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Dan lugar a reclamo de la UIF para agilizar expediente contra el Clan Barakat

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La Cámara Federal de Apelaciones de Misiones hizo lugar a un recurso de queja por retardo de justicia articulado por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el Juzgado Federal de Eldorado en el marco de la causa que investiga por lavados de activos al denominado Clan Barakat, un grupo de comerciantes libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de financiar a la organización terrorista Hezbollah, y encomendó agilizar el avance del expediente que lleva nueve años en etapa de instrucción.

La UIF participa en el expediente como querellante particular y entre los lineamientos planteados en el recurso de queja advirtió sobre el pronto vencimiento (4 de julio) del congelamiento de bienes y otras medidas cautelares que pesan sobre los extranjeros puestos bajo la lupa, al tiempo que solicitó informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en dicho documento los recurrentes hicieron mención a “la longevidad en el tiempo con la que se acarrean las presentes actuaciones, correspondiendo ya, tanto por la materia investigada como por aplicación del razonable principio de celeridad, sean tomadas determinaciones en cuanto a las imputaciones y procesamientos, de corresponder los mismos, siendo necesario a tales efectos sean agregadas las constancias que hubieren sido remitidas por las naciones exhortadas”.

Realizado el planteo, los camaristas solicitaron informes al juzgado que dirige el magistrado Miguel Ángel Guerrero y antes las respuestas recibidas realizaron ciertos “señalamientos” en cuanto al avance del expediente que tomó exposición pública a mediados de agosto de 2018, cuando se ordenó una serie de operativos que fueron desplegados en casinos y hoteles de Puerto Iguazú, locales que presuntamente eran utilizados como parte de un mecanismo articulado para el envío de fondos hacia Medio Oriente por parte de los extranjeros apuntados.

“Lo peticionado por la querella en ese tópico resulta por demás oportuno”, fue la primera consideración de los magistrados del tribunal de alzada respecto a las medidas cautelares e inhibición de bienes prontos a vencer.

En un punto siguiente, en tanto, entienden que una de las razones de la problemática traída a análisis encuentra su origen en el “notorio recargo de tareas en el Juzgado Federal de Eldorado”, lo cual “se erige como un argumento válido a los fines de pretender justificar demoras en la que se puede incurrir en el devenir del proceso”.

Esta cuestión, incluso, ya había sido planteada abiertamente por el propio juez Guerrero durante una exposición en el Encuentro Nacional de Justicia Federal, evento realizado en 2022 en Rosario.

“En este momento, tenemos 27.000 causas en la secretaria de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel técnico es de 22 personas”, problematizó el magistrado en aquel entonces.

Y continuó: “Ese juzgado federal multifuero fue diseñado en el año 1985 y habilitado en 1988, donde el curso anual de expedientes en las dos secretarias era de 300 expedientes. Actualmente, sólo en la secretaria penal, ingresan 1.300 expedientes por año”.

“Ese equipo que acabo de mencionar tramita causas de una complejidad que he intentado explicar en numerosos foros, la famosa causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para designar un equipo de especialistas que ayuden a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, reclamó vez ante un auditorio repleto de autoridades judiciales y gubernamentales.

Con ambos planteos sobre la balanza, la Cámara Federal entendió que de igual manera el reclamo de la UIF es valedero y con el objetivo de “garantizar el acceso a la justicia” hizo lugar al recurso, encomendando al juzgado que instruye la causa a “dar curso a lo solicitado” con “la premura el caso amerita”.

Assad Ahmad Barakat, uno de los señalados líderes del clan fue detenido en Foz de Iguazú en 2018.

Clan Barakat

La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.

De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.

Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.

En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias. 

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

La Triple Frontera era el epicentro de acciones del grupo sindicado por financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente.

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Un policía será juzgado por la muerte de Luciano Villalba en un operativo

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El Juzgado de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, a cargo de la magistrada Selva Raquel Zuetta, dispuso la elevación a juicio del expediente que investiga a cuatro agentes policiales que en 2019 participaron de un procedimiento en el barrio La Cantera de Apóstoles que culminó un muerto y un herido. 

El uniformado más comprometido es Alan Daniel Chupiak, quien está imputado por el delito de “homicidio agravado por el uso de arma y por el carácter de funcionario público”, en perjuicio de un joven identificado como Luciano Villalba (18). Esta acusación prevé una pena de prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.

Los demás involucrados son Milton Bernabé Escobar, Gerardo Germán Escobar y Daniel Elías Pereyra, quienes están acusados por “abuso de autoridad y lesiones agravadas” cometidas contra Ramón “Chueco” Piris, hermano del fallecido. 

Al momento del hecho, todos ellos cumplían funciones en diferentes seccionales dependientes de la Unidad Regional VII y hasta junio figuraban como agentes activos, según la planilla de uniformados que el Tribunal Electoral tachó del padrón para las elecciones provinciales, medida que después fue revertida.

