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La historia del misionero de Montoneros acribillado por la dictadura en Buenos Aires

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Eran más de quince, entre militares y policías, los integrantes de la “patota de Lanús” que el 15 de marzo de 1977 rodearon y regaron de balas una casa del partido bonaerense de Almirante Brown donde se refugiaban perseguidos políticos. Fue una masacre planificada y entre las víctimas había un misionero de Montoneros, José Luis Alvarenga, cuya historia fue ventilada en un mega juicio por delitos de lesa humanidad que culminó con siete sentencias a prisión perpetua.

La masacre en la que acribillaron a Alvarenga fue la primera de dos operativos idénticos perpetrados en apenas 24 horas y que culminaron con un total de seis personas asesinadas, entre ellas, una exiliada paraguaya cuyos tres hijos luego fueron alojados en un hogar que se transformó en un infierno donde fueron sometidos a golpes, penitencias y abusos sexuales hasta 1983.

El juicio por los tres hechos en conjunto comenzó en marzo del año pasado y culminó el pasado 5 de mayo, pero hoy se difundieron los fundamentos de la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal (TOF) Uno de La Plata, un documento de 541 páginas, donde se reconstruyen los sucesos y se exhiben las pruebas y testimonios que sentaron las bases para el veredicto.

De Posadas a Buenos Aires, militancia y persecución

De allí se desprende que José Luis Alvarenga era misionero, más precisamente posadeño y nacido el 15 de enero de 1949, según consta en su planilla incorporada al registro unificado de víctimas del terrorismo de Estado, elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

Según pudo reconstruir La Voz de Misiones, su historia consigna que nació en una familia de escasos recursos, que trabajó desde los 9 años en múltiples oficios, hasta que migró a Buenos Aires en busca de mejores oportunidades junto a sus padres.

Así fue como le llegó el momento de realizar el servicio militar obligatorio, la famosa “colimba”, tras lo cual se trasladó a la zona de Temperley y Adrogué, donde comenzó su militancia política vinculada al peronismo.

De joven formó parte de la Juventud Peronista (JP) y también integró filas de la organización Montoneros, en la cual alcanzó a fundar la unidad básica Sabino Navarro.

Alvarenga estaba casado con Elsa Niño, con quien tuvo un hijo que, al momento ser asesinado por la Patota de Lanús, apenas tenía 16 meses.

Producto de su militancia, el misionero comenzó a ser perseguido. También sus familiares, como su hermano, quien en sus testimoniales recordó haber sido detenido en dos oportunidades por policías y militares que buscaban al joven oriundo de tierra colorada.

En esas circunstancias pasó a la clandestinidad, deambulando por diversos domicilios y ocultando su paradero, incluso a sus familiares más directos. Así fue cómo llegó, junto a María Florencia Ruival, otra militante montonera, a una casa ubicada sobre la calle Nother, en el barrio San José, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

En ese lugar, residía Vicente “Chela” Orrego Meza, una mujer de 29 años que escapó de la dictadura en Paraguay y a comienzos de los 70 se refugió en Buenos Aires junto a su marido, Julio, con quien también militó bajo las consignas del peronismo y realizaban actividades con el “movimiento villero” en una capilla de barrio.

De ese matrimonio nacieron tres niños, Mariano, María y Carlos, de entre 5 y 3 años. Los niños fueron los únicos sobrevivientes de la masacre perpetrada esa madrugada-mañana del 15 de marzo de 1977, aunque luego sufrirían tormentos de todo tipo.

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Los hijos de Orrego Meza y su recuerdo durante el juicio realizado. Foto: Télam.

15 minutos de balas

Según la reconstrucción trazada, la denominada Patota de Lanús venía siguiendo y realizando labores de inteligencia sobre la vivienda de Orrego Meza, hasta que ese 15 de marzo decidieron actuar.

Llegaron amparados por la oscuridad de una mañana, antes del amanecer, rodearon la casa desde los baldíos lindantes y sin previo aviso más que un grito de “salgan montoneros, afuera guerrilleros” jalaron los gatillos de FAL durante 15 minutos continuados. Una verdadera lluvia de balas que transformaron el inmueble en un colador.

