Judiciales
Impugnan a candidata a jueza de Wanda denunciada por allanamiento ilegal y hurto
La Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca de la Cámara de Representantes rechazó en las últimas horas la impugnación presentada por un vecino de la localidad de San Antonio, contra la candidatura a jueza de Paz de Wanda, de la abogada Yngridt Isabel Radke.
La presentación está firmada por Rogelio Aníbal Medera, un comerciante que, en 2020, denunció a la ahora aspirante a magistrada ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Eldorado por “hurto agravado, allanamiento ilegal y falsificación de instrumento público”.
En el expediente, también se encuentra imputado el secretario del Juzgado de Paz de San Antonio, Sebastián Alterio Samudio.
En su argumentación, el denunciante aseguró que Yngridt Isabel Radke, quien desde septiembre de 2021 es secretaria del juzgado que aspira a conducir, omitió deliberadamente “mencionar o denunciar ante el Consejo de la Magistratura la existencia de esta causa; no lo hizo en el momento en que se presentó al concurso ni en oportunidad de tener la entrevista personal”, lo cual “hubiera sido un escollo en su postulación a jueza”.
La abogada fue seleccionada para ocupar el cargo de jueza de primera instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, a través del Concurso N° 255/2023 del Consejo de la Magistratura, tras lo cual el Poder Ejecutivo remitió la propuesta a la Cámara de Representantes y fijó una audiencia pública para el próximo 24 de julio.
Tras la publicación en el Boletín Oficial, el día 15 de junio, se procedió a la apertura del período de impugnaciones, el cual consiste en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente.
Fue así que, tras el feriado extralargo, Rogelio Medera se presentó el último sábado 24 ante la Comisión de Poderes, presidida por la diputada Rita Núñez, y dejó asentada su impugnación “en legal tiempo y forma”, según consta en el documento legislativo que rechazó la petición, al cual accedió La Voz de Misiones.
Para sostener su oposición al tratamiento del pliego de la doctora Yngridt Isabel Radke, el denunciante ofreció como prueba instrumental la denuncia penal, así como una nota, fechada el 10 de noviembre de 2021, en la que dejó asentado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que tanto Radke como Samudio estaban imputados en el expediente N° 124373/2020, que se tramita en el Juzgado de Instrucción de Eldorado, a cargo de Roberto Saldaña.
“Improcedente”
Por su parte, los legisladores de la comisión solicitaron un informe al Consejo de la Magistratura, de lo cual resultó que, en la declaración jurada presentada por la doctora Radke, “la postulante en cuestión en ningún momento omite poner en conocimiento la causa judicial”.
En diálogo con La Voz de Misiones, la presidenta de la Comisión de Poderes y miembro del Consejo de la Magistratura, Rita Núñez, precisó que “se rechazó la impugnación por improcedente, debido a que el argumento del vecino es que la candidata no puso en conocimiento una denuncia en su contra”.
No obstante, “consta en todos lados, con documentación, que sí lo puso en conocimiento”, indicó la diputada y continuó: “De hecho, en la audiencia personal en la que la doctora Radke expuso ante los miembros del Consejo de la Magistratura, se le preguntó por la causa”.
En este sentido, Núñez explicó que “al ser una causa penal, está sujeta al principio de inocencia, hasta que no haya una sentencia, está en curso y rige este principio”.
“Estuve presente en la audiencia de la postulante, se desarrolló con normalidad, se realizaron las preguntas del caso que ella respondió y se continuó con el proceso”, expuso la legisladora oficialista.
“El proceso es muy transparente y se ha logrado después de mucho trabajo y del cual nos sentimos muy orgullosos”, dijo la parlamentaria y agregó: “La ciudadanía puede tener la tranquilidad de que se trabaja con mucha seriedad”.
Asimismo, la funcionaria contó que, en el caso de la aspirante a jueza de Paz de Wanda, “el examen y la audiencia fueron normales y como miembros del Consejo quedamos muy conformes con la exposición y en cómo se manifestó en el proceso”.
“Lamentamos que exista una impugnación, pero se hizo la evaluación jurídica y no es una evaluación caprichosa, trabajamos con todos los asesores de la Cámara de Representantes para que también el proceso ahí sea transparente, así que estamos muy tranquilos con las decisiones que fuimos tomando en este caso”, concluyó.
rechazo legislatura“Allanamiento ilegal, hurto y falsificación”
Cerrado el capítulo de su pedido de impugnación, el denunciante Rogelio Aníbal Medera, quien actualmente reside en San Ignacio, se entrevistó con LVM y dio detalles de sus señalamientos hacia Yngridt Isabel Radke.