Tras el dictamen emitido por la magistrada Zuetta, el expediente fue remitido al Tribunal Penal Uno de Posadas, cuyas autoridades ahora deberán programar una fecha acorde a su calendario para la realización del debate oral donde se juzgará la responsabilidad de cada uno de los involucrados en los hechos investigados. 

El procedimiento que resultó con un muerto y un fallecido ocurrió el 5 de diciembre de 2019 en el barrio La Cantera de Apóstoles.

Operativo y muerte

El hecho que se ventilará en juicio ocurrió el 5 de diciembre de 2019, año que tuvo otros dos casos de violencia institucional: el asesinato de Víctor Márquez Dos Santos (17) en Santa Ana; y la persecución y muerte de Reinaldo Andrade (37) en El Soberbio, causa que ya fue a juicio y culminó con un policía condenado a prisión perpetua.

Aquel 5 de diciembre a la madrugada una serie de patrulleros acudieron al barrio La Cantera de Apóstoles a raíz de un presunto hurto de motocicleta y el objetivo era detener a Chueco Piris, pero los familiares del implicado intentaron entorpecer el procedimiento.

En ese contexto, se produjeron corridas, forcejeos, pedradas y disparos. Uno de esos proyectiles calibre 9 milímetros alcanzó a Luciano Villalba, hermano de Piris. El balazo le perforó un pulmón y le desagarró el corazón, provocándole la muerte en el acto.

Después de ello, el magistrado Miguel Ángel Faría, titular del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, dispuso la detención de los cuatro uniformados que participaron del operativo y el secuestro de las armas reglamentarias de cada uno de ellos para los correspondientes estudios balísticos. 

A la espera de esos resultados y en medio de movilizaciones a favor de los policías en Apóstoles, los cuatro involucrados recuperaron la libertad.

En el transcurso de la causa, finalmente el juez Faría se apartó del caso y el expediente quedó en manos del Juzgado de Instrucción Cinco de Alem, donde se culminó la etapa investigativa.

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Grooming en Garupá: uno de los policías se defendió y pidió la excarcelación

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El sargento Mario Enrique M. (43), uno de los dos policías detenidos en la causa que investiga delitos de grooming en perjuicio de una niña de 12 años que se encontraba cautiva en una fábrica abandonada de Garupá, aceptó declarar ante la Justicia este sábado y se dijo absolutamente inocente, desligándose de los hechos y negando conocer a los demás involucrados.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, al momento de comparecer ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Uno por subrogancia legal, el uniformado tomó la decisión de declarar y brindó su versión de los hechos, descartando su participación en el hecho investigado.

Las fuentes de este medio señalaron que en el desarrollo de su declaración el sargento afirmó que el domingo 12 de octubre, día en que se reporta la desaparición de las niñas del hogar Papa Francisco y en que presuntamente son trasladadas al galpón de Garupá, él estuvo todo el día en su casa junto a su familia dado que estaba de franco.

Agregó que al día siguiente se presentó a trabajar normalmente en la oficina del 911 en el microcentro posadeño y más tarde cumplió adicional en la planta de una reconocida empresa de lácteos en Garupá, de donde afirmó no moverse en ningún momento. Solicitó que se revisen cámaras de seguridad para que se coteje su relato.

Al día siguiente, ya martes, día en que se produjo el rescate de la niña, el uniformado llevó su auto al taller y llegó un poco más tarde a su trabajo con autorización de la Jefatura. Poco después terminó siendo detenido y en esa condición continúa, aunque su defensa legal, encabezada por el letrado Nicolás Emanuel Zayas, solicitó la excarcelación, lo cual podría resolverse en los próximos días.

Más implicados

En paralelo, la investigación continuará su curso. Este sábado también comparecieron ante el juez Monte los otros cuatro implicados que fueron detenidos el martes pasado. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63) y Matías C. (19).

Los tres primeros fueron capturados en el interior de la fábrica abandonada de la ex firma Envasadora Misionera, donde también fue encontrada y rescatada la niña de 12 años que estaba desaparecida desde el domingo. El restante implicado trabaja en una gomería de la zona y se cree que él tuvo alojada en ese lugar a la otra menor que logró escapar para llegar a la comisaría Quinta pidiendo auxilio.

La causa tiene un sexto implicado. Se trata de Cristian Rolando M. (38), otro agente de la Policía de Misiones que está sospechado de cometer hechos de abuso contra la misma niña.

El sargento fue detenido el viernes a la madrugada, cuando se entregó en el antiguo edificio de la seccional Quinta de Garupá. Su indagatoria fue programada para el lunes.

