Judiciales
Juicio a los Kiczka: archivos Masi y el paradigma de la evidencia digital
Tras más de 200 días detenidos, el ex diputado Germán Kiczka (44) y su hermano Sebastián (47) serán juzgados a partir del 31 de marzo en un juicio que promete ser histórico, y no solo por la trascendencia que alcanzó el caso, sino también por otros dos hitos que marcarán al poder judicial de la provincia: será la primera causa por archivos Masi que se ventile en debate oral en Misiones y el proceso contará con dos fiscales de tribunal como otro dato sin precedentes.
Será un litigio largo, que se extenderá a lo largo de doce jornadas consecutivas y con fecha estipulada para el dictado de sentencia para el 16 de abril. El debate se realizará en el SUM del Palacio de Justicia y estará a cargo del Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante).
Como representante del Ministerio Público Fiscal actuará Martín Alejandro Rau, quien a su vez contará con la colaboración de Antonio Vladimir Glinka como fiscal de tribunal adjunto, hecho que no encuentra precedentes en la historia reciente de los debates orales en la tierra colorada.
La participación de un segundo fiscal de tribunales en el juicio se dio a partir de una solicitud planteada por Rau y la designación de Glinka fue resuelta por el flamante Procurador General de la provincia Carlos Giménez.
“Para Misiones es el primer juicio oral en esta temática por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La sociedad misionera necesita saber qué pasó. Yo creo que va a ser uno de los juicios más importantes en la historia de Misiones”, apreció el procurador en Canal 12.
Y remarcó: “A los fiscales les pedí que la teoría o la construcción de la acusación esté basada en hechos ciertos, apoyado en prueba sólida y fundada en derecho. Yo creo que, como servidores públicos, como funcionarios judiciales, nos debemos a un servicio de justicia eficiente y oportuno”.

El debate contará con dos audiencias abiertas a la prensa y al público en general. Serán el primer y último día, donde las partes darán sus respectivos alegatos de apertura y de cierre. El resto de las jornadas se realizarán a puertas cerradas, teniendo en cuenta que el delito investigado afecta la integridad sexual de terceros cuya intimidad debe ser resguardada.
En total hay 67 testigos admitidos por el tribunal, entre los que se destacan peritos informáticos, profesionales de diversas áreas, investigadores y “consultores técnicos” solicitados por ambas partes para legitimar y/o desacreditar las pruebas que obran en el expediente, las cuales en su gran mayoría consisten en evidencias digitales, lo que a su vez plantea un nuevo paradigma en materia judicial en la provincia.
Los imputados, por su parte, serán defendidos por abogados particulares. En representación de Germán Kiczka continuará -como desde el primer día- Gonzalo De Paula, mientras que junto a Sebastián Kiczka estará el experimentado Eduardo Paredes.
Ambos hermanos enfrentan cargos por el delito de “tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad, varios hechos”, aunque a Sebastián también se lo acusa de “abuso sexual sin acceso carnal” tras una denuncia radicada por una joven que acudió a la Justicia vez desatado el escándalo que dejó a Apóstoles en la mira de todo el país.
Evidencia digital y paradigma
“Es un expediente que tiene su particularidad desde el inicio, porque surge como consecuencia de un reporte que viene desde Estados Unidos hasta Argentina, puntualmente a la fiscalía de Daniela Dupuy, en Buenos Aires. Ellos reciben una serie de reportes que analizan y a partir de ahí se establecen una serie de objetivos para desarticular cierto tráfico de Masi”, precisó sobre el caso el fiscal Rau durante una charla con La Voz de Misiones.
Uno de esos “objetivos”, establecidos a partir de direcciones de IP, estaba en Apóstoles, ni más ni menos que en el domicilio del padre de los hermanos Kiczka. Esa información motivó el primer allanamiento realizado el 28 de febrero del año pasado, procedimiento donde se secuestraron dispositivos electrónicos con más de 600 archivos Masi, cifra que ascendió a 913 tras la incautación de más aparatos.