Dentro del lugar estaban Orrego Meza con sus tres hijos, además de Alvarenga y Ruival. Uno de los niños, que en ese momento tenía 5 años, declaró como testigo en el juicio y relató cómo alcanzó a ver la casa rodeada de personas a través de los agujeros provocados por los proyectiles.

Los pequeños, ahora adultos, recordaron que, en medio de la balacera, su madre comenzó a sacarlos a través de una ventana. Primero salieron los mayores. Les dijo que corran hasta la casa de una vecina.

Ella salió por último, con el bebé más pequeño en brazos. Nada importó. Un uniformado la ejecutó a balazos. Recién ahí se detuvo la balacera.

Inspección ocular realizada sobre la casa de calle Nother. Foto: La Retaguardia.

Al ingresar, Alvarenga y Ruvial yacían también en el suelo. Quizás ya muertos o quizás aún vivos, pero heridos. Por las dudas, fueron blanco de una nueva ráfaga de ametralladora.

Los efectivos que participaron del operativo luego cazaron a dos adolescentes que venían con un carro a caballo, con el cual “cirujeaban” en un basural de la zona. Ambos fueron utilizados para llevar los cuerpos hasta un móvil que esperaba a unas cuadras de allí, dado que las lluvias de la semana anegaron las calles lindantes a la casa de calle Nother.

Después de allí, los cadáveres del misionero Alvarenga y de su compañera Ruival fueron sepultados como NN en una fosa común, junto a otros 30 cuerpos, en el cementerio de Rafael Calzada. La paraguaya, en tanto, permanece desaparecida.

La familia del misionero recién se enteró de la masacre un mes después, cuando un anónimo llamó y -en clave- contó que el militante había sido asesinado, aunque sin precisar circunstancias ni nada.

Tras la recuperación de la democracia, ya en 1985, la familia conoció a través de la prensa de la historia de los hermanitos que sobrevivieron a la masacre y relacionaron que Alvarenga pudo haber sido uno de los asesinados en ese lugar.

La investigación posterior terminó encontrando los restos del misionero en la zona 4, sección 4, tablón 2, sepultura 93 del cementerio de Rafael Calzada. Luego, una odontóloga de Alvarenga lo reconoció a partir de una malformación congénita que el hombre tenía en su mandíbula.

Condenas, medidas reparadoras y traducción al guaraní

Por la masacre que acabó con su vida y otra similar perpetrada un día después, fueron condenados a prisión perpetua el ex ministro de Gobierno bonaerense Jaime Lamont Smart, uno de los civiles más influyentes de la dictadura, así como el jefe de la Dirección de Investigaciones Zona Metropolitana de la Policía Bonaerense Juan Miguel Wolk, más conocido como “el Nazi”; y los uniformados integrantes de la Patota de Lanús: José Augusto López, Antonio Armando Calabró, Rubén Carlos Chávez, Roberto Guillermo Catinari y Héctor Raúl Francescangelli.

Todos fueron declarados responsables del delito de “homicidio calificado por haberse cometido con ensañamiento, alevosía, utilización de medios idóneos para crear un peligro común y con el concurso premeditado de dos o más personas”.

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Jaime Smart, ex ministro de Gobierno bonaerense, recibió prisión perpetua.

Un secretaria judicial, en tanto, fue condenada por los tormentos padecidos por los tres niños secuestrados tras la masacre y recibió cinco años de prisión, a pesar de que la fiscalía había pedido una condena de 21 años.

Además, el fallo dictado por el TOF Uno de La Plata dispuso una serie de medidas reparatorias como, por ejemplo, una declaración de verdad y la señalización de la casa donde funcionó el Hogar Casa Belén como un sitio de la memoria.

Asimismo, ordenaron que una copia de la sentencia sea enviada a los medios Clarín, La Nación, La Unión, Crónica y La Prensa, que presentaron los operativos como un enfrentamiento. También dictaminaron que el fallo sea traducido a la lengua guaraní.

