Judiciales
Elevan a juicio la causa contra pareja que armó falsa campaña para el cáncer
El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dispuso la elevación a juicio de la causa que investiga a María Leticia Zapata (31) y a su novio Matías Leonel Poberezny (30), detenidos desde el año pasado, tras recaudar más de 350.000 pesos al montar una falsa campaña solidaria para un tratamiento de cáncer.
Según pudo confirmar La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en los últimos días y el expediente ahora será remitido al Juzgado Correccional y de Menores Dos, cuyas autoridades deberán programar una fecha para la realización del debate oral.
El requerimiento de elevación a juicio de la causa fue formulado por la fiscal Patricia Clérici, quien consideró que tanto Zapata como Poberezny deben rendir cuentas ante la Justicia por los delitos de “falsificación y uso de documento público privado falso y estafa en concurso real”, imputación bajo la cual pueden ser condenados a penas de hasta seis años de prisión.
Campaña, estafa y fuga
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el 30 de junio de 2021, cuando los imputados iniciaron una campaña solidaria en Facebook, solicitando ayuda económica para solventar los gastos de un supuesto tratamiento contra el cáncer de útero que Zapata debía afrontar en un hospital de Buenos Aires.
Para ello, sostuvieron que necesitaban recaudar 350.000 pesos y en el aviso indicaron dos cuentas para recibir las donaciones, una en Mercedo Pago y otra en el Banco Galicia. También acompañaron la publicación con una fotografía de Zapata, acostada, desmejorada y con el cabello rapado.
Pero no eso fue todo, ya que como prueba del tratamiento además adjuntaron un certificado médico firmado por una doctora posadeña.

Las imágenes que la pareja adjuntaba a su campaña solidaria.
La campaña solidaria fue un éxito total en las redes y en menos dos semanas la pareja alcanzó a reunir un total de 364.432 pesos, enviados por personas conmovidas por la historia.
Para ese entonces, la pareja brindó entrevistas graficas, radiales y televisivas. “Ya no tengo más alternativas acá, ya hice todos los tratamientos que me ofrecían, pero no sirvieron conmigo. Es por eso que empecé a buscar a través de interconsulta y fue así cuando hablaron del tratamiento experimental de inmunoterapia”, contó Zapata en una de esas charlas con los medios.
Sin embargo, poco después la historia comenzó desmoronarse y la verdad quedaría al descubierto.
En primera instancia, se develó que el supuesto tratamiento que Zapata debía afrontar en Buenos Aires era gratuito y luego también se supo que el certificado médico que la pareja publicó como prueba de la enfermedad diagnosticada era apócrifo.
Para los investigadores está claro que los imputados adulteraron una constancia de turno de una doctora posadeña y luego sobreescribieron los datos referidos a Zapata como paciente suya.
La pareja brindó su última entrevista el 12 de julio de 2021 y esa misma tarde desaparecieron. Cuando los investigadores acudieron al lugar que habían fijado como domicilio constataron que lo habían alquilado recientemente y que nunca residieron allí.
Clandestinidad y captura en Bolivia
Desde ese momento pasaron a la clandestinidad, ya que el juez Mattos libró un pedido de detención sobre ambos.
La pesquisa posterior estableció que ese mismo 12 de julio la pareja tomó un colectivo hacia Concordia (Entre Ríos) y a mediados de agosto lograron escapar del país cruzando la frontera ilegalmente hacia Bolivia.
Allí permanecieron hasta fines de septiembre, cuando pretendieron seguir estafando, pero sus nuevas víctimas googlearon sus nombres y las notas periodísticas en Misiones fueron los primeros resultados de la búsqueda.
A partir de allí, el caso fue alertado a la Policía local y las fuerzas bolivianos extendieron el aviso hacia las autoridades de la Policía de Misiones, que arbitró los mecanismos para la inmediata detención de los sospechosos.

La pareja fue localizada a fines de septiembre de 2021, en Cochabamba, Bolivia.
La pareja finalmente fue detenida en un vecindario de la ciudad de Cochabamba conocido como La Chimba, a unos 800 kilómetros de la frontera con Argentina, donde los prófugos hacían labores de limpiavidrios en los semáforos de la zona.
Según contaron damnificados en Bolivia, la pareja contó que habían llegado hasta allí en busca de oportunidades laborales y pretendían juntar entre 200 y 400 dólares para unos trámites de ciudadanía. También dijeron que estaban “con lo puesto”, porque en el límite internacional les habrían robado todas sus pertenencias.
Ahora, exactamente un año después, la Justicia misionera cerró la investigación y ambos imputados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un debate oral.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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