Judiciales
Dan lugar a reclamo de la UIF para agilizar expediente contra el Clan Barakat
La Cámara Federal de Apelaciones de Misiones hizo lugar a un recurso de queja por retardo de justicia articulado por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el Juzgado Federal de Eldorado en el marco de la causa que investiga por lavados de activos al denominado Clan Barakat, un grupo de comerciantes libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de financiar a la organización terrorista Hezbollah, y encomendó agilizar el avance del expediente que lleva nueve años en etapa de instrucción.
La UIF participa en el expediente como querellante particular y entre los lineamientos planteados en el recurso de queja advirtió sobre el pronto vencimiento (4 de julio) del congelamiento de bienes y otras medidas cautelares que pesan sobre los extranjeros puestos bajo la lupa, al tiempo que solicitó informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en dicho documento los recurrentes hicieron mención a “la longevidad en el tiempo con la que se acarrean las presentes actuaciones, correspondiendo ya, tanto por la materia investigada como por aplicación del razonable principio de celeridad, sean tomadas determinaciones en cuanto a las imputaciones y procesamientos, de corresponder los mismos, siendo necesario a tales efectos sean agregadas las constancias que hubieren sido remitidas por las naciones exhortadas”.
Realizado el planteo, los camaristas solicitaron informes al juzgado que dirige el magistrado Miguel Ángel Guerrero y antes las respuestas recibidas realizaron ciertos “señalamientos” en cuanto al avance del expediente que tomó exposición pública a mediados de agosto de 2018, cuando se ordenó una serie de operativos que fueron desplegados en casinos y hoteles de Puerto Iguazú, locales que presuntamente eran utilizados como parte de un mecanismo articulado para el envío de fondos hacia Medio Oriente por parte de los extranjeros apuntados.
“Lo peticionado por la querella en ese tópico resulta por demás oportuno”, fue la primera consideración de los magistrados del tribunal de alzada respecto a las medidas cautelares e inhibición de bienes prontos a vencer.
En un punto siguiente, en tanto, entienden que una de las razones de la problemática traída a análisis encuentra su origen en el “notorio recargo de tareas en el Juzgado Federal de Eldorado”, lo cual “se erige como un argumento válido a los fines de pretender justificar demoras en la que se puede incurrir en el devenir del proceso”.
Esta cuestión, incluso, ya había sido planteada abiertamente por el propio juez Guerrero durante una exposición en el Encuentro Nacional de Justicia Federal, evento realizado en 2022 en Rosario.
“En este momento, tenemos 27.000 causas en la secretaria de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel técnico es de 22 personas”, problematizó el magistrado en aquel entonces.
Y continuó: “Ese juzgado federal multifuero fue diseñado en el año 1985 y habilitado en 1988, donde el curso anual de expedientes en las dos secretarias era de 300 expedientes. Actualmente, sólo en la secretaria penal, ingresan 1.300 expedientes por año”.
“Ese equipo que acabo de mencionar tramita causas de una complejidad que he intentado explicar en numerosos foros, la famosa causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para designar un equipo de especialistas que ayuden a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, reclamó vez ante un auditorio repleto de autoridades judiciales y gubernamentales.
Con ambos planteos sobre la balanza, la Cámara Federal entendió que de igual manera el reclamo de la UIF es valedero y con el objetivo de “garantizar el acceso a la justicia” hizo lugar al recurso, encomendando al juzgado que instruye la causa a “dar curso a lo solicitado” con “la premura el caso amerita”.

Assad Ahmad Barakat, uno de los señalados líderes del clan fue detenido en Foz de Iguazú en 2018.
Clan Barakat
La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.
De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.
Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.
En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.
Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.
Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.
Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.
Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

La Triple Frontera era el epicentro de acciones del grupo sindicado por financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente.
