“Yo vengo a escuchar en esta causa. No hay que sacar conclusiones apresuradas”, anticipó hoy el fiscal Vladimir Glinka durante su alegato de apertura en el marco de la primera jornada del juicio oral contra Rita Marianela Cervantes Martínez (31), la joven posadeña acusada de intentar asesinar a su beba recién nacida y luego abandonarla a orillas del arroyo Mártires en 2020.

La primera de las -al menos- seis audiencias programadas comenzó esta mañana, minutos después de las 8.30, con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del expediente y con el alegato de apertura de las partes, práctica que se transformó en una marca registrada del Tribunal Penal Dos de Posadas, presidido por el magistrado César Yaya e integrado por Gregorio Busse y Carlos Giménez.

“Estamos ante un reto, ante una prueba. Es una causa difícil, no por el hecho, sino por el contexto”, fueron las primeras palabras del fiscal Glinka, representante del Ministerio Público Fiscal durante su breve exposición.

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Sin adelantar ningún tipo de pedido, ni esbozar alguna pretensión en particular, el fiscal optó por la cautela y sostuvo que la clave en este proceso será repasar el caso desde cero, con la mayor objetividad posible y sin analizar los sucesos en base a estereotipos o preconceptos instalados socialmente.

“No hay que sacar conclusiones apresuradas en esta causa y se necesita la mayor objetividad posible. Yo vengo a escuchar en esta causa. La leí muchas veces y me cuesta entender. Creo que todos tenemos la misma pregunta y es por qué hizo esto. La respuesta a ello estará acá y la encontraremos en el orden de los testigos citados a declarar”, agregó Glinka.

La etapa de testimoniales comenzará mañana, a partir de las 8, y se prevé la comparecencia de un total de 33 testigos que seguirán un orden especialmente diagramado.

Glinka detalló que el primer grupo de testigos será importante para establecer la teoría del caso; el segundo se concentrará específicamente en los hechos imputados; el tercero en el contexto en el que se produjo el suceso; y, el último, apuntará a la cuestión pericial.

De ese cúmulo de testimonios y aportes, que serán brindados tanto por familiares de la imputada y testigos circunstanciales, como por médicos del hospital materno neonatal y profesionales en psicología, psiquiatría y obstetricia, el fiscal espera obtener un panorama de mayor claridad.

Las defensoras Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera, en diálogo con el fiscal Vladimir Glinka. FOTO: Marcos Otaño.

La defensa, en tanto, encabezada por las letradas Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez de Olivera, fue más directa e insistió en un cuadro de psicosis puerperal como cuestión científica de incidencia en el caso.

Al momento de exponer su alegato, Sommer Aromí celebró la postura tomada por la fiscalía e indicó que “esta defensa tampoco puede explicar qué pasó porque Rita no lo recuerda. Este hecho está dentro del peor momento de la psicosis puerperal que ella tuvo”.

En paralelo, planteó que “consideramos que no existen pruebas suficientes para sostener la acusación y muchos menos para llegar a una sentencia. No hay ADN, huellas, testigos, cámaras, ni sangre que puedan demostrar que Rita realizó la acción de la que se le acusa”.

En esa línea, adelantó que, en caso de que el tribunal considere probado el hecho, sostendrán que la imputada “no estaba en uso de sus condiciones mentales suficientes como para que podemos entender que hay que culpabilidad de su parte. Vamos a ver que esta alteración que generó psicosis puerperal es lo que hasta el día hoy atormenta a Rita y hace que en este juicio tengamos cualquier cosa, menos certezas”.

Culminados alegatos de apertura y visiblemente conmovida, Rita pasó al frente del tribunal y contó que “quiere ser escuchada”, aunque eligió declarar más adelante.

La joven, que es madre de otro pequeño y se desempeñaba como auxiliar de maestra jardinera, llegó a juicio detenida, con los plazos de prisión preventiva vencidos e imputada por los delitos “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”, acusación que podría traducirse en una severa pena en caso de ser considerada penalmente responsable al final del proceso.

Rita Cervantes Martínez, de 31 años, ante el Tribunal Penal Dos. FOTO: Marcos Otaño.

