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Misionero fue condenado por tomar de rehén a compañero de cárcel y pedir rescate

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Un misionero de 42 años, actualmente preso y purgando una condena por secuestros extorsivos cometidos en Buenos Aires, recibió otra sentencia en su contra, esta vez por el delito de extorsión, luego de tomar de rehén a un compañero de cárcel y pedir 500.000 pesos de rescate a su familia.

El protagonista de esta historia del hampa es Gustavo Carlos Preste (42), oriundo de Cerro Azul, pero actualmente preso en el penal de Rawson, provincia de Chubut, aunque el hecho por el cual fue recientemente condenado ocurrió mientras purgaba sus días y noches de encierro en la Unidad Penal Federal 7 de Resistencia, en Chaco.

Los antecedentes delictivos del misionero se remontan al 2012, cuando era parte de una peligrosa banda que entre marzo y mayo de ese año cometió al menos cinco secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires.

Según reconstruyó la Justicia, la banda estaba conformada por quince integrantes y en su poder los investigadores incautaron una gran cantidad de elementos que dieron cuenta de su potencial delictivo, entre ellos, seis automóviles, ametralladoras y chalecos antibalas.

El grupo fue juzgado en 2014 cuando, tras dos meses de debate oral, fueron hallados responsables de los delitos de asociación ilícita y secuestro extorsivo, recibiendo penas de entre 3 y 22 años de prisión. 

En esa ocasión, el misionero Preste fue condenado a una pena de 11 años de cárcel, que cumplía en el penal de Chaco, donde en 2019 volvió a ser protagonista de un hecho violento.

“Nosotros secuestramos personas”

Fue el 21 de octubre, cuando un reo del pabellón 10 de esa misma unidad carcelaria, identificado como Rodrigo Robledo, condenado por delitos de narcotráfico, fue abordado por cinco sujetos armados y encapuchados.

Esos sujetos eran, el misionero Preste, el santiagueño Néstor Isidro Mansilla (39) y los bonaerenses Denis Iván Elías Velázquez (33), Lucas Matías Tornacue (28) y Claudio Ezequiel Cecotti (27).

Tras ser abordado por sus compañeros de penal, Robledo fue herido con elemento cortante en su pierna y luego golpeado en varias partes del cuerpo mientras se encontraba maniatado de pies y manos con trozos de sábanas.

En medio de esas circunstancias, sus captores dentro de la prisión tomaron un celular y llamaron a sus familiares, a quien exigieron 500.000 pesos a cambio de la liberación del reo. La cifra luego se redujo a 100.000 pesos.

El plan exigía que el dinero sea llevado hasta Buenos Aires y en medio de la ruta iban a ser interceptados por cómplices en libertad de la banda, quienes iban a tomar la plata.

Todo ocurrió dentro de la Prisión Regional del Norte, Unidad 7, del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Resistencia, Chaco.

“Vamos a hacer video llamada cuando vos vayas por la ruta ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Después te van a cruzar dos coches a donde vos vas a entregar la plata y no juegues conmigo porque esto no es un juego mujer, si vos sos parte de la mafia tenés que saber cómo es la cosa, ustedes venden droga, nosotros secuestramos personas ¿Me explico?”, fue la desgravación de una de las llamadas de los extorsionadores a la familia de la víctima, según consta en la reciente sentencia a la cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

Sin embargo, todo el plan fue frustrado. La madre de Robledo denunció el hecho e integrantes especializados del Servicio Penitenciario Federal (SPF) irrumpieron en las celdas de los involucrados, incautando todo tipo de elementos y poniendo a resguardo a la víctima.

Después de ello, se inició una nueva causa penal contra los acusados por el delito de secuestro extorsivo y el expediente se resolvió mediante la vía de un juicio abreviado.

En esa instancia, la fiscalía general de Chaco redujo la acusación, ya que consideró que en el hecho no hubo secuestro, ya que todos se encontraban en contextos de encierro, pero sí extorsión y entendió razonable aplicar una pena de cinco años de prisión para todos los acusados.

El acuerdo fue homologado y firmado por el Tribunal Federal Oral de Resistencia el miércoles de la semana pasada.

De esta manera, Preste recibió una nueva condena. Esta vez de cinco años de prisión y el fallo será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín, Buenos Aires, para que se proceda a la unificación de las penas que el implicado posee en su contra.

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El caso Peyer avanza con toma de testimoniales: Gularte citada como testigo

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El caso Mario Peyer avanza, tanto administrativamente como judicialmente. En Caraguatay esta mañana se concretó la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante que ungió a la edil Norma Gularte como intendenta interina, mientras que la Justicia continúa recabando material probatorio y en ese marco ya citó a cuatro personas a declarar en carácter de testigos, entre ellos a la flamante jefa comunal.

Las audiencias se realizarán en el trascurso de esta semana y la siguiente, instancia en la cual las personas citadas podrán contar todo lo que saben, vieron o escucharon sobre los hechos denunciados.

Según detallaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, entre los citados aparecen trabajadores administrativos y también concejales de Caraguatay, y, a pesar de haberlo negado públicamente, entre esos nombres figura Norma Gularte, quien fue señalada por la denunciante como una de las personas que estuvo presente en el recinto parlamentario durante uno de los episodios que la víctima narró como de acoso de parte de Peyer.

Las audiencias tendrán lugar en el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, quien ya ordenó una batería de medidas probatorias para engrosar el expediente por “abuso sexual con acceso carnal” que se tramita en contra de Peyer, ahora de licencia en su cargo como intendente.

Entre las medidas dictadas se destaca una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante. El magistrado además ordenó una serie de procedimientos que ya se concretaron como, por ejemplo, allanamientos tanto en su oficina, como en su casa, además del secuestro de sus aparatos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares y computadoras que fueron remitidos para pericias al personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

También hubo una inspección ocular en las oficinas del HCD donde presuntamente ocurrieron los hechos y en los últimos días además se dispuso la elaboración de informes socioambientales y una entrevista psicológica a la denunciante.

Las mismas fuentes señalaron que se aguarda que la Policía eleve al juzgado el sumario policial con la denuncia por amenazas que la misma joven radicó el fin de semana pasado y se analiza unir ambos expedientes para que, una vez citado a prestar declaración indagatoria, Peyer responda por ambas acusaciones.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia

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El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.

La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.

En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.

En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.

La denuncia

La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Medidas

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.

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La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular

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La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.

Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.

Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.

Denuncia y ratificación

En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Pedido de licencia

Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.

“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.

Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia

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