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Fiscal pidió perpetua para la madre de Belén: “La dejó morir de hambre y sed”

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Con un extenso, detallado y crudo alegato, el fiscal Vladimir Antonio Glinka solicitó esta mañana la pena de prisión perpetua para la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), al acusarla de actuar en forma deliberada para dejar morir de hambre y sed a su hija  Rocío Belén López (15), adolescente con discapacidad cognitiva y motriz por Síndrome de Rett.

“Esto fue un asesinato. Ella adrede decidió dejar de alimentar y de dar agua a su hija para que muriera”, apuntó el fiscal y encuadró el caso en un homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión, ampliando la imputación originaria que era abandono de persona agravado por el vínculo y el resultado.

Ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, el fiscal desarrolló un alegato de dos horas y media que partió en dos partes. En la primera trazó su teoría del caso y en la segunda fundamentó su cambio de calificación legal.

“Acá vamos a demostrar que Belén no se murió porque la imputada se fue a trabajar o por el riguroso estándar laboral de la Municipalidad”, adelantó Glinka y con ironía respondió a la estrategia defensiva planteada por la imputada y por el defensor oficial Miguel Ángel Varela desde el primer día de debate. 

Antes de ahondar en su hipótesis acusatoria, el fiscal exhibió varias fotografías que consideró necesarias para graficar la gravedad del caso. Con una de ellas contrastó el antes y del después de Belén bajo el cuidado de su madre, mientras que otra serie imágenes ilustraron la escena donde la adolescente fue hallada sin vida como consecuencia de un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia.

“Estoy acá por Belén, pero voy por ella”, lanzó en referencia a la imputada y calificó el hecho como “un acto de semejante crueldad que no puede quedar impune”.

El fiscal Glinka en pleno desligue de su alegato ante el tribunal y la defensa.

“Fue un asesinato”

Repasando los testimonios recolectados durante las seis audiencias previas, Glinka recordó que Belén “pasó el 85% de su vida” al cuidado de su abuela Delira y su tía Clara -madre y hermana de la imputada-, mientras que con su madre solo estuvo un período de dos años comprendido a medidos de los 2000 donde “sufrió maltratos de todo tipo” y un lapso de diez días entre el 13 y el 23 de julio de 2013, cuando finalmente se produjo la muerte.

“Fíjense la diferencia en el cuidado que hubo que ella entró caminando y bailando a la casa de su madre y diez días después salió en una morguera, muerta de hambre, de sed, con hipotermia y escaras en la espalda del tiempo que llevaba postrada en un colchón todo podrido”, señaló.

En ese punto, volvió a mostrar las fotografías de Criminalística que registraron a la víctima tendida en una cama en condiciones precarias y prácticamente sin colchón, dentro de una habitación abarrotada de muebles rotos y bolsas de ropa apilada que apenas dejaban un angosto pasillo de acceso.

Belén estaba tirada como una cosa. Tenía una barricada a sus costados para que no pudiera salirse de ahí. Y así estuvo no sabemos cuánto tiempo”, describió con vehemencia.

Para Glinka no hay dudas y todo el accionar de Ramírez fue adrede. “Ella tomó la decisión de eliminarla porque Belén no formaba parte de su proyecto de vida. Esto fue un asesinato y lo más grave de todo es que no solo le privó de alimentos, sino que también se aseguró de que nadie se interponga en su plan porque nadie ni siquiera sabía que Belén estaba en esa pieza”, fustigó.

El fiscal desacreditó la versión de la imputada en la que alegaba que por sus obligaciones laborales se veía impedida de brindar el cuidado necesario a Belén y criticó la estrategia defensiva: “Ella trabajaba 6 horas. Tenía otras 18 para cuidar a Belén. Acá vinieron a deshumanizar a una nena, a reducirla a una simple enfermedad que ella no eligió tener para justificar los actos de su madre”.

También objetó el pedido de “reautopsia” planteado por la defensa e interpeló a las partes en forma cruda: “¿Qué dudas hay en la causa de muerte? A Belén la abrieron al medio, le sacaron las tripas y en su estómago no encontraron ni un arroz. Murió de hambre y por no tomar una gota de agua en siete días”.

