Judiciales
Impugnan a candidata a jueza de Wanda denunciada por allanamiento ilegal y hurto

La Comisión de Poderes, Peticiones, Reglamento, Acuerdos y Biblioteca de la Cámara de Representantes rechazó en las últimas horas la impugnación presentada por un vecino de la localidad de San Antonio, contra la candidatura a jueza de Paz de Wanda, de la abogada Yngridt Isabel Radke.
La presentación está firmada por Rogelio Aníbal Medera, un comerciante que, en 2020, denunció a la ahora aspirante a magistrada ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Eldorado por “hurto agravado, allanamiento ilegal y falsificación de instrumento público”.
En el expediente, también se encuentra imputado el secretario del Juzgado de Paz de San Antonio, Sebastián Alterio Samudio.
En su argumentación, el denunciante aseguró que Yngridt Isabel Radke, quien desde septiembre de 2021 es secretaria del juzgado que aspira a conducir, omitió deliberadamente “mencionar o denunciar ante el Consejo de la Magistratura la existencia de esta causa; no lo hizo en el momento en que se presentó al concurso ni en oportunidad de tener la entrevista personal”, lo cual “hubiera sido un escollo en su postulación a jueza”.
La abogada fue seleccionada para ocupar el cargo de jueza de primera instancia de la Tercera Circunscripción Judicial, a través del Concurso N° 255/2023 del Consejo de la Magistratura, tras lo cual el Poder Ejecutivo remitió la propuesta a la Cámara de Representantes y fijó una audiencia pública para el próximo 24 de julio.
Tras la publicación en el Boletín Oficial, el día 15 de junio, se procedió a la apertura del período de impugnaciones, el cual consiste en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente.
Fue así que, tras el feriado extralargo, Rogelio Medera se presentó el último sábado 24 ante la Comisión de Poderes, presidida por la diputada Rita Núñez, y dejó asentada su impugnación “en legal tiempo y forma”, según consta en el documento legislativo que rechazó la petición, al cual accedió La Voz de Misiones.
Para sostener su oposición al tratamiento del pliego de la doctora Yngridt Isabel Radke, el denunciante ofreció como prueba instrumental la denuncia penal, así como una nota, fechada el 10 de noviembre de 2021, en la que dejó asentado ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que tanto Radke como Samudio estaban imputados en el expediente N° 124373/2020, que se tramita en el Juzgado de Instrucción de Eldorado, a cargo de Roberto Saldaña.
“Improcedente”
Por su parte, los legisladores de la comisión solicitaron un informe al Consejo de la Magistratura, de lo cual resultó que, en la declaración jurada presentada por la doctora Radke, “la postulante en cuestión en ningún momento omite poner en conocimiento la causa judicial”.
En diálogo con La Voz de Misiones, la presidenta de la Comisión de Poderes y miembro del Consejo de la Magistratura, Rita Núñez, precisó que “se rechazó la impugnación por improcedente, debido a que el argumento del vecino es que la candidata no puso en conocimiento una denuncia en su contra”.
No obstante, “consta en todos lados, con documentación, que sí lo puso en conocimiento”, indicó la diputada y continuó: “De hecho, en la audiencia personal en la que la doctora Radke expuso ante los miembros del Consejo de la Magistratura, se le preguntó por la causa”.
En este sentido, Núñez explicó que “al ser una causa penal, está sujeta al principio de inocencia, hasta que no haya una sentencia, está en curso y rige este principio”.
“Estuve presente en la audiencia de la postulante, se desarrolló con normalidad, se realizaron las preguntas del caso que ella respondió y se continuó con el proceso”, expuso la legisladora oficialista.
“El proceso es muy transparente y se ha logrado después de mucho trabajo y del cual nos sentimos muy orgullosos”, dijo la parlamentaria y agregó: “La ciudadanía puede tener la tranquilidad de que se trabaja con mucha seriedad”.
Asimismo, la funcionaria contó que, en el caso de la aspirante a jueza de Paz de Wanda, “el examen y la audiencia fueron normales y como miembros del Consejo quedamos muy conformes con la exposición y en cómo se manifestó en el proceso”.
