Judiciales
Ni con Patricia Méndez, ni con su abuela: beba fue entregada a familia adoptiva
Finalmente, y a pesar de la aparición de la abuela biológica de la niña, la Justicia avanzó con el proceso de adopción y esta mañana le quitó la guarda de la beba a Patricia Méndez, la posadeña que la semana pasada hizo público el caso que comenzó en enero, cuando acogió a una recién nacida en condiciones de vulnerabilidad y luego denunció las irregularidades del proceso. A partir de hoy, la pequeña estará a cargo de una familia adoptante.
El caso se hizo visible la semana pasada, pero en realidad comenzó a fines del año pasado, cuando a Méndez le propusieron hacerse cargo de manera provisoria de una bebé recién nacida cuya madre se encontraba en un contexto de extrema vulnerabilidad.
La posadeña, que es madre de otros tres hijos, contó que aceptó el ofrecimiento con la intención de ayudar y a sabiendas de que no se encontraba inscripta en ningún programa de acogimiento, ni de familia sustituta. La mujer denunció esa como la primera de otras de tantas irregularidades que advirtió en el proceso, que se extendió durante once meses, llegando ahora a una situación límite.
Méndez sostuvo que en todo ese tiempo ningún organismo atendió las necesidades de la niña ni tampoco realizó algún tipo de seguimiento, hasta que a partir de sus propios reclamos se reactivó el proceso de adopción, aunque para ese entonces la mujer ya había decidido en solicitar la guarda definitiva de la niña, lo que la Justicia desestimó.
Tras hacer pública la historia, el caso tuvo un contundente giro el fin de semana, cuando la abuela materna de la beba apareció reclamando la tenencia que, por derecho, le correspondía.
Según Méndez, la abuela biológica de la niña se enteró por los medios que tenía una nieta y de inmediato se puso en contacto con ella.
Allí la mujer le manifestó que no sabía que su hija había tenido una bebé y sostuvo que la Justicia misionera nunca la buscó para constatar si estaba en condiciones de hacerse cargo del cuidado o si bien debían iniciar un proceso de adopción para encontrarle un hogar a la menor que cuya guarda estaba en manos de Méndez.
“La aparición de la abuela biológica cambió absolutamente todo, porque nosotros estábamos pidiendo una guarda considerando el estado de la salud de la menor, que se nos otorgue una guarda y la posibilidad de competir como adoptantes, teniendo en cuenta un montón de cosas que le presentamos al juez”, expresó Méndez a La Voz de Misiones, durante una transmisión en vivo realizada hoy en las escalinatas del Palacio de Justicia, donde se concretó la última audiencia y tuvo que entregar a la bebé que cuidó desde enero.
La posadeña también explicó que Blanca, abuela biológica, por medio de su abogada Valeria Perego, solicitó acceso al expediente que se tramita en el Juzgado de Familia Dos de Posadas, a cargo del magistrado Roberto Andersson Frank, para interiorizarse en el caso y hacerse cargo de la niña, pero no obtuvieron respuestas.
“Ella nunca fue contactada, es una persona que vive en Santa Inés (Garupá). Ante eso, se puso en contacto con una abogada y el lunes presentó un escrito donde pidió la nulidad del estado de adoptabilidad, la guarda, porque es su abuela y está en condiciones de cuidarla, y que además que se investigue el posible delito de sustracción de menores”, precisó Patricia.
Y, en esa línea, apuntó: “A partir de que ella hace la denuncia, esta gente que trabaja acá adentro -por el Palacio de Justicia- empezó a apresurar todos los instrumentos legales posibles para arrebatarnos a la menor, cosa que finalmente hicieron hoy, supuestamente en la tercera entrevista de vinculación”.
Blanquear el proceso
Visiblemente conmocionada por la situación, la mujer volvió a remarcar las irregularidades de los organismos del Estado que durante un año -asegura- no realizaron un seguimiento del caso e “hicieron abandono” de la menor.
Esta mañana, tanto Méndez como Blanca se presentaron en las oficias del juzgado interviniente y se despidieron de la niña. “Hoy se presentó la abuela con su abogada y no solo que no le dieron acceso al expediente original, sino que además le inventaron una causa nueva, para no vincularla al expediente. Estamos convencidos de que está lleno de irregularidades administrativas, informes que se inventaron y que por eso no lo quieren mostrar”, denunció la mujer.
Sobre la situación de la madre biológica de la beba, Méndez señaló que “jamás buscaron a su familia. Ella tiene siete hermanos y ninguno sabía que tenían una sobrina que acaba de ser entregada en adopción”.
Y lanzó: “Yo digo están entregando menores aparentemente de manera legal, donde los papeles dice que hizo todo legal, pero cuando vos mirás el procedimiento está todo inventado y para eso tenés que tener demasiada gente laburando con vos. Entonces estamos hablando de una red de tráfico de menores, donde acorralan a los pobres que no tienen recursos, traen los bebés, hacen los papeles y se los llevan al interior, porque está criatura se fue al interior”.
Aún conmocionada, Méndez recordó cómo fue el encuentro con la abuela de la niña, con quien comparten el deseo de su cuidado. “Nos reunimos y era un solo llanto. A mí me angustió mucho darme por enterada en ese momento que de verdad están cometiendo un delito y cuando ella me dice que está en condiciones y quiere a su nieta, yo en ningún momento me opuse. Al contrario, me puse a disposición de ella y de lo que la familia necesite para poder pelear por sus derechos, más que nada para blanquear el proceso, porque si la nena va a ir en adopción que estén los papeles legales”.
La abuela buscará recuperar a la niña
Por su parte, la abogada de la abuela, Valeria Perego, sostuvo: “Cuando ella se enteró por los medios que existía esta niña quería poder tener la guarda y cuidarla. Nosotros hicimos la presentación el lunes y hasta el día de hoy no tuvimos respuestas, en ese ínterin el juez decide darla en adopción”.
En ese punto, la letrada expuso: “Al juez le dijimos ‘usted no pudo frenar el procedimiento ante un hecho nuevo de suma gravedad para decir espero y veo qué resuelvo’. Lamentablemente él siguió el procedimiento como si nada, jamás se contactó a la familia de origen, es realmente grave lo que pasó”.
La abogada Perego confirmó a LVM que continuarán trabajando con la familia biológica de la niña para recuperar su guarda: “Yo todavía no estoy vinculada al expediente, el juez me dijo que algo va a salir el viernes, no sé qué es, y depende de eso, vamos a seguir hasta el final”.
Pese a los últimos acontecimientos que tuvo el caso, el proceso judicial de adopción avanzó este miércoles y la pequeña de un año fue entregada a una familia de Puerto Rico por orden del magistrado Andersson Frank.
“Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, así tengamos que llegar a los tribunales de la Nación, porque esto hay que denunciar, yo no puedo ser cómplice, vamos a agotar todas las instancias judiciales”, cerró Patricia Méndez en entrevista con LVM.
Posadeña pide la guarda definitiva de una beba que acogió en enero
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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