Hipótesis acusatoria en instrucción

Según la hipótesis acusatoria planteada por Patricia Clerici, titular de la Fiscalía de Instrucción Siete de Posadas, en el requerimiento de elevación a juicio de la causa, la imputada ocultó su embarazo y desplegó una serie de acciones con la intención de matar, es decir, con dolo.

En ese mismo documento, leído esta mañana en el inicio de la audiencia, la fiscal Clerici planteó que Rita Cervantes Martínez supo de su embarazo en julio de 2020, se lo ocultó a su familia, se realizó controles prenatales en secreto y se “internó de incógnito para tener a su bebé con el DNI de su amiga”.

De esta manera, trazó una cronología de hechos en el que reconstruye que Rita tuvo a su hija el 5 de septiembre a las 11.10 y ambas fueron dadas de alta dos días después a las 12.30.

Ese mismo 7 de septiembre, pero a las 15.53, la mujer llegó a su casa, donde sus familiares la tenían como desaparecida, y a las 17.30 un atleta que corría por la costanera del acceso oeste encontró a la recién nacida malherida y envuelta en una manda dentro de una bolsa de basura a orillas del arroyo Mártires.

Los médicos que atendieron a la niña constataron que la pequeña tenía un cuchillo tipo cocina incrustado en la espalda y otras cuatro lesiones cortantes que, afortunadamente, no pusieron en riesgo su vida.

Más tarde se constató que la niña era hija de Rita, quien esa misma noche fue detenida en medio de una severa crisis nerviosa.

Desde ese momento la mujer permanece detenida y qué sucedió en ese lapso de tiempo comprendido entre su alta médica y el hallazgo de la beba malherida es la incógnita que este juicio pretende develar.

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El lunes, a partir de las 8.30, en la sala de audiencias del Tribunal Penal Dos de Posadas, comenzará el juicio oral y público contra Rita Marianela Cervantes Martínez, la mujer de 31 años que el 7 de septiembre de 2020 fue detenida y acusada de intentar matar a su beba recién nacida, aunque la defensa sostiene que todo ocurrió en un contexto de psicosis puerperal, por lo cual la cuestión de la salud mental será uno de los tópicos de discusión.

El tribunal encargado de llevar adelante el debate estará integrado por los magistrados Carlos Giménez, Gregorio Busse y César Yaya, mientras que la fiscalía estará representada por Vladimir Glinka y la imputada contará con la defensa de las letradas Luciana Sommer Aromí y Karen Rodríguez De Olivera.

Rita llega a esta instancia detenida en una celda de la Unidad Penal V Correccional de Mujeres y procesada por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo, en grado de tentativa, hurto y alteración de la identidad de un menor de 10 años, todos en concurso real”, lo cual equivale a una expectativa de pena alta en caso de ser considerada penalmente responsable al final del proceso.

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La causa que se ventilará en debate tuvo su inicio el 7 de septiembre de 2020, cuando un atleta corría por la Costanera Oeste de Posadas y se topó con una bolsa plástica con una beba recién nacida malherida en su interior.

La investigación posterior determinó que la niña era hija de Rita Cervantes Martínez, que esa misma noche fue detenida en estado shock.

La reconstrucción trazada indica que dos días antes salió de su casa para atenderse en el hospital por una fibrosis, pero al someterse a estudios constató que cursaba un embarazo de 36 semanas.

Ya desde el comienzo del caso, la defensa de Rita sostiene que la imputada en ningún momento supo de su estado, que experimentó un embarazo sin síntomas y todo se produjo en el contexto de una “psicosis puerperal”.

“Rita tuvo psicosis puerperal”

Las defensoras Sommer Aramí y Rodríguez De Olivera confían en demostrar toda esta cuestión con pruebas científicas y celebran el desarrollo del juicio como una oportunidad para que Rita “se escuchada por primera vez y pueda contar qué sucedió para que tanto el tribunal como la sociedad sepa su historia de primera mano”.