“Lamentamos que exista una impugnación, pero se hizo la evaluación jurídica y no es una evaluación caprichosa, trabajamos con todos los asesores de la Cámara de Representantes para que también el proceso ahí sea transparente, así que estamos muy tranquilos con las decisiones que fuimos tomando en este caso”, concluyó.
rechazo legislatura“Allanamiento ilegal, hurto y falsificación”
Cerrado el capítulo de su pedido de impugnación, el denunciante Rogelio Aníbal Medera, quien actualmente reside en San Ignacio, se entrevistó con LVM y dio detalles de sus señalamientos hacia Yngridt Isabel Radke.
Según comentó, todo comenzó en noviembre del 2020, luego de que comprara una propiedad y un fondo de comercio a la exesposa del primo de la ahora aspirante a jueza.
“Yo hice el negocio en julio y el mes anterior la señora se había divorciado, pero esa propiedad no entró en la división de bienes, era de la señora”, dijo Medera y añadió: “La propiedad no tiene titular, es tierra fiscal, y yo tengo un permiso de titularidad del negocio y todos los servicios a mi nombre”.
Fue así que, tras un oficio enviado por la jueza de Familia de Eldorado, Corina Jones, “para que la jueza de Paz de San Antonio fuera a mi local e hiciera un inventario y embargara el 50%”, en su lugar “se presentaron la doctora Radke y Samudio, el secretario del juzgado, que usurpó las funciones de juez y tampoco tenía la autorización para hacerlo”, sostuvo Medera.
Además, indicó que, tras hacerse pasar por funcionarios judiciales, aprovecharon la situación y “me hicieron un allanamiento ilegal con cinco policías y me robaron un maletín con documentación, como el boleto de compra-venta de la propiedad, y además 125.000 pesos con los que le iba a pagar a un proveedor por una carga de vinos”.
Tras ese hecho, “me enteré que ella no era la jueza”, por lo cual decidió denunciar a ambos ante la Justicia.
Hasta el momento, y tras una suma de recursos por parte de la querella encarada por Medera, la causa no presenta avances de consideración y actualmente se tramita bajo las órdenes del magistrado Juan José Antonio Palacio, del Juzgado Civil y Comercial 1 de Eldorado.
Previamente, y luego de ser denunciado por el querellante, el juez de Eldorado Roberto Saldaña se apartó y el expediente recayó en el juez de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, Martín Brites, quien, a su vez, se inhibió debido a que mantiene una relación de “íntima amistad” con la imputada, según señaló en su escrito.
“Es una vergüenza, la hermana del juez, Laura Brites, es la defensora de la doctora Radke en esta causa”, lanzó Medera en ese sentido, “voy a hacer una ampliación de denuncia y pedir que la causa pase a un juez penal”, anunció.
Abogacía, militancia y amistad
Yngridt Isabel Radke es una abogada de 36 años oriunda de la localidad de Wanda, quien se encuentra matriculada en el Colegio de Abogados de Misiones desde 2013, mientras que, desde septiembre de 2021, está en calidad de suspendida por incompatibilidad, al asumir como secretaria del Juzgado de Paz de Wanda.
En sus redes sociales, la letrada se muestra en constante militancia política, sobre todo en articulación con la jefa de la Agencia Territorial Posadas del Ministerio de Trabajo de la Nación, Verónica Derna, con quien además mantiene una amistad.
También tiene una relación personal cercana con la diputada provincial y actual candidata a diputada nacional, Adriana Bezus.
A las tres se las puede ver no sólo recorriendo localidades en campaña y realizando distintas actividades sociales, sino también compartiendo mates y cenas en la Costanera de Posadas.
Además, en sus publicaciones y contactos en las redes, deja entrever relaciones con distintos referentes, tal como la actual intendenta de Wanda, Romina Faccio.
En el plano privado, Radke fue socia mayoritaria y fundadora de la empresa Indelec SRL, dedicada al rubro de artículos para el hogar, de la cual se desvinculó en 2018.
Además, tiene su estudio de abogacía en la localidad de Puerto Esperanza.
En el año 2013, estuvo en la mira de Cotrum, la expresión misionera del Movimiento Nacional Campesino Indígena-Vía Campesina (MNCI-VC), quien la señaló como responsable del intento de desalojo de 13 familias de campesinos del paraje Cabure-í, en Comandante Andresito.
“Fuimos sorprendidos por una demanda, en la que se nos acusan de ser intrusos de nuestras tierras. Quien pretende despojarnos es Radke, Yngridt Isabel, de la localidad de Puerto Esperanza. Ella, sus familiares o empleados son absolutamente desconocidos para nosotros”, denunciaron en aquel momento.
