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Justicia embarga a misionero que fabricaba causas de lesa humanidad

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La Justicia Federal resolvió el embargo y la inhibición del misionero Adrián Martínez Moreira, acusado de liderar una banda que estafaba al Estado con el cobro de las reparaciones para víctimas y familiares de la última dictadura.

La resolución se cumplió luego de la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo del ex juez Alberto Baños, se involucrara en la causa contra el misionero señalado por fabricar causas de lesa humanidad para el cobro de las indemnizaciones.

La cartera de Baños está bajo la órbita del Ministerio de Justicia que conduce Mariano Cúneo Libarona, quien en abril pasado, al hablar sobre la lluvia de amparos por reparaciones reclamadas por víctimas de la dictadura, excusó la mora en una supuesta auditoría a una asociación ilícita que se dedicaba a tratar de cobrar dinero del Estado con denuncias fraudulentas.

El ministro se refería a la causa contra Martínez Moreira y la alusión le valió una felicitación de la vicepresidenta Victoria Villarruel, porque hay que “auditar el curro de los derechos humanos”.

Sin embargo, el intento de estafa del misionero no fue descubierto ni denunciado por La Libertad Avanza (LLA), ya que las primeras denuncias datan de 2014 y fueron presentadas por dirigentes de derechos humanos.

Incluso, el antecesor de Baños en Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, recopiló casos e impulsó la causa como querellante.

Embargo

Según comentó  a La Voz de Misiones el abogado Javier Garín, víctima y uno de los primeros en denunciar a Martínez Moreira, desde el equipo jurídico de la Secretaría de Baños se pidió a la justicia que cumpla con el embargo y la inhibición de los acusados.

El juzgado ordenó un embargo y no lo cumplió, nos enteramos ahora”, afirmó Garín a LVM y agregó: “Ahora, lo tuvo que hacer”.

El misionero Martínez Moreira está procesado junto un abogado identificado como Omar García, y dos mujeres identificadas como Leticia G. y Nicole Carolina G.

La causa, está a cargo de la jueza federal, María Eugenia Capuchetti, quien investiga a Moreira como líder de una organización criminal que, según la investigación, comenzó a operar en 2013 a través de una organización llamada “Comisión Nacional y Popular de Leyes Reparatorias”, con la que contactaba con víctimas y familiares del terrorismo de Estado y ofrecía representarlos en gestiones y demandas por sus indemnizaciones.

Martínez Moreira, se presentaba como hijo de detenidos desaparecidos, y decía, además, ser abogado y sociólogo graduado en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Nada de esto era cierto.

El fabulador

Valiéndose de las redes sociales, Martínez Moreira se construyó un relato a la medida de los planes y actividades del grupo ahora procesado por la justicia federal.

Decía ser hijo del paraguayo Adrián Martín Martínez, militante comunista desde su juventud, y la misionera María Santa Moreira, secuestrados el 8 de noviembre de 1988, en la casa del barrio Herrera, de Asunción, donde vivían.

Martínez Moreira afirmaba que en la capital paraguaya, con dos años de edad, fue entregado a un militar argentino que lo anotó como Matías Ezequiel López.

En su relato, el misionero aseguraba que sus padres desaparecidos habían sido miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), de Enrique Gorriarán Merlo, y que inclusive habían participado del atentado contra el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción, en 1980.

En su historia, Martínez Moreira cita nombres de supuestos tíos y primos desaparecidos en Paraguay, y cuenta que, a los siete años, en 1993, fue localizado por su abuela materna, Leontina Delart de Moreira.

Habla de un exilio de sus padres en Brasil, de un divorcio en 1984; de una relación de su madre con un militante del MIR chileno, con quien tuvo una niña que bautizaron María Luz; del reencuentro de la pareja en Jardín América, donde su madre lo da a luz en 1986; y describe espeluznantes pesadillas infantiles, en que vuelve una y otra vez a un mismo basural.

Garín denunció a Martínez Moreira por la falsificación de su firma y el uso de su matrícula profesional en el patrocinio de causas de víctimas de lesa humanidad que desconocía.

Garín radicó una denuncia ante la Fiscalía 43, Juzgado de Instrucción Criminal y Correccional 22 de Caba. El abogado identificó unas 50 causas iniciadas con su número de CUIT ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

La justicia ordenó el allanamiento del domicilio del misionero en la ciudad de Buenos Aires, donde encontró toda la evidencia que sirvió a la jueza Capuchetti para ordenar el procesamiento de Martínez Moreira y sus cómplices.

