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Misionero fue condenado por tomar de rehén a compañero de cárcel y pedir rescate

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Un misionero de 42 años, actualmente preso y purgando una condena por secuestros extorsivos cometidos en Buenos Aires, recibió otra sentencia en su contra, esta vez por el delito de extorsión, luego de tomar de rehén a un compañero de cárcel y pedir 500.000 pesos de rescate a su familia.

El protagonista de esta historia del hampa es Gustavo Carlos Preste (42), oriundo de Cerro Azul, pero actualmente preso en el penal de Rawson, provincia de Chubut, aunque el hecho por el cual fue recientemente condenado ocurrió mientras purgaba sus días y noches de encierro en la Unidad Penal Federal 7 de Resistencia, en Chaco.

Los antecedentes delictivos del misionero se remontan al 2012, cuando era parte de una peligrosa banda que entre marzo y mayo de ese año cometió al menos cinco secuestros extorsivos en la provincia de Buenos Aires.

Según reconstruyó la Justicia, la banda estaba conformada por quince integrantes y en su poder los investigadores incautaron una gran cantidad de elementos que dieron cuenta de su potencial delictivo, entre ellos, seis automóviles, ametralladoras y chalecos antibalas.

El grupo fue juzgado en 2014 cuando, tras dos meses de debate oral, fueron hallados responsables de los delitos de asociación ilícita y secuestro extorsivo, recibiendo penas de entre 3 y 22 años de prisión. 

En esa ocasión, el misionero Preste fue condenado a una pena de 11 años de cárcel, que cumplía en el penal de Chaco, donde en 2019 volvió a ser protagonista de un hecho violento.

“Nosotros secuestramos personas”

Fue el 21 de octubre, cuando un reo del pabellón 10 de esa misma unidad carcelaria, identificado como Rodrigo Robledo, condenado por delitos de narcotráfico, fue abordado por cinco sujetos armados y encapuchados.

Esos sujetos eran, el misionero Preste, el santiagueño Néstor Isidro Mansilla (39) y los bonaerenses Denis Iván Elías Velázquez (33), Lucas Matías Tornacue (28) y Claudio Ezequiel Cecotti (27).

Tras ser abordado por sus compañeros de penal, Robledo fue herido con elemento cortante en su pierna y luego golpeado en varias partes del cuerpo mientras se encontraba maniatado de pies y manos con trozos de sábanas.

En medio de esas circunstancias, sus captores dentro de la prisión tomaron un celular y llamaron a sus familiares, a quien exigieron 500.000 pesos a cambio de la liberación del reo. La cifra luego se redujo a 100.000 pesos.

El plan exigía que el dinero sea llevado hasta Buenos Aires y en medio de la ruta iban a ser interceptados por cómplices en libertad de la banda, quienes iban a tomar la plata.

Todo ocurrió dentro de la Prisión Regional del Norte, Unidad 7, del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en Resistencia, Chaco.

“Vamos a hacer video llamada cuando vos vayas por la ruta ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Después te van a cruzar dos coches a donde vos vas a entregar la plata y no juegues conmigo porque esto no es un juego mujer, si vos sos parte de la mafia tenés que saber cómo es la cosa, ustedes venden droga, nosotros secuestramos personas ¿Me explico?”, fue la desgravación de una de las llamadas de los extorsionadores a la familia de la víctima, según consta en la reciente sentencia a la cual La Voz de Misiones tuvo acceso.

Sin embargo, todo el plan fue frustrado. La madre de Robledo denunció el hecho e integrantes especializados del Servicio Penitenciario Federal (SPF) irrumpieron en las celdas de los involucrados, incautando todo tipo de elementos y poniendo a resguardo a la víctima.

Después de ello, se inició una nueva causa penal contra los acusados por el delito de secuestro extorsivo y el expediente se resolvió mediante la vía de un juicio abreviado.

En esa instancia, la fiscalía general de Chaco redujo la acusación, ya que consideró que en el hecho no hubo secuestro, ya que todos se encontraban en contextos de encierro, pero sí extorsión y entendió razonable aplicar una pena de cinco años de prisión para todos los acusados.

El acuerdo fue homologado y firmado por el Tribunal Federal Oral de Resistencia el miércoles de la semana pasada.

De esta manera, Preste recibió una nueva condena. Esta vez de cinco años de prisión y el fallo será remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de San Martín, Buenos Aires, para que se proceda a la unificación de las penas que el implicado posee en su contra.

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Discusión de tránsito y homicidio en Garupá: pidieron elevar a juicio la causa

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tránsito homicidio

A menos de cinco meses del hecho, el fiscal de Instrucción Dos de Posadas, Christian Antunez, formuló el requerimiento de elevación a juicio de la causa que investiga el asesinato de Fabricio Ariel Rodríguez (32), cometido durante una discusión de tránsito en Garupá.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el requerimiento fue presentado esta semana ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos, quien ahora debe analizar el documento y estampar la firma para que el expediente pase a un tribunal.