Según comentó, todo comenzó en noviembre del 2020, luego de que comprara una propiedad y un fondo de comercio a la exesposa del primo de la ahora aspirante a jueza.
“Yo hice el negocio en julio y el mes anterior la señora se había divorciado, pero esa propiedad no entró en la división de bienes, era de la señora”, dijo Medera y añadió: “La propiedad no tiene titular, es tierra fiscal, y yo tengo un permiso de titularidad del negocio y todos los servicios a mi nombre”.
Fue así que, tras un oficio enviado por la jueza de Familia de Eldorado, Corina Jones, “para que la jueza de Paz de San Antonio fuera a mi local e hiciera un inventario y embargara el 50%”, en su lugar “se presentaron la doctora Radke y Samudio, el secretario del juzgado, que usurpó las funciones de juez y tampoco tenía la autorización para hacerlo”, sostuvo Medera.
Además, indicó que, tras hacerse pasar por funcionarios judiciales, aprovecharon la situación y “me hicieron un allanamiento ilegal con cinco policías y me robaron un maletín con documentación, como el boleto de compra-venta de la propiedad, y además 125.000 pesos con los que le iba a pagar a un proveedor por una carga de vinos”.
Tras ese hecho, “me enteré que ella no era la jueza”, por lo cual decidió denunciar a ambos ante la Justicia.
Hasta el momento, y tras una suma de recursos por parte de la querella encarada por Medera, la causa no presenta avances de consideración y actualmente se tramita bajo las órdenes del magistrado Juan José Antonio Palacio, del Juzgado Civil y Comercial 1 de Eldorado.
Previamente, y luego de ser denunciado por el querellante, el juez de Eldorado Roberto Saldaña se apartó y el expediente recayó en el juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brites, quien, a su vez, se inhibió debido a que mantiene una relación de “íntima amistad” con la imputada, según señaló en su escrito.
“Es una vergüenza, la hermana del juez, Laura Brites, es la defensora de la doctora Radke en esta causa”, lanzó Medera en ese sentido, “voy a hacer una ampliación de denuncia y pedir que la causa pase a un juez penal”, anunció.
Abogacía, militancia y amistad
Yngridt Isabel Radke es una abogada de 36 años oriunda de la localidad de Wanda, quien se encuentra matriculada en el Colegio de Abogados de Misiones desde 2013, mientras que, desde septiembre de 2021, está en calidad de suspendida por incompatibilidad, al asumir como secretaria del Juzgado de Paz de Wanda.
En sus redes sociales, la letrada se muestra en constante militancia política, sobre todo en articulación con la jefa de la Agencia Territorial Posadas del Ministerio de Trabajo de la Nación, Verónica Derna, con quien además mantiene una amistad.
También tiene una relación personal cercana con la diputada provincial y actual candidata a diputada nacional, Adriana Bezus.
A las tres se las puede ver no sólo recorriendo localidades en campaña y realizando distintas actividades sociales, sino también compartiendo mates y cenas en la Costanera de Posadas.
Además, en sus publicaciones y contactos en las redes, deja entrever relaciones con distintos referentes, tal como la actual intendenta de Wanda, Romina Faccio.
En el plano privado, Radke fue socia mayoritaria y fundadora de la empresa Indelec SRL, dedicada al rubro de artículos para el hogar, de la cual se desvinculó en 2018.
Además, tiene su estudio de abogacía en la localidad de Puerto Esperanza.
En el año 2013, estuvo en la mira de Cotrum, la expresión misionera del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC), quien la señaló como responsable del intento de desalojo de 13 familias de campesinos del paraje Cabure-í, en Comandante Andresito.
“Fuimos sorprendidos por una demanda, en la que se nos acusan de ser intrusos de nuestras tierras. Quien pretende despojarnos es Radke, Yngridt Isabel, de la localidad de Puerto Esperanza. Ella, sus familiares o empleados son absolutamente desconocidos para nosotros”, denunciaron en aquel momento.
