Judiciales
Jabornicky tildó de “montonero” y “ñoqui” a presidente de Colegio de Abogados
El abogado Alejandro Jabornicky, titular del estudio jurídico que representa al Instituto Cristiano República Argentina (Icra) en la causa judicial por la muerte de la adolescente Juanita Sirimarco, disparó contra el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), y tachó a su presidente Antonio López Forastier de “montonero” y “ñoqui” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
En un escrito de varias páginas, Jabornicky se despachó contra el Cademis, al que calificó como “engendro de antigua data” y una “institución burócrata arcaica”, que “benefició, particularmente, a los últimos cuatro presidentes y a su reducida, alcohólica y adicta comitiva”, disparó.
Inoperantes
De estos “últimos cuatro presidentes” del Cademis, el representante jurídico del Icra apuntó al actual Forastier, y al hoy abogado de la operadora turística del viaje de la adolescente fallecida a Córdoba, Martín Ayala, que fuera titular del Cademis entre 2012 y 2016.
“Forma parte de una familia socialista y montonera que ha generado un profundo sentir de rechazo por pertenecer a lo que llamamos la vieja política”, dijo Jabornicky sobre Forastier y graficó: “Sólo ha sido un ñoqui más de la Empresa Binacional Yacyretá” (Sic).
“Destaco que entre ellos está Ayala Martín, abogado de la empresa de turismo Viaturex, que es el único responsable del viaje de Juanita”, escribió Jabornicky y acusó a su colega de ser “uno de los impulsores de la Caja y Obra Social de los abogados, particularmente una estafa a sus miembros”.
En otro tramo de su escrito, el abogado del Icra acusó a Ayala de operar en el Jockey Club Posadas con la Asociación Civil Interprofesionales Amateur de Deportes (Aciadep) para “apropiarse de sectores y terrenos que no les corresponden, bajo la noble idea de la práctica del fútbol”.
“De la Jugada Radical de la que formas parte con la LLA (La Libertad Avanza) te la reservo para la próxima”, amenazó.
“Esta dirigencia que se pasa de mano a mano y solo entre ellos, podemos decir que ‘solo son ellos’ los que han crecido a la luz de referencias en cargos públicos, siendo profundamente inoperantes en la actividad privada”, opinó Jabornicky y prometió: “Me reservo para la próxima detalles de los otros dos presidentes del gremio”.
Mala intención
El jefe del bufete que asesora al Icra, descalificó el comunicado de este miércoles donde el Cademis informa que Jabornicky tiene la matrícula cancelada desde 2017 y no puede ejercer en la tierra colorada.
“El comunicado está mal redactado y denota mala intención”, aseguró el letrado posadeño y explicó: “La respuesta es muy sencilla, Jabornicky se encuentra habilitado para el ejercicio profesional en el territorio provincial y Nación Argentina ante el servicio de Justicia Federal y sus competencias”.
Jabornicky opinó, asimismo, que este dato es “algo que, maliciosamente o por estupidez, obviaron mencionar los dirigentes de este gremio mal llamado Colegio”.
“Además, la sanción de la matricula profesional por parte un gremio provincial, implica violar, flagrantemente, un derecho constitucional y convencional de trabajar en la profesión elegida”, argumentó y aseguró que la sanción de 2017, cuando el Cademis le retiró la matrícula, es “inconstitucional” y “no importa la ratificación por parte del Superior Tribunal de Justicia”.
“La raíz del problema radica en que el reglamento por el cual me juzgaron no detenta el carácter de ley, y, por lo tanto, lo resuelto por ese engendro de antigua data es groseramente inconstitucional”, sintetizó.
Asimismo, Jabornicky recordó al Cademis que la resolución de 2021 del STJ que menciona en su comunicado “se encuentra con Recurso Extraordinario Federal”, interpuesto ante la Corte Suprema Justicia de la Nación, y que “no está firme ni consentida”.
El letrado rechazó también las advertencias del Cademis a los periodistas sobre las “consecuencias legales” de presentarlo como “abogado”, cuando no tiene la matrícula del Colegio profesional local.
“En ningún caso puede este gremio advertirles a los medios de comunicación pública cómo manejarse, porque ante todos soy y seré un profesional del Derecho (Abogado)”, afirmó Jabornicky, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe.
También, cuestionó la legitimidad de la comisión directiva del Cademis y apuntó: “Aproximadamente, se encuentran obligados a pagar un canon al gremio alrededor de cinco mil abogados, pero los que asisten y votan en las asambleas que renuevan sus presidencias son no más de 100 abogados”.
“Les molesta la gente que trabaja. Son un grupo de burócratas obsecuentes y ridículos”, lanzó.
Jabornicky cerró su descargo con un mensaje a sus “actuales 3.773 clientes”, los “13 abogados y dos procuradores” de su estudio jurídico, donde volvió a arremeter contra sus colegas del Cademis.
“Les transmito que todo lo expresado por este gremio no me llega a conmover”, afirmó y aseguró: “Siempre los combatí y lo seguiremos haciendo por una sociedad mejor más libre, más justa y más verdadera”.
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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