Como cierre, encuadró el caso en un homicidio agravado por el vínculo cometido por omisión, pidió la prisión perpetua.

Alternativamente, solicitó que se mantenga la calificación inicial de abandono de persona agravado por el vínculo y el resultado y se dicte la máxima pena prevista: 20 años de cárcel.

Para cualquiera de los casos, Glinka pidió que la imputada sea inmediatamente detenida una vez que se dicte sentencia. “Han demostrado que están dispuestos a entorpecer la causa, sumado a que la presunción de inocencia se encuentra en riesgo y que no he escuchado una sola palabra cierta de su parte, no estoy seguro de que se someta a la justicia”, concluyó.

El defensor Miguel Ángel Varela pidió diferir su alegato al jueves y el tribunal aceptó.

Defensa

Concluida su exposición era el turno del defensor Miguel Ángel Varela, aunque el letrado pidió diferir su alegato al jueves. “No estoy condiciones”, planteó y argumentó un agotamiento físico propiciado por la seguidilla de audiencias y por la “extensa” presentación de Glinka.

El fiscal se opuso al pedido al considerar que el otorgamiento de un plazo extra atentaba contra la “igualdad de armas” e incluso acusó a Varela de dilatar el inicio de la audiencia. “Si es tarde es porque el defensor llegó una hora tarde”, apuntó. 

El tribunal presidido por Gustavo Bernie e integrado por los magistrados Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante) pasó a deliberar y tras un cuarto intermedio decidieron hacer lugar al pedido del defensor. El debate se reanudará mañana a las 7.30. 

La palabra de Ramírez

Previo a los alegatos de la fiscalía, la imputada brindó una ampliación de declaración indagatoria en la que mantuvo su versión de los hechos.

Argumentó que debió afrontar el cuidado de su hija en soledad, con dificultades económicas y apremiada por obligaciones laborales. “Reconozco que estuvo mal haberla dejado e irme a trabajar. Hice lo que estaba dentro de mis posibilidades, no podía darme el lujo de quedar sin trabajo”, justificó.

E insistió: “Jamás la abandoné. Nunca dejé de cuidarla y alimentarla. Jamás se me pasó por la mente este resultado. Pude tener mis errores como madre pero nunca quise matar a mi hija”. 

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Fiscal del caso Belén se opuso al amicus curiae: “Tratan de condicionar”

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Culminada la resolución de las incidencias pendientes, vinculadas a pedidos tanto de la fiscalía como de la defensa, que marcaron la audiencia del lunes, el debate oral para esclarecer la muerte de la adolescente con discapacidad Rocío Belén López (15) avanzó hoy con la incorporación de los últimos elementos de prueba. Para mañana se prevé una jornada de varias horas, con una ampliación de indagatoria por parte de la madre de la víctima y única imputada, como así también con el inicio de la ronda de alegatos.

La última prueba incorporada consiste en un informe emitido por la Municipalidad de Posadas respecto al legajo personal de la imputada Mariela Andrea Ramírez (48), que llegó a este debate acusada de abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado, aunque podría enfrentar un cargo mayor si la fiscalía finalmente decide ampliar la calificación a homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión.

Resta decidir respecto a un pedido formulado por el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, quienes solicitaron ser incorporados al proceso en carácter de amicus curiae, planteo al cual el fiscal Vladimir Glinka se opuso y descargó duras críticas contra el escrito.

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La imputada, Mariela Ramírez, mañana ampliará su declaración indagatoria. FOTO: Félix Armengol.

“No cualquiera es amicus curiae”

Está tan mal hecho que parece apropósito, todo con tal de que sea rechazado y esto habilite un micrófono externo. Esto tiene que ir directamente a la basura, es una falta de respeto para quienes trabajamos de esto”, disparó el fiscal, quien argumentó que la presentación tiene “once defectos formales en 22 carillas” e incumple con los requisitos estipulados para su admisión.

Glinka consideró que los integrantes de dicho equipo carecen o al menos no adjuntaron nada que acredite algún grado de conocimiento o experiencia puntual sobre el Síndrome de Rett como para ser habilitados como voces legitimadas en el asunto. “No cualquiera es un amicus curiae”, objetó.

