el proceso de adopción y esta mañana le quitó la guarda de la beba a Patricia Méndez, la posadeña que la semana pasada hizo público el caso que comenzó en enero, cuando acogió a una recién nacida en condiciones de vulnerabilidad y luego denunció las irregularidades del proceso. A partir de hoy, la pequeña estará a cargo de una familia adoptante.
El caso se hizo visible la semana pasada, pero en realidad comenzó a fines del año pasado, cuando a Méndez le propusieron hacerse cargo de manera provisoria de una bebé recién nacida cuya madre se encontraba en un contexto de extrema vulnerabilidad.
La posadeña, que es madre de otros tres hijos, contó que aceptó el ofrecimiento con la intención de ayudar y a sabiendas de que no se encontraba inscripta en ningún programa de acogimiento, ni de familia sustituta. La mujer denunció esa como la primera de otras de tantas irregularidades que advirtió en el proceso, que se extendió durante once meses, llegando ahora a una situación límite.
Méndez sostuvo que en todo ese tiempo ningún organismo atendió las necesidades de la niña ni tampoco realizó algún tipo de seguimiento, hasta que a partir de sus propios reclamos se reactivó el proceso de adopción, aunque para ese entonces la mujer ya había decidido en solicitar la guarda definitiva de la niña, lo que la Justicia desestimó.
Tras hacer pública la historia, el caso tuvo un contundente giro el fin de semana, cuando la abuela materna de la beba apareció reclamando la tenencia que, por derecho, le correspondía.
Según Méndez, la abuela biológica de la niña se enteró por los medios que tenía una nieta y de inmediato se puso en contacto con ella.
Allí la mujer le manifestó que no sabía que su hija había tenido una bebé y sostuvo que la Justicia misionera nunca la buscó para constatar si estaba en condiciones de hacerse cargo del cuidado o si bien debían iniciar un proceso de adopción para encontrarle un hogar a la menor que cuya guarda estaba en manos de Méndez.
“La aparición de la abuela biológica cambió absolutamente todo, porque nosotros estábamos pidiendo una guarda considerando el estado de la salud de la menor, que se nos otorgue una guarda y la posibilidad de competir como adoptantes, teniendo en cuenta un montón de cosas que le presentamos al juez”, expresó Méndez a La Voz de Misiones, durante una transmisión en vivo realizada hoy en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde se concretó la última audiencia y tuvo que entregar a la bebé que cuidó desde enero.
La posadeña también explicó que Blanca, abuela biológica, por medio de su abogada Valeria Perego, solicitó acceso al expediente que se tramita en el Juzgado de Familia Dos de Posadas, a cargo del magistrado Roberto Andersson Frank, para interiorizarse en el caso y hacerse cargo de la niña, pero no obtuvieron respuestas.
“Ella nunca fue contactada, es una persona que vive en Santa Inés (Garupá). Ante eso, se puso en contacto con una abogada y el lunes presentó un escrito donde pidió la nulidad del estado de adoptabilidad, la guarda, porque es su abuela y está en condiciones de cuidarla, y que además que se investigue el posible delito de sustracción de menores”, precisó Patricia.
Y, en esa línea, apuntó: “A partir de que ella hace la denuncia, esta gente que trabaja acá adentro -por el Palacio de Justicia- empezó a apresurar todos los instrumentos legales posibles para arrebatarnos a la menor, cosa que finalmente hicieron hoy, supuestamente en la tercera entrevista de vinculación”.
Blanquear el proceso
Visiblemente conmocionada por la situación, la mujer volvió a remarcar las irregularidades de los organismos del Estado que durante un año -asegura- no realizaron un seguimiento del caso e “hicieron abandono” de la menor.
Esta mañana, tanto Méndez como Blanca se presentaron en las oficias del juzgado interviniente y se despidieron de la niña. “Hoy se presentó la abuela con su abogada y no solo que no le dieron acceso al expediente original, sino que además le inventaron una causa nueva, para no vincularla al expediente. Estamos convencidos de que está lleno de irregularidades administrativas, informes que se inventaron y que por eso no lo quieren mostrar”, denunció la mujer.
Sobre la situación de la madre biológica de la beba, Méndez señaló que “jamás buscaron a su familia. Ella tiene siete hermanos y ninguno sabía que tenían una sobrina que acaba de ser entregada en adopción”.
Y lanzó: “Yo digo están entregando menores aparentemente de manera legal, donde los papeles dice que hizo todo legal, pero cuando vos mirás el procedimiento está todo inventado y para eso tenés que tener demasiada gente laburando con vos. Entonces estamos hablando de una red de tráfico de menores, donde acorralan a los pobres que no tienen recursos, traen los bebés, hacen los papeles y se los llevan al interior, porque está criatura se fue al interior”.
Aún conmocionada, Méndez recordó cómo fue el encuentro con la abuela de la niña, con quien comparten el deseo de su cuidado. “Nos reunimos y era un solo llanto. A mí me angustió mucho darme por enterada en ese momento que de verdad están cometiendo un delito y cuando ella me dice que está en condiciones y quiere a su nieta, yo en ningún momento me opuse. Al contrario, me puse a disposición de ella y de lo que la familia necesite para poder pelear por sus derechos, más que nada para blanquear el proceso, porque si la nena va a ir en adopción que estén los papeles legales”.
La abuela buscará recuperar a la niña
Por su parte, la abogada de la abuela, Valeria Perego, sostuvo: “Cuando ella se enteró por los medios que existía esta niña quería poder tener la guarda y cuidarla. Nosotros hicimos la presentación el lunes y hasta el día de hoy no tuvimos respuestas, en ese ínterin el juez decide darla en adopción”.
En ese punto, la letrada expuso: “Al juez le dijimos ‘usted no pudo frenar el procedimiento ante un hecho nuevo de suma gravedad para decir espero y veo qué resuelvo’. Lamentablemente él siguió el procedimiento como si nada, jamás se contactó a la familia de origen, es realmente grave lo que pasó”.
La abogada Perego confirmó a LVM que continuarán trabajando con la familia biológica de la niña para recuperar su guarda: “Yo todavía no estoy vinculada al expediente, el juez me dijo que algo va a salir el viernes, no sé qué es, y depende de eso, vamos a seguir hasta el final”.
Pese a los últimos acontecimientos que tuvo el caso, el proceso judicial de adopción avanzó este miércoles y la pequeña de un año fue entregada a una familia de Puerto Rico por orden del magistrado Andersson Frank.
“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, así tengamos que llegar a los tribunales de la Nación, porque esto hay que denunciar, yo no puedo ser cómplice, vamos a agotar todas las instancias judiciales”, cerró Patricia Méndez en entrevista con LVM.
Posadeña pide la guarda definitiva de una beba que acogió en enero
A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.
El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.
El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.
Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.
El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.
Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá
El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.
La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.
Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.
Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.
Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.
La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.
Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.
Aguiar, absuelto
La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.
Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.
Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.
Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.
Corazza, también fue absuelto
El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.
El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.
En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.
La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.
Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.
El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.
La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.
Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores
Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.
La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.
El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.
Fiscalía Distrito Misiones
La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.
El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.
La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.
La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.
La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.
Fiscal en lugar central
Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.
La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.
En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.
El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.
Salas de audiencia
La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.
El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.
Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.
Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.
Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.
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