Judiciales
Viuda de Guirula tras el fallo: “Pensé que ya no íbamos a tener justicia”
La última audiencia del juicio por la muerte de Carlos Guirula, marcada por la última palabra de los acusados y la sentencia, fue seguida de cerca por la familia de víctima, principalmente de su esposa, sus hijos y su hermana, quienes destacaron el fallo como “el cierre” de una dolorosa etapa que duró once años.
“En general conforme, pero más que nada por mis hijos. Para ellos es importante tener un cierre, saber que se hizo un poco de justicia después de tantos años. Ellos hoy son chicos felices, libres de toda bronca, porque así lo quise yo, de protegerlos todos estos años”, expresó Nora Acosta, viuda de Guirula, en conversación con La Voz de Misiones en los pasillos del Tribunal Penal Dos de Posadas, antes de salir al encuentro de sus hijos, que la esperaban con un abrazo grupo fuera del recinto.

Hijos y más familiares de Guirula a los abrazos fuera del tribunal.
“Yo pensé que ya no íbamos a tener justicia, que esto ya no salía. Pero esto es un cierre para ellos. Ahora veremos qué hacemos y cómo seguimos, pero lo bueno es que no quedó en vano”, añadió.
Para Nora los pedidos de disculpa de los acusados no fueron del todo sinceros, mucho menos suficientes. “Esperar once años para solo decir ‘lo sentimos’”, apuntó y agregó que “solo me llegó la palabra de Da Silva, a él si lo sentí muy sincero”.
Si bien se mostró conforme con el fallo, admitió que le hubiese gustado una pena más alta para los otros imputados. “Nuestro día del padre es ir al cementerio hace once años. Es dolorosísimo, pero repito: es bueno saber que esto no quedó en vano”.
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“Clemencia” y “disculpas”: la palabra de los condenados por el caso Guirula
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“Clemencia” y “disculpas”: la palabra de los condenados por el caso Guirula
Más de once años pasaron del día en que el albañil Carlos Raúl Guirula (34) fue a un motel de Posadas y tras unos disturbios acabó muerto, con un edema cerebral, nueve costillas rotas y un pulmón perforado. La Justicia hoy determinó que ese desenlace mortal fue consecuencia de los pisotones y las patadas de los borceguíes policiales que calzaban Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), quienes recibieron una pena de prisión de perpetua por el delito de “tortura agravada seguida de muerte”.
La sentencia fue impartida por el Tribunal Penal de Dos de Posadas, que además condenó a 4 años de prisión por omisión a los ex policías Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Carlos Alberto Da Silva (34) y absolvió por el beneficio de la duda del mismo delito a los también ex uniformados y Carlos Alberto Zidorak (37) y Claudio Marcelo Servián. Los cuatro quedaron en libertad apenas culminó la lectura del fallo.
Previo al veredicto, todos ellos hicieron uso de sus últimas palabras y la primera en hablar fue Tabarez, quien pidió disculpas a la familia de la víctima y solicitó clemencia al tribunal.
Tabarez se había mantenido en silencio durante las diez audiencias previas que se desarrollaron en el marco del debate oral. Soportó las incriminaciones de sus consortes de causa y aguantó las acusaciones del fiscal Vladimir Glinka, que en su alegato la señaló como quien pisó la cabeza y pateó en las costillas a Guirula estando esposado en el suelo del motel.
Esta mañana, en su última oportunidad para hablar, hizo uso de su derecho. “Esto fue una tragedia y pido disculpas a toda la familia. No va a volver a la vida su hijo, no va a volver a la vida nadie, tampoco nosotros. Todos tenemos una familia atrás nuestro. Mi corazón se va a salir del pecho porque entre hoy y mañana va a volver a cambiar nuestras vidas para peor, si así lo decide la Justicia”, comenzó.
Luego hizo un breve repaso de su vida, describiendo que tiene una hija, que es la mayor de siete hermanos y que proviene de una familia humilde, con padre albañil y madre ama de casa, que le “inculcó valores y buenas costumbres”.
“Las palabras de mi papá me resuenan en la cabeza: Lourdes sos el ejemplo y el espejo de tus hermanos. Pido clemencia, pido justicia por mí, por mi familia, por cada uno de nosotros. Se nos dio esta comisión y yo simplemente fui a cumplir mi trabajo. La situación que se dio fue una tragedia para todos”, lanzó antes de volver a su lugar, apoderada por las lágrimas.
