Judiciales
Mieres se declaró culpable y firmó un abreviado por la tragedia en la Costanera
Ocho meses después del trágico accidente vial que le costó la vida a dos estudiantes secundarios posadeños, el joven que iba al volante del vehículo siniestrado firmó un acuerdo de juicio abreviado por 3 años de prisión de suspenso, 10 de inhabilitación para conducir y tareas comunitarias, sentencia que -de confirmarse- especialistas en derecho consideran como ejemplar, dado que el imputado se trata de un menor de edad.
El acuerdo propuesto por la fiscal María Laura Álvarez se rubricó este mediodía, con el visto bueno del propio imputado, Tomás Mieres (17), de su abogado y el de los padres de los fallecidos Juan Cruz Martínez y Luca Ceballos. Todos ellos concurrieron hoy a la Fiscalía Correccional y de Menores para firmar el acta y lo hicieron en forma separada para no cruzarse, según indicaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
De esta manera, Mieres se reconoció culpable del delito de “doble homicidio culposo y lesiones graves (dos hechos) en accidente de tránsito, todo en concurso real”, y aceptó ser condenado a 3 años de prisión en suspenso, 10 de inhabilitación y al cumplimiento de tareas comunitarias una vez que alcance la mayoría de edad en marzo de 2025.
Será ahora la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas, la encargada de analizar el documento firmado y homologarlo, lo que implica transformar el acuerdo en sentencia firme.
Los fallecidos en el hecho fueron Luca Ceballos y Juan Cruz Martínez.
“Ejemplar” y “ajustado a escala”
Bajo estas condiciones, Mieres no irá a la cárcel, pero fuentes tribunalicias y especialistas en derecho de igual manera calificaron lo firmado como un “fallo ejemplar” y “ajustado a escala”.
“Es una condena ejemplar porque está conforme a la escala de la tentativa. Hay que tener en cuenta que el imputado era menor de edad al momento del hecho, entonces se aplica una pena conforme a la escala de la tentativa. Más que eso no iba a tener y mucho menos iba a tener pena de prisión efectiva al ser menor”, explicaron las voces consultadas por este medio.
Para ahondar más en la cuestión, compararon el acuerdo con lo recientemente dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en el caso Matías Zielinski (24), que en juicio fue condenado a 4 años de cárcel efectiva, pero tras una revisión la pena se le redujo a 3 en suspenso.
“A Zielinski, que era mayor de edad y que venía zigzagueando por la Quaranta, alcoholizado y que provocó dos muertes, el STJ le bajó la pena a 3 en suspenso y así recuperó la libertad. Por eso este fallo sería ejemplar y debería servir como mensaje para la juventud, como para que esto no se vuelva a repetir”, agregaron.
Las pericias concluyeron que el vehículo conducido por Mieres iba a 100 kilómetros por hora, aproximadamente.
Velocidad e imprudencia
El accidente que enlutó a la comunidad posadeña se registró el 11 de abril de este año, en una rotonda entre las avenidas Costanera y Comodoro Rivadavia, en inmediaciones a la playa de El Brete.
El hecho ocurrió a las 13.55, mientras Mieres conducía un Peugeot 207 y se dirigía al colegio Santa María junto a cuatro compañeros, dos de los cuales, Juan Cruz Martínez y Luca Ceballos, fallecieron tras una agonía de seis días en el hospital Madariaga.
En el requerimiento de elevación a juicio del expediente, formulado en julio, la fiscal Álvarez hizo especial hincapié en las pericias accidentológicas, las cuales concluyeron que al momento del siniestro el Peugeot 207 conducido por el adolescente circulaba a unos 100 kilómetros por hora, siendo que el máximo de velocidad establecido para esa zona es de 20 km/h.
Las mismas labores periciales reconstruyeron que, como consecuencia del exceso de velocidad y de una maniobra imprudente, el rodado derrapó y tanto las ruedas delanteras como traseras entraron en contacto con el cordón cuneta, lo que provocó que instantes después impactara contra la parte trasera de una camioneta estacionada y finalmente volcara en dirección hacia la vereda del carril contrario.
Tras el impacto, todos los adolescentes resultaron gravemente heridos, siendo el conductor y otro adolescente hospitalizados de manera particular por el dueño del Peugeot, mientras que los restantes quedaron a la espera de una ambulancia y dos de ellos perdieron la vida días después.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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