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Joven misionera recibió una reparación económica por ser víctima de trata

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Una misionera que en 2012 fue captada, golpeada y explotada sexualmente en un prostíbulo de la provincia de Santiago del Estero es la primera joven en recibir una compensación económica por parte del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas, creado en 2021 por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

La reparación económica se concretó el 26 de julio a través del pago 1.280.394 pesos, ejecutado a través de la Unidad Ejecutiva del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas.

Según consignaron a través de la web oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación, es la primera vez que se logra una indemnización pecuniaria en concepto de reparación integral del daño mediante este fondo creado en 2021.

La damnificada se trata de una chica oriunda de Colonia Oasis que en 2012 fue engañada a través de una falsa oferta laboral y llevada hasta la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, donde terminó siendo golpeada y explotada sexualmente en un prostíbulo llamado “Negro el 20”.

Tras ser rescatada, se inició una causa federal que en agosto de 2014 llegó a juicio y acabó con tres personas condenadas a penas de entre cinco y tres años de prisión.

Los condenados fueron José Luis Luna -principal acusado-, Samuel Emiliano Calderón y Calos Horacio Cancino Franco. Los tres fueron señalados como los responsables de capturar, trasladar y explotar sexualmente a la joven misionero durante enero de 2012.

En el juicio se comprobó que los imputados se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de la víctima y, mediante intimidaciones, humillaciones y amenazas, la mantuvieron privada de su libertad y la golpearon en distintas partes del cuerpo.

Durante el proceso, la víctima declaró en Cámara Gesell y su testimonio fue considerado clave. La muchacha relató que una vez que llegó al prostíbulo “no la dejaban ni ver el sol” y que la controlaban todo el tiempo.

También agregó que fue violada cuatro o cinco veces entre cuatro personas del lugar que le decían que era “para que aprendiera porque ella estaba ahí para obedecer”.

El prostíbulo “Negro el 20” funcionaba hacía más de 30 años y que era conocido en toda la provincia.

Fallo histórico

El fallo fue considerado histórico en esa ocasión, ya que fue la primera causa por trata de personas en culminar con una sentencia condenatoria en Santiago del Estero. Ahora el caso vuelve a ser historia, dado que la víctima de este hecho es la primera joven en recibir una reparación económica en el marco del fondo de asistencia para damnificadas por esta clase de delitos a nivel país.

Según explicaron en Fiscales.gob.ar, al momento de dictar sentencia en 2014, el Tribunal no dio lugar al pedido de decomisar el inmueble donde funcionaba el prostíbulo con el objetivo de reparar a la víctima.

A partir de ello, en el caso intervino la Dirección General de Recupero de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación, organismo que apeló la medida y en 2015 la Cámara Federal de Casación Penal de Santiago del Estero dispuso que el expediente sea remitido al Tribunal para el dictado de un nuevo pronunciamiento.

De esta manera, en octubre de 2016, el mismo Tribunal, pero con una nueva conformación, resolvió destinar el inmueble para la asistencia directa de la víctima, aunque para que ello se efectivice aún restaba un largo camino.

El predio del prostíbulo fue decomisado en 2016. El terreno tiene 1.240 metros cuadrados y fue llevado a subasta, pero no hubo ofertas.

En diciembre de ese año se inició el trámite de ejecución del decomiso del prostíbulo y para ello se propuso el inicio de una subasta pública del terreno de 1.240 metros cuadrados valuado en 26,4 millones de pesos.

Sin embargo, el tiempo transcurrió y no se presentaron ofertas, por lo que en mayo de 2022 el MPF solicitó al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de personas que arbitren los medios necesarios para hacer efectiva la reparación económica en favor de la víctima por un monto propuesto por la Fiscalía junto a la Dirección de Recupero de Activos y la Protex.

