Judiciales
Irá 4 años a la cárcel de Loreto por chocar y matar a dos jóvenes en 2018
Llegar libre e irse detenido. Venir desde casa y regresar a una celda en la prisión de Loreto. Eso lo ocurrió a Enrique Gabriel Pana (26), el joven que este mediodía fue condenado a 4 años de cárcel efectiva por el siniestro vial que provocó la muerte de dos amigos sobre la ruta provincial 105 en la localidad de Fachinal en la madrugada del 3 de junio de 2018.
La sentencia fue dictada hoy, minutos después de las 11.30, por un tribunal unipersonal presidido por la magistrada Marcela Leiva, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Posadas.
El veredicto declaró a Pana autor del delito de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas”, al tiempo que dispuso su inmediata detención y traslado a la Unidad Penal I de Loreto.
En consecuencia, el imputado fue esposado y se retiró de la sala de debates del Palacio de Justicia a bordo de un móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares lo despedían en lágrimas.
Pana también fue inhabilitado para conducir por el término de 10 años, por lo cual una vez que recupere su libertad tampoco podrá continuar trabajando como camionero, labor que aseguró desempeñar durante toda su vida.
La sentencia fue dictada luego de la recepción del último previsto para la jornada, la cual se tomó mediante una videollamada por Whatsapp, y la ronda de alegatos en la que intervinieron la fiscal María Laura Álvarez y el abogado defensor particular Jorge Rafael Guimaraes.
La jueza Leiva -al fondo- durante una testimonial por Whatsapp.
Según Álvarez, en base a pericias y testimoniales, quedó acreditado que Pana, al mando de un Chevrolet Agile y en compañía de otros dos jóvenes, perdió el dominio del rodado, invadió la banquina asfáltica y a una velocidad mínima de 113,55 kilómetros por hora embistió a Juan Mendoza (19) y Víctor González (19), que en ese momento caminaban al costado de la ruta empujando una motocicleta Honda Wave pinchada.
En esa línea, para la fiscal el imputado tuvo una conducta “imprudente, negligente y antirreglamentaria”, al tiempo que sostuvo que “no puedo aseverar que Pana se durmió, pero sí que realizaba maniobras imprudentes y si estaba cansado debió haber parado. Se sobreconfió en su capacidad. Esto podía preverse”.
Ante estas consideraciones, Álvarez solicitó que el acusado sea condenado a cinco años de prisión como autor del delito de “homicidio culposo agravado por la conducción imprudente”
Vanessa Avellaneda, madre de una de las víctimas, agradeció la labor de la fiscal Álvarez.
A su turno, expuso el letrado Guimaraes, quien comenzó su alocución re transmitiendo a las familias damnificadas el pésame de su defendido.
A diferencia de la fiscalía, el defensor sostuvo que Pana se vio involucrado en el accidente de manera “involuntaria, sin malicia, sin animosidad, sin dolo, sin intención”.
Guimaraes valoró el hecho que el automovilista se haya quedado en la escena del siniestro pidiendo auxilio para las víctimas y lamentó que la tardanza de las ambulancias. “El servicio de nuestra red de emergencia es ejemplar, por eso estoy seguro que de haber llegado los heridos hubieran sobrevivido. Los chicos estuvieron una hora agonizando en el lugar”, apuntó.
También mencionó que en el lugar había neblina y puso sobre el tapete que los jóvenes fallecidos iban sin chalecos refractarios y luego se detectó presencia de cannabis sativa en sus organismos, lo cual -a su entender- pudo haberlos impedido observar la circulación del auto de Pana.
Por último y antes de pedir la absolución para su defendido, pidió que los testimonios de las testigos Pimienta y Rodríguez, quienes ayer recordaron haber visto las maniobras en zigzag del acusado antes del siniestro, al considerar que las mismas fueron inducidas por Vanessa Avellaneda, madre de Víctor González, una de las víctimas.
Culminado el debate, la magistrada Leiva dispuso un cuarto intermedio que se extendió hasta las 11.30, cuando las partes regresaron a la sala de debates con el veredicto.
Pana oyó el fallo en silencio, entregó su celular y fue escoltado hasta el móvil del SPP que minutos antes había arribado al predio. Más tarde irá al penal de Loreto, donde purgará su condena de 4 años de cárcel.
Pana se retiró de la sala de audiencias en un móvil del Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
La Justicia de Misiones estableció nuevas fechas para el juicio contra los docentes y sindicalistas, Leandro Sánchez y Mónica Gurina, quienes están acusados de “desobediencia judicial” y “obstrucción del libre tránsito” por su participación en la protesta multisectorial sobre la avenida Uruguay de Posadas, entre mayo y junio de 2024.
El debate oral se realizará los días 25, 26 y 27 de noviembre, luego de que el inicio previsto para el 15 de octubre fuera suspendido a pedido de la defensa y de diversas organizaciones sociales, con el objetivo de garantizar un espacio con mayor capacidad para la asistencia del público.
La Justicia hizo lugar al pedido de la defensa, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, y dispuso que las audiencias se realicen en el Palacio de Justicia de Misiones, desde las 8.
Sánchez, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (Utem), y Gurina, secretaria general de la CTA Misiones, son referentes del sector docente y sostienen que el proceso judicial en su contra representa un intento de “criminalizar la protesta social”.