El caso tiene como imputado y procesado con prisión preventiva al jubilado y chofer de aplicación Juan Carlos D. V. (63), quien enfrenta cargos por “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.

El hombre cumple la medida cautelar bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de salud, entre otros factores que fueron tenidos en cuenta para la morigeración de las condiciones de detención.

El hecho en cuestión ocurrió el 17 de abril de este año, sobre la avenida Santa Helena, en el ingreso al barrio homónimo y a unos metros de la ruta nacional 105, en Garupá.

Escasos minutos después de las 10 habían pasado cuando dos automovilistas se trenzaron en una discusión de tránsito que subió de tono hasta que, en determinado momento, el ahora imputado regresó a su auto Ford Fiesta blanco, extrajo un arma blanca y apuñaló al otro.

El puntazo dio en el pecho de Rodríguez, que cayó inmediatamente al suelo y murió en ese mismo lugar, ante la vista de una gran cantidad de testigos.

Identificaron al hombre asesinado tras una discusión de tránsito en Garupá

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Un misionero condenado y otro absuelto en juicio por red de trata de menores

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El Tribunal Oral Federal N°3 de Buenos Aires condenó este miércoles a 22 años de prisión al misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, señalado durante la investigación como líder de una organización dedicada a captar menores para su explotación sexual. En el mismo veredicto, los jueces absolvieron al también misionero Leandro Agustín Aguiar y ordenaron su inmediata libertad.

La sentencia fue dictada por los jueces Javier Feliciano Ríos, Andrés Fabián Basso y Fernando Marcelo Machado Pelloni, en el juicio que también tuvo como acusado al ex ganador de Gran Hermano Marcelo Corazza y a otros dos hombres.

Angelotti Notarbartolo recibió la pena que había solicitado la fiscalía, que durante sus alegatos lo había señalado como quien encabezaba la estructura investigada. El tribunal lo encontró responsable de los delitos de trata de personas agravada, abuso sexual con acceso carnal, promoción de la corrupción de menores y tenencia de representaciones de abuso sexual infantil.

Según el fallo, los delitos por los que fue condenado tuvieron como víctimas a al menos cuatro personas. En el caso de la trata, fue responsabilizado por hechos cometidos contra cuatro víctimas, tres de ellas menores de edad. La figura fue considerada agravada por el abuso de una situación de vulnerabilidad y por la pluralidad de víctimas.

Además, fue condenado por abusos sexuales con acceso carnal contra tres víctimas y por distintos hechos de corrupción de menores. También fue responsabilizado por tenencia de material de abuso sexual infantil.

La sentencia, sin embargo, también declaró prescriptas otras acusaciones contra Angelotti Notarbartolo y lo absolvió respecto de esos hechos. Se trata de delitos contra la integridad sexual vinculados con otras ocho víctimas.

Como parte de la resolución, el tribunal dispuso además que Angelotti y otro de los condenados, Raúl Ignacio Mermet, paguen una reparación económica equivalente a veinte salarios mínimos vitales y móviles a cada una de las víctimas por las que fueron sentenciados.

Aguiar, absuelto 

La situación del otro misionero acusado tuvo un desenlace diferente.

Leandro Agustín Aguiar, para quien la fiscalía había solicitado 11 años de prisión, fue absuelto por el tribunal. La misma decisión alcanzó a Andrés Fernando Charpenet, otro de los acusados, y ambos recuperarán la libertad de manera inmediata.

Durante el juicio, la acusación había sostenido que Aguiar se incorporó a la organización en 2018 y que, junto con Charpenet y Mermet, participaba de encuentros con las víctimas. El Ministerio Público había considerado que su intervención justificaba una condena de 11 años.

Sin embargo, los jueces no encontraron elementos suficientes para condenarlo por los delitos que se le atribuían y dispusieron su absolución.

Corazza, también fue absuelto

El fallo tuvo como principal repercusión nacional la absolución de Marcelo Corazza, ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo.

El tribunal lo desvinculó de las acusaciones de abuso sexual infantil, corrupción de menores y trata de personas. Los magistrados consideraron que algunos de los hechos atribuidos estaban prescriptos y que respecto de otros no existían pruebas suficientes.

En consecuencia, el tribunal ordenó quitarle la tobillera electrónica, levantar la prohibición para salir del país y dejar sin efecto el embargo que pesaba sobre sus bienes.