La justicia constató también denuncias falsas de Martínez Moreira contra periodistas, magistrados, funcionarios de la secretaría de derechos humanos,  sobrevivientes del terrorismo de estado, organismos, familiares, hijos de desaparecidos que habían descubierto el funcionamiento de la banda y habían alertado a las autoridades o la justicia.

La historia que Martínez Moreira relataba con verdaderos dotes actorales, estremeció. Diarios y canales de televisión le dedicaron sendos reportajes y entrevistas. Página/12 llegó a dedicarle la tapa del suplemento Soy, que aborda la temática LGTBQ+, por el relato de abusos con que el misionero engordó su personaje de hijo de la “generación diezmada”.

Nombre real

El misionero fue investigado por la Procuración General de la Nación (PGN), que determinó que no es hijo de desaparecidos y que toda su historia es falsa.

Según la PGN, su nombre real es Ovidio Martínez, nacido el 30 de abril de 1993 en el hospital de Jardín América, hijo de Santa Moreira y Emilio Martínez, domiciliados en Puerto Leoni, quienes lo entregaron con fines adoptivos en la Defensoría Oficial de Puerto Rico.

Su nueva familia lo inscribió en el Renaper como Matías Ezequiel López, a partir de una sentencia judicial de adopción plena.

En 2013, con documentación apócrifa, pruebas falsas de ADN, y una retórica estremecedora, Matías Ezequiel López, de 20 años, consiguió que la justicia le reconociera su nueva identidad.

Así nació el personaje de Adrián Martínez Moreira. Más tarde agregaría “de Zanotti” a su apellido, en referencia a Pablo Zanotti, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, en febrero de 2012, con quien el misionero aseguraba estar casado legalmente, lo que fue siempre desmentido por la familia del hombre.

Martínez Moreira visitó la tierra colorada en varias ocasiones. La primera vez fue el 16 de septiembre de 2013, en un taller debate que se realizó en el aula magna de la Facultad de Humanidades de la Unam, sobre la calle San Lorenzo, en Posadas.

En 2014, en otro viaje a Misiones, el falso hijo de desparecidos retiró de la oficina del Renaper de Posadas, la nueva partida de nacimiento ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones, con la que finalmente consiguió su primer ejemplar de DNI como Adrián Martínez Moreira, el 5 de noviembre de ese año.

Desde entonces, según la base de datos del organismo estatal, renovó su DNI cinco veces, y ahora va por el ejemplar F, con fecha de emisión el 20 de abril de 2022.

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Sobreseyeron a dos gendarmes misioneros investigados por homicidio en La Quiaca

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La Quiaca

El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.

Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.

La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.

La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.

En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.

Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.

Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.

Un gendarme a juicio

Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.

Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.

La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.

Dos gendarmes misioneros detenidos por el crimen de un joven indígena en Jujuy

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Brasileño con antecedentes en su país irá a juicio por un homicidio en Fracrán

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Brasileño juicio oberá homicidio fracrán

El Tribunal Penal Uno de Oberá se prepara para albergar, a mediados de mayo, el juicio oral contra Levi Necke Da Silva (31), un brasileño con múltiples antecedentes delictivos en su país y detenido en Misiones desde marzo de 2024 por el homicidio de un hombre en la localidad de Fracrán.

Las audiencias de debate están fijadas para los días 13 y 14 de mayo próximos. El tribunal estará integrado por los magistrados Horacio Paniagua, David Milicich y Jorge Erasmo Villalba (subrogante), mientras que en representación del Ministerio Público Fiscal estará Juan Pablo Fernández Rissi.

El extranjero está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma” y hay un total de quince testigos citados a prestar declaración testimonial ante el tribunal obereño.

“Ya maté unos cuantos”

El hecho que se ventilará en juicio ocurrió el 16 de marzo de 2024, cuando el ciudadano Nazareno Faier murió de un disparo durante un hecho ocurrido en su casa de Fracrán.

La acusación contra Neike señala que el brasileño arribó a ese lugar para reclamar por una motocicleta tipo Cross y en medio de una discusión, con amenazas de por medio, se produjo el desenlace mortal.

El hecho ocurrió ante la presencia de la pareja de la víctima, quien alcanzó a oír como, entre sus amenazas, el sospechoso advirtió: “Conmigo nadie se mete, en Brasil ya mate unos cuantos”.

Faier falleció como consecuencia de un disparo en la cara, mientras que el sospechoso escapó y fue detenido poco después, oculto bajo una casa del barrio San Miguel de San Pedro.

Prontuario

En la comisaría se constató que la identidad del implicado era Levi Necke Da Silva, un nombre con extenso prontuario en su país.

