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Confirman pena a Ninja, ex PNA misionero de mega carga narco y robo de avioneta

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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal de Corrientes confirmó la pena de 15 años de prisión para Ninja Ramírez, el ex prefecturiano misionero que en 2019 fue detenido con una carga de nueve toneladas de marihuana en Ituzaingó y que dos años antes participó en Victoria (Entre Ríos) del robo de una avioneta que iba a ser utilizada para el tráfico de estupefacientes en Paraguay.

Valentín Ramírez (52), más conocido como Ninja, ex miembro del área Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y exonerado de la fuerza en 2002, fue detenido el 8 de febrero de 2019, mientras llegaba a una finca de Ituzaingó donde se guardaban 9.082 kilogramos de marihuana que estaban a punto de ser cargados a una camión para ser transportados a las grandes urbes del país.

Junto a él cayó un cómplice paraguayo, identificado como Ramón Gaspar Alderete Núñez, y por ese hecho ambos fueron condenados a penas de 15 y 10 años de prisión, respectivamente, al ser declarados coautores del delito de “almacenamiento de estupefacientes”.

La sentencia, impartida por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes el 28 de septiembre de 2021, fue apelada por la defensa de ambos implicados, por lo cual debió ser analizada por un órgano de revisión.

Ese órgano judicial superior fue la Cámara Federal de Casación Penal y la revisión de la sentencia quedó en manos de la Sala I, integrada por los magistrados Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone y Ana María Figueroa, quienes la semana pasada resolvieron rechazar los planteos defensivos y dejar firme la condena para Ninja y su cómplice extranjero, según consignó el Ministerio Público Fiscal de la Nación en su portal oficial.

De esta manera, el ex uniformado posadeño deberá continuar tras las rejas durante un largo período y, muy posiblemente, sin muchos beneficios durante su tratamiento penitenciario, dado que en el mismo fallo fue declarado reincidente por primera vez.

El robo de un Cessna

Es que Ninja guarda otro hito en su prontuario narcocriminal. El antecedente data del 21 de febrero de 2017, cuando fue parte de un golpe comando para robar una avioneta en Entre Ríos.

Según lo que se pudo reconstruir, ese día un grupo de hombres arribó al aeroclub de la ciudad de Victoria y simuló interés en alquilar una avioneta para realizar un salto en paracaídas en el marco de una supuesta despedida de solteros.

Sin embargo, al cabo de unos minutos, los falsos clientes exhibieron su verdadero plan: extrajeron armas de fuegos, amenazaron al piloto de un Cessna 182, redujeron a otros trabajadores del lugar y se robaron la aeronave.

El plan criminal consistía en trasladar la nave hasta Paraguay, donde iba a ser utilizada para el transporte de estupefacientes, pero algo falló y el grupo terminó estrellándose en una inhóspita coordenada dentro de la inmensidad de los Esteros del Iberá, en Corrientes.

La avioneta robada en Victoria se estrelló en una zona inhóspita dentro de la inmensidad de los Esteros del Iberá, en Corrientes.

El siniestro pasó totalmente desapercibido, a tal punto que nadie se enteró de lo sucedido y los delincuentes quedaron perdidos en medio de la nada. Se estima que caminaron durante casi una semana sin alimentos y sorteando ataques de animales, principalmente de serpientes y yacarés.

La avioneta recién fue encontrada el 31 de marzo y para ese entonces obviamente ya no había vestigio de los delincuentes, aunque los investigadores entrerrianos supieron atacar cabos para identificar a los integrantes de la banda, entre los cuales estaban Ninja Ramírez y otro misionero, Héctor De Lima.

La pesquisa reconstruyó que en total fueron los siete los participantes del robo de la avioneta y uno a uno fueron cayendo, aunque dos fallecieron durante en proceso en circunstancias violentas.

Ramírez permaneció mucho tiempo con prófugo y su captura recién se dio durante el procedimiento de las nueve toneladas de marihuana en Ituzaingó.

Por el robo de la avioneta el ex uniformado misionero recibió cinco años de prisión. Su cómplice y coterráneo, De Lima, siete.

Los otros condenados fueron el rosarino Mario Crocco (seis años de prisión) y el argentino-paraguayo Darío Concepción Roas (cuatro años y tres meses), que fue detenido durmiendo en una casa de Posadas mientras un cómplice cruzaba el puente internacional con seis kilogramos de cocaína en su camioneta.