Fondo de asistencia

El Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas funciona desde octubre de 2021 a partir de la firma de un contrato de fideicomiso realizado entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

“El fideicomiso tiene como objetivo la efectivización de las restituciones y reparaciones económicas que correspondan a las víctimas como medida destinada a reponer las cosas al estado anterior a la comisión del delito. El referido Fondo fue dispuesto por la Ley 26.842 que incorporó el actual artículo 27 de la Ley 26.364 de “Prevención y Sanción de la Trata de Personas”. En 2019, la Ley 27.508, creó el fondo de Asistencia a las víctimas de trata, lo que fue reglamentado por el decreto 844/19″, consigna el portal del MPF.

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Policías imputados en el caso Guirula aguardarán la sentencia detenidos

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caso guirula

En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.

A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.

El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.

De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.

Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.

La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).

Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.

El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.

El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.

Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.

Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.

FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.

Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero

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Suspenden juicio a Pablo Schoenfisch para investigar la confesión de su padre

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pablo schoenfisch

El Tribunal Penal Uno de Eldorado rechazó el recurso de revocatoria planteado por las partes y mantuvo su decisión de suspender el juicio oral contra Pablo Schoenfisch (23) y en paralelo dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras la fiscalía de instrucción investiga la autoincriminación efectuada por su padre Arnoldo (67), quien pidió ser acusado en lugar de su hijo por el crimen de su esposa Faustina Antúnez (54), registrado el 14 de mayo de 2020.

De esta manera, el debate oral que comenzó el lunes, mismo día en que el ex intendente de Santiago de Liniers lanzó la declaración que detonó el proceso, fue suspendido y todo quedó sin efecto hasta tanto la fiscalía de instrucción en turno analice el testimonio e investigue si la versión tiene asidero o no para determinar de qué manera continúa la causa que mantiene a Pablo Schoenfisch imputado por el asesinato de su madre e intento de homicidio en perjuicio de su padre.

En su resolución comunicada esta mañana, el tribunal conformado por los magistrados Andriana Andino, Atilio León y Javier Jourdan (subrogante) también dio lugar al pedido del fiscal Federico Rodríguez para que la fiscalía de instrucción investigue a Arnoldo Schoenfisch por falso testimonio.

Además, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoenfisch, encabezada por los letrados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, ante lo cual el imputado continuará privado de su libertad, condición en la que se encuentra hace más de cinco años.

La suspensión del juicio generó un fuerte rechazo de parte del fiscal Rodríguez, quien calificó la medida como “una falta de respeto” a las partes y a la sociedad que “aguarda una resolución” del caso.

El fiscal se había opuesto desde el comienzo a la interrupción del debate oral al considerar que la autoincriminación del padre del imputado corresponde a un “esquema defensivo” y “artilugio para dilatar el proceso” que ya había sido trazado en la antesala del juicio con una declaración presentada por escribanía pero que fue desestimada por las autoridades de instancia previa.

Podría caerse el juicio a Pablo Schoenfisch por autoincriminación de su padre

 

 

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Justicia declaró crimen de lesa humanidad el homicidio de Carlos Tereszecuk

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Esta mañana el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1, de Resistencia, Chaco, dio a conocer la sentencia por el derecho a la verdad considerando un crimen de lesa humanidad el secuestro y homicidio de Carlos Tereszecuk, graduado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Unam, secuestrado y asesinado por la dictadura cívico militar en 1976.

La audiencia fue presidida por la jueza federal Zunilda Niremperger en modalidad virtual, donde también estuvieron presentes hermanos, sobrinos y representantes del equipo argentino de Antropología Forense, de la Fiscalía Federal, de la secretaría de Derechos Humanos del Chaco y abogados querellantes.

Al mismo tiempo, la instancia fue retransmitida desde el aula magna de la Facultad de Humanidades, ante la presencia de familiares, allegados, compañeros de militancia de la misma casa de estudios, ex presos políticos y militantes de la agrupación homónima.

El fallo analizó toda la prueba recolectada, reconstruyendo que Carlos Tereszecuk , fue secuestrado los primeros días del mes de noviembre de 1976, y llevado a la Jefatura de Policía de Resistencia, siendo alojado en un primer piso acondicionado como Centro Clandestino de Detención, que era dirigido por fuerzas conjuntas la Policía del Chaco y el Ejército Argentino.

