Judiciales
Elevan a juicio la causa contra pareja que armó falsa campaña para el cáncer
El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dispuso la elevación a juicio de la causa que investiga a María Leticia Zapata (31) y a su novio Matías Leonel Poberezny (30), detenidos desde el año pasado, tras recaudar más de 350.000 pesos al montar una falsa campaña solidaria para un tratamiento de cáncer.
Según pudo confirmar La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en los últimos días y el expediente ahora será remitido al Juzgado Correccional y de Menores Dos, cuyas autoridades deberán programar una fecha para la realización del debate oral.
El requerimiento de elevación a juicio de la causa fue formulado por la fiscal Patricia Clérici, quien consideró que tanto Zapata como Poberezny deben rendir cuentas ante la Justicia por los delitos de “falsificación y uso de documento público privado falso y estafa en concurso real”, imputación bajo la cual pueden ser condenados a penas de hasta seis años de prisión.
Campaña, estafa y fuga
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el 30 de junio de 2021, cuando los imputados iniciaron una campaña solidaria en Facebook, solicitando ayuda económica para solventar los gastos de un supuesto tratamiento contra el cáncer de útero que Zapata debía afrontar en un hospital de Buenos Aires.
Para ello, sostuvieron que necesitaban recaudar 350.000 pesos y en el aviso indicaron dos cuentas para recibir las donaciones, una en Mercedo Pago y otra en el Banco Galicia. También acompañaron la publicación con una fotografía de Zapata, acostada, desmejorada y con el cabello rapado.
Pero no eso fue todo, ya que como prueba del tratamiento además adjuntaron un certificado médico firmado por una doctora posadeña.
Las imágenes que la pareja adjuntaba a su campaña solidaria.
La campaña solidaria fue un éxito total en las redes y en menos dos semanas la pareja alcanzó a reunir un total de 364.432 pesos, enviados por personas conmovidas por la historia.
Para ese entonces, la pareja brindó entrevistas graficas, radiales y televisivas. “Ya no tengo más alternativas acá, ya hice todos los tratamientos que me ofrecían, pero no sirvieron conmigo. Es por eso que empecé a buscar a través de interconsulta y fue así cuando hablaron del tratamiento experimental de inmunoterapia”, contó Zapata en una de esas charlas con los medios.
Sin embargo, poco después la historia comenzó desmoronarse y la verdad quedaría al descubierto.
En primera instancia, se develó que el supuesto tratamiento que Zapata debía afrontar en Buenos Aires era gratuito y luego también se supo que el certificado médico que la pareja publicó como prueba de la enfermedad diagnosticada era apócrifo.
Para los investigadores está claro que los imputados adulteraron una constancia de turno de una doctora posadeña y luego sobreescribieron los datos referidos a Zapata como paciente suya.
La pareja brindó su última entrevista el 12 de julio de 2021 y esa misma tarde desaparecieron. Cuando los investigadores acudieron al lugar que habían fijado como domicilio constataron que lo habían alquilado recientemente y que nunca residieron allí.
Clandestinidad y captura en Bolivia
Desde ese momento pasaron a la clandestinidad, ya que el juez Mattos libró un pedido de detención sobre ambos.
La pesquisa posterior estableció que ese mismo 12 de julio la pareja tomó un colectivo hacia Concordia (Entre Ríos) y a mediados de agosto lograron escapar del país cruzando la frontera ilegalmente hacia Bolivia.
Allí permanecieron hasta fines de septiembre, cuando pretendieron seguir estafando, pero sus nuevas víctimas googlearon sus nombres y las notas periodísticas en Misiones fueron los primeros resultados de la búsqueda.
A partir de allí, el caso fue alertado a la Policía local y las fuerzas bolivianos extendieron el aviso hacia las autoridades de la Policía de Misiones, que arbitró los mecanismos para la inmediata detención de los sospechosos.
La pareja fue localizada a fines de septiembre de 2021, en Cochabamba, Bolivia.
La pareja finalmente fue detenida en un vecindario de la ciudad de Cochabamba conocido como La Chimba, a unos 800 kilómetros de la frontera con Argentina, donde los prófugos hacían labores de limpiavidrios en los semáforos de la zona.
Según contaron damnificados en Bolivia, la pareja contó que habían llegado hasta allí en busca de oportunidades laborales y pretendían juntar entre 200 y 400 dólares para unos trámites de ciudadanía. También dijeron que estaban “con lo puesto”, porque en el límite internacional les habrían robado todas sus pertenencias.
Ahora, exactamente un año después, la Justicia misionera cerró la investigación y ambos imputados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un debate oral.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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