El resto de la banda era integrado por el piloto paraguayo Daniel Sánchez Bareiro, que permanece prófugo; el instructor en paracaidismo rosarino Gabriel “Rana” Quiroz, que apareció muerto en 2017 y Bernardino González, asesinado por un sicario en Encarnación, Paraguay, en 2018.

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Muerte del soldado: motociclista que lo chocó haciendo willy continuará preso

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soldado willy

La Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por el joven de 18 años que el domingo pasado provocó la muerte de un soldado al chocarlo mientras hacía willy con su motocicleta por la costanera de Posadas.

La medida fue firmada por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, que en su resolución planteó el estado incipiente de la investigación y consideró que la liberación del implicado representaría riesgo de fuga o entorpecimiento de la causa.

De esta manera, el muchacho identificado como Juan Gabriel D. N. (18) continuará detenido mientras la Justicia avanza con el expediente que lo tiene imputado por homicidio culposo en perjuicio del soldado Rodrigo Adán Barrientos (27).

Rodrigo Adán Barrientos tenía 27 años.

El trágico episodio ocurrió el domingo pasado, alrededor de las 5.30 de la madrugada, luego de los festejos por la victoria de Argentina ante Suiza por los cuartos de final del mundial.

El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad que captaron el momento justo en que un motociclista perdió el control de su rodado durante una maniobra de willy y embistió a Barrientos, que cruzaba la costanera a pie junto a un compañero.

Como consecuencia del impacto, el soldado cayó de espaldas contra el asfalto y su muerte se produjo prácticamente en el acto. El motociclista, en tanto, fue abordado por testigos y abandonó el lugar dejando su moto Gilera Smash en el lugar.

El implicado fue arrestado horas después, luego de que los investigadores de la Policía lograran individualizarlo y ubicarlo en el barrio Madariaga de Posadas.

Desde ese momento permanece detenido a disposición de la Justicia y ahora la familia de la víctima, representada por el abogado Federico Esquivel como querellante, solicitan agravar la acusación a homicidio simple con dolo eventual.

Motociclista que chocó y mató a un soldado hacía willy en la Costanera

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Ordenaron un examen psiquiátrico para la madre del niño asesinado en Santa Ana

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correntino

El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, suspendió la indagatoria a la mujer sospechada de asesinar a su hijo Ilán Mareco Vázquez (8) y ordenó que la detenida sea sometida a una junta médica-psiquiátrica para evaluar si se encuentra en condiciones de afrontar la audiencia.

El procedimiento judicial estaba programado para esta mañana, pero finalmente solo se limitó al cumplimiento de la designación de un abogado defensor oficial para María M. (30) que, a la espera de los resultados de su estudio, continuará detenida en una dependencia policial.

La suspensión de la indagatoria fue resulta por el propio magistrado, quien consideró oportuno la realización de una junta médica-psiquiátrica para determinar si la implicada se encuentra en condiciones de afrontar la citación y para garantizar que, en caso de lo que hiciera, esté en uso de sus facultades mentales plenas.

De esta manera, la Justicia ahora programará una fecha para la realización del estudio y recién cuando se conozcan los resultados de ese examen avanzará con la indagatoria, instancia en la que la mujer tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien guardar silencio.

La mujer está detenida desde el martes, aunque previo a ello estuvo 24 horas internada con custodia policial por las lesiones autoinfligidas que presentaba cuando la socorrieron de su casa, donde fue hallada junto al cuerpo sin vida de su hijo Ilán.

El crimen de Ilán se descubrió el lunes, cerca de las 10, cuando un llamado al 911 alertó sobre un episodio de extrema violencia en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana.

Al llegar, los uniformados se encontraron con dos niñas adolescentes que narraron haberse topado con la escena luego de despertarse.

La escena era la siguiente: el niño Ilan Mareco Vázquez, de 8 años, sin vida sobre su cama, y su madre al lado, semi inconsciente, con lesiones cortantes en el cuello de características auto infligidas.

La autopsia practicada posteriormente confirmó que el niño falleció como consecuencia de una lesión corto-punzante en el cuello. En la escena los investigadores incautaron un cuchillo que será sometido a pericias. También encontraron una carta presuntamente escrita por su madre, ahora detenida.

Autopsia confirmó un corte en el cuello de Ilán, el niño asesinado en Santa Ana

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Piden 22 años de cárcel para misionero acusado de liderar red de trata de menores

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Angelotti Notarbartolