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Elevan a juicio la causa contra pareja que armó falsa campaña para el cáncer

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El magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, dispuso la elevación a juicio de la causa que investiga a María Leticia Zapata (31) y a su novio Matías Leonel Poberezny (30), detenidos desde el año pasado, tras recaudar más de 350.000 pesos al montar una falsa campaña solidaria para un tratamiento de cáncer.

Según pudo confirmar La Voz de Misiones, la resolución fue firmada en los últimos días y el expediente ahora será remitido al Juzgado Correccional y de Menores Dos, cuyas autoridades deberán programar una fecha para la realización del debate oral.

El requerimiento de elevación a juicio de la causa fue formulado por la fiscal Patricia Clérici, quien consideró que tanto Zapata como Poberezny deben rendir cuentas ante la Justicia por los delitos de “falsificación y uso de documento público privado falso y estafa en concurso real”, imputación bajo la cual pueden ser condenados a penas de hasta seis años de prisión.

Campaña, estafa y fuga

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el 30 de junio de 2021, cuando los imputados iniciaron una campaña solidaria en Facebook, solicitando ayuda económica para solventar los gastos de un supuesto tratamiento contra el cáncer de útero que Zapata debía afrontar en un hospital de Buenos Aires.

Para ello, sostuvieron que necesitaban recaudar 350.000 pesos y en el aviso indicaron dos cuentas para recibir las donaciones, una en Mercedo Pago y otra en el Banco Galicia. También acompañaron la publicación con una fotografía de Zapata, acostada, desmejorada y con el cabello rapado.

Pero no eso fue todo, ya que como prueba del tratamiento además adjuntaron un certificado médico firmado por una doctora posadeña.

Las imágenes que la pareja adjuntaba a su campaña solidaria.

La campaña solidaria fue un éxito total en las redes y en menos dos semanas la pareja alcanzó a reunir un total de 364.432 pesos, enviados por personas conmovidas por la historia.

Para ese entonces, la pareja brindó entrevistas graficas, radiales y televisivas. “Ya no tengo más alternativas acá, ya hice todos los tratamientos que me ofrecían, pero no sirvieron conmigo. Es por eso que empecé a buscar a través de interconsulta y fue así cuando hablaron del tratamiento experimental de inmunoterapia”, contó Zapata en una de esas charlas con los medios.

Sin embargo, poco después la historia comenzó desmoronarse y la verdad quedaría al descubierto.

En primera instancia, se develó que el supuesto tratamiento que Zapata debía afrontar en Buenos Aires era gratuito y luego también se supo que el certificado médico que la pareja publicó como prueba de la enfermedad diagnosticada era apócrifo.

Para los investigadores está claro que los imputados adulteraron una constancia de turno de una doctora posadeña y luego sobreescribieron los datos referidos a Zapata como paciente suya.

La pareja brindó su última entrevista el 12 de julio de 2021 y esa misma tarde desaparecieron. Cuando los investigadores acudieron al lugar que habían fijado como domicilio constataron que lo habían alquilado recientemente y que nunca residieron allí.

Clandestinidad y captura en Bolivia

Desde ese momento pasaron a la clandestinidad, ya que el juez Mattos libró un pedido de detención sobre ambos.

La pesquisa posterior estableció que ese mismo 12 de julio la pareja tomó un colectivo hacia Concordia (Entre Ríos) y a mediados de agosto lograron escapar del país cruzando la frontera ilegalmente hacia Bolivia.

Allí permanecieron hasta fines de septiembre, cuando pretendieron seguir estafando, pero sus nuevas víctimas googlearon sus nombres y las notas periodísticas en Misiones fueron los primeros resultados de la búsqueda.

A partir de allí, el caso fue alertado a la Policía local y las fuerzas bolivianos extendieron el aviso hacia las autoridades de la Policía de Misiones, que arbitró los mecanismos para la inmediata detención de los sospechosos.

La pareja fue localizada a fines de septiembre de 2021, en Cochabamba, Bolivia.

La pareja finalmente fue detenida en un vecindario de la ciudad de Cochabamba conocido como La Chimba, a unos 800 kilómetros de la frontera con Argentina, donde los prófugos hacían labores de limpiavidrios en los semáforos de la zona.

Según contaron damnificados en Bolivia, la pareja contó que habían llegado hasta allí en busca de oportunidades laborales y pretendían juntar entre 200 y 400 dólares para unos trámites de ciudadanía. También dijeron que estaban “con lo puesto”, porque en el límite internacional les habrían robado todas sus pertenencias.

Ahora, exactamente un año después, la Justicia misionera cerró la investigación y ambos imputados deberán sentarse en el banquillo de los acusados en un debate oral.

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Abogado de intendente denunciado por abuso: “Estaríamos ante una fábula”

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Sergio Báez, el abogado de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy retomó su cargo tras pedirse 30 días de licencia para ponerse a disposición de la Justicia por una denuncia por abuso sexual que pesaba en su contra, calificó el caso como una “falsa denuncia” y apuntó que la presentación en contra de su cliente consistió en una “fábula” por parte de la presunta víctima.