En segundo término habló Escobar, a quien el fiscal acusó de dar patadas, pisar e “ir saltando” sobre la espalda de Guirula durante el traslado del detenido desde el motel hacia la comisaría Decimotercera, donde llegó muerto.
“Quería pedir disculpa a los familiares, quiero que sepan nosotros nunca tuvimos esa intención. Pido disculpas, sé lo que es perder un hijo. Nunca tuve antecedentes de ser agresivo, ni de golpear a nadie. Espero que esto nos de tranquilidad a todos, ya sea para bien o para mal, así lo decida el Tribunal. Que sea lo justo para todos. Que se termine todo y podamos estar en paz”, resumió.

Ricardo Escobar pidió disculpas en sus últimas palabras. Más tarde fue condenado a prisión perpetua.
Más disculpas
En mismo sentido se expresó Allosa, quien enfrentaba un pedido de 7 años de prisión por “vejaciones” y “omisión”, aunque finalmente recibió 4 y como estuvo ese mismo plazo privado de su libertad en prisión preventiva esquivó un segundo paso por la cárcel.
“Pido disculpas a la familia, yo sé que fue un sufrimiento para ellos estos once años. Para nosotros también y para nuestras familias. Estuvimos pendiente todos estos años para tratar de que esto se resuelva. Ha llegado el día. Si esa noche podía haber hecho algo más, lo siento por no haberlo hecho”, fueron sus palabras.
El siguiente fue Zidorak, que resultó absuelto. “Es un hecho lamentable lo que ha ocurrido. Son muchos años esperando. Obviamente nadie pensó lo que iba a pasar. Pedir disculpas a la familia”, había expresado antes del veredicto.
Servian, que también fue absuelto, expresó el mismo sentimiento. “Desde lo más profundo del corazón, mío y de todos, estamos arrepentidos de lo que pasó. Obviamente no va a devolver la vida, pero nosotros también somos conscientes de lo que pasó y que cada uno reciba lo que le corresponde, por su participación y su responsabilidad. Que se haga justicia”.

Allosa fue condenado a 4 años de prisión pero quedó libre por el tiempo que ya estuvo con preventiva.
El último en hablar fue Da Silva, uno de los primeros en declarar y señalar tanto a Tabarez como a Escobar por las agresiones contra la víctima, testimonio que fue valorado como prueba importante por la fiscalía.
“Realmente fue un hecho lamentable. Quiero pedir perdón de corazón a la familia, sé que hay una madre que se quedó sin un hijo, una hermana sin hermano, un niño sin padre. Realmente nos sentimos muy apenados por esa tragedia. Lamento no haber hecho más. Sé que no vamos a traer a la vida al señor Guirula, pero se puede hacer justicia. Creo que quedó demasiado claro lo que pasó esa noche y que tenemos ciertos grados de responsabilidades. Que se haga justicia”, pidió.
El tribunal presidido por Gregorio Busse e integrado por Fernando Verón y Miguel Mattos luego pasó a deliberar y tras más de una hora en reunión secreta regresaron con el fallo que condenó a dos ex policías a la pena de prisión perpetua, el equivalente a 35 años de encierro efectivo.

Servian -a la izquierda- y Zidorak -en el centro- fueron absueltos.
Tabarez y Escobar fueron condenados a prisión perpetua por el caso Guirula
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Tabarez y Escobar fueron condenados a prisión perpetua por el caso Guirula
El Tribunal Penal Dos de Posadas dictó sentencia este mediodía y condenó a prisión perpetua a dos de los seis policías acusados por la muerte del albañil Carlos Guirula, registrada hace once años durante un procedimiento policial que inició por disturbios en motel de la ciudad.
La máxima pena recayó sobre Lourdes Beatriz Tabarez (42) y Ricardo Rafael Escobar (42), quienes fueron declarados responsables del delito de “tortura agravada seguida de muerte”.
De los restantes acusados, Lucas Nahuel Saravia Allosa (37) y Carlos Alberto Da Silva (34) fueron condenados a 4 años de prisión por el delito de “omisión”, ante lo cual recuperaron la libertad porque ya pasaron esa misma cantidad de años en prisión preventiva. En el caso de Allosa fue absuelto por la acusación de “vejaciones”.
