Judiciales
El Mago Méndez, otra vez preso por estafa y a la espera de indagatoria
Otra vez preso y otra vez recorriendo pasillos judiciales. Luciano Oscar “El Mago” Méndez (64) está detenido en una celda policial desde el jueves pasado por la nueva denuncia por hechos que recibió a mediados de enero y se espera que en las próximas horas preste declaración indagatoria ante la Justicia.
La detención del hombre con múltiples antecedentes y condenas por estafa, tanto en Argentina como en Paraguay, fue ordenada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, y cumplimentada el último jueves, según confirmaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
De esta manera, una comisión policial acudió al domicilio en el que Méndez cumplía arresto domiciliario en el marco de otro expediente por estafa y asociación ilícita que aguarda fecha para la realización juicio oral en el Tribunal Penal Uno de Posadas y el hombre volvió a sentir el cierre de las esposas en sus muñecas.
Su abogada y pareja, en tanto, Nancy Karina Capli Benítez, que también fue apuntada en la misma denuncia, fue notificada de la instrucción de la causa en su contra y aguardará en libertad el avance la causa. Se espera que en las próximas horas también sea citada a prestar declaración indagatoria como imputada.
Las mismas fuentes de LVM detallaron que la indagatoria a Méndez inicialmente fue programada para el sábado, pero el implicado presentó un certificado médico y la audiencia debió ser postergada. Por eso, se prevé que la medida se concrete entre el mediodía y la tarde de hoy.
La nueva denuncia
La nueva denuncia contra Méndez fue radicada el lunes 15 de enero en la seccional Tercera de Posadas. En la presentación apuntaban que el hombre se hacía pasar como dueño de una empresa constructora y comenzó a incorporar personal a su cargo para trabajar “secretarios”, a quienes luego invitó a participar en la compra de bienes supuestamente secuestrados por la Afip.
Así fue como, al menos uno de los damnificados, aceptó la invitación y en mayo del año pasado entregó 150.000 pesos a través de una transferencia por billetera electrónica a una cuenta a nombre de la letrada Capli Benítez, que también fue objeto de la denuncia radicada.
Según relató el denunciante ante la Policía, el dinero se depositó y los días transcurrieron, pero los supuestos bienes adquiridos nunca aparecieron y la plata nunca fue devuelta.
Allí constató que había sido víctima de un engaño y al interiorizarse más en la situación se topó con internet con los archivos que daban cuenta del extenso historial delictivo del Mago, quien registra antecedentes por estafas desde inicios de la década del 2000 e incluso actualmente se encuentra procesado en una causa que este año se ventilará en debate oral ante el Tribunal Penal Uno de la capital provincial.
La denuncia quedó en manos del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Miguel Mattos, el mismo que entre 2021 y 2022 investigó y elevó a juicio la última causa por estafa que Méndez afronta en compañía de varios cómplices.
Hasta la detención del jueves y a la espera de la realización del juicio oral por ese último expediente, el hombre gozaba del beneficio de arresto domiciliario otorgado por el TP Uno Posadas y fundamentado en una serie de certificados médicos que daban cuenta de un cuadro de diabetes y otras comorbilidades.
Vida de estafas
Mago Méndez no es ningún desconocido para la Justicia, ni tampoco un improvisado en el tema.
El hombre registra al menos cuatro condenas por delitos similares e incluso cuenta con un antecedente idéntico en Paraguay.
Según consta en los archivos, la historia de Méndez ligada a las estafas comenzó en los 90 y una de sus primeras víctimas fue una mujer con aspiraciones a ser intendenta de General Alvear, a quien le ofreció ayudarla con la campaña pero una vez obtenido el dinero desapareció.
En 2013 fue condenado por última vez. Recibió seis años de prisión por 16 hechos de estafa y esa pena luego fue unificada a siete porque lo declararon reincidente por tercera vez.
Se cree, además, que hasta dentro de la propia cárcel continuó con sus andanzas y estafó a varios compañeros de celda prometiéndoles computadoras y nexo con abogados que podían agilizar sus causas a cambio de dinero.
En diciembre de 2020 volvió a quedar bajo la lupa. Una vecina del barrio San Isidro por estafa, con el modus operandi que estableció como marca registrada: ofrecer a la venta vehículos que supuestamente estaban para remate judicial.
De esa manera se apoderó de unos 120.000 pesos y luego desapareció, aunque fue denunciado y en febrero de 2021 fue detenido en un motel de la avenida Quaranta junto a la banda que le prestaba la logística.
Aparentemente, nada lo detuvo, dado que este mes volvió a ser denunciado y ahora el Mago Méndez está nuevamente detenido en una celda de la Policía de Misiones.
FOTO: Archivo El Territorio – 2021
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.
Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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