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Dan lugar a reclamo de la UIF para agilizar expediente contra el Clan Barakat

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La Cámara Federal de Apelaciones de Misiones hizo lugar a un recurso de queja por retardo de justicia articulado por la Unidad de Información Financiera (UIF) contra el Juzgado Federal de Eldorado en el marco de la causa que investiga por lavados de activos al denominado Clan Barakat, un grupo de comerciantes libaneses radicados en Ciudad del Este sospechados de financiar a la organización terrorista Hezbollah, y encomendó agilizar el avance del expediente que lleva nueve años en etapa de instrucción.

La UIF participa en el expediente como querellante particular y entre los lineamientos planteados en el recurso de queja advirtió sobre el pronto vencimiento (4 de julio) del congelamiento de bienes y otras medidas cautelares que pesan sobre los extranjeros puestos bajo la lupa, al tiempo que solicitó informes respecto al estado de situación de los exhortos internacionales tendientes a notificar de estas acciones a otros países donde los implicados pueden o pudieran haber estado.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, en dicho documento los recurrentes hicieron mención a “la longevidad en el tiempo con la que se acarrean las presentes actuaciones, correspondiendo ya, tanto por la materia investigada como por aplicación del razonable principio de celeridad, sean tomadas determinaciones en cuanto a las imputaciones y procesamientos, de corresponder los mismos, siendo necesario a tales efectos sean agregadas las constancias que hubieren sido remitidas por las naciones exhortadas”.

Realizado el planteo, los camaristas solicitaron informes al juzgado que dirige el magistrado Miguel Ángel Guerrero y antes las respuestas recibidas realizaron ciertos “señalamientos” en cuanto al avance del expediente que tomó exposición pública a mediados de agosto de 2018, cuando se ordenó una serie de operativos que fueron desplegados en casinos y hoteles de Puerto Iguazú, locales que presuntamente eran utilizados como parte de un mecanismo articulado para el envío de fondos hacia Medio Oriente por parte de los extranjeros apuntados.

“Lo peticionado por la querella en ese tópico resulta por demás oportuno”, fue la primera consideración de los magistrados del tribunal de alzada respecto a las medidas cautelares e inhibición de bienes prontos a vencer.

En un punto siguiente, en tanto, entienden que una de las razones de la problemática traída a análisis encuentra su origen en el “notorio recargo de tareas en el Juzgado Federal de Eldorado”, lo cual “se erige como un argumento válido a los fines de pretender justificar demoras en la que se puede incurrir en el devenir del proceso”.

Esta cuestión, incluso, ya había sido planteada abiertamente por el propio juez Guerrero durante una exposición en el Encuentro Nacional de Justicia Federal, evento realizado en 2022 en Rosario.

“En este momento, tenemos 27.000 causas en la secretaria de ejecuciones fiscales, 13.000 causas en la secretaria penal y 10.000 causas en la secretaria civil. El plantel técnico es de 22 personas”, problematizó el magistrado en aquel entonces.

Y continuó: “Ese juzgado federal multifuero fue diseñado en el año 1985 y habilitado en 1988, donde el curso anual de expedientes en las dos secretarias era de 300 expedientes. Actualmente, sólo en la secretaria penal, ingresan 1.300 expedientes por año”.

“Ese equipo que acabo de mencionar tramita causas de una complejidad que he intentado explicar en numerosos foros, la famosa causa del Clan Barakat, sobre financiamiento del terrorismo, lavado de activos con financiamiento del terrorismo en una casa de juegos de azar en la Triple Frontera. Esa causa jamás mereció la atención del Poder Judicial como para designar un equipo de especialistas que ayuden a los generalistas que somos todos los integrantes de un juzgado multifuero”, reclamó vez ante un auditorio repleto de autoridades judiciales y gubernamentales.

Con ambos planteos sobre la balanza, la Cámara Federal entendió que de igual manera el reclamo de la UIF es valedero y con el objetivo de “garantizar el acceso a la justicia” hizo lugar al recurso, encomendando al juzgado que instruye la causa a “dar curso a lo solicitado” con “la premura el caso amerita”.

Assad Ahmad Barakat, uno de los señalados líderes del clan fue detenido en Foz de Iguazú en 2018.

Clan Barakat

La investigación contra el denominado Clan Barakat es la única causa abierta en Argentina que investiga delitos vinculados al financiamiento del terrorismo y concita atención internacional, principalmente de Estados Unidos, hacia a donde ya fueron extraditados -desde Paraguay- algunos de sus miembros. En el expediente instruido por el juez Guerrero, en contrapartida, aún no hay sospechosos indagados ni imputados.

De acuerdo a las investigaciones trazadas, el clan se trata de un grupo conformado por comerciantes libaneses de Ciudad del Este que ingresaban a Puerto Iguazú asiduamente para lavar dinero mediante artilugios en casinos y luego girar divisas hacia Medio Oriente para la financiación de grupos terroristas, entre ellos, Hezbollah.

Fue ante el descubrimiento de ese ardid que, en agosto de 2018, el juez Guerrero autorizó una serie de allanamientos en hoteles y casinos de Iguazú donde presuntamente los integrantes del clan realizaban sus maniobras delictivas.

En ese momento, las fuentes detallaron que los allanamientos tuvieron directa relación con la medida de congelamiento de bienes dictado un mes antes por la UIF contra un grupo de libaneses sospechados.