En su historial criminal se registran acusaciones por hechos de narcotráfico, asaltos armados e incluso una tentativa de homicidio. Los hechos datan desde 2006 y ocurrieron en los estados de Santa Catarina y Rio Grande Do Sul.

Al momento de su detención registraba un pedido de captura emitido en su país, ante lo cual luego de rendir cuentas ante la Justicia argentina podría ser extraditado para ser entregado a las autoridades brasileñas que también lo requieren.

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Nueve militares a juicio por “bautismo” que dejó parapléjico al cabo Verón

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Un total de nueve militares irán a juicio oral y público por -entre otros delitos- provocar las graves lesiones que dejaron parapléjico al soldado Michael Natanael Verón durante un violento “bautismo de ascenso” realizado en julio de 2022 en un predio del Regimiento de Infantería de Monte 30 de Apóstoles.

Los imputados son Gustavo Daniel Martínez (Teniente primero), Edgardo Jesús Díaz (Suboficial principal), Jorge Ricardo Leites (Sargento), Ramón Dos Santos (Sargento), Miguel Ariel Fleitas (Cabo primero), Manuel Antonio Heredia (Cabo primero), Marcelo Alejandro Morales (Sargento), Mauro Fabián González (Jefe de Grupo) y Antonio Maximiliano Matozo (Cabo).

Todos ellos deberán responder como imputados por delitos de “abuso de autoridad, en concurso con los delitos de lesiones gravísimas y abandono de persona agravado”, en calidad de autores.

La medida fue dispuesta por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, que este mismo jueves firmó el requerimiento de elevación a juicio de la causa formulado por la Fiscalía Federal de Posadas.

En su resolución, Skanata rechazó los planteos de oposición y al pedido de sobreseimiento efectuados por las diferentes defensas, ante lo cual declaró clausurada la instrucción de la causa y decretó la elevación a juicio del expediente que ahora deberá ser remitido al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas para que avance en la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Los involucrados pertenecían al Regimiento Brigada de Monte 30 de Apóstoles.

Bautismo y violencia

Los hechos que se ventilarán en juicio ocurrieron el 8 de julio de 2022, durante una “celebración de ascenso” realizada en el Club Achalay del Ejército Argentino en Apóstoles, donde además de Verón había otros cuatro suboficiales recién ascendidos, quienes -según la investigación- fueron sometidos a prácticas denigrantes, humillantes y físicamente riesgosas en un contexto de ejercicio abusivo de autoridad por parte de sus superiores.

De acuerdo a lo volcado en el expediente, los ascendidos debieron comprar y cocinar la carne correspondiente al asado de almuerzo, aunque no pudieron comer ningún bocado.

Durante el evento, además, fueron obligados a consumir mezclas de bebidas alcohólicas en exceso, realizar ejercicios físicos extenuantes como corridas, flexiones y vueltas en la arena, y prácticas o retos de resistencia como “la búsqueda de petróleo”, que consiste en dar trompos con el extremo de un palo apoyado en la cabeza y el otro en el suelo.

Lo más extremo de la rutina de “bienvenida” fue obligar a los soldados a lanzarse a una pileta con bajo caudal de agua y el soldado Verón se arrojó tres veces. En la tercera su cráneo impactó contra el fondo y sufrió una lesión medular que lo dejó internado varios meses y con la imposibilidad de volver a caminar de por vida.

Michael Verón no podrá volver a caminar.

“Sos muy tierno”

En su declaración ante la Justicia, la víctima narró que después de ese golpe permaneció tirado en el piso pidiendo ayuda, pero sus superiores le respondían “tierno” y le pedían que se arrojara nuevamente.

“’Sos muy tierno’, volvé a la pileta me decían. Yo les decía que no me podía levantar, sentía frío. Yo les pedía por favor que me asistan. Eso fue a las 16 y recién me asistieron a las 20”, contó Verón un año después en una entrevista periodística.

Después de ser asistido, Verón quedó internado y fue sometido a múltiples operaciones.

Sobre aquellos días, el soldado recordó que “estuve internado y cuando me despierto habían pasado 21 días. Ahí me llevé la peor parte. No sabía que día era, estaba perdido, todo entubado, comiendo por sonda. Quería mover las piernas y los brazos y no podía”.

Con operaciones, tratamientos y rehabilitación, Verón recuperó la movilidad de los brazos, no así la de las piernas. “La medicina dice que no voy a volver a caminar”, lamentó en entrevistas.

Apóstoles: soldado quedó internado grave tras bautismo del Ejército

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