Judiciales
Dan lugar a reclamo de la UIF para agilizar expediente contra el Clan Barakat
La Cámara Federal de Apelaciones de Misiones hizo lugar a un recurso de queja por retardo de justicia articulado por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el Juzgado Federal de Eldorado en el marco de la causa que investiga por lavados de activos al denominado Clan Barakat, un grupo de comerciantes libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de financiar a la organización terrorista Hezbollah, y encomendó agilizar el avance del expediente que lleva nueve años en etapa de instrucción.
La UIF participa en el expediente como querellante particular y entre los lineamientos planteados en el recurso de queja advirtió sobre el pronto vencimiento (4 de julio) del congelamiento de bienes y otras medidas cautelares que pesan sobre los extranjeros puestos bajo la lupa, al tiempo que solicitó informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en dicho documento los recurrentes hicieron mención a “la longevidad en el tiempo con la que se acarrean las presentes actuaciones, correspondiendo ya, tanto por la materia investigada como por aplicación del razonable principio de celeridad, sean tomadas determinaciones en cuanto a las imputaciones y procesamientos, de corresponder los mismos, siendo necesario a tales efectos sean agregadas las constancias que hubieren sido remitidas por las naciones exhortadas”.
Realizado el planteo, los camaristas solicitaron informes al juzgado que dirige el magistrado Miguel Ángel Guerrero y antes las respuestas recibidas realizaron ciertos “señalamientos” en cuanto al avance del expediente que tomó exposición pública a mediados de agosto de 2018, cuando se ordenó una serie de operativos que fueron desplegados en casinos y hoteles de Puerto Iguazú, locales que presuntamente eran utilizados como parte de un mecanismo articulado para el envío de fondos hacia Medio Oriente por parte de los extranjeros apuntados.
“Lo peticionado por la querella en ese tópico resulta por demás oportuno”, fue la primera consideración de los magistrados del tribunal de alzada respecto a las medidas cautelares e inhibición de bienes prontos a vencer.
En un punto siguiente, en tanto, entienden que una de las razones de la problemática traída a análisis encuentra su origen en el “notorio recargo de tareas en el Juzgado Federal de Eldorado”, lo cual “se erige como un argumento válido a los fines de pretender justificar demoras en la que se puede incurrir en el devenir del proceso”.
Esta cuestión, incluso, ya había sido planteada abiertamente por el propio juez Guerrero durante una exposición en el Encuentro Nacional de Justicia Federal, evento realizado en 2022 en Rosario.
“En este momento, tenemos 27.000 causas en la secretaria de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel técnico es de 22 personas”, problematizó el magistrado en aquel entonces.
Y continuó: “Ese juzgado federal multifuero fue diseñado en el año 1985 y habilitado en 1988, donde el curso anual de expedientes en las dos secretarias era de 300 expedientes. Actualmente, sólo en la secretaria penal, ingresan 1.300 expedientes por año”.
“Ese equipo que acabo de mencionar tramita causas de una complejidad que he intentado explicar en numerosos foros, la famosa causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para designar un equipo de especialistas que ayuden a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, reclamó vez ante un auditorio repleto de autoridades judiciales y gubernamentales.
Con ambos planteos sobre la balanza, la Cámara Federal entendió que de igual manera el reclamo de la UIF es valedero y con el objetivo de “garantizar el acceso a la justicia” hizo lugar al recurso, encomendando al juzgado que instruye la causa a “dar curso a lo solicitado” con “la premura el caso amerita”.

Assad Ahmad Barakat, uno de los señalados líderes del clan fue detenido en Foz de Iguazú en 2018.
Clan Barakat
La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.
De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.
Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.
En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.
Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias.
Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.
Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.
Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