“Acá no hablan de un interés público comprometido, sino hablan contra la causa y piden que se valoren pruebas según sus interpretaciones. No vienen con la intención de arrojar luz sobre algunos temas, vienen a tratar de condicionar y de condicionar a ustedes”, señaló en referencia al tribunal presidido por Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).

Independientemente de la parte técnica-jurídica, Glinka también puso en duda el “interés real” detrás de la presentación formulada. “Solo quieren meter su cuchara trece años después. ¿Creen que les importa la imputada con una nota a destiempo? ¿Creen que les importa Belén trece años después? Hicieron todo mal apropósito. Quisieron aprovechar una causa de trascendencia pública para hacerse más conocidos para fines personales”, remató.

Por su parte, el defensor oficial Miguel Ángel Varela, que el lunes había solicitado nuevas medidas pruebas, entre ellas una “reautopsia” y una nueva testigo, que fueron rechazadas por el tribunal, pidió que no se tenga en cuenta la oposición de Glinka y se autorice el amicus curiae.

Tras los planteos, los jueces dieron por terminada la audiencia y dieron un cuarto intermedio hasta el miércoles a las 7.30 para reanudar el proceso.

Según la programación estipulada, en primer turno la imputada volverá a pasar frente al tribunal para una ampliación de declaración indagatoria y una vez culminada su deposición se iniciará la ronda de alegatos. La sentencia, en principio, se dará a conocer el jueves.

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Juicio por la muerte de Belén: testimonios para reconstruir un caso 13 años después

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El juicio para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Rocío Belén López (15), adolescente con discapacidad por una enfermedad neurodegenerativa, ingresará la semana que viene a su recta final, con el lunes y martes como últimas jornadas para la etapa de incorporación de pruebas antes de la ronda de alegatos prevista inicialmente para el jueves.

El debate oral que tiene a Mariela Andrea Ramírez (48), madre de la niña, como única imputada por “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y el resultado muerte”, comenzó el 3 de agosto y durante las primeras cuatro audiencias desarrolladas en el Tribunal Penal Uno de Posadas declararon una veintena de testigos, entre efectivos policiales, peritos forenses, médicos especialistas, familiares, vecinos y compañeros de trabajo de la acusada.

Según los estudios médicos, Belén padecía Síndrome de Rett, una enfermedad neurodegenerativa de origen genético que provoca una pérdida progresiva de las capacidades del habla, el movimiento de las manos y la coordinación motora, condición que torna al paciente incapaz de valerse por sí mismo.

Durante el transcurso del debate se pudo reconstruir que la niña residió gran parte de su vida con sus abuelos y una tía materna, quienes se encargaron de su cuidado, excepto en una temporada comprendida entre 2006 y 2007 cuando vivió junto a su madre en una casa de Itaembé Miní y otro pequeño lapso de diez días en el que regresó circunstancialmente junto a Ramírez a un inmueble del barrio Las Rosas, donde finalmente falleció el 23 de julio de 2013.

La autopsia concluyó que la muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición y deshidratación. En este juicio se intenta determinar qué circunstancias derivaron en ese trágico desenlace y qué grado de responsabilidad en el hecho pudo tener su madre.

Ramírez alega que se vio sobrepasada por la situación. Argumenta que debió afrontar el cuidado de su hija en absoluta soledad, con dificultades económicas y apremiada por obligaciones laborales. La Justicia la tiene imputada por abandono de persona y el fiscal de juicio, Vladimir Antonio Glinka, adelantó que contempla la posibilidad de ampliar la acusación a homicidio calificado por el vínculo en su modalidad por omisión al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar a Belén en forma deliberada para dejarla morir.

La mujer llegó a esta instancia en libertad y bajo la representación del defensor oficial Miguel Ángel Varela, aunque dependiendo de la acusación final que eventualmente reciba hasta podría ser condenada a prisión perpetua. Eso lo decidirá, a su debido tiempo, el tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante).

