Judiciales
La historia del misionero de Montoneros acribillado por la dictadura en Buenos Aires
Eran más de quince, entre militares y policías, los integrantes de la “patota de Lanús” que el 15 de marzo de 1977 rodearon y regaron de balas una casa del partido bonaerense de Almirante Brown donde se refugiaban perseguidos políticos. Fue una masacre planificada y entre las víctimas había un misionero de Montoneros, José Luis Alvarenga, cuya historia fue ventilada en un mega juicio por delitos de lesa humanidad que culminó con siete sentencias a prisión perpetua.
La masacre en la que acribillaron a Alvarenga fue la primera de dos operativos idénticos perpetrados en apenas 24 horas y que culminaron con un total de seis personas asesinadas, entre ellas, una exiliada paraguaya cuyos tres hijos luego fueron alojados en un hogar que se transformó en un infierno donde fueron sometidos a golpes, penitencias y abusos sexuales hasta 1983.
El juicio por los tres hechos en conjunto comenzó en marzo del año pasado y culminó el pasado 5 de mayo, pero hoy se difundieron los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) Uno de La Plata, un documento de 541 páginas, donde se reconstruyen los sucesos y se exhiben las pruebas y testimonios que sentaron las bases para el veredicto.
De Posadas a Buenos Aires, militancia y persecución
De allí se desprende que José Luis Alvarenga era misionero, más precisamente posadeño y nacido el 15 de enero de 1949, según consta en su planilla incorporada al registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, su historia consigna que nació en una familia de escasos recursos, que trabajó desde los 9 años en múltiples oficios, hasta que migró a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades junto a sus padres.
Así fue como le llegó el momento de realizar el servicio militar obligatorio, la famosa “colimba”, tras lo cual se trasladó a la zona de Temperley y Adrogué, donde comenzó su militancia política vinculada al peronismo.
De joven formó parte de la Juventud Peronista (JP) y también integró filas de la organización Montoneros, en la cual alcanzó a fundar la unidad básica Sabino Navarro.
Alvarenga estaba casado con Elsa Niño, con quien tuvo un hijo que, al momento ser asesinado por la Patota de Lanús, apenas tenía 16 meses.
Producto de su militancia, el misionero comenzó a ser perseguido. También sus familiares, como su hermano, quien en sus testimoniales recordó haber sido detenido en dos oportunidades por policías y militares que buscaban al joven oriundo de tierra colorada.
En esas circunstancias pasó a la clandestinidad, deambulando por diversos domicilios y ocultando su paradero, incluso a sus familiares más directos. Así fue cómo llegó, junto a María Florencia Ruival, otra militante montonera, a una casa ubicada sobre la calle Nother, en el barrio San José, en el partido bonaerense de Almirante Brown.
En ese lugar, residía Vicente “Chela” Orrego Meza, una mujer de 29 años que escapó de la dictadura en Paraguay y a comienzos de los 70 se refugió en Buenos Aires junto a su marido, Julio, con quien también militó bajo las consignas del peronismo y realizaban actividades con el “movimiento villero” en una capilla de barrio.
De ese matrimonio nacieron tres niños, Mariano, María y Carlos, de entre 5 y 3 años. Los niños fueron los únicos sobrevivientes de la masacre perpetrada esa madrugada-mañana del 15 de marzo de 1977, aunque luego sufrirían tormentos de todo tipo.
Los hijos de Orrego Meza y su recuerdo durante el juicio realizado. Foto: Télam.
15 minutos de balas
Según la reconstrucción trazada, la denominada Patota de Lanús venía siguiendo y realizando labores de inteligencia sobre la vivienda de Orrego Meza, hasta que ese 15 de marzo decidieron actuar.
Llegaron amparados por la oscuridad de una mañana, antes del amanecer, rodearon la casa desde los baldíos lindantes y sin previo aviso más que un grito de “salgan montoneros, afuera guerrilleros” jalaron los gatillos de FAL durante 15 minutos continuados. Una verdadera lluvia de balas que transformaron el inmueble en un colador.
Dentro del lugar estaban Orrego Meza con sus tres hijos, además de Alvarenga y Ruival. Uno de los niños, que en ese momento tenía 5 años, declaró como testigo en el juicio y relató cómo alcanzó a ver la casa rodeada de personas a través de los agujeros provocados por los proyectiles.
Los pequeños, ahora adultos, recordaron que, en medio de la balacera, su madre comenzó a sacarlos a través de una ventana. Primero salieron los mayores. Les dijo que corran hasta la casa de una vecina.
Ella salió por último, con el bebé más pequeño en brazos. Nada importó. Un uniformado la ejecutó a balazos. Recién ahí se detuvo la balacera.
Inspección ocular realizada sobre la casa de calle Nother. Foto: La Retaguardia.
Al ingresar, Alvarenga y Ruvial yacían también en el suelo. Quizás ya muertos o quizás aún vivos, pero heridos. Por las dudas, fueron blanco de una nueva ráfaga de ametralladora.
Los efectivos que participaron del operativo luego cazaron a dos adolescentes que venían con un carro a caballo, con el cual “cirujeaban” en un basural de la zona. Ambos fueron utilizados para llevar los cuerpos hasta un móvil que esperaba a unas cuadras de allí, dado que las lluvias de la semana anegaron las calles lindantes a la casa de calle Nother.
Después de allí, los cadáveres del misionero Alvarenga y de su compañera Ruival fueron sepultados como NN en una fosa común, junto a otros 30 cuerpos, en el cementerio de Rafael Calzada. La paraguaya, en tanto, permanece desaparecida.
La familia del misionero recién se enteró de la masacre un mes después, cuando un anónimo llamó y -en clave- contó que el militante había sido asesinado, aunque sin precisar circunstancias ni nada.
Tras la recuperación de la democracia, ya en 1985, la familia conoció a través de la prensa de la historia de los hermanitos que sobrevivieron a la masacre y relacionaron que Alvarenga pudo haber sido uno de los asesinados en ese lugar.
La investigación posterior terminó encontrando los restos del misionero en la zona 4, sección 4, tablón 2, sepultura 93 del cementerio de Rafael Calzada. Luego, una odontóloga de Alvarenga lo reconoció a partir de una malformación congénita que el hombre tenía en su mandíbula.
Condenas, medidas reparadoras y traducción al guaraní
Por la masacre que acabó con su vida y otra similar perpetrada un día después, fueron condenados a prisión perpetua el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, uno de los civiles más influyentes de la dictadura, así como el jefe de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana de la Policía Bonaerense Juan Miguel Wolk, más conocido como “el Nazi”; y los uniformados integrantes de la Patota de Lanús: José Augusto López, Antonio Armando Calabró, Rubén Carlos Chávez, Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangelli.
Todos fueron declarados responsables del delito de “homicidio calificado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía, utilización de medios idóneos para crear un peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas”.
Jaime Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense, recibió prisión perpetua.
Un secretaria judicial, en tanto, fue condenada por los tormentos padecidos por los tres niños secuestrados tras la masacre y recibió cinco años de prisión, a pesar de que la fiscalía había pedido una condena de 21 años.
Además, el fallo dictado por el TOF Uno de La Plata dispuso una serie de medidas reparatorias como, por ejemplo, una declaración de verdad y la señalización de la casa donde funcionó el Hogar Casa Belén como un sitio de la memoria.
Asimismo, ordenaron que una copia de la sentencia sea enviada a los medios Clarín, La Nación, La Unión, Crónica y La Prensa, que presentaron los operativos como un enfrentamiento. También dictaminaron que el fallo sea traducido a la lengua guaraní.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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