Judiciales
El Mago Méndez, otra vez preso por estafa y a la espera de indagatoria
Otra vez preso y otra vez recorriendo pasillos judiciales. Luciano Oscar “El Mago” Méndez (64) está detenido en una celda policial desde el jueves pasado por la nueva denuncia por hechos que recibió a mediados de enero y se espera que en las próximas horas preste declaración indagatoria ante la Justicia.
La detención del hombre con múltiples antecedentes y condenas por estafa, tanto en Argentina como en Paraguay, fue ordenada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, y cumplimentada el último jueves, según confirmaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
De esta manera, una comisión policial acudió al domicilio en el que Méndez cumplía arresto domiciliario en el marco de otro expediente por estafa y asociación ilícita que aguarda fecha para la realización juicio oral en el Tribunal Penal Uno de Posadas y el hombre volvió a sentir el cierre de las esposas en sus muñecas.
Su abogada y pareja, en tanto, Nancy Karina Capli Benítez, que también fue apuntada en la misma denuncia, fue notificada de la instrucción de la causa en su contra y aguardará en libertad el avance la causa. Se espera que en las próximas horas también sea citada a prestar declaración indagatoria como imputada.
Las mismas fuentes de LVM detallaron que la indagatoria a Méndez inicialmente fue programada para el sábado, pero el implicado presentó un certificado médico y la audiencia debió ser postergada. Por eso, se prevé que la medida se concrete entre el mediodía y la tarde de hoy.
La nueva denuncia
La nueva denuncia contra Méndez fue radicada el lunes 15 de enero en la seccional Tercera de Posadas. En la presentación apuntaban que el hombre se hacía pasar como dueño de una empresa constructora y comenzó a incorporar personal a su cargo para trabajar “secretarios”, a quienes luego invitó a participar en la compra de bienes supuestamente secuestrados por la Afip.
Así fue como, al menos uno de los damnificados, aceptó la invitación y en mayo del año pasado entregó 150.000 pesos a través de una transferencia por billetera electrónica a una cuenta a nombre de la letrada Capli Benítez, que también fue objeto de la denuncia radicada.
Según relató el denunciante ante la Policía, el dinero se depositó y los días transcurrieron, pero los supuestos bienes adquiridos nunca aparecieron y la plata nunca fue devuelta.
Allí constató que había sido víctima de un engaño y al interiorizarse más en la situación se topó con internet con los archivos que daban cuenta del extenso historial delictivo del Mago, quien registra antecedentes por estafas desde inicios de la década del 2000 e incluso actualmente se encuentra procesado en una causa que este año se ventilará en debate oral ante el Tribunal Penal Uno de la capital provincial.
La denuncia quedó en manos del Juzgado de Instrucción Siete, a cargo del magistrado Miguel Mattos, el mismo que entre 2021 y 2022 investigó y elevó a juicio la última causa por estafa que Méndez afronta en compañía de varios cómplices.
Hasta la detención del jueves y a la espera de la realización del juicio oral por ese último expediente, el hombre gozaba del beneficio de arresto domiciliario otorgado por el TP Uno Posadas y fundamentado en una serie de certificados médicos que daban cuenta de un cuadro de diabetes y otras comorbilidades.
Vida de estafas
Mago Méndez no es ningún desconocido para la Justicia, ni tampoco un improvisado en el tema.
El hombre registra al menos cuatro condenas por delitos similares e incluso cuenta con un antecedente idéntico en Paraguay.
Según consta en los archivos, la historia de Méndez ligada a las estafas comenzó en los 90 y una de sus primeras víctimas fue una mujer con aspiraciones a ser intendenta de General Alvear, a quien le ofreció ayudarla con la campaña pero una vez obtenido el dinero desapareció.
En 2013 fue condenado por última vez. Recibió seis años de prisión por 16 hechos de estafa y esa pena luego fue unificada a siete porque lo declararon reincidente por tercera vez.
Se cree, además, que hasta dentro de la propia cárcel continuó con sus andanzas y estafó a varios compañeros de celda prometiéndoles computadoras y nexo con abogados que podían agilizar sus causas a cambio de dinero.
En diciembre de 2020 volvió a quedar bajo la lupa. Una vecina del barrio San Isidro por estafa, con el modus operandi que estableció como marca registrada: ofrecer a la venta vehículos que supuestamente estaban para remate judicial.
De esa manera se apoderó de unos 120.000 pesos y luego desapareció, aunque fue denunciado y en febrero de 2021 fue detenido en un motel de la avenida Quaranta junto a la banda que le prestaba la logística.
Aparentemente, nada lo detuvo, dado que este mes volvió a ser denunciado y ahora el Mago Méndez está nuevamente detenido en una celda de la Policía de Misiones.
FOTO: Archivo El Territorio – 2021
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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