Judiciales
Jabornicky tildó de “montonero” y “ñoqui” a presidente de Colegio de Abogados
El abogado Alejandro Jabornicky, titular del estudio jurídico que representa al Instituto Cristiano República Argentina (Icra) en la causa judicial por la muerte de la adolescente Juanita Sirimarco, disparó contra el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis), y tachó a su presidente Antonio López Forastier de “montonero” y “ñoqui” de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
En un escrito de varias páginas, Jabornicky se despachó contra el Cademis, al que calificó como “engendro de antigua data” y una “institución burócrata arcaica”, que “benefició, particularmente, a los últimos cuatro presidentes y a su reducida, alcohólica y adicta comitiva”, disparó.
Inoperantes
De estos “últimos cuatro presidentes” del Cademis, el representante jurídico del Icra apuntó al actual Forastier, y al hoy abogado de la operadora turística del viaje de la adolescente fallecida a Córdoba, Martín Ayala, que fuera titular del Cademis entre 2012 y 2016.
“Forma parte de una familia socialista y montonera que ha generado un profundo sentir de rechazo por pertenecer a lo que llamamos la vieja política”, dijo Jabornicky sobre Forastier y graficó: “Sólo ha sido un ñoqui más de la Empresa Binacional Yacyretá” (Sic).
“Destaco que entre ellos está Ayala Martín, abogado de la empresa de turismo Viaturex, que es el único responsable del viaje de Juanita”, escribió Jabornicky y acusó a su colega de ser “uno de los impulsores de la Caja y Obra Social de los abogados, particularmente una estafa a sus miembros”.
En otro tramo de su escrito, el abogado del Icra acusó a Ayala de operar en el Jockey Club Posadas con la Asociación Civil Interprofesionales Amateur de Deportes (Aciadep) para “apropiarse de sectores y terrenos que no les corresponden, bajo la noble idea de la práctica del fútbol”.
“De la Jugada Radical de la que formas parte con la LLA (La Libertad Avanza) te la reservo para la próxima”, amenazó.
“Esta dirigencia que se pasa de mano a mano y solo entre ellos, podemos decir que ‘solo son ellos’ los que han crecido a la luz de referencias en cargos públicos, siendo profundamente inoperantes en la actividad privada”, opinó Jabornicky y prometió: “Me reservo para la próxima detalles de los otros dos presidentes del gremio”.
Mala intención
El jefe del bufete que asesora al Icra, descalificó el comunicado de este miércoles donde el Cademis informa que Jabornicky tiene la matrícula cancelada desde 2017 y no puede ejercer en la tierra colorada.
“El comunicado está mal redactado y denota mala intención”, aseguró el letrado posadeño y explicó: “La respuesta es muy sencilla, Jabornicky se encuentra habilitado para el ejercicio profesional en el territorio provincial y Nación Argentina ante el servicio de Justicia Federal y sus competencias”.
Jabornicky opinó, asimismo, que este dato es “algo que, maliciosamente o por estupidez, obviaron mencionar los dirigentes de este gremio mal llamado Colegio”.
“Además, la sanción de la matricula profesional por parte un gremio provincial, implica violar, flagrantemente, un derecho constitucional y convencional de trabajar en la profesión elegida”, argumentó y aseguró que la sanción de 2017, cuando el Cademis le retiró la matrícula, es “inconstitucional” y “no importa la ratificación por parte del Superior Tribunal de Justicia”.
“La raíz del problema radica en que el reglamento por el cual me juzgaron no detenta el carácter de ley, y, por lo tanto, lo resuelto por ese engendro de antigua data es groseramente inconstitucional”, sintetizó.
Asimismo, Jabornicky recordó al Cademis que la resolución de 2021 del STJ que menciona en su comunicado “se encuentra con Recurso Extraordinario Federal”, interpuesto ante la Corte Suprema Justicia de la Nación, y que “no está firme ni consentida”.
El letrado rechazó también las advertencias del Cademis a los periodistas sobre las “consecuencias legales” de presentarlo como “abogado”, cuando no tiene la matrícula del Colegio profesional local.
“En ningún caso puede este gremio advertirles a los medios de comunicación pública cómo manejarse, porque ante todos soy y seré un profesional del Derecho (Abogado)”, afirmó Jabornicky, graduado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Santa Fe.
También, cuestionó la legitimidad de la comisión directiva del Cademis y apuntó: “Aproximadamente, se encuentran obligados a pagar un canon al gremio alrededor de cinco mil abogados, pero los que asisten y votan en las asambleas que renuevan sus presidencias son no más de 100 abogados”.
“Les molesta la gente que trabaja. Son un grupo de burócratas obsecuentes y ridículos”, lanzó.
Jabornicky cerró su descargo con un mensaje a sus “actuales 3.773 clientes”, los “13 abogados y dos procuradores” de su estudio jurídico, donde volvió a arremeter contra sus colegas del Cademis.
“Les transmito que todo lo expresado por este gremio no me llega a conmover”, afirmó y aseguró: “Siempre los combatí y lo seguiremos haciendo por una sociedad mejor más libre, más justa y más verdadera”.
Judiciales
Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”
Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino que es juzgado por el homicidio de un vecino del barrio Niño Perdido de Candelaria, insistió esta mañana en haberse defendido de un primer ataque de la víctima y la sentencia en su contra se conocerá mañana.
El imputado dio sus últimas palabras hoy al mediodía, luego de la ronda de alegatos donde el fiscal Vladimir Glinka pidió una condena de 18 años de prisión en su contra, mientras que su abogado defensor Miguel Ángel Varela pidió la absolución por legítima defensa.
