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Juicio a los Kiczka: archivos Masi y el paradigma de la evidencia digital

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Germán Kiczka juicio

Tras más de 200 días detenidos, el ex diputado Germán Kiczka (44) y su hermano Sebastián (47) serán juzgados a partir del 31 de marzo en un juicio que promete ser histórico, y no solo por la trascendencia que alcanzó el caso, sino también por otros dos hitos que marcarán al poder judicial de la provincia: será la primera causa por archivos Masi que se ventile en debate oral en Misiones y el proceso contará con dos fiscales de tribunal como otro dato sin precedentes.

Será un litigio largo, que se extenderá a lo largo de doce jornadas consecutivas y con fecha estipulada para el dictado de sentencia para el 16 de abril. El debate se realizará en el SUM del Palacio de Justicia y estará a cargo del Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya (subrogante).

Como representante del Ministerio Público Fiscal actuará Martín Alejandro Rau, quien a su vez contará con la colaboración de Antonio Vladimir Glinka como fiscal de tribunal adjunto, hecho que no encuentra precedentes en la historia reciente de los debates orales en la tierra colorada.

La participación de un segundo fiscal de tribunales en el juicio se dio a partir de una solicitud planteada por Rau y la designación de Glinka fue resuelta por el flamante Procurador General de la provincia Carlos Giménez.

“Para Misiones es el primer juicio oral en esta temática por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La sociedad misionera necesita saber qué pasó. Yo creo que va a ser uno de los juicios más importantes en la historia de Misiones”, apreció el procurador en Canal 12.

Y remarcó: “A los fiscales les pedí que la teoría o la construcción de la acusación esté basada en hechos ciertos, apoyado en prueba sólida y fundada en derecho. Yo creo que, como servidores públicos, como funcionarios judiciales, nos debemos a un servicio de justicia eficiente y oportuno”.

El debate contará con dos audiencias abiertas a la prensa y al público en general. Serán el primer y último día, donde las partes darán sus respectivos alegatos de apertura y de cierre. El resto de las jornadas se realizarán a puertas cerradas, teniendo en cuenta que el delito investigado afecta la integridad sexual de terceros cuya intimidad debe ser resguardada.

En total hay 67 testigos admitidos por el tribunal, entre los que se destacan peritos informáticos, profesionales de diversas áreas, investigadores y “consultores técnicos” solicitados por ambas partes para legitimar y/o desacreditar las pruebas que obran en el expediente, las cuales en su gran mayoría consisten en evidencias digitales, lo que a su vez plantea un nuevo paradigma en materia judicial en la provincia.

Los imputados, por su parte, serán defendidos por abogados particulares. En representación de Germán Kiczka continuará -como desde el primer día- Gonzalo De Paula, mientras que junto a Sebastián Kiczka estará el experimentado Eduardo Paredes.

Ambos hermanos enfrentan cargos por el delito de “tenencia, facilitación y distribución de material de explotación sexual infantil (Masi), agravado por ser las víctimas menores de 13 años de edad, varios hechos”, aunque a Sebastián también se lo acusa de “abuso sexual sin acceso carnal” tras una denuncia radicada por una joven que acudió a la Justicia vez desatado el escándalo que dejó a Apóstoles en la mira de todo el país.

Evidencia digital y paradigma

“Es un expediente que tiene su particularidad desde el inicio, porque surge como consecuencia de un reporte que viene desde Estados Unidos hasta Argentina, puntualmente a la fiscalía de Daniela Dupuy, en Buenos Aires. Ellos reciben una serie de reportes que analizan y a partir de ahí se establecen una serie de objetivos para desarticular cierto tráfico de Masi”, precisó sobre el caso el fiscal Rau durante una charla con La Voz de Misiones.

Uno de esos “objetivos”, establecidos a partir de direcciones de IP, estaba en Apóstoles, ni más ni menos que en el domicilio del padre de los hermanos Kiczka. Esa información motivó el primer allanamiento realizado el 28 de febrero del año pasado, procedimiento donde se secuestraron dispositivos electrónicos con más de 600 archivos Masi, cifra que ascendió a 913 tras la incautación de más aparatos. 

“Se ha hecho una investigación muy profunda y casi todo surge a consecuencia del análisis de laboratorio forense de dispositivos informativos. Ahora estamos en un período de estudio profundo de todo el expediente y trabajando en la teoría del caso que vamos a plantear”, añadió Rau a casi una semana del inicio del juicio.

El fiscal Martín Rau contará con el apoyo de Vladimir Glinka como fiscal de tribunal adjunto. FOTO: Marcos Otaño.

Estamos poniendo todo nuestro empeño y esfuerzo para representar a la sociedad de la mejor manera. Como fiscales estamos abocados al 100% a este expediente, sin descuidar nuestras tareas habituales. Es una tarea que nos obliga a redoblar o triplicar esfuerzos. No se puede para la Justicia, pero tampoco podemos dejar de darle la relevancia que merece este expediente”, afirmó.

