Judiciales
Declaró la víctima de Manuel Rivero: “Caí al piso y me tiró dos balazos más”
“Sabés lo que voy a hacer, te voy a matar, porque si no sos mía, no sos de nadie”. Eliza De Souza (55) recuerda perfectamente lo que su ex marido, Manuel Rivero (59), le dijo aquella mañana del 14 de diciembre de 2016 antes de atacarla a balazos por las calles del barrio San Marcos y hoy lo volvió a contar entre lágrimas al momento de declarar en la segunda jornada del juicio oral que se lleva adelante contra el hombre en el Tribunal Penal Uno de Posadas.
La mujer, que también participa activamente del proceso como querellante particular, declaró esta mañana antes de un cuarto intermedio por tiempo indefinido como consecuencia de un posible diagnóstico de dengue en el presidente del tribunal, el magistrado Ángel Dejesús Cardozo (75), que este martes de igual manera decidió dirigir la audiencia “hasta donde pueda”, según sus propias palabras.
En ese marco, De Souza pasó frente al tribunal y no solo recordó lo sucedido aquella mañana del 14 de diciembre de 2016, sino que también ahondó en otros episodios de violencia sufridos durante los 30 años de relación que mantuvo con Rivero, con quien además tuvo diez hijos.
“Dos días antes él me llamó y pidió llevar a los chicos a Ituzaingó. Yo primero no quería, pero después le dejé. También pidió llevar al nene más chiquito. Se iban a ir todos. Después me di cuenta que hizo todo eso para que yo quede sola y que no haya testigos”, contó la sobreviviente que pidió declarar sin la presencia de su ex marido en la sala.
Y avanzó en el día del hecho: “Me acuerdo que levanté a las 6, preparé a los chicos y los acompañé a la parada porque tenían que ir a la terminal para encontrarse con su papá. Cuando volví me senté a tomar mate en el hall, escuché un ruido y cuando miré para atrás estaba Rivero. Tenía un arma en la mano, me miraba y se reía”.
Entre lágrimas por momentos, De Souza recordó cada palabra y cada segundo del ataque. “Le pregunté qué hacía y me respondió: ‘Sabés lo que voy a hacer, te voy a matar, porque si no sos mía, no sos de nadie’. Ahí entendí la gravedad de lo que pasaba y corrí por la puerta de atrás. Salí a la calle, no sabía qué hacer”, repasó.
De Souza prácticamente perdió la movilidad de un brazo como consecuencia del ataque.
Después de ello, la mujer relató que se encontró con un joven en la parada de colectivos y se protegió detrás de él, pero el acusado abrió fuego y ese primer balazo impactó en ambos.
“El tiro le atravesó al chico y me dio a mi también. El chico salió corriendo y cuando yo caí al piso Rivero me tiró dos balazos más. Después de eso vi que corrió y volví a escuchar dos tiros más. Yo ahí ya no sentía nada, solo escuchaba el murmullo de la gente”, graficó.
Tras el hecho, De Souza permaneció internada en grave estado durante varias semanas con tres heridas de bala en brazo, tórax y pierna. Afortunadamente, logró recuperarse, aunque en su cuerpo aún quedan secuelas del ataque, dado que prácticamente perdió la movilidad de su brazo izquierdo.
En la continuidad de su testimonio y a colación de las consultas efectuadas tanto por el fiscal Martín Alejandro Rau como de los abogados querellantes Santiago Larrea y Ariel Pianesi, De Souza sostuvo que “siempre vivió amenazada” por el imputado y recordó que desde 2007 realizó frecuentes denuncias por violencia de género.
Incluso, señaló que al momento del hecho Rivero tenía una restricción de acercamiento hacia ella, aunque “él nunca respetó”.
Casi al final de su exposición, el defensor oficial Mario Ramírez tomó la palabra y le transmitió a la víctima un pedido de perdón de parte del imputado, que continuaba en otra sala del tribunal siguiendo el debate a través de videollamada.
Rivero tiene 59 años y está detenido desde 2016, aunque en el medio escapó de la Comisaría Octava y estuvo un mes prófugo.
“A tu mamá le hice mierda”
En segundo turno declaró David, hijo de la víctima y del imputado, quien contó que días antes su papá le pidió interceder con sus hermanos para “hablar y arreglar las cosas. Decía que quería cambiar y volver con nosotros a la casa”.
El joven contó que esa mañana fue con sus hermanos hasta la terminal para realizar el viaje a Ituzaingó con su papá, pero mientras estaban en ese lugar “él me llamó. Le dije que le estábamos esperando, pero solo me dijo ‘a tu mamá le hice mierda, chau’”.
David también declaró sin su padre en la sala e indicó que “yo era el que más cerca estaba de él, ya casi nadie le daba bola. Él era una persona cuando tomaba y otra cuando no tomaba, le gustaba tomar whisky. Él estaba acostumbrado a la vida de antes, de arreglar todo a lo bruto, a los golpes”.
Incluso, el testigo recordó un episodio anterior, cuando en plena noche escuchó a su madre llorar y para calmarla fue a dormir a su lado, pero en medio de la madrugada vio a su padre ingresar al cuarto con un cuchillo en la mano. “Después le pregunté qué quiso hacer ese día y me dijo que estaba decidido a matarla”, lanzó sobre el final.
Los otros dos testigos citados fueron desestimados por las partes y sus testimonios serán incorporados por lectura, ante lo cual la jornada se dio por finalizada pasada las 10 y el debate pasó a un cuarto intermedio por tiempo indefinido hasta que el magistrado Cardozo tenga un diagnóstico claro.
El hecho que se juzga se registró el 14 de diciembre de 2016 en el barrio San Marcos de Posadas. Además de balear a su ex pareja, Rivero también está acusado de disparar contra otros dos vecinos. El hombre llegó a esta instancia detenido e imputado por los delitos de “homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa y homicidio simple en grado de tentativa (dos hechos) y portación ilegal de arma de fuego en concurso real en carácter de autor”.
El magistrado Ángel Dejesús Cardozo presidió el debate con síntomas de dengue y la reanudación del juicio dependerá de su diagnóstico.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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