“Se ha hecho una investigación muy profunda y casi todo surge a consecuencia del análisis de laboratorio forense de dispositivos informativos. Ahora estamos en un período de estudio profundo de todo el expediente y trabajando en la teoría del caso que vamos a plantear”, añadió Rau a casi una semana del inicio del juicio.

El fiscal Martín Rau contará con el apoyo de Vladimir Glinka como fiscal de tribunal adjunto. FOTO: Marcos Otaño.
“Estamos poniendo todo nuestro empeño y esfuerzo para representar a la sociedad de la mejor manera. Como fiscales estamos abocados al 100% a este expediente, sin descuidar nuestras tareas habituales. Es una tarea que nos obliga a redoblar o triplicar esfuerzos. No se puede para la Justicia, pero tampoco podemos dejar de darle la relevancia que merece este expediente”, afirmó.
Durante la charla, Rau subrayó la importancia de este proceso, como así también resaltó las complejidades de la causa y el paradigma que podría representar este caso para la provincia.
“En este caso nos encontramos con algo que excede el marco normal de un expediente, porque hay un paradigma distinto, que es la evidencia digital. Eso transforma el proceso en una manera diversa a lo habitual y marco esto casi por una cuestión académica, porque no es lo mismo investigar un delito en el ciberespacio que en el mundo físico”, aseveró.
Y puntualizó: “Cuando el camino de la evidencia digital está bien hecho es muy difícil cuestionar la autoría, porque es casi como una prueba de ADN, es un vínculo directo difícil de contrarrestar”.
Si bien el expediente del caso está conformado íntegramente por prueba digital, para el juicio hay 67 testigos admitidos y citados. Rau explicó: “Cuando investigamos un delito necesitamos la asistencia de determinadas personas que manejan una experticia distinta a la nuestra. Entonces, al debate van a ir muchos técnicos que procesaron distintos elementos informáticos, por ejemplo. Es algo propio para exigir la legitimidad de todo el cuerpo probatorio que se ha recolectado”.
De Emule y archivos Masi
Durante el juicio, ambos imputados tendrán la oportunidad de declarar ante el tribunal cuando lo deseen. Al momento de ir a indagatoria, el ex diputado de Activar habló durante tres horas, aunque prácticamente se abstuvo a todas las preguntas formuladas.
En la ocasión, Kiczka admitió consumir pornografía y reconoció utilizar el programa E-Mule (utilizado para el intercambio de archivos tipo P2p, peer-to-peer o red de pares), pero rechazó que su búsqueda de material se concentre en menores de edad y también negó haber distribuido archivos de manera intencional.
Como explicación respecto a los archivos Masi hallados en sus aparatos informáticos el ex diputado argumentó que “las descargas se dan a ciegas. Uno no sabe lo que es hasta que descarga”.
Para la Justicia, nada de esto alcanzó para rebatir las sospechas que recaían en su contra. Más aún teniendo en cuenta los elementos probatorios recolectados mediante peritajes informáticos, los cuales marcaron el hallazgo de un total de 913 archivos Masi y la presencia del programa E-Mule en las dos computadoras relacionadas al diputado, una Acer incautada en la casa de su padre y una Lenovo secuestrada el 6 de agosto de 2024 en el allanamiento a su casa.
Además, los peritos detectaron conversaciones relacionadas al intercambio de material Masi en Telegram y envíos de archivos por Whatsapp.

Germán Kiczka estuvo una semana prófugo tras su desafuero como legislador provincial.
Pero no es todo. También constataron que ese 28 de febrero al mediodía, mientras la Policía Federal Argentina (PFA) allanaba la casa de su padre en el barrio Illía de Apóstoles, Kiczka se encontraba en Brasil y desde allí cambió el nombre de la carpeta Incoming, que se crea de forma automática al momento de la instalación del programa E-Mule para el almacenamiento de las descargas. Los detectives que participaron de la instrucción creen que eso fue una maniobra deliberada con la intención de no dejar rastros de su actividad.