La fiscalía ya había solicitado su absolución durante los alegatos. El fiscal general Patricio García Elorrio había sostenido que el hecho de abuso sexual que se le atribuía, ocurrido en 2001, estaba prescripto y que tampoco había elementos suficientes para sostener la acusación por asociación ilícita.

Los fundamentos completos del fallo serán difundidos el próximo 22 de octubre.

El expediente se inició en octubre de 2022 a partir de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). La investigación posterior derivó en la detención de los cinco acusados y finalmente en el juicio oral.

La causa investigó una estructura que, según la acusación fiscal, habría operado entre 1999 y marzo de 2023 en Misiones, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, captando principalmente a adolescentes varones en situación de vulnerabilidad para someterlos a prácticas de explotación y abuso sexual.

Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Entró en vigencia el sistema acusatorio federal en Misiones

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sistema acusatorio federal

Desde este lunes 24 de agosto comenzó a regir en Misiones el sistema acusatorio previsto por el Código Procesal Penal Federal, un cambio que modifica el funcionamiento de la Justicia federal y redefine los roles de fiscales y jueces en las investigaciones penales.

La implementación alcanza a la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas y convierte a Misiones en la décima jurisdicción del país en incorporar este modelo procesal. El nuevo esquema se aplica sobre los 17 departamentos de la provincia.

El principal cambio está en la investigación de los delitos: a partir de ahora, el Ministerio Público Fiscal tendrá a su cargo la dirección de las investigaciones, mientras que los jueces dejarán de conducir la instrucción y pasarán a concentrar sus funciones en el control de las garantías y la resolución de los planteos que formulen las partes.

Fiscalía Distrito Misiones

La puesta en marcha del sistema acusatorio está acompañada por la creación de la Fiscalía de Distrito Misiones, una estructura que reemplaza el esquema anterior de fiscalías federales y generales y concentra la representación del Ministerio Público Fiscal de la Nación en toda la provincia.

El distrito estará conformado por una Unidad Fiscal con asiento en Posadas y tres sedes fiscales descentralizadas: Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú.

La fiscal general Vivian Andrea Barbosa fue designada provisoriamente como coordinadora de la Fiscalía de Distrito. Como fiscal revisora quedó la fiscal general interina Silvina Flavia Gutiérrez, mientras que el fiscal general interino Pablo Ricardo Di Loreto fue designado como reemplazante suplente.

La Unidad Fiscal Posadas tendrá competencia sobre Capital, Candelaria, Apóstoles y Concepción de la Sierra.

La sede de Oberá abarcará Cainguás, San Ignacio, Leandro N. Alem, San Javier, Libertador General San Martín, Veinticinco de Mayo, Oberá y Guaraní. Eldorado tendrá jurisdicción sobre Eldorado, Montecarlo y San Pedro, mientras que Puerto Iguazú comprenderá los departamentos Iguazú y General Manuel Belgrano.

Fiscal en lugar central

Con el nuevo modelo, el fiscal pasa a ocupar un lugar central en el proceso penal. Será quien dirija la investigación, determine las líneas de trabajo y lleve adelante la acusación, mientras que los jueces actuarán como terceros imparciales encargados de controlar que el proceso se desarrolle dentro de las reglas establecidas.

La Unidad Fiscal Posadas contará con áreas diferenciadas para Atención Inicial; Investigación y Litigio de Casos Sencillos; Investigación y Litigio de Casos Complejos; Transición; Ejecución Penal; Atención y Acompañamiento a Víctimas; y asuntos No Penales y Electorales.

En las sedes de Oberá, Eldorado y Puerto Iguazú funcionarán áreas de Atención Inicial, Investigación y Litigio de Casos, Transición y No Penal.

El cambio también apunta a un proceso penal con mayor protagonismo de las audiencias orales. La Oficina Judicial tendrá un rol central en la gestión de las audiencias y en la organización de los recursos necesarios para el funcionamiento del nuevo sistema.

Salas de audiencia

La puesta en funcionamiento del sistema acusatorio también demandó una adecuación de la infraestructura judicial de la provincia.

El Consejo de la Magistratura informó que durante 2026 se realizaron obras de puesta en valor y readecuación de seis salas de audiencia y dependencias de la Oficina Judicial distribuidas en cinco edificios de la jurisdicción.

Desde este lunes, la Cámara Federal contará con seis salas operativas: una en Puerto Iguazú, una en Oberá, una en Eldorado y tres en Posadas.

Los trabajos incluyeron modificaciones en instalaciones eléctricas, colocación de equipos de aire acondicionado, pintura, detectores de humo y señalética de emergencia, entre otras tareas.

Según el Consejo de la Magistratura, la inversión destinada a infraestructura física alcanzó los $71.186.700, mientras que otros $32.590.000 fueron destinados a mobiliario. En total, las mejoras demandaron una inversión de $103.776.700.

 

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