Asimismo, reseña que fue visto en pésimas condiciones de salud, por las diversas torturas que había recibido, siendo tal su deterioro físico, que no podía mantenerse en pie, ni caminar y otro detenido debió bañarlo ante la orden de sus guardiacárceles.

Además, estableció que fue asesinado y arrojado al río Paraná, de donde fue rescatado el 15 de noviembre de 1976, en la costa de Empedrado Corrientes -ubicada a 70 kilómetros río abajo de la ciudad de Resistencia, donde fue sepultado en una tumba NN e identificado en el año 2018 por el Equipo de Antropología Forense.

Finalmente, la Justicia enmarcó el secuestro, tortura y homicidio en el contexto de persecución generalizada y sistemática por razones ideológicas, dirigida contra la población, y que tenía como objetivo la detención y exterminio de todo aquel que encuadrara en lo que se etiquetaba como opositores al régimen.

“Esa práctica sistemática del terrorismo de Estado se estableció que tuvo un patrón común como los cuerpos desnudos, atados con alambres en pies y manos, con disparos de ejecución en el pecho o el cráneo, con la yema de los dedos cortados para obstaculizar su individualización y con un corte importante en el abdomen para intentar que no flotaran”, detalla el documento.

La sentencia se dictó a partir de la solicitud de los familiares en su carácter de víctimas de un crimen de lesa humanidad, por el derecho a la verdad que reconstruya cómo fueron realmente los hechos con un sentido de reparación y que contribuya a la reconstrucción de la memoria histórica de la sociedad.

Graciela Franzen junto a familiares y allegados a Tereszecuk en la Facultad de Humanidades

Militancia y memoria

Como muchos de los jóvenes de su tiempo, el misionero despuntó en la militancia estudiantil y en 1974 fue elegido vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Servicio Social, de la Unam.

Al año siguiente, participó de la campaña electoral del Partido Autentico, y pasó a ser secretario de los diputados provinciales electos en 1975, el actual sociólogo y periodista Pablo Fernández Long y Juan El Negro Figueredo, maestro rural secuestrado por la dictadura y desaparecido desde entonces.

En 1975, Tereszecuk sufrió un intento de secuestro por parte de un grupo de tareas que se infiltró en la Cámara de Diputados, pero pudo escapar y se refugió en la provincia de Corrientes, donde, finalmente, fue captado en otro operativo.

La última vez que lo vieron con vida fue en la Jefatura de Policía de Resistencia y los testimonios hablan de que se encontraba muy deteriorado por las torturas y que ya no podía caminar.

Tras culminar la lectura de la sentencia, Sofía Tereszecuk sobrina de Carlos, dirigió unas palabras recordando a su tío, su militancia, compromiso social y a la importancia de conocer la verdad, a pesar de lo dolorosa que fue, para “cerrar un ciclo como familia y encontrar un poco de paz”.

Por su parte, Javier Gortari, ex decano de la Facultad de Humanidades, expresó: “Lo que hemos presenciado fue un acto de reparación y de justicia. Creo que nos da ánimos para seguir trabajando por la memoria, la verdad y la justicia en todo lo ocurrido durante la última dictadura y para continuar en democracia, tratando de insistir en lograr aquellos derechos por los cuales tanto lucharon aquellos compañeros y compañeras”.

Seguidamente, Graciela Franzen recordó: “Yo fui compañera de militancia de Carlos, mi hermano fue compañero en el seminario y con la familia Tereszecuk tenemos una gran amistad, lucha y compañerismo. Para mi recordar a Carlos y a los 30 mil es decir presente hoy, pero ¿cómo tenemos que estar presentes? ¿cómo tenemos que honrarlo hoy?; en las plazas, en las calles, en las manifestaciones, en los reclamos, cuando tenemos que votar porque no nos merecemos un gobierno traidor a la patria”.

La lectura de la sentencia por la verdad, sobre el homicidio de Carlos Tereszecuk como crimen de lesa humanidad, fue declarada de interés provincial por la Cámara de Representantes de Misiones.

 

Graciela Franzen y Jorge Trainer, ambos presos políticos durante la dictadura

 

Sentencia por la verdad del crimen de lesa humanidad de Carlos Tereszecuk

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