Las declaraciones de Báez se dieron esta mañana, en paralelo al pedido de sobreseimiento total y definitivo de Peyer solicitado por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, interviniente en el expediente abierto en febrero pasado cuando se radicó la denuncia contra el jefe comunal.

“Hoy tuvimos varias novedades. Una fue el pedido de sobreseimiento total y definitivo del intendente Mario Peyer. Lógicamente el juez (Manuel Balanda Gómez) va a correr traslado a la querella y a las otras partes, para después tomar su decisión. Al ser el fiscal el dueño de la acción pública, esto es un tema prácticamente consumado”, aseveró Báez, en diálogo con Radio República.

Sobre el desarrollo de la causa en sí, el letrado consideró que “nos encontramos con una falsa denuncia, pero hemos demostrado que el intendente es inocente” y detalló que “hoy se agregaron las pericias psicológicas que establecen que la denuncian recurre a la fabulación y a la sobreactuación de sus síntomas como estrategia defensiva y tiende a reinterpretar su vivencia”.

“Esto significa que tiene un cuadro de magnificación y fabulación instrumental. Estos indicadores están en contra de una persona que haya sufrido un trauma de abuso sexual. Es decir, estaríamos ante una fábula”, resumió.

Báez también sostuvo que, en el marco de la investigación y análisis de pruebas, del teléfono de la denunciante se recuperó una grabación donde advierten que al momento de efectuar la presentación contra Peyer sus dichos estuvieron “semidirigidos” por su abogada.

“La víctima puede ir acompañada porque se siente protegida, pero lo que no puede pasar es que esa persona que la acompaña semidirija la denuncia acotando datos y solicitando que se agregue datos. Esa otra persona es la abogada de la supuesta víctima”, precisó.

“A pesar de eso, nosotros, durante todo el proceso, como estrategia defensiva, tratamos de ofrecer todo tipo de pruebas. Testigos, lugares donde podían haber cámaras y más”, agregó y explicó que en esa labor buscaron fotografías tomadas en fechas cercanas a los hechos denunciados para “demostrar que ni la denunciante ni el intendente presentaban signos de golpes o marcas en sus cuerpos como se señaló en la primera denuncia”.

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La fiscalía pidió el sobreseimiento de Peyer, intendente denunciado por abuso

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Tras el analizar el compendio de pruebas recabadas, entre las que se sumó ayer la declaración indagatoria del propio acusado, el fiscal Héctor Simón solicitó este jueves el sobreseimiento total y definitivo de Mario Peyer, el intendente de Caraguatay que hoy mismo retomó sus funciones tras tomarse una licencia de 30 días para ponerse a disposición de la Justicia y someterse a la investigación abierta en su contra.

El pedido fue planteado ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, quien ahora deberá resolver la situación conforme a los elementos que obran en el expediente por abuso sexual con acceso carnal y amenazas abierto en febrero pasado, tras una denuncia radicada contra el intendente por parte de una trabajadora del concejo deliberante de Caraguatay.

En su presentación, la mujer acusó al jefe comunal por dos episodios puntuales. En uno afirmó que Peyer se sobrepasó con miramientos y tocamientos indebidos, mientras que en el segundo hecho fue sometida sexualmente.

En la indagatoria de ayer, el alcalde negó cada una de las acusaciones y en su defensa sostuvo que el día en que la muchacha afirma haber sido abusada él se encontraba en otro lugar.

Peyer retomó la intendencia de Caraguatay tras un mes de licencia

 

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Este miércoles indagan a Mario Peyer, intendente denunciado por abuso

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Mario peyer abuso

El Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, fijó para este miércoles la audiencia de declaración indagatoria para Mario Peyer, intendente en uso de licencia de Caraguatay, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del concejo deliberante de ese mismo municipio.

La citación llega tras más de un mes de investigación, que incluyó secuestro de documentos, inspecciones oculares, pericias a dispositivos, informes médicos y toma de testimoniales por parte del juzgado que dirige el magistrado Balanda Gómez.

Al momento de comparecer ante la Justicia, Peyer tendrá la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad.

La indagatoria, además, se dará un día antes del vencimiento de la licencia solicitada por el implicado como jefe comunal de Caraguatay, cargo que temporalmente quedó en menos de la concejal Norma Gularte, que obtuvo su banca por la Renovación y en diciembre se pasó a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

Esta mañana, en diálogo con Radio Up, el letrado Sergio Rafael Báez, adelantó que Peyer aceptará declarar y ante la Justicia negará los hechos y reafirmará su inocencia, tal como lo hizo a través de sus redes sociales apenas estalló el escándalo.

Báez resaltó que desde el comienzo de la investigación el jefe comunal se puso a disposición de la Justicia y afirmó que durante el avance del expediente han presentado un “gran caudal de pruebas” para demostrar la inocencia de Peyer.

Denuncia y causa

La denuncia contra el jefe comunal fue radicada el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, más tarde la denunciante volvió a comparecer ante el juzgado y ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias -amplia la denuncia-, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por su condición de alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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