Judiciales
Intendente de Colonia Polana citado a declarar por usurpación y amenazas

El actual intendente de Colonia Polana, Raúl Francisco Núñez, fue citado por la Justicia para declarar en la causa que lo investiga por “usurpación de tierras y amenazas” contra los hermanos Julio y Germán Llanos.
La primera citación a declaración indagatoria fue en diciembre pasado, cuando Núñez decidió abstenerse. En tanto, la próxima audiencia está prevista para el viernes 19 de septiembre a las 10 en el Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América.
Consultado por La Voz de Misiones, el abogado de los denunciantes, Maximiliano Medina, aclaró que aún queda pendiente la citación por otro caso en el que se lo acusa por “falsificación de instrumentos públicos”, en referencia a un boleto de compraventa, fechado en 2013 y presentado por Núñez en la Municipalidad de Colonia Polana.
Según los hermanos Llanos, ese fue el documento con el que Núñez había iniciado la toma de las 107 hectáreas que se encontraban a nombre de Julio César Llanos (padre) y cuya firma fue sometida a pericias caligráficas por parte de los denunciantes, que determinaron que era falsa.
Al respecto, Medina aclaró que: “Es una causa distinta. Tiene un número de expediente distinto, pero es conexo a la usurpación y la exhibición del instrumento que da lugar a la pericia que demuestra que el instrumento es apócrifo y eso da lugar a la nueva denuncia por falsificación de instrumento público y privado”.
Raúl Núñez, fue concejal y presidente del Concejo Deliberante de Colonia Polana, hasta que pasó a desempeñarse en el cargo de intendente tras el fallecimiento de su madre Antonia Medina, el pasado 23 de agosto, quien ejerció como jefa comunal desde el 10 de diciembre el año 2015.
Respecto a su continuidad como intendente del municipio en el marco de las causas penales y civiles por las que se lo investiga, la fuente consultada considera que, aunque lo procesen, “la única forma de destituirlo sería a través de una sesión del Concejo Deliberante cuya mayoría la tiene el mismo oficialismo”.
Colonia Polana: denuncian usurpación de tierras con complicidad política y policial
Judiciales
Prisión preventiva para joven mbya acusado por el femicidio de su ex en Iguazú

El magistrado Martín Brites, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, dictaminó la prisión preventiva por femicidio contra Ismael Centurión (29), único acusado por el asesinato de su ex pareja Juana Maciel, cometido dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú, donde ambos residían.
La resolución se firmó esta martes y mantiene la imputación del sospechoso por el delito de “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido contra una persona con la que mantuvo una relación de pareja y en un contexto de violencia de género”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El dictamen firmado por el juez Brites también dispone el traslado de Centurión hacia una unidad penitenciaria, donde continuará detenido mientras avance la causa que se instruye en su contra.
Femicidio en Yryapú
El hecho que se investiga se registró en la noche del 4 de mayo dentro de la comunidad mbya guaraní Yryapú de Puerto Iguazú, donde Juana Maciel (23) fue asesinada de 27 puñaladas.
El crimen fue alertado a la Policía por uno de los integrantes de la comunidad y al llegar la Policía encontró el cadáver de Maciel a unos 20 metros de su casa, mientras que bajo la lupa quedó su ex pareja, quien fue detenido poco después durante un rastrillaje por la zona.
El sospechoso se trata de Centurión y, según señalaron fuentes consultadas por LVM en ese entonces, el hombre se había separado de Maciel pocos meses antes, tras ser acusado de un intento de abuso en contra de una sobrina de la víctima, hecho que aunque no fue denunciado formalmente habría generado conflictos en la relación.
Se cree que por ese mismo motivo esa noche de mayo se desató una nueva discusión que acabó en femicidio. En el lugar la Policía también secuestró un cuchillo que pudo haber sido utilizado como arma homicida.
De acuerdo a las conclusiones forenses, el cuerpo de la muchacha presentaba 27 lesiones cortantes localizadas en cabeza, cara, cuello y miembros superiores, estos últimos de características defensivas.
De ese total de puñaladas, uno alcanzó a penetrar en la zona del hemitórax anterior izquierdo y a perforar un pulmón, lesión que finalmente provocó la muerte de la víctima.
Femicidio en comunidad mbya: Juana recibió 27 puñaladas e imputaron a su ex
Judiciales
Recibió 15 años de prisión por abusar de dos hijastras en San Javier

Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
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