Durante la charla, Rau subrayó la importancia de este proceso, como así también resaltó las complejidades de la causa y el paradigma que podría representar este caso para la provincia.

“En este caso nos encontramos con algo que excede el marco normal de un expediente, porque hay un paradigma distinto, que es la evidencia digital. Eso transforma el proceso en una manera diversa a lo habitual y marco esto casi por una cuestión académica, porque no es lo mismo investigar un delito en el ciberespacio que en el mundo físico”, aseveró.

Y puntualizó: “Cuando el camino de la evidencia digital está bien hecho es muy difícil cuestionar la autoría, porque es casi como una prueba de ADN, es un vínculo directo difícil de contrarrestar”.

Si bien el expediente del caso está conformado íntegramente por prueba digital, para el juicio hay 67 testigos admitidos y citados. Rau explicó: “Cuando investigamos un delito necesitamos la asistencia de determinadas personas que manejan una experticia distinta a la nuestra. Entonces, al debate van a ir muchos técnicos que procesaron distintos elementos informáticos, por ejemplo. Es algo propio para exigir la legitimidad de todo el cuerpo probatorio que se ha recolectado”.

De Emule y archivos Masi

Durante el juicio, ambos imputados tendrán la oportunidad de declarar ante el tribunal cuando lo deseen. Al momento de ir a indagatoria, el ex diputado de Activar habló durante tres horas, aunque prácticamente se abstuvo a todas las preguntas formuladas.

En la ocasión, Kiczka admitió consumir pornografía y reconoció utilizar el programa E-Mule (utilizado para el intercambio de archivos tipo P2p, peer-to-peer o red de pares), pero rechazó que su búsqueda de material se concentre en menores de edad y también negó haber distribuido archivos de manera intencional.

Como explicación respecto a los archivos Masi hallados en sus aparatos informáticos el ex diputado argumentó que “las descargas se dan a ciegas. Uno no sabe lo que es hasta que descarga”.

Para la Justicia, nada de esto alcanzó para rebatir las sospechas que recaían en su contra. Más aún teniendo en cuenta los elementos probatorios recolectados mediante peritajes informáticos, los cuales marcaron el hallazgo de un total de 913 archivos Masi y la presencia del programa E-Mule en las dos computadoras relacionadas al diputado, una Acer incautada en la casa de su padre y una Lenovo secuestrada el 6 de agosto de 2024 en el allanamiento a su casa.

Además, los peritos detectaron conversaciones relacionadas al intercambio de material Masi en Telegram y envíos de archivos por Whatsapp.

Germán Kiczka juicio

Germán Kiczka estuvo una semana prófugo tras su desafuero como legislador provincial.

Pero no es todo. También constataron que ese 28 de febrero al mediodía, mientras la Policía Federal Argentina (PFA) allanaba la casa de su padre en el barrio Illía de Apóstoles, Kiczka se encontraba en Brasil y desde allí cambió el nombre de la carpeta Incoming, que se crea de forma automática al momento de la instalación del programa E-Mule para el almacenamiento de las descargas. Los detectives que participaron de la instrucción creen que eso fue una maniobra deliberada con la intención de no dejar rastros de su actividad.

En su declaración, el dirigente expulsado del partido Activar también intentó desligarse de la notebook Acer secuestrada en la casa de su padre y hermano, argumentando que la dejó de usar en 2019 y que solo utilizaba de manera esporádica cuando visitaba la vivienda familiar.

Sin embargo, esto también se contradice con la prueba. El aparato no solo que tenía registrado tanto su nombre de su usuario, como su email y un backup de archivos y facturas a su nombre, sino que en el análisis de todos los dispositivos incautados también se hallaron dos fotografías de 2023 que lo muestran a él junto a las dos notebooks secuestradas dentro de la oficina que el ex legislador ocupaba como comisionista de Cigarros Misioneros, empresa propiedad de la familia Puerta.

Todos estos elementos fueron suficientes como para que el 13 de septiembre el juez Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dicte la prisión preventiva en su contra, medida que luego se replicaría a su hermano Sebastián y es así como ambos continúan sin ver la calle, encerrados hace más de 200 días en celdas de la UP VIII.

Prisión preventiva para Germán Kiczka: su defensa y las pruebas en contra

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Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas

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El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.

Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.

Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.

El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.

La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.

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Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.

El crimen

El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.

Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.

En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.

La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.

El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.

Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.

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El Duna blanco, una pista clave.

La trama narco detrás

El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.

En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.

A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.

 

Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas

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Defensor de Ramírez tras la sentencia por el caso Belén: “Primó el patriarcado”

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Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.

“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.

Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.

“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.

Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.

Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.

En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.

No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.

Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión

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Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión

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La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.

La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.

De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.

Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.

Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.

El caso

La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.

La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.

A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.

La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.

También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.

Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.

 

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