“Yo estaba con mi hijo y mi señora. Le dije a ella para ir a comprar unas cosas y ahí me crucé con él -por Luis Fernando Duarte Vázquez (23)-. Yo necesitaba los $500 para ir a comprar pañales. Ahí él se enojó conmigo, no sé si estaba drogado o qué”, relató Silvero ante el tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante).
“Él me atacó primero con un cuchillo”, agregó el acusado y desarrolló su versión: “Yo ahí agarré una rama y él se cayó. Ahí yo agarré el cuchillo y se levantó con una piedra. Yo después ya no me acuerdo nada. Yo solo me defendí y defendí a mi familia”.
Después de oír su palabra, el tribunal declaró cerrado el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para el dictado de la sentencia.
Dealer del barrio
Previo a ello, al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.
FOTO: EL TERRITORIO
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
Judiciales
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
El fiscal Vladimir Glinka solicitó esta mañana la pena de 18 años de prisión como autor de homicidio simple para Roberto “El Negro” Silvero (23), quien esta semana llegó a juicio oral como acusado del crimen de su vecino Luis Fernando Duarte Vázquez (23), cometido el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria.
Para el titular de la fiscalía, Silvero, paraguayo nacionalizado argentino, era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
En su alegato, desarrollado esta mañana ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, Glinka describió que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y señaló que Silvero “como transa del barrio ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
Como cierre, Glinka mantuvo la acusación original, sin añadir agravantes, y solicitó que Silvero sea condenado a 18 años de prisión como autor del delito de homicidio simple.
En segundo turno expuso el defensor oficial Miguel Ángel Varela quien consideró que Duarte atacó primero utilizando piedras como armas y planteó que Silvero actuó en legítima defensa, tanto suya como de su familia.
Por esa razón, Varela solicitó la absolución de su defendido por haber obrado en legítima defensa o, en forma subsidiaria, se contemple la figura de exceso en la legítima defensa.
Una vez culminada la ronda de réplicas y dúplicas, el tribunal presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante) pasará a reunión privada para deliberar la sentencia.
Ver el debate en vivo:
Juzgan a un albañil acusado de matar a un compañero por una deuda de $500
Judiciales
Huyó de un operativo narco en Candelaria y cayó nueve años después en Madrid
Un ciudadano paraguayo que desde 2016 era buscado por delitos de narcotráfico en Misiones fue detenido por Interpol en uno de los principales aeropuertos de Europa y desde febrero se encuentra a disposición de la Justicia Federal para responder las acusaciones en su contra.
El caso involucra a Cristhian Ramón Colman Pereira, cuyo nombre apareció por primera vez tras un procedimiento de fuerzas federales que el 13 de octubre de 2016 logró incautar 269 kilogramos de marihuana en la localidad misionera de Candelaria.
Ese día, agentes de Gendarmería y de Prefectura siguieron diferentes pistas y confluyeron en el mismo punto de la ruta provincial 3, donde una Toyota Hilux con varios ocupantes transportaba una carga de estupefacientes que minutos antes había sido cargada en una zona costera del río Paraná.
Ese operativo culminó con tres detenidos, todos extranjeros: Hildo Reyes Martínez, Roberto Carlos Ortega Peralta y Francisco Blas Morbach. Solo uno logró escapar a las corridas por el monte en plena noche y todo indica que ese cuarto involucrado se trata de Colman Pereira, cuyo documento de identidad fue encontrado en la mochila de Reyes Martínez.
Con los tres detenidos, la causa siguió su curso normal, aunque toda la responsabilidad recayó en Reyes Martínez, que en octubre de 2018 fue condenado a 4 años y 2 meses de prisión por el delito de transporte de estupefacientes.

El operativo se ejecutó el 13 de octubre de 2016 en Candelaria.
Alerta aeropuerto
La sorpresa llegó muchos años después y a muchos kilómetros de distancia de Misiones, cuando Interpol notificó al Juzgado Federal de Posadas sobre el arresto de Colman Pereira en Madrid.
La captura ocurrió el 20 de noviembre de 2025, cuando el paraguayo arribó al aeropuerto de Barajas, donde quedó detenido hasta el 11 de febrero de este año, cuando culminó el proceso de extradición y fue enviado a la Argentina para responder ante las autoridades por aquel procedimiento realizado diez años atrás en Candelaria.
Colman Pereira ahora se encuentra detenido en Posadas y procesado con prisión preventiva, medida que fue apelada por su defensa y luego ratificada por la Cámara Federal de Apelaciones.
En un primer descargo, el paraguayo negó haber estado en Misiones al momento del operativo, aunque más tarde pidió volver a declarar y en esa instancia alegó que Reyes Martínez lo había invitado a realizar un contrabando electrónica.
Según sus palabras, una vez que supo que la mercadería a transportar iba a ser marihuana se negó, tras lo cual fue acusado de “entregar” a sus compañeros y tanto él como su familia en Encarnación sufrieron atentados por lo que debieron refugiarse en Asunción.
Colman Pereira sostuvo las intimidaciones y amenazas provenían de Blas Mordach, quien en 2022 fue asesinado en un presunto ajuste de cuentas cometido en Campichuelo, localidad paraguaya ubicada frente a Candelaria.
El detenido consignó que se enteró de la muerte de Blas Mordach una vez detenido en Posadas y por eso se animó a ampliar su declaración.
Todo esto fue volcado en la apelación presentada por su defensa, pero los argumentos no lograron revertir la situación.
Tal es así que en una resolución firmada este martes la Cámara Federal de Apelaciones confirmó su procesamiento con prisión preventiva y, en consecuencia, deberá seguir detenido hasta la elevación a juicio de la causa.
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