En su declaración, el dirigente expulsado del partido Activar también intentó desligarse de la notebook Acer secuestrada en la casa de su padre y hermano, argumentando que la dejó de usar en 2019 y que solo utilizaba de manera esporádica cuando visitaba la vivienda familiar.
Sin embargo, esto también se contradice con la prueba. El aparato no solo que tenía registrado tanto su nombre de su usuario, como su email y un backup de archivos y facturas a su nombre, sino que en el análisis de todos los dispositivos incautados también se hallaron dos fotografías de 2023 que lo muestran a él junto a las dos notebooks secuestradas dentro de la oficina que el ex legislador ocupaba como comisionista de Cigarros Misioneros, empresa propiedad de la familia Puerta.
Todos estos elementos fueron suficientes como para que el 13 de septiembre el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dicte la prisión preventiva en su contra, medida que luego se replicaría a su hermano Sebastián y es así como ambos continúan sin ver la calle, encerrados hace más de 200 días en celdas de la UP VIII.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra
Judiciales
El juicio contra los docentes Gurina y Sánchez comenzará el 25 de noviembre
La Justicia de Misiones estableció nuevas fechas para el juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes están acusados de “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” por su participación en la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio de 2024.
El debate oral se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre, luego de que el inicio previsto para el 15 de octubre fuera suspendido a pedido de la defensa y de diversas organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un espacio con mayor capacidad para la asistencia del público.
La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, y dispuso que las audiencias se realicen en el Palacio de Justicia de Misiones, desde las 8.
Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), y Gurina, secretaria general de la CTA Misiones, son referentes del sector docente y sostienen que el proceso judicial en su contra representa un intento de “criminalizar la protesta social”.
Docentes llevados a juicio reclamarán su absolución en el Congreso
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Policías imputados en el caso Guirula aguardarán la sentencia detenidos
En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.
A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.
El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.
De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.
Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.
El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.
Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero
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Suspenden juicio a Pablo Schoenfisch para investigar la confesión de su padre
El Tribunal Penal Uno de Eldorado rechazó el recurso de revocatoria planteado por las partes y mantuvo su decisión de suspender el juicio oral contra Pablo Schoenfisch (23) y en paralelo dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras la fiscalía de instrucción investiga la autoincriminación efectuada por su padre Arnoldo (67), quien pidió ser acusado en lugar de su hijo por el crimen de su esposa Faustina Antúnez (54), registrado el 14 de mayo de 2020.
De esta manera, el debate oral que comenzó el lunes, mismo día en que el ex intendente de Santiago de Liniers lanzó la declaración que detonó el proceso, fue suspendido y todo quedó sin efecto hasta tanto la fiscalía de instrucción en turno analice el testimonio e investigue si la versión tiene asidero o no para determinar de qué manera continúa la causa que mantiene a Pablo Schoenfisch imputado por el asesinato de su madre e intento de homicidio en perjuicio de su padre.
En su resolución comunicada esta mañana, el tribunal conformado por los magistrados Andriana Andino, Atilio León y Javier Jourdan (subrogante) también dio lugar al pedido del fiscal Federico Rodríguez para que la fiscalía de instrucción investigue a Arnoldo Schoenfisch por falso testimonio.
Además, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoenfisch, encabezada por los letrados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, ante lo cual el imputado continuará privado de su libertad, condición en la que se encuentra hace más de cinco años.
La suspensión del juicio generó un fuerte rechazo de parte del fiscal Rodríguez, quien calificó la medida como “una falta de respeto” a las partes y a la sociedad que “aguarda una resolución” del caso.
El fiscal se había opuesto desde el comienzo a la interrupción del debate oral al considerar que la autoincriminación del padre del imputado corresponde a un “esquema defensivo” y “artilugio para dilatar el proceso” que ya había sido trazado en la antesala del juicio con una declaración presentada por escribanía pero que fue desestimada por las autoridades de instancia previa.
Podría caerse el juicio a Pablo Schoenfisch por autoincriminación de su padre
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