La Triple Frontera era el epicentro de acciones del grupo sindicado por financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente.
Judiciales
Leche Rodríguez, el tercer implicado en el caso Díaz que continúa prófugo
El juicio por el asesinato a balazos del comerciante Cristian Díaz (34), del barrio Yacyretá, culminó con dos sicarios brasileños condenados a prisión perpetua, pero la causa tiene un tercer involucrado que nunca pudo ser capturado y que permanece entre las sombras.
Su nombre es Héctor Rodríguez, aunque los brasileños lo llamaron Yona en su declaración y en el expediente aparece bajo el alias de Leche. La investigación lo sindica como el hombre que recibió, hospedó y trasladó a los homicidas hacia la casa de Díaz en la madrugada que seis balazos sesgaron su vida.
Rodríguez era, también, el dueño del Fiat Duna blanco que fue la pista clave para esclarecer el crimen. El rodado fue visto en inmediaciones a la escena del crimen, fue captado en cámaras de seguridad y más tarde incautado en la casa que él mismo usaba como “búnker” en el barrio Luis Piedrabuena, misma propiedad donde los brasileños se hospedaron desde el 3 de mayo hasta el 9 de mayo, cuando pidieron un remis para ir a la terminal, donde finalmente fueron capturados.
Todo eso era lo que ya se sabía antes del juicio, pero en el transcurso del debate y, principalmente durante los alegatos desarrollados el viernes por el fiscal Vladimir Glinka, se conocieron más detalles de su relación con el hampa.
“A la víctima y a Leche Rodríguez los unía una estrecha relación previa”, precisó Glinka, que utilizó unos minutos de su exposición para repasar la declaración dada por un testigo de identidad reservada que dio pie a la hipótesis narco detrás del crimen, cuestión que no alcanzó a ser probada.

Los sindicados sicarios brasileños de Porto Alegre fueron condenados a prisión perpetua.
El testigo reservado y la hipótesis narco
Según explicó el fiscal, el testigo reservado “pernoctaba” de seguido en el búnker de Leche Rodríguez en el barrio Luis Piedrabuena y no solo que compartió momentos con los brasileños ahora condenados David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), sino que también vio episodios previos que darían cuenta del dueño de casa y la víctima.
Según su declaración, a fines de 2021, el propio Díaz llegó al lugar y pidió que lo dejarán guardar una Fiat Fiorino al garage, pero como el testigo no estaba avisado de nada impidió que eso suceda y por lo tanto el vehículo quedó estacionado en la vereda.
A los pocos días, una patrulla del Escuadrón 50 de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) pasó por el lugar, sospechó de ese vehículo abandonado y en una breve inspección encontraron 155 kilogramos de marihuana en su interior. La carga se perdió.
El mismo testigo narró que al día siguiente Díaz volvió al lugar y al no ver la camioneta se alarmó. “Hiciste que me maten”, le reclamó, según aportó en su testimonio dado en instrucción.
Todo esto dio pie a la hipótesis narco detrás del crimen y en su momento el juez a cargo de la causa, Miguel Mattos, remitió las actuaciones a la Justicia Federal pero esa línea de investigación no prosperó.

La Fiorino con 155 kilos de marihuana fue incautada frente al “búnker” de Leche.
En el requerimiento de elevación del expediente, la fiscal Patricia Clérici también mencionó estas cuestiones y aunque no pudo dar por acreditada la teoría, sí dio por hecho que los tres involucrados actuaron en forma coordinada para dar muerte al comerciante Díaz.
Lo mismo consideró el fiscal Glinka, que en su alegato de hoy, expuso: “Es posible que lo de la Fiorino sea real, pero la pregunta acá no es si eso tuvo relación con el hecho, no interesa. La pregunta acá es quién mató a Díaz y lo cierto es que hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Díaz muera”.
De ese acuerdo voluntades planteado por el fiscal ya hay dos presos y condenados, pero resta Rodríguez, que permanece en las sombras y con un pedido de captura en su contra que sigue vigente.
Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz
Judiciales
Perpetua para los sicarios brasileños por el asesinato de Cristian Díaz
Hay dos nuevos condenados a prisión perpetua en Misiones. Se trata de los brasileños David Weslley De Oliveira Silva (24) y Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24), quienes hoy al mediodía fueron hallados culpables del asesinato de Cristian Díaz (34), cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.
Los jóvenes oriundos de Porto Alegre fueron condenados como coautores del delito de “homicidio calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y uso de arma de fuego” y recibieron la pena de prisión perpetua, lo que equivale a 35 años de prisión efectiva, ante lo cual deberán permanecer privados de su libertad hasta 2057.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Dos de Posadas, integrado por los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse, quienes coincidieron parcialmente con el pedido planteado por el fiscal Vladimir Glinka, ya que eliminaron el agravante de alevosía.
Para el fiscal no hubo dudas en la coautoría del hecho. “Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.
Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho. El hombre les brindó alojamiento en un “búnker” del barrio Luis Piedrabuena y además de aportar recursos también ofició como chofer de los extranjeros, tanto en la ida como en la fuga.