“Sin dudas es un caso que plantea muchísimos desafíos probatorios, en el sentido de que no son situaciones habituales. Ella tuvo un embarazo sin síntomas, no tuvo panza y menstruó durante todo ese tiempo. Todas estas circunstancias ya de por sí son particulares y a ello se suma la cuestión de la salud mental, que no están trabajadas a nivel social pero sí a nivel científico y eso es lo que vamos a probar en este juicio”, sostuvo Sommer Aromí en diálogo con La Voz de Misiones.

En esa línea, la letrada descartó de plano la hipótesis acusatoria plasmada en la elevación a juicio del expediente tramitado por la Fiscalía y el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

“La hipótesis acusatoria plantea un 100% del uso de las capacidades físicas y mentales de Rita. Es decir, contempla el accionar como un accionar doloso, lo que significa que la fiscalía tiene el difícil trabajo de probar que ella al momento del hecho sabía lo que estaba haciendo, que quería actuar en consecuencia, motivándose con la idea de quitarle la vida a su hija”, agregó Sommer Aromí.

En contraposición a ello, la abogada defensora postuló que “Rita tuvo un episodio de psicosis puerperal. Ella ni siquiera se acuerda qué fue lo que pasó. Incluso para la defensa lo ideal sería que ella pudiera explicar qué fue lo que sucedió, pero están los profesionales médicos psiquiatras, psicólogos y obstetras que van a explicar en el juicio cómo este fenómeno hace que la persona disocie, anule, olvide o no tenga la capacidad de materializar qué fue lo que sucedió en el lapso de tiempo que la psicosis duró”.

La letrada contó que a pesar de su detención, Rita mantiene el vínculo con su pareja y sus dos hijos, uno que ya tenía 3 años al momento del hecho y la recién nacida en aquel entonces.

“Rita es una madraza, hasta el día de hoy es una mamá presente, que todos los días está pendiente de sus dos hijos. Los dos la reconocen como mamá. Tienen un vínculo hermoso que lastimosamente ahora es mayormente por videollamada. Ella lo que más quiere es tener ese contacto verdadero con sus hijos. El papá de los chicos pide que ella tenga vinculo, él sabe que ella es una excelente madre”, destacó por último la abogada penalista.

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La Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó la condena dictada en 2022 contra el médico misionero Aníbal Rubén Lotocki (53) en el marco de la causa por lesiones graves ocasionadas a una serie de pacientes, entre ellas Silvina Luna, fallecida este año, y no sólo eso sino que también le aumentó la pena a 8 años de prisión y lo inhabilitó a ejercer la medicina por el lapso de una década.

El misionero, conocido en su momento como “el cirujano de las famosas” y con múltiples denuncias por mala praxis, había recibido una pena de 4 años tras una sentencia dictada en febrero del año pasado por el Tribunal Oral en lo Criminal 28 de Ciudad de Buenos Aires, tras lo cual el fallo ingresó en etapa recursiva que ahora devino en un aumento de condena.

La causa por cual recibió esta condena se originó tras las denuncias radicadas por las pacientes Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Stefanía Xipolitakis y Silvina Luna. Ésta última falleció hace pocos meses después, aunque su muerte sigue sin ser considerado un homicidio.

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El metacrilato, el material que inyectó Lotocki a sus víctimas, es una clave en la imputación. “Por último, no puede pasarse por alto que Lotocki intervino quirúrgicamente a Pamela Sosa el 26 de noviembre de 2008, a Silvina Luna los días 3 de octubre de 2011 y 23 de noviembre de 2011, a Estefanía Xipolitakis el 20 de marzo de 2014 y a Gabriela Trenchi el 7 de agosto de 2015, y que todas ellas acusaron haber sufrido gravísimos padecimientos con puntos en común luego de las intervenciones”, afirmaron los camaristas.

Lotocki, oriundo de Oberá, se encuentra encerrado en el pabellón psiquiátrico del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza desde el 18 de octubre, cuando la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional ordenó su detención en el marco de otro expediente en el cual se encuentra imputado por el delito de homicidio simple en perjuicio del paciente Cristian Zárate.

Zárate era un empresario de la localidad bonaerense de Campana que falleció tras una cirugía que le Lotocki le practicó en una clínica de Caballito en 2021.

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