Todas las capturas se dieron gracias a un trabajo articulado entre la propia fuerza provincial y la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), con coordinación conjunta entre el procurador general Carlos Giménez, el juez Juan Manuel Monte, el fiscal de Ciberdelitos Juan Pablo Espeche y el subjefe de la Saic Juan Pablo Vedoya Recio.

Detienen a otro policía en investigación por caso de grooming en Garupá

 

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Indagan este viernes a los cinco detenidos por la niña cautiva en Garupá

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Los cinco hombres, entre ellos un suboficial de la Policía, que el martes a la mañana fueron detenidos en el marco de una investigación que comenzó por grooming y que derivó en el rescate de una niña de 12 años cautiva en el galpón de una fábrica abandonada de Garupá, comparecerán ante la Justicia este viernes.

Las audiencias de declaración indagatoria se desarrollarán en el Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, donde deberán comparecer ante el magistrado Juan Manuel Monte, actualmente titular de esa dependencia por subrogancia legal.

Hasta allí serán trasladados uno a uno los cinco sospechosos detenidos. Ellos son Pedro G. (37), Eugenio A. (63), Samuel N. (63), Matías C. (19) y Mario M. (43), quienes en principio afrontan acusaciones por grooming, aunque no se descarta que la imputación sume  delitos mayores, dependiendo de lo que resulte de los estudios y pericias encomendadas a realizar.

Ante el juez Monte, todos tendrán la posibilidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y sin que ese silencio signifique presunción de culpabilidad.

Los primeros tres sujetos mencionados fueron arrestados en la fábrica abandonada donde también fue encontrada y rescatada la niña de 12 años que estaba desaparecida desde el domingo anterior, tras ausentarse del hogar Papa Francisco en compañía de otra niña de 13 que había logrado escapar de una gomería cercana para llegar hasta la comisaría Quinta en busca de ayuda.

Todo ocurrió en el predio de la ex firma Envasadora Misionera, ubicada en el barrio Ñu Porá de Garupá, donde los investigadores llegaron a partir de los datos aportados por la primera niña auxiliada y tareas de geolocalización. 

Así estaba acondicionado el interior del galpón donde fue encontrada la niña desaparecida.

El operativo se activó de inmediato, a tal punto que los primeros investigadores en llegar al predio se arriesgaron a ingresar sin esperar el apoyo de personal táctico para evitar que los sospechosos se fugaran.

Según describieron voceros del procedimiento, al llegar se encontraron con un portón cerrado con cadena y candado, y desde adentro la primera reacción fue entorpecer la acción policial, ante lo cual los presentes decidieron irrumpir.

Allí dieron con los tres primeros arrestados y en el lugar también encontraron a la niña desaparecida. La menor estaba semidormida -se investiga si era producto de algún somnífero o estupefaciente- sobre una cama, tapada con una manta y en compañía de uno de los implicados.

Pero el operativo no acabó ahí. Otro grupo se dirigió hacia la gomería de donde escapó la primera niña. Allí arrestaron al sospechoso de 19 años y en simultáneo otra comitiva arribó a la oficina del 911, en pleno microcentro posadeño, donde esposaron al suboficial de 43 años involucrado. En principio, se especula con que el uniformado obtuvo o buscaba fines sexuales con la menor cautiva.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones indicaron que la trama comenzó días antes, cuando una tercera adolescente del mismo hogar fue contactada a través de Instagram por un adulto que se hizo pasar por menor de edad y la convenció de escaparse para ir a dormir a otro lugar.

Así el estaba el resto del predio donde anteriormente funcionó la ex Envasadora Misionera.

La invitación se extendió hacia las otras dos menores, quienes finalmente lograron fugarse del hogar a pesar de la custodia y de esa forma cayeron en la trampa que, se presume, tenía fines de abuso y explotación sexual en ese predio abandonado y sórdido descubierto el martes a la mañana.

Los investigadores ahora aguardan por el resultado de varios estudios. En principio determinar si existen signos de abuso en las niñas y lo que pueda aparecer mediante el peritaje de aparatos telefónicos y el análisis de cuentas en redes sociales que fueron preservadas ante la volatilidad de la prueba digital. 

El operativo general fue coordinado de manera conjunta por el procurador general Carlos Giménez, el magistrado Juan Manuel Monte y el fiscal de Ciberdelitos Juan Pablo Espeche, quienes presenciaron y supervisaron las labores de rescate.

En el procedimiento participaron agentes de la comisaría Quinta, de la División Investigaciones de la Unidad Regional X y personal especializado de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic), bajo directivas del subjefe Juan Pablo Vedoya Recio, que también estuvo en el lugar.

El juez Monte, el fiscal Espeche y el subjefe de Saic Vedoya Recio, supervisaron las labores.

 

Hay otros dos detenidos por el caso de la niña rescatada en Garupá

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