Judiciales
La Justicia citó a declarar a 17 policías involucrados en la protesta salarial

Exactamente cuatro semanas después de culminada la protesta policial llevada adelante durante doce días frente al Comando Radioeléctrico I de Posadas en reclamo por mejoras salariales, al menos 17 agentes, tanto activos como retirados, identificados como impulsores y partícipes de las medidas de fuerzas, comenzarán mañana a responder ante la Justicia por hechos que encuadrarían bajo las figuras de sedición, hurto y peculado, entre otros delitos.
Las indagatorias fueron solicitadas por René Casals, titular de la Fiscalía de Instrucción Seis, quien tras analizar una gran cantidad de elementos de prueba, entre ellas cámaras de vigilancia, informes periciales y el testimonio de denunciantes y testigos, estableció un listado de involucrados y de delitos presuntamente cometidos.
El pedido fue elevado al magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, quien dio lugar al planteo y libró las notificaciones correspondientes a un total de 17 uniformados, quienes deberán comparecer ante sus estrados para prestar declaración indagatoria desde mañana hasta el lunes 8 julio.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, se realizarán dos indagatorias por día y los primeros serán un agente con prestación de servicios en la comisaría Segunda de San Vicente y otro que integra la División Investigaciones de la Unidad Regional IX de Jardín América.
Para el próximo martes, en tanto, están citados los denominados “referentes” o “voceros” de la manifestación, el suboficial mayor retirado Ramón Amarilla (57) y su camarada también retirado Germán Palaveccino (46).

Ramón Amarilla y Germán Palaveccino, referentes o voceros de la protesta, fueron citados a declarar el 2 de julio.
El listado inicial apuntaba a 15 efectivos, pero a última hora el fiscal Casals también requirió la comparecencia ante la Justicia de dos bomberos y con ello el número de implicados se elevó a 17. Se solicitó, además, informes al Servicio Penitenciario Provincial (SPP), por lo que el número de citados podría aumentar aún más de acá en adelante.
Las fuentes consultadas señalaron que, en principio, los uniformados están acusados de formar parte de un conjunto de agentes, tanto policiales como penitenciarios, activos y retirados, que mediante el uso de medidas de fuerzas que tienen prohibidas ejercieron acciones coercitivas para exigir mejoras salariales al gobierno provincial.
Desde el punto de vista judicial, estos hechos podrían traducirse en imputaciones por delitos que van desde sedición, que prevé penas de hasta seis años de prisión, hasta hurto, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y coacción agravada.
De igual manera, las imputaciones en esta etapa revisten carácter de provisorias y todo dependerá el avance del expediente.

El acampe llegó a concentrar más de 4.000 personas frente al Comando Radioeléctrico I sobre la avenida Uruguay.
El acampe de 12 días
La protesta policial comenzó el 17 de mayo pasado. Eran las 3 de la madrugada cuando policías encapuchados cruzaron los primeros patrulleros frente al comando ubicado sobre la avenida Uruguay de Posadas e iniciaron una quema de cubiertas que en pocas horas se transformó en un acampe que se extendió durante doce días, cuando finalmente se llegó a un acuerdo con el gobierno provincial.
Fueron doce días de extrema tensión, con reuniones permanentes, acusaciones cruzadas y amenazas de aplicación del famoso protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich con uniformados federales.
Durante todos esos días de protesta, el fiscal Casals insistió una y otra vez con el uso de patrulleros para la medida de fuerza, solicitando la devolución de los rodados, aunque nunca obtuvo resultados. En los días de mayor asistencia en el acampe se alcanzaron a identificar cerca de 30 vehículos oficiales, entre ellos una autobomba.
“Robaron un patrullero y, con la cara tapada, arrojaron gomas para luego incendiarlas. Más que policías son piqueteros. Esto deslegitima cualquier tipo de reclamo. Ahora pusieron música. La situación es casi circense”, fue el resumen de la manifestación efectuado apenas iniciado el conflicto por el ministro de Gobierno Marcelo Pérez, en diálogo con Infobae, lo cual fue la antesala al anuncio de la denuncias radicadas.

El fiscal René Casals pidió en varias ocasiones la devolución de los rodados identificados en la protesta.
Judiciales
Intendente de Colonia Polana citado a declarar por usurpación y amenazas

El actual intendente de Colonia Polana, Raúl Francisco Núñez, fue citado por la Justicia para declarar en la causa que lo investiga por “usurpación de tierras y amenazas” contra los hermanos Julio y Germán Llanos.
La primera citación a declaración indagatoria fue en diciembre pasado, cuando Núñez decidió abstenerse. En tanto, la próxima audiencia está prevista para el viernes 19 de septiembre a las 10 en el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.
Consultado por La Voz de Misiones, el abogado de los denunciantes, Maximiliano Medina, aclaró que aún queda pendiente la citación por otro caso en el que se lo acusa por “falsificación de instrumentos públicos”, en referencia a un boleto de compraventa, fechado en 2013 y presentado por Núñez en la Municipalidad de Colonia Polana.
Según los hermanos Llanos, ese fue el documento con el que Núñez había iniciado la toma de las 107 hectáreas que se encontraban a nombre de Julio César Llanos (padre) y cuya firma fue sometida a pericias caligráficas por parte de los denunciantes, que determinaron que era falsa.
Al respecto, Medina aclaró que: “Es una causa distinta. Tiene un número de expediente distinto, pero es conexo a la usurpación y la exhibición del instrumento que da lugar a la pericia que demuestra que el instrumento es apócrifo y eso da lugar a la nueva denuncia por falsificación de instrumento público y privado”.
Raúl Núñez, fue concejal y presidente del Concejo Deliberante de Colonia Polana, hasta que pasó a desempeñarse en el cargo de intendente tras el fallecimiento de su madre Antonia Medina, el pasado 23 de agosto, quien ejerció como jefa comunal desde el 10 de diciembre del año 2015.
Respecto a su continuidad como intendente del municipio en el marco de las causas penales y civiles por las que se lo investiga, la fuente consultada considera que, aunque lo procesen, “la única forma de destituirlo sería a través de una sesión del Concejo Deliberante cuya mayoría la tiene el mismo oficialismo”.
Colonia Polana: denuncian usurpación de tierras con complicidad política y policial
Judiciales
Prisión preventiva para joven mbya acusado por el femicidio de su ex en Iguazú

El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.
La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra.
Femicidio en Yryapú
El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.
El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.
El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.
Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.
De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex
Judiciales
Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
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