Judiciales
De abandono y muerte a posible homicidio, el juicio a una madre en Posadas
Quince años tenía Rocío Belén López cuando la encontraron muerta sobre su cama. La adolescente, que padecía una enfermedad neurológica que la dejó postrada, estaba deshidratada, desnutrida y con escaras en la piel. Las acusaciones por su mal cuidado recayeron en su madre, que hoy, trece años después, comenzó a ser juzgada por abandono seguido de muerte, aunque ya en la primera audiencia la fiscalía pidió ampliar la acusación al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar e hidratar a su hija deliberadamente.
El caso se remonta al 23 de julio de 2013, cuando la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez llamó al 911 para alertar sobre el fallecimiento de su hija “Belencita”, una adolescente de 15 años diagnosticada con el Síndrome de Rett, una enfermedad genética que afecta al desarrollo neuronal, lo que se traduce en la pérdida de las habilidades motoras y del habla.
Como consecuencia de esa condición, la menor era incapaz de valerse por sí misma, por lo que vivía postrada a una cama, con la necesidad de un cuidado permanente que Ramírez alternaba con sus padres, dado que el progenitor de la niña nunca se responsabilizó.
Sin embargo, unos diez días antes del trágico desenlace, ese deber de cuidado había quedado bajo absoluta responsabilidad de Ramírez debido a que sus padres viajaron a otra provincia.
Fue en ese marco que aquella noche de hace trece años atrás Ramírez llamó a la Policía para alertar sobre la muerte de su hija. Cuando los uniformados arribaron al lugar, constataron que la adolescente yacía sobre una cama rota y en un dormitorio que describieron como un “depósito”.
La posterior autopsia concluyó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición y deshidratación, al tiempo que también detectó escaras en el cuerpo, lesiones que daban cuenta del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba.
Con esos elementos, sumado a una serie de testimonios en su contra, la fiscal María Laura Álvarez (como subrogante) pidió que Ramírez sea juzgada por el delito de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y resultado”, solicitud que fue avalada por el magistrado Ricardo Balor, aunque ese proceso recién tuvo su inicio hoy, casi al filo de la prescripción.
Sumado a eso, en la audiencia de hoy, instancia en la que además de leerse el auto de elevación a juicio también se oyó el testimonio de la propia Ramírez y de los primeros cinco testigos, el fiscal Vladimir Glinka amplió la acusación al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar a su hija en forma deliberada, ante lo cual pudo haber incurrido en un homicidio calificado por el vínculo en su modalidad por omisión.
Ese planteo se traduce en que, en caso de mantener esa acusación al momento de los alegatos finales, Ramírez podría enfrentarse a la posibilidad de recibir una pena de prisión perpetua.

Ramírez durante su declaración, junto a su abogado Varela y el fiscal Glinka.
“Me encontré desesperada”
En esta primera audiencia la imputada aceptó declarar y frente al tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante) dio un extenso testimonio.
La mujer se explayó desde el nacimiento de su hija. Contó que al enterarse del embarazo su pareja de ese momento la abandonó y nunca se hizo responsable, ante lo cual ella decidió continuar como madre soltera.
También relató que recién notaron algo diferente en Belencita a los dos años y medio cuando aún no hablaba. Eso dio inicio a una serie de estudios que más tarde derivaron en un diagnóstico de Síndrome de Rett.
Según su palabra, el cuidado de la niña fue alternado entre ella y sus padres, lapso en el cual ella siempre se dedicó a trabajar para mantener a su familia.
“Con el tiempo me independice con un nuevo novio y yo continué haciendo changuitas para poder comprar pañales para Belén y todo lo demás que necesitaba como la leche y los medicamentos. Yo nunca dejé de hacer los cuidados de Belén. Nunca me desentendía. Por las tardes iba siempre a la casa de mi mamá y yo le pasaba todo mi sueldo a mi papá, que era el que administraba. Por eso me busqué un segundo trabajo”, afirmó Ramírez, hoy de 48 años.
