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El STJ ordenó dictar nueva sentencia contra acusado de abusar a su hijastra

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El Superior Tribunal de Justicia (STJ) declaró inválida la sentencia a 10 años de prisión emitida en 2023 contra un docente acusado de abusos perpetrados en perjuicio de una hijastra menor de edad en Jardín América y ordenó que el Tribunal Penal Uno de Posadas dicte un nuevo fallo atendiendo a las observaciones efectuadas por los camaristas del máximo órgano judicial de la provincia.

En su resolución, firmada el 17 de marzo pasado, el STJ repasa los argumentos esgrimidos por la defensa del acusado en un recurso de casación presentado días después de la sentencia emitida el 23 de octubre de 2023 y entre los considerandos finales resuelve hacer lugar parcialmente al planteo.

En consecuencia, decide devolver todas las actuaciones del juicio llevado adelante al tribunal de origen para que se subsanen las observaciones que tornaron inválida a la sentencia y que conforme a ello se dicte un nuevo veredicto.

El primer voto de la resolución correspondió a la camarista María Laura Niveyro y tuvo el acompañamiento pleno de otros siete jueces.

En el dictamen, Niveyro repasa que la defensa del imputado, identificado como Ángel Norberto Velázquez, cuestiona la sentencia por cinco agravios puntuales, entre los cuales apunta “indeterminación e impresición del hecho” endilgado y califica el fallo como “arbitrario” al considerar que el tribunal no mencionó ni analizó la declaración indagatoria vertida por el imputado durante el proceso oral.

Al revisar y analizar las actuaciones del juicio, la camarista consideró válido el reclamo y entendió que ello se sostiene en la “no valoración de la indagatoria” por parte del tribunal presidido por el juez Gustavo Bernie, que además redactó los fundamentos del fallo atacado.

Grave y arbitrario 

“Entiendo que la circunstancia de haber afirmado que el imputado no declaró, cuando en realidad sí lo hizo, justifica descalificar la pieza sentencial como un acto jurisdiccional válido, por ser grave y arbitrario y atentar contra las garantías del debido proceso”, esgrimió al respecto Niveyro.

Y desarrolló: “La declaración indagatoria es para el magistrado un medio de conocimiento y para el acusado es el medio de defensa material por excelencia garantizado constitucionalmente tanto por presunción de inocencia, por el derecho de defensa, por el derecho al debido proceso y por el derecho a la tutela judicial efectiva con que cuentan los sometidos a procesos penales”.

En consecuencia, la magistrada consideró que la cuestión “merece y debe ser subsanado por esta instancia de control, más allá de la naturaleza, carácter, utilidad, relevancia y/o pertinencia que en si le dé el tribunal a la declaración o a los términos de la confesión del imputado”.

De esta manera, resolvió hacer lugar parcialmente al recurso defensivo y devolver el expediente a origen para que el mismo tribunal vuelva a dictaminar un nuevo fallo enmendando el equívoco plasmado en la sentencia.

Mientras tanto, el imputado continúa detenido en la Unidad Penal VII de Puerto Rico, con prisión preventiva hace más de cinco años, lo cual también es motivo de reclamo tanto por su defensa como por su familia.

Denuncia, juicio y defensa

La causa en cuestión se originó tras una denuncia radicada por la hijastra de Velázquez en 2018, cuando afirmó que el hombre abusó de ella en reiteradas oportunidades ocurridas entre 2008 y 2011, cuando ella tenía entre 7 y 11 años de edad.

El docente, que además tiene un hermano acusado por el mismo delito, quedó detenido en 2020. Desde ese momento enfrenta a la Justicia y fue condenado, aunque él se declara inocente.

Así lo hizo también el juicio desarrollado en 2023, instancia en la que negó los cargos y consideró que la causa se trata de una falsa denuncia influenciada por su ex pareja y madre de la denunciante.

En la sentencia dictada ese año, el TP Uno de Posadas declaró a Velázquez penalmente responsable por los delitos de “abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y por ser cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistencia con la misma, bajo la modalidad de delito continuado” y lo condenó a una pena de 10 años de prisión.

La familia de Velázquez también sostiene su inocencia y arremete: “Las falsas denuncias provocan daño, dolor e impotencia. Atraviesan transversalmente no solo al denunciado, sino a toda su familia, amigos y entorno”.

“Pedimos justicia y libertad para Ángel. Van a ser cinco años que le robaron la vida”, expresó Marisa, familiar directo del acusado, quien en las próximas horas incluso participará en Buenos Aires de un encuentro con autoridades del gobierno nacional para trabajar en proyectos que penen las falsas denuncias.

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Crimen del penitenciario Argüello: preventiva para la hermana y la pareja

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El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.

Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.

El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.

El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.

Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad

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Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para integrar el STJ

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El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.

De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.

Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.

También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.

En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.

La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.

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Un misionero prófugo y dos detenidos en causa federal por tráfico de éxtasis

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Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.

En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.

El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.

Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.

El misionero entre los más buscados del país.

El gendarme y la pista

La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.

El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.

En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.

La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.

Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones

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