Por último, Carlos Alberto Zidorak (37) y Claudio Marcelo Servián fueron absueltos por el beneficio de la duda de la acusación por omisión efectuada por el fiscal Vladimir Glinka.
De esta manera, Tabarez y Escobar quedaron detenidos y a partir de hoy empezarán a purgar sus condenas en diferentes unidades penitenciarias de la provincia, mientras que los demás imputados salieron libres del tribunal.

Ricardo Rafael Escobar también recibió perpetua. Antes de la sentencia pidió disculpas.
Antes del veredicto, todos los acusados hicieron uso de la última palabra y todos pidieron disculpas a la familia a Guirula.
Fue la primera vez que se oyó la voz de Tabarez durante el juicio oral que tuvo más de diez jornadas. “Sé que todos estaban esperando mi palabra. Quiero pedir disculpas a la familia, lo ocurrió esa noche fue una tragedia de para todos. Siento que el corazón se me va a salir del pecho”, expresó al comienzo y luego indicó “pido clemencia para mí, para mi familia y para cada uno de nosotros”.
Los últimos en hablar fueron Servian y Da Silva, quienes además de pedir perdón a la familia de la víctima, señalaron que cada uno de los acusados debía “hacerse cargo de sus participaciones y responsabilidades”.
La sentencia se oyó este mediodía, minutos después de las 13, tras una audiencia que incluyó un último alegato defensivo, a cargo de la letrada Mónica Olivera, abogada del policía Escobar, como así también la etapa de réplicas y dúplicas.

Da Silva fue condenado a 4 años de prisión, el mismo tiempo que estuvo en prisión preventiva, ante lo cual quedó libre.
Después de ello, el tribunal presidido por el magistrado Gregorio Busse e integrado por los jueces de instrucción Fernando Verón y Miguel Mattos, dispusieron un cuarto intermedio para deliberar, proceso que se extendió durante más de una hora.
Tras la sentencia, los dos imputados condenados a prisión perpetua salieron esposados y atravesando un cordón de agentes penitenciarios hasta ingresar al móvil que los iba a trasladar a sus lugares de detención.
Entre los demás acusados hubo sensaciones diferentes: lágrimas de alivio, puños apretados y abrazos de agradecimiento para con sus abogados defensores y con sus familiares fuera del recinto.
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Pisotones y patadas
El fallo del tribunal se ajustó en gran parte a lo solicitado por el fiscal Glinka en su alegato del jueves pasado, instancia en la que consideró que tanto Tabarez como Escobar fueron los autores de las agresiones que derivaron en las lesiones que ocasionaron la muerte de la víctima.
El fiscal repasó que todo comenzó ese 19 de mayo a la madrugada, cuando Guirula se negó a pagar dos petacas de whisky que había consumido durante su estadía en el motel Park, lugar al cual llegó junto a dos amigos y dos trabajadoras sexuales.
“Es verdad que Guirula se opuso y estuvo mal. Pero cuando le pusieron las esposas se terminó el procedimiento. Todo lo que vino después de ser esposado es delito y los acusados deben responder por ello”, planteó.
Y a partir de ahí desarrolló la parte central de su teoría del caso. El fiscal dio por acreditado que con la víctima esposada y en el suelo, Tabarez la pisó la cabeza primero y luego le aplicó al menos cuatro patadas.
Sobre Escobar, apuntó que también efectuó patadas al detenido y lo acusó de ir “saltando” sobre la espalda de la víctima durante el traslado del hombre hacia la comisaría en la caja de la Toyota Hilux.
Asoció, además, las mecánicas de esas agresiones con los resultados de la autopsia y vinculó el accionar de Tabarez con el edema cerebral y las tres fracturas costales que perforaron el pulmón izquierdo de Guirula.
Para Glinka, los saltos de Escobar sobre la víctima ocasionaron la fractura lineal de seis cosquillas del lado derecho y se basó en los forenses para concluir que cada una de esas lesiones por separado ya revestían carácter de letal, aunque era atendibles en caso de recibir una asistencia médica urgente.
A Saravia Allosa, por su parte, le adjudicó el lanzamiento de gas pimienta contra la víctima, como así también la omisión de no haber impedido las agresiones de Tabarez y Escobar, misma responsabilidad que le atribuyó a los otros tres imputados.
Caso Guirula: el fiscal pidió perpetua para dos de los seis policías imputados
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