David Weslley De Oliveira Silva fue quien empuñó el arma y disparó siete veces contra la víctima, según pericias que ponderó el fiscal.
“Acuerdo de voluntades”
El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.
“Esto no pasó de arrebato. Acá hubo un acuerdo de voluntades entre Leche y los imputados para que Diez muera. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Había un plan para que todo que impune, un plan que se pensó bien, pero que se ejecutó mal”, desarrolló Glinka.
El fiscal puso sobre el tapete que entre la víctima y Leche existía un “estrecho vínculo previo”, posiblemente relacionado a la venta de estupefacientes, aunque consideró esa hipótesis no modificaba el escenario probado.
Glinka reconstruyó que en esa madrugada del 8 de mayo, Leche trasladó en su Fiat Duna a los extranjeros hasta el kiosco que Díaz abría por las noches en el barrio Yacyretá, donde los ahora condenados atacaron a tiros a la víctima a través de la ventana.
“No había ningún riesgo para ellos. Díaz no estaba armado y estaba enrejado. En esas condiciones, Weslley apuntó y disparó con una 9 milímetros. El primer disparo pegó en un mueble. Ahí Díaz se cae y queda acostado. Weslley ingresó la mano y tiró seis veces más, todas al cuerpo”, detalló.
Para el fiscal fueron clave los resultados de pericias balística, principalmente los exámenes científicos que encontraron presencia de “residuos de disparos” en la vestimenta de ambos involucrados, como así también en el habitáculo del Fiat Duna.

Gabriel Junior Guimaraes Da Silva llegó a Misiones con Weslley, estuvo con él en la escena y fue detenido con él.
Aventura
La abogada Ramona Gómez, defensora particular de los acusados, en tanto, solicitó la absolución de ambos al considerar que la autoría del hecho no estaba probada o, en su defecto, había dudas.
De manera subsidiaria, solicitó que, en caso de que el tribunal decidiera un fallo condenatorio, aplique una sentencia acorde a un homicidio simple para Weslley, mientras que para Guimareas correspondía la absolución o una pena menor como partícipe secundario.
Gómez planteó que “todo condice más con la versión de mis asistidos que con la hipótesis del fiscal” y recordó la declaración en la que Weslley afirmó haber llegado a Posadas para visitar a una mujer que había conocido en las playas de Florianópolis, tras lo cual conocieron de casualidad de Leche y en las noches que compartieron con él fueron testigos del crimen de Díaz.
“Eran dos chicos de 20 años que ingresaron a nuestro país impulsado por la aventura de uno de ellos”, señaló la letrada en relación y agregó que los imputados “han estado en el lugar y en el momento equivocado ya que se juntaron con una persona que no gozaba de la mejor conducta”.
“Es Rodríguez la persona que podía dar explicaciones más claras sobre lo sucedido, pero no lo tenemos en esta sala”, reclamó.
Antes de oír la sentencia, los dos jóvenes dieron sus últimas palabras y coincidieron al sostener su inocencia y reclamar que sus familias esperan por ellos en Brasil.
Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz
Judiciales
Piden prisión perpetua para brasileños acusados de acribillar a Cristian Díaz
En la cuarta audiencia del juicio oral, el fiscal Vladimir Glinka solicitó la pena de prisión perpetua para los dos presuntos sicarios brasileños acusados de asesinar a balazos a Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas.
Para el fiscal, no hubo dudas en la participación de los extranjeros en el hecho y los acusó como coautores del delito de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía“.
“Weslley fue el tirador, Guimaraes asistió con su presencia en el lugar y Leche dio el apoyo logístico necesario”, argumentó Glinka.
Leche se trata de Héctor Rodríguez, tercer implicado en la causa que permanece prófugo desde el día del hecho.
El representante de la fiscalía apoyó su teoría en la batería de pericias balísticas y en el testimonio brindado por vecinos que ubicaron a los sospechosos en la escena.
Ahora será el turno de alegar de Ramona Gómez, abogada defensora particular de los imputados Gabriel Junior Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24).
Crimen de Díaz: de los tiros, a la pista del Duna y la captura de los brasileños
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