Judiciales
Juzgan a ex piloto obereño acusado de organizar maniobras de narcotráfico
Este jueves a la mañana comenzará el juicio oral contra José Alberto Mrakava (52), un ex piloto y dirigente deportivo obereño acusado de integrar una banda narco que alcanzó a mover más de diez toneladas de marihuana.
El debate oral se desarrollará en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas a partir de las 8 y una segunda jornada tendrá lugar el viernes.
Mrakava, actualmente detenido en una celda de la Colonia Penal 17 del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en Candelaria, llega a esta instancia imputado por el delito de “organización y financiación para el tráfico de estupefacientes, agravado por el número de integrantes, en concurso real con el delito de falsificación de sellos”.
Para la Justicia, el implicado tenía incidencia directa en la gestión de la compra de los estupefacientes para luego también organizar las maniobras necesarias para introducirlas al país, almacenarlas y transportarlas hacia a otras ciudades del país y países vecinos”.
“Las investigaciones permitieron verificar el significativo rol del imputado Mrakava pues diagramaba la actividad que cumplían distintos sujetos que se desempeñaban como gestores de automotores, choferes ocasionales, mecánicos; a la par de que aportaba los medios necesarios –dinero y móviles– para adquirir estupefacientes y luego desarrollar las restantes fases o eslabones de la cadena de narcotráfico”, consignó la Cámara Federal de Apelaciones al momento de resolver sobre un pedido de prisión domiciliaria en enero de 2023.
La detención del ex piloto obereño se concretó en junio de 2022, cuando investigadores federales obtuvieron pruebas de su vinculación con José Alberto Laurencio y Daniel Alberto Esquivel, otros dos misioneros que integraban la organización narco que fue vinculada a tres cargas de marihuana que alcanzaron un total de trece toneladas.
Sin embargo, no era la primera vez que uniformados federales irrumpían en el domicilio de Mrakava en el barrio Villa Ruff de Oberá, dado que en 2019 fue detenido en el marco de una investigación por lavado de activos y acopio de armas.
En aquella ocasión, agentes de la Prefectura Naval Argentina (PNA) secuestraron en su casa 330.000 dólares y varias armas de fuego. En esa causa el obereño estuvo dos meses detenido, hasta que fue excarcelado, pero seguía bajo pesquisa en el otro expediente que ahora llega a juicio.
El imputado era piloto de competición, dirigente en el Automóvil Club Oberá (ACO), tesorero de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad) y tenía un cargo jerárquico en la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (Celo).
FOTO: Archivo El Territorio
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
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