Docentes llevados a juicio reclamarán su absolución en el Congreso
En la antesala de los alegatos que comenzarán mañana, el Tribunal Penal Dos de Posadas dispuso hoy que los seis ex policías imputados por la muerte del albañil Carlos Raúl Guirula (34) aguarden el dictado de la sentencia privados de su libertad.
A través de su presidente Gregorio Busse, el tribunal que también lo integran los jueces Fernando Verón y Miguel Mattos, comunicó que la decisión obedece a un “medida meramente administrativa para garantizar el proceso” y sostuvo que la disposición no equivale a una prisión preventiva sino a un “arresto preventivo”.
El fiscal Vladimir Glinka acompañó la postura, mientras que las defensas se opusieron e incluso el letrado Federico Tilli planteó un recurso de revocatoria que fue rechazado por el tribunal tras un breve cuarto intermedio.
De esta manera, los seis imputados fueron esposados y trasladados a unidades penitenciarias donde quedarán alojados hasta el dictado de la sentencia, resolución que podría darse este viernes.
Como paso previo se dará inicio mañana la ronda de alegatos, donde el primero en exponer será el fiscal Glinka, quien ya adelantó que tiene por probada su teoría del caso y podría solicitar duras penas para los imputados.
La causa tiene siete imputados por “tortura seguida de muerte y ocultamiento de pruebas”, figura bajo la cual pueden ser recibir prisión perpetua. Los acusados son Lourdes Beatriz Tabarez (42); Claudio Marcelo Servian; Carlos Alberto Da Silva (35); Ricardo Rafael Escobar (42); Carlos Alberto Zidorak (35); y Lucas Nahuel Saravia Allosa (37).
Todos habían llegado a esta instancia en libertad en virtud del vencimiento de sus prisiones preventivas, aunque iniciado el juicio tuvieron una consigna policial y ahora fueron arrestados preventivamente.
El hecho ocurrió el 19 de julio de 2014, cuando el albañil Guirula fue detenido por disturbios en el motel Park de Posadas y trasladado a la comisaría Decimotercera, aunque llegó muerto. La autopsia determinó que el deceso se produjo como consecuencia de una suma de lesiones como un traumatismo de cráneo y fractura de costillas que le perforaron un pulmón.
El juicio comenzó el 21 de octubre. Desde ese día hasta acá declararon más de 20 testigos y cuatro de los imputados, quienes cruzaron incriminaciones.
Los imputados Da Silva y Zidorak apuntaron contra Tabarez y Escobar por golpes, patadas y pisotones efectuados contra Guirula, que aquella madrugada del 19 de julio de 2014 llegó muerto a la comisaría Decimotercera tras ser detenido en el motel Park de Posadas.
Sobre Escobar incluso señalaron que “iba saltando” sobre el cuerpo del albañil tendido en la cajuela del patrullero Toyota Hilux en el que se realizó el traslado hacia la seccional. El apuntado también pasó frente al tribunal y admitió haber “apoyado el pie” sobre el hombre, aunque afirmó que lo hizo “sin ejercer presión” y “por motivos de seguridad”.
FOTO: Marcelo Rodríguez – El Territorio.
Caso Guirula: personalidad “psicopática” en Tabarez y sangre en el patrullero
El Tribunal Penal Uno de Eldorado rechazó el recurso de revocatoria planteado por las partes y mantuvo su decisión de suspender el juicio oral contra Pablo Schoenfisch (23) y en paralelo dispuso que el imputado continúe privado de su libertad mientras la fiscalía de instrucción investiga la autoincriminación efectuada por su padre Arnoldo (67), quien pidió ser acusado en lugar de su hijo por el crimen de su esposa Faustina Antúnez (54), registrado el 14 de mayo de 2020.
De esta manera, el debate oral que comenzó el lunes, mismo día en que el ex intendente de Santiago de Liniers lanzó la declaración que detonó el proceso, fue suspendido y todo quedó sin efecto hasta tanto la fiscalía de instrucción en turno analice el testimonio e investigue si la versión tiene asidero o no para determinar de qué manera continúa la causa que mantiene a Pablo Schoenfisch imputado por el asesinato de su madre e intento de homicidio en perjuicio de su padre.
En su resolución comunicada esta mañana, el tribunal conformado por los magistrados Andriana Andino, Atilio León y Javier Jourdan (subrogante) también dio lugar al pedido del fiscal Federico Rodríguez para que la fiscalía de instrucción investigue a Arnoldo Schoenfisch por falso testimonio.
Además, rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa de Pablo Schoenfisch, encabezada por los letrados Fabián De Sá y María Laura Alvarenga, ante lo cual el imputado continuará privado de su libertad, condición en la que se encuentra hace más de cinco años.
La suspensión del juicio generó un fuerte rechazo de parte del fiscal Rodríguez, quien calificó la medida como “una falta de respeto” a las partes y a la sociedad que “aguarda una resolución” del caso.
El fiscal se había opuesto desde el comienzo a la interrupción del debate oral al considerar que la autoincriminación del padre del imputado corresponde a un “esquema defensivo” y “artilugio para dilatar el proceso” que ya había sido trazado en la antesala del juicio con una declaración presentada por escribanía pero que fue desestimada por las autoridades de instancia previa.
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