Judiciales
Misionero fue condenado por tomar de rehén a compañero de cárcel y pedir rescate
Un misionero de 42 años, actualmente preso y purgando una condena por secuestros extorsivos cometidos en Buenos Aires, recibió otra sentencia en su contra, esta vez por el delito de extorsión, luego de tomar de rehén a un compañero de cárcel y pedir 500.000 pesos de rescate a su familia.
El protagonista de esta historia del hampa es Gustavo Carlos Preste (42), oriundo de Cerro Azul, pero actualmente preso en el penal de Rawson, provincia de Chubut, aunque el hecho por el cual fue recientemente condenado ocurrió mientras purgaba sus días y noches de encierro en la Unidad Penal Federal 7 de Resistencia, en Chaco.
Los antecedentes delictivos del misionero se remontan al 2012, cuando era parte de una peligrosa banda que entre marzo y mayo de ese año cometió al menos cinco secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires.
Según reconstruyó la Justicia, la banda estaba conformada por quince integrantes y en su poder los investigadores incautaron una gran cantidad de elementos que dieron cuenta de su potencial delictivo, entre ellos, seis automóviles, ametralladoras y chalecos antibalas.
El grupo fue juzgado en 2014 cuando, tras dos meses de debate oral, fueron hallados responsables de los delitos de asociación ilícita y secuestro extorsivo, recibiendo penas de entre 3 y 22 años de prisión.
En esa ocasión, el misionero Preste fue condenado a una pena de 11 años de cárcel, que cumplía en el penal de Chaco, donde en 2019 volvió a ser protagonista de un hecho violento.
“Nosotros secuestramos personas”
Fue el 21 de octubre, cuando un reo del pabellón 10 de esa misma unidad carcelaria, identificado como Rodrigo Robledo, condenado por delitos de narcotráfico, fue abordado por cinco sujetos armados y encapuchados.
Esos sujetos eran, el misionero Preste, el santiagueño Néstor Isidro Mansilla (39) y los bonaerenses Denis Iván Elías Velázquez (33), Lucas Matías Tornacue (28) y Claudio Ezequiel Cecotti (27).
Tras ser abordado por sus compañeros de penal, Robledo fue herido con elemento cortante en su pierna y luego golpeado en varias partes del cuerpo mientras se encontraba maniatado de pies y manos con trozos de sábanas.
En medio de esas circunstancias, sus captores dentro de la prisión tomaron un celular y llamaron a sus familiares, a quien exigieron 500.000 pesos a cambio de la liberación del reo. La cifra luego se redujo a 100.000 pesos.
El plan exigía que el dinero sea llevado hasta Buenos Aires y en medio de la ruta iban a ser interceptados por cómplices en libertad de la banda, quienes iban a tomar la plata.
Todo ocurrió dentro de la Prisión Regional del Norte, Unidad 7, del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Resistencia, Chaco.
“Vamos a hacer video llamada cuando vos vayas por la ruta ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Después te van a cruzar dos coches a donde vos vas a entregar la plata y no juegues conmigo porque esto no es un juego mujer, si vos sos parte de la mafia tenés que saber cómo es la cosa, ustedes venden droga, nosotros secuestramos personas ¿Me explico?”, fue la desgravación de una de las llamadas de los extorsionadores a la familia de la víctima, según consta en la reciente sentencia a la cual La Voz de Misiones tuvo acceso.
Sin embargo, todo el plan fue frustrado. La madre de Robledo denunció el hecho e integrantes especializados del Servicio Penitenciario Federal (SPF) irrumpieron en las celdas de los involucrados, incautando todo tipo de elementos y poniendo a resguardo a la víctima.
Después de ello, se inició una nueva causa penal contra los acusados por el delito de secuestro extorsivo y el expediente se resolvió mediante la vía de un juicio abreviado.
En esa instancia, la fiscalía general de Chaco redujo la acusación, ya que consideró que en el hecho no hubo secuestro, ya que todos se encontraban en contextos de encierro, pero sí extorsión y entendió razonable aplicar una pena de cinco años de prisión para todos los acusados.
El acuerdo fue homologado y firmado por el Tribunal Federal Oral de Resistencia el miércoles de la semana pasada.
De esta manera, Preste recibió una nueva condena. Esta vez de cinco años de prisión y el fallo será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín, Buenos Aires, para que se proceda a la unificación de las penas que el implicado posee en su contra.
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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