Lo que se sospecha, en base a los elementos incorporados en la investigación y a los aportes realizados por distintos organismos del Estado y la Agencia Federal de Información (AFI), es que los involucrados aparentemente cruzaban asiduamente a la Argentina y lavaban dinero de casinos de la Ciudad de las Cataratas, donde simulaban mesas de juego y obtenían millonarias ganancias. 

Luego, a través de distintos mecanismos y sistemas, ese dinero era girado hacia Medio Oriente. Toda esta compleja trama es la que desde hace un tiempo se busca desentrañar.

Los datos obtenidos en aquel entonces indicaban que en los movimientos migratorios se detectaron ingresos al país de al menos 14 presuntos integrantes de la organización investigada y algunos de ellos llegaron a retirar premios de los casinos que llegaban hasta los 10 millones de dólares.

Según estimaciones, el clan podía llegar a mover hasta 43 mil millones de dólares al año. Es porque eso que su sindicado líder Assad Ahmad Barakat -detenido en septiembre de 2018 en Foz de Iguazú- era considerado como un agente clave del grupo terrorista Hezbollah y el mayor operador financiero de la organización extremista en América Latina.

La Triple Frontera era el epicentro de acciones del grupo sindicado por financiar organizaciones terroristas de Medio Oriente.

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Rechazan anular causa contra contador imputado desde 2013 por delitos fiscales

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contador obereño

El contador Rubén Eduardo Kuhlmann, procesado hace más de diez años en una causa por asociación ilícita fiscal que tiene otros once involucrados, solicitó que la acción penal en su contra sea anulada por aplicación de la Ley 27.743, más conocida como “Paquete Fiscal”, que prevé el blanqueo de capitales y moratoria para deudas de contribuyentes, aunque el planteo fue denegado en dos instancias y por lo tanto el caso continúa abierto.

El planteo efectuado por Khulmann, a través de su abogado defensor, que también representa a otros tres imputados en la misma causa, fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones, que en un fallo firmado este jueves ratificó una resolución en idéntico sentido alcanzada por el Juzgado Federal de Posadas, dependencia judicial que lleva la instrucción del expediente.

En su presentación, los recurrentes argumentaron que la Ley 27.743, sancionada en junio de 2024, establece “la extinción de todas las acciones penales derivadas de ‘delitos tributarios’ sin distinguir entre ellos” e hicieron especial hincapié en el decreto reglamentario 608/2024, que incluyó de manera específica a la asociación ilícita fiscal entre los delitos alcanzados por la normativa, medida que no había ocurrido en legislaciones antecesoras sobre la misma cuestión.

Sin embargo, los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú, no compartieron los argumentos esgrimidos y en contrapartida avalaron el rechazo al recurso, al considerar que “el ilícito investigado al ser un delito de peligro abstracto no generó obligaciones tributarias o impositivas susceptibles de regularización a través del procedimiento previsto en la ley”.

Rubén Kuhlmann, en 2013, cuando nombre y su rostro ocupó la portada los diarios durante varias semanas.

Y en otro párrafo del documento alegan que “más allá de la improcedencia de acceder a la extinción de la acción penal respecto del delito enrostrado a los incidentistas, tampoco se acompañó constancia alguna que acredite el pago de tributo en los términos exigidos por la normativa aplicable, lo que no hace sino evidenciar la inexistencia de obligaciones tributarias generadas por el tipo penal en cuestión”.

Conocida esta resolución, ahora la defensa cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar un nuevo recurso de casación o, en caso contrario, el expediente regresará al Juzgado Federal de Posadas para que la instrucción avance hasta la elevación a juicio del caso.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la causa ya había sido elevada al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, aunque regresó a instrucción para subsanar falencias y deficiencias observadas.

La causa tiene un total de doce imputados, aunque Khulmann fue el hombre de mayor relevancia cuando estalló el caso a comienzos de 2013 y su nombre supo ser tapa de diario en la provincia durante varios meses.

Tanto él como los demás involucrados fueron procesados por la Justicia Federal a mediados de 2024, al considerar que formaban parte de una organización dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de presta nombres y documentación apócrifa, entre otras tretas.

En el marco de la investigación hubo una veintena de allanamientos y como querellantes particulares en la causa se constituyeron tanto Afip -ahora Arca- y la Dirección General Impositiva (DGI).

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Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad

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Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.

La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.

De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.

La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.

La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.

crimen del penitenciario

Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.

Crimen y sospechas

El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.

El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.

Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.

 

Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana

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Crimen del penitenciario: su hermana designó abogado y declara el miércoles

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crimen del penitenciario

El miércoles fue el día establecido por la Justicia para citar en audiencia de declaración indagatoria a Lidia Rosa Argüello (54), detenida desde el último viernes como sospechosa del crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), herido de un disparo en la cabeza en su casa y fallecido una semana después en el hospital Madariaga.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer fue trasladada este lunes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y designó a un abogado defensor, mientras que la indagatoria ante el juez Miguel Mattos fue postergada al miércoles.

En esa instancia, la sospechosa podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. También será notificada del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y sería imputada.

Cabe mencionar que la causa tiene una segunda persona detenida, que se trata, ni más ni menos, que de la pareja de la víctima, quien fue aprehendida como presunta encubridora del crimen.

El caso

Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.

Crimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento

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