Mariela Ramírez junto al defensor oficial Miguel Ángel Varela.

“Hice lo que pude”

En la primera audiencia, la imputada tomó la palabra y se explayó durante más de horas frente al tribunal. Contó su historia, desde su embarazo hasta la muerte de Belén. Se defendió de las acusaciones, alegó sentirse “sobrepasada” en la última etapa de su cuidado y cuestionó al Estado por la falta de asistencia.

Afirmó que, a pesar de que Belén vivía y estaba al cuidado de sus abuelos, ella nunca se “desentendió” de su hija. “Por las tardes iba siempre a la casa de mi mamá y yo le pasaba todo mi sueldo a mi papá, que era el que administraba. Por eso me busqué un segundo trabajo”, justificó.

Recordó que cuando su padre enfermó debió recibir a Belén en su casa de Itaembé Miní, donde ya vivía junto a su nueva pareja y su segunda hija. Ramírez aseguró que contrató una persona para los cuidados de la niña e indicó que tiempo después debió vender la casa por deudas, tras lo cual Belén volvió con su abuela.

“Después me separé de nuevo y ahí empezó mi caos. Ahí me comienzo a ver superada por la situación”, dijo y agregó que “días antes del hecho por el que estoy acá me llama mi mamá y me dice que tenía que ver cómo me iba a hacer cargo de Belén porque ellos necesitaban viajar a Corrientes para descansar. Yo no sabía qué hacer, estaba separaba, ganaba poco, no tenía para pagar a nadie. Mi hermana me dice que me arregle”.

Según su relató, de ahí en más la situación empeoró día a día: estaba sola, sin dinero y sin posibilidad de faltar al trabajo. Sumado a ello, aseguró que Belén comenzó a rechazar la comida: “Empecé a notar que se enojaba, noté que se estaba deprimiendo porque extrañaba a mi hermana y a mi mamá. Ese era su hogar para ella. Entonces ella empieza a trabajarme la mandíbula, a cerrar la boca y a comer menos”.

“Yo en ningún momento abandoné a mi hija. Hice lo que pude con lo que tenía”, se defendió y lo mismo repitió en una reciente entrevista con el Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, organización que ahora solicitó ser parte del debate oral y aportar su perspectiva del caso como amicus curiae.

Primeros testimonios

Entre los primeros testigos que declararon ante el tribunal estuvieron agentes policiales que trabajaron el día del fallecimiento de Belén y con ellos el fiscal Glinka hizo hincapié en la escena encontrada.

Tanto el comisario retirado Carlos Adolfo Krapp como el agente Javier Olmedo describieron la habitación de la víctima como “un depósito”, con bolsas amontonadas y objetos desparramados alrededor de una cama que tampoco estaba en buenas condiciones. La misma Ramírez admitió que la cama tenía la rejilla rota y apilaba pañales abajo para compensar la cavidad. 

En la segunda jornada declararon Delira Clara Aldana y Clara Argentina Ramírez, abuela y tía de la niña fallecida, respectivamente. Emocionadas, recordaron con dolor el fallecimiento de Belén. “Ella era nuestra vida y nuestros ojos. Nos llamó la atención su muerte, ella estaba bien cuando la dejamos con su mamá”, lanzó Aldana.

Aldana contó que la niña “a veces lloraba” cuando tenía que irse con la mamá y Clara admitió que fue “traumatizante” ver en qué estado murió su sobrina.

Ese mismo día estuvo el neurólogo infantil José Galeano, sobre quien el defensor Varela profundizó respecto a los síntomas, alcances y condiciones de cuidado que requiere una persona con Síndrome de Rett.

“Son dependientes 100% de un tercero para poder subsistir”, resumió y desarrolló, entre otros factores, que “el proceso de deglución, por ejemplo, es muy complejo. Alimentar a un paciente de estas características resulta muy difícil porque realmente no coordina. Hay que tener mucha paciencia y saber cómo alimentarlo”.

El fiscal Vladimir Glinka encabeza la acusación.

