Judiciales
Irá a juicio el 9 de octubre por atropellar y matar a un playero en 2016
El Tribunal Penal Uno de Posadas fijó para el próximo 9 de octubre el inicio del juicio oral y público para esclarecer el siniestro vial que provocó la muerte del playero Fernando Vázquez (24) y que tiene al automovilista Julio Werner Lutz como único imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el proceso oral comenzará el 9 de octubre, a partir de las 8.30, y se extenderá hasta el 12 del mismo mes.
A lo largo de esas cuatro jornadas se prevé la declaración testimonial de casi una treintena de personas, entre testigos presenciales, peritos, efectivos policiales, vecinos y familiares tanto de la víctima como del acusado.
Además, las fuentes de LVM anunciaron que las audiencias se realizarán en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia, a fin de ofrecer una mayor capacidad de aforo y garantizar la publicidad del proceso.
El debate será llevado adelante por el Tribunal Penal Uno integrado por los magistrados Ángel Dejesús Cardozo, Gustavo Bernie y Viviana Cukla, al tiempo que en representación del Ministerio Público Fiscal intervendrá Martín Rau y, como defensor del único acusado, estará el abogado particular Pablo Luján.
Werner Lutz llega a instancia imputado por el delito de “homicidio simple”, figura que prevé penas de 8 y 25 años de prisión.
Por el caso Vázquez hubo varias marchas en reclamo de Justicia en Posadas. FOTO: Archivo El Territorio.
Choque y muerte en la 213
El hecho a debatir se registró el sábado 20 de agosto de 2016, cerca de las 21, sobre la avenida Alicia Moreau de Justo, más conocida como la ex ruta 213, en inmediaciones al club Centro de Cazadores.
La reconstrucción trazada indica que Vázquez se dirigía en moto a su trabajo en una estación de servicio y aguardaba en el semáforo de la ex 213 y la calle Saavedra cuando fue embestido y arrastrado desde atrás por un automóvil Ford Fiesta conducido por Werner Lutz, de 23 años en ese entonces.
En el rodado viajaban dos chicas que luego declararon que el implicado circulaba a una velocidad de entre 130 y 150 kilómetros por hora e incluso aseguraron que le advirtieron al muchacho sobre la presencia de una motocicleta sobre la acera, aunque en ningún momento aminoró la marcha.
El joven se negó al test de alcoholemia, por lo cual no se descarta que conducía bajo los efectos del alcohol.
Tras el hecho, Werner Lutz fue detenido y luego fue procesado con prisión preventiva, aunque meses después fue excarcelado en virtud de que ya no existían riesgos procesales.
El expediente fue instruido por la fiscal Amalia Spinnato y elevado a juicio por el Juzgado de Instrucción Uno, a cargo del magistrado Marcelo Cardozo.
La acusación es por “homicidio simple”, lo que significa que las autoridades que llevaron adelante la investigación del caso consideraron que existían elementos como para suponer que el implicado actuó con “dolo” o intención de matar.
La figura fue cuestionada por la defensa en varias oportunidades, pero en 2020 la Cámara de Apelaciones ratificó todo lo actuado en el marco de la causa, sosteniendo la calificación.
Esta cuestión deberá ser discutida, analizada y finalmente esclarecida ahora en el juicio programado para el próximo 9 de octubre.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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