Judiciales
Irá 4 años a la cárcel de Loreto por chocar y matar a dos jóvenes en 2018
Llegar libre e irse detenido. Venir desde casa y regresar a una celda en la prisión de Loreto. Eso lo ocurrió a Enrique Gabriel Pana (26), el joven que este mediodía fue condenado a 4 años de cárcel efectiva por el siniestro vial que provocó la muerte de dos amigos sobre la ruta provincial 105 en la localidad de Fachinal en la madrugada del 3 de junio de 2018.
La sentencia fue dictada hoy, minutos después de las 11.30, por un tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.
El veredicto declaró a Pana autor del delito de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas”, al tiempo que dispuso su inmediata detención y traslado a la Unidad Penal I de Loreto.
En consecuencia, el imputado fue esposado y se retiró de la sala de debates del Palacio de Justicia a bordo de un móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares lo despedían en lágrimas.
Pana también fue inhabilitado para conducir por el término de 10 años, por lo cual una vez que recupere su libertad tampoco podrá continuar trabajando como camionero, labor que aseguró desempeñar durante toda su vida.
La sentencia fue dictada luego de la recepción del último previsto para la jornada, la cual se tomó mediante una videollamada por Whatsapp, y la ronda de alegatos en la que intervinieron la fiscal María Laura Álvarez y el abogado defensor particular Jorge Rafael Guimaraes.
La jueza Leiva -al fondo- durante una testimonial por Whatsapp.
Según Álvarez, en base a pericias y testimoniales, quedó acreditado que Pana, al mando de un Chevrolet Agile y en compañía de otros dos jóvenes, perdió el dominio del rodado, invadió la banquina asfáltica y a una velocidad mínima de 113,55 kilómetros por hora embistió a Juan Mendoza (19) y Víctor González (19), que en ese momento caminaban al costado de la ruta empujando una motocicleta Honda Wave pinchada.
En esa línea, para la fiscal el imputado tuvo una conducta “imprudente, negligente y antirreglamentaria”, al tiempo que sostuvo que “no puedo aseverar que Pana se durmió, pero sí que realizaba maniobras imprudentes y si estaba cansado debió haber parado. Se sobreconfió en su capacidad. Esto podía preverse”.
Ante estas consideraciones, Álvarez solicitó que el acusado sea condenado a cinco años de prisión como autor del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente”
Vanessa Avellaneda, madre de una de las víctimas, agradeció la labor de la fiscal Álvarez.
A su turno, expuso el letrado Guimaraes, quien comenzó su alocución re transmitiendo a las familias damnificadas el pésame de su defendido.
A diferencia de la fiscalía, el defensor sostuvo que Pana se vio involucrado en el accidente de manera “involuntaria, sin malicia, sin animosidad, sin dolo, sin intención”.
Guimaraes valoró el hecho que el automovilista se haya quedado en la escena del siniestro pidiendo auxilio para las víctimas y lamentó que la tardanza de las ambulancias. “El servicio de nuestra red de emergencia es ejemplar, por eso estoy seguro que de haber llegado los heridos hubieran sobrevivido. Los chicos estuvieron una hora agonizando en el lugar”, apuntó.
También mencionó que en el lugar había neblina y puso sobre el tapete que los jóvenes fallecidos iban sin chalecos refractarios y luego se detectó presencia de cannabis sativa en sus organismos, lo cual -a su entender- pudo haberlos impedido observar la circulación del auto de Pana.
Por último y antes de pedir la absolución para su defendido, pidió que los testimonios de las testigos Pimienta y Rodríguez, quienes ayer recordaron haber visto las maniobras en zigzag del acusado antes del siniestro, al considerar que las mismas fueron inducidas por Vanessa Avellaneda, madre de Víctor González, una de las víctimas.
Culminado el debate, la magistrada Leiva dispuso un cuarto intermedio que se extendió hasta las 11.30, cuando las partes regresaron a la sala de debates con el veredicto.
Pana oyó el fallo en silencio, entregó su celular y fue escoltado hasta el móvil del SPP que minutos antes había arribado al predio. Más tarde irá al penal de Loreto, donde purgará su condena de 4 años de cárcel.
Pana se retiró de la sala de audiencias en un móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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