Judiciales
Genocida en libertad condicional fue recibido con honores en el Regimiento 30
El genocida Horacio Losito, condenado a prisión perpetua por la Masacre de Margarita Belén, donde fusilaron a cuatro misioneros, goza de libertad condicional desde diciembre pasado y este martes fue recibido con honores en el Regimiento de Monte 30 del Ejército Argentino en Apóstoles.
Según pudo confirmar La Voz de Misiones, el arribo de Losito al cuartel se concretó el último martes para visitar a su hijo y al llegar fue recibido con honores por parte de los soldados presentes.
Las mismas fuentes indicaron que la filmación del momento contó con autorización oficial, aunque su difusión se dio por redes sociales a partir de cuentas que celebraban la liberación del condenado.
En las imágenes se lo observa descender de un rodado, avanzar frente a los soldados, realizar la venia, efectuar dos campanazos y lanzar un “Viva la Patria, Viva”.
Recepción al Coronel VGM Horacio Losito en el Regimiento de Infantería de Monte 30.
El Coronel Losito ha concurrido a esa Unidad a visitar a su hijo ya que recuperó su libertad hace dos meses luego de 19 años preso al igual que muchos otros camaradas.#GloriaYHonorANuestrosVGM pic.twitter.com/Q0hbh0HEH9
— Luis 🇦🇷🧉 (@LuigiNOB74) February 29, 2024
Losito, Margarita Belén y los misioneros
Losito estuvo detenido desde 2004 y con prisión domiciliaria desde 2020, aunque en diciembre del año pasado fue favorecido con la libertad condicional otorgada por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, al considerar que el militar ya había cumplido dos tercios de la pena impuesta en su contra.
El militar, que combatió en Malvinas con el padre de la actual vicepresidenta Victoria Villarruel, tiene una prisión perpetua y otras dos a 25 años de prisión en su contra, todas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura miliar.
La perpetua fue impartida en 2011, en el marco del juicio oral por la causa de la Masacre de Margarita Belén (Chaco) que consistió en el fusilamiento de 22 militantes peronistas, entre los cuales habían cuatro misioneros.
Según consta en los registros, el hecho se registró el 13 de diciembre de 1976, cuando una decena de detenidos políticos iban a ser trasladados desde la Unidad Penal 7 y del Regimiento de Infantería de Resistencia hacia una cárcel de Formosa bajo la excusa de un posible desorden carcelario.
La versión oficial consignó que durante el viaje en cercanías a la localidad de Margarita Belén, se produjo un enfrentamiento con supuestos guerrilleros que pretendían liberar a los prisioneros y el saldo fue de 22 fallecidos.
Sin embargo, las investigaciones y los juicios realizados posteriormente permitieron develar que todo se trató de una puesta escena montada por los militares, utilizando la misma técnica que ya habían desplegado meses antes en otros puntos del país, como en Salta, con la Masacre de Palomitas.
De acuerdo a lo que se reconstruyó, en la noche previa las víctimas fueron largamente torturadas y algunas de ellas prácticamente ya fueron llevadas sin vida al lugar donde se montó la escenografía con la que los militares pretendieron simular el enfrentamiento, con cuerpos ubicados dentro de vehículos y desparramados por el monte.
En el hecho fueron asesinados los misioneros Luis Arturo Franzen, estudiante de Ingeniería y trabajador del Correo Argentino; Manuel Parodi Ocampos, estudiante de Filosofía, a punto de graduarse en el Instituto Montoya, padre de un bebé de meses; Carlos Alberto “Carau” Duarte, de una familia tarefera de Puerto Esperanza, estudiante de Ciencias Económicas y albañil en Posadas; y Carlos Enrique “El Flaco” Tereszecuk, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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