Las vecinas

El día más complicado para la imputada fue el miércoles, cuando entre los testigos citados estuvieron una empleada doméstica y dos vecinas que coincidieron al describir condiciones de “descuido” en que presuntamente Ramírez tenía a Belén cuando la adolescente vivía a su cargo en Itaembé Miní.

“La veíamos mucho tiempo afuera en pleno verano, descalza, solo con pañal y muerta de calor en el patio. Estaban todas las puertas cerradas y Belén afuera”, describió Hilda Margot Da Silveira.

“Un día puse una silla para ver por encima del muro y vi que estaba la nena llorando afuera, sola y en pañales en plena noche”, contó después otra testigo, Lourdes Balmaceda, quien ante esa situación decidió llamar a la línea 102 para pedir la intervención de asistentes sociales. 

En esa línea también declaró Esther Leiva, una empleada doméstica que trabajó en la casa de Ramírez en aquel tiempo. “Yo fui contratada para limpiar la casa, no para cuidar a la nena. Cuando entré a la casa me encontré con ella”, dijo, contraponiendo lo dicho por la imputada en su declaración. 

“La encuentro a ella con excremento por todos lados. Yo le bañaba y le daba de comer, le pedía comida a mi otra patrona o le llevaba lo que podía, bifes, huevos, fideos porque la dejaban encerrada y sin comida”, apuntó.

“Ella estaba totalmente abandonada”, definió y a pedido de las partes ahondó: “Vivía en pañales, encerrada, con música y aire. Dormía en una cama que tenía dos almohadones como colchón. A la puerta de su pieza le sacaban el picaporte para que no se pueda abrir”.

El juicio se transmite en vivo por Youtube.

El padre y las compañeras

La cuarta jornada estuvo marcada por la declaración del sindicado padre de la niña y de algunas empleadas municipales que fueron compañeras de Ramírez al momento de los hechos.

César Luis Romero fue convocado al debate como testigo a pedido de la defensa. Al hombre le atribuyen la paternidad de Belén, aunque él lo negó: “Fue mi novia hace muchos años, pero no sabía que quedó embarazada. Me enteré de eso cuando su papá le mandó una carta documento a mi papá diciéndole que ella tuvo un bebe. Mi papá contestó con otra carta documento diciendo que si era mi hijo yo me iba a hacer cargo, pero de ahí en más nunca contestaron”.

Después Romero declararon los ex compañeros de trabajo de la imputada. Sobre esos aportes ahondó el defensor Varela, buscando recabar información sobre las pautas laborales que cumplían y las condiciones económicas en las que se encontraba Ramírez en ese momento.

Entre esos testimonios, el fiscal aprovechó para recordar una declaración dada por Olga Gauto, que en la etapa de instrucción aseguró que en el sepelio de la niña Ramírez estaba “normal, sin arrepentimiento” y que pocos días después la vio “en el boliche Metrópolis”.

Marcelina Arevalos fue la última en comparecer. Ella contó que era amiga de Ramírez, que compartió “varias cenas” en su casa y vio cómo la ahora imputada “cuidaba, atendía, daba de comer y cambiaba los pañales” a Belén. También sostuvo que la mujer varias veces le comentó de sus problemas económicos e incluso le pidió dinero para comprar leche y pañales.

El tribunal es presidido por Gustavo Bernie -en el centro- e integrado por Miguel Mattos y Viviana Cukla como vocales.

Pedidos y etapa final

Antes de finalizar esa jornada, el fiscal Glinka pidió convocar a una nueva testigo: se trata de otra trabajadora municipal que en su momento administraba el sector de cajas donde la imputada trabajaba.

Si su convocatoria no es aceptada, pidió que se solicite a la Municipalidad la remisión de un informe con las novedades volcadas al legajo de Ramírez para constatar si efectivamente la mujer tramitó pedidos de licencias, como así también verificar otros aspectos que considera clave para su teoría del caso.

Ambos planteos, como así también el pedido para que la tía de la fallecida aporte como prueba una foto de Belén tomada días antes de su fallecimiento, serán resueltos por el tribunal en la audiencia del lunes.

Juicio por muerte de niña con discapacidad: “La dejaban encerrada y sin comida”

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