Años después, su padre empeoró de salud y la niña fue a vivir con ella a Itaembé Miní, aunque de igual manera por las tardes la llevaba a casa de su madre mientras ella iba al trabajo. Durante esos años también contrató una persona que cuidaba a Belén y la rutina se extendió hasta que tuvieron que vender esa casa por deudas y volver a mudarse, esta vez a un inmueble más pequeño.
En ese lapso, Belén volvió a vivir a la casa de sus abuelos, mientras que Ramírez se separó de su segunda pareja. “Me separé de nuevo y ahí empezó mi caos. Ahí me comienzo a ver superada por la situación”, admitió la mujer, que es representada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela.
Y desarrolló: “Días antes del hecho por el que estoy acá me llama mi mamá y me dice que tenía que ver cómo me iba a hacer cargo de Belén porque ellos necesitaban viajar a Corrientes para descansar. Yo no sabía qué hacer, estaba separaba, ganaba poco, no tenía para pagar a nadie. Mi hermana me dice que me arregle”.
Ramírez aseguró que pidió licencia en el trabajo pero no le dieron y debió enfrentar el cuidado de su hija en soledad, mientras que a la par criaba su otra hija.
“Con el pasar de los días tuve que tomar la decisión de irme a trabajar, no tenía otra opción. Me encontré desesperada y sin saber qué hacer. Tenía que seguir trabajando para tener ingresos. Lo primero que yo hacía cuando me levantaba era darle el desayuno e higienizarla para poder dejarla en condiciones. Al mediodía cocinaba guisitos y fideos que también le gustaba, cosas que estaban a mi alcance porque no tenía mucho dinero”, recordó.
Ante los jueces, la mujer explicó que su rutina consistía en dar el desayuno a Belén, llevar a su otra hija a la escuela e ir al trabajo, donde permanecía desde las 8 hasta después del mediodía, cuando regresaba a casa en colectivo.
“Los primeros días ella estaba normal, comiendo”, contó Ramírez y agregó: “Hasta que empecé a notar que se enojaba, noté que se estaba deprimiendo porque extrañaba a mi hermana y a mi mamá. Ese era su hogar para ella. Entonces ella empieza a trabajarme la mandíbula, a cerrar la boca. Ahí empezó a comer menos”.
En ese tramo, y tras consultas del fiscal, la mujer explicó que la menor aceptaba líquidos pero era se mostraba más reticente a ingerir alimentos, aunque de igual manera le daba “galletitas con mate cosido”.
Sobre las escaras, Ramírez alegó que las heridas fueron porque la menor se rascaba y dañaba su piel, lesiones que luego se infectaban. “Yo no tenía ni para el cicatrizante, le pedí al papá de la nena y me llevó un aloe. Entonces le ponía eso”, aseguró.
Casi sobre el final, la mujer contó que ese 23 de julio de 2013 su jefa le pidió trabajar de corrido para cubrir a otra compañera y al regresar encontró a su hija sin vida. Intentó reanimarla con RCP, pero no pudo.
“Yo en ningún momento abandoné a mi hija. No es que yo la dejé a la deriva o no le dedicaba las horas que ella requería. Nosotros con mi otra hija nos pasábamos todas las tardes con ella para que ella no se sienta sola y no sienta la ausencia de mi mamá y mi hermana”, se defendió.
Y reafirmó: “En ningún momento se me pasó por la cabeza que iba a pasar esto. Siempre velé por estar bien todas luché dentro de mis posibilidades, pero entré en una desesperación de no saber qué hacer. En ningún momento la abandoné, no hubo intención de provocar la muerte, nunca. Traté siempre de salir adelante. Hice lo mejor que pude como madre”.
Al momento de ser interrogada por Glinka, la mujer admitió que la cama de la adolescente tenía “la rejilla rota” y en oportunidades apilaba paquetes de pañales para compensar.
Sobre la habitación, que algunos uniformados describieron como “similar a un depósito”, respondió que se debía a que “no tenía la mudanza terminada” y que se acumularon cosas en ese lugar porque su vivienda anterior era más grande, con más muebles.

El tribunal es presidido por el magistrado Gustavo Bernie (a la derecha).
Testimonios
“Tengo la imagen de esa persona en la cama, no recuerdo si estaba rota o inclinada hacia un costado. Sé que no estaba en la posición en que no debía estar. Sí que había bolsas negras, detalles que se me vienen a la cabeza. Por el montón de cosas amontonadas y tiradas parecía más un depósito que un dormitorio”, declaró minutos después Carlos Adolfo Krapp, comisario general retirado que intervino en la escena del hecho.
Quien también declaró como testigo hoy fue el forense Rogelio Canteros. El profesional sostuvo que las escaras que presentaba la víctima tenían un grado de “evolución avanzada”, estado que permitía inferir un tiempo aproximado de “20 días de postración sin ningún movimiento”.
Canteros también consideró que el cuadro de la joven fallecida condecía con una “deshidratación severa” que se pudo haber prolongado durante siete días, precisión sobre la cual más tarde se apoyó Glinka para fundamentar una ampliación de la acusación sobre la imputada.
“En base al interrogatorio con el médico, él ha aclarado que la chica tenía una deshidratación severa de siete días que derivó en una falla orgánica. La causa de muerte es que se le privó de alimentos y líquido de forma deliberada. No es una omisión simple, sino que apropósito y en forma deliberada evitó darle el sustento vital para que irremediablemente se produjo su dolo de muerte”, apuntó el representante del Ministerio Público Fiscal, que al comienzo de la jornada aclaró: “Esto no es una cuestión de género, no está imputada por su condición de madre. Ella está acá por el mal cuidado que desempeñó en los últimos diez días de Belén”.
Una vez culminada la ronda de testigos del día y el tribunal entonces pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 7.45. Se prevé la recepción de más testimonios.
Judiciales
Recibió 14 años de prisión por matar a un vecino por $500 en Candelaria
Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino acusado de asesinar a puñaladas a un vecino de Candelaria por una deuda de $500, fue condenado esta mañana a 14 años de prisión.
La sentencia fue impartida por el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrada por sus pares Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante), luego de cuatro audiencias de debate que se desarrollaron durante esta semana.
Silvero fue declarado responsable del delito de “homicidio simple” y recibió 14 años de prisión, pena levemente inferior a los 18 años solicitados ayer por el fiscal Vladimir Glinka.
Al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.
Silvero, por su parte, dio sus últimas palabras ayer y sostuvo que actuó en defensa propia, estrategia que también abordó el abogado defensor oficial Miguel Ángel Varela, que pidió la absolución del imputado, aunque el pedido no tuvo efectos.
FOTO: EL TERRITORIO
Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”
Judiciales
Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”
Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino que es juzgado por el homicidio de un vecino del barrio Niño Perdido de Candelaria, insistió esta mañana en haberse defendido de un primer ataque de la víctima y la sentencia en su contra se conocerá mañana.
El imputado dio sus últimas palabras hoy al mediodía, luego de la ronda de alegatos donde el fiscal Vladimir Glinka pidió una condena de 18 años de prisión en su contra, mientras que su abogado defensor Miguel Ángel Varela pidió la absolución por legítima defensa.
“Yo estaba con mi hijo y mi señora. Le dije a ella para ir a comprar unas cosas y ahí me crucé con él -por Luis Fernando Duarte Vázquez (23)-. Yo necesitaba los $500 para ir a comprar pañales. Ahí él se enojó conmigo, no sé si estaba drogado o qué”, relató Silvero ante el tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante).
“Él me atacó primero con un cuchillo”, agregó el acusado y desarrolló su versión: “Yo ahí agarré una rama y él se cayó. Ahí yo agarré el cuchillo y se levantó con una piedra. Yo después ya no me acuerdo nada. Yo solo me defendí y defendí a mi familia”.
Después de oír su palabra, el tribunal declaró cerrado el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para el dictado de la sentencia.
Dealer del barrio
Previo a ello, al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.
Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.
“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.
El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.
FOTO: EL TERRITORIO
Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”
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