Judiciales
Ex director del Pami Misiones ratificó acusaciones contra Ninfa Alvarenga
El ex director del Pami Misiones, Paulo César Zárate Ninamango, ratificó en la Justicia Federal de Posadas las acusaciones contra la actual delegada del organismo previsional, Ninfa Alvarenga, denunciada por los delitos de “abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, y “extorsión calificada precedida de amenazas”.
Zárate, declaró la semana pasada en la causa que investiga a Alvarenga por los audios filtrados, donde se la escucha pedirle a uno de los ex funcionarios que la denunció que le prepare las renuncias anticipadas de todo el equipo que había ingresado al Pami Misiones en febrero pasado, a la vez de requerirle que le agilice las transferencias mensuales de dinero “para el partido”.
“¿Tuvo usted algún tipo de interacción regular con Ninfa Zunilda Alvarenga?”, le preguntó el Ministerio Público Federal a Zárate Ninamango. “Ella era mi paciente previamente a mi ingreso en el Pami”, respondió el médico.
La Voz de Misiones accedió al acta del interrogatorio en que el médico habló del tenor de su vínculo con Alvarenga y contó pormenores de la reunión que mencionaron los ex funcionarios de su equipo en la denuncia contra la ahora delegada del Pami Misiones, Ricardo Zacarías y Sixto Castor Fernández, donde la dirigente libertaria quiso obligarlos a firmar sus renuncias sin fecha al organismo.
Cuestiones políticas
“¿Usted militaba en algún partido político o agrupación?”, le preguntó el fiscal Horacio Campitelli. “No, solamente simpaticé con el movimiento partido libertario, de La Libertad Avanza”, contestó el médico y contó que fue candidato a diputado provincial en las elecciones de 2021 por pedido de Alvarenga, que pugnó en la oportunidad por una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.
Consultado sobre la relación que mantuvo con los empleados del Pami Misiones durante el tiempo que duró su gestión, Zárate Ninamango, la calificó de “muy buena con todos” y explicó: “Tratamos de no hacer política porque justamente queríamos evitar inconvenientes con los trabajadores y los del sindicato. Y decidimos no hacer política”.
“¿Por qué fue su desvinculación del Pami?”, le inquirió el fiscal. “A mi me llegó la resolución del Pami central, de Buenos Aires, por cambio de estructura”, respondió el médico y opinó: “Si bien este es un cargo político, obviamente por cuestiones políticas también me sacaron”.
Zárate Ninamango contó que Alvarenga le ofreció el cargo de director del Pami Misiones porque él tiene un Magister de Gerenciamiento y Administración de Servicio de Salud.
“Ella necesitaba un técnico para ocupar ese cargo”, afirmó y aclaró que “las decisiones políticas” siempre corrían por cuenta de Alvarenga, quien le pidió que contratara a los que hoy son sus denunciantes.
“Fernández y Zacarías trabajaron en la campaña política del Partido Libertario y Alvarenga quería que entren al Pami, y yo hice la gestión para que ellos pudieran entrar”, relató el médico.
La reunión
Más adelante, Zárate Ninamango, dijo desconocer que Alvarenga despotricaba a sus espaldas contra su gestión en el organismo en comunicaciones con Zacarías y Fernández.
“Yo no sabía que se comunicaba con ellos de mis funciones en vez de comunicarse conmigo directamente”, manifestó el médico.
“Traté de ver el motivo del porqué no hablaba conmigo. Quise hablar personalmente con Alvarenga y ella me dijo que no podía”, explicó y, acto seguido, trajo a colación la reunión mencionada por los denunciantes, donde, supuestamente, Alvarenga quiso obligarlos a firmar sus renuncias sin fecha.
“Hicimos una reunión con ella para ver qué era lo que pasaba y ella vino con papeles que quería que firmemos nuestra renuncia”, relató y comentó que el requerimiento “no me cayó bien porque estábamos haciendo las cosas bien con Zacarías y Fernández”.
“En la reunión hubo muchos trapitos al aire que se dijeron, lo cual decidí que no se firmara y que si ella realmente quería mi renuncia, que la renuncia me la hagan llegar mis superiores de Buenos Aires, porque Alvarenga no tenía ningún cargo, nada”, contó.
Zárate Ninamango señaló que dicho cónclave se realizó entre “abril o mayo” en su oficina en el Pami Misiones, a “las 17 horas” y “fuera del horario laboral”.
“Organizamos (la reunión) entre todos, pero la que quería hablar era Alvarenga porque era la líder político”, sostuvo el médico.
Finalmente, Zárate Ninamango, aseguró al fiscal que su desvinculación del Pami, producto del entredicho político con Alvarenga, lo “perjudicó” en su carrera profesional y señaló: “Al aceptar el cargo, tuve que renunciar a ser médico de cabecera del Pami, a la coordinación de un sanatorio privado y también a mis pacientes particulares y de obras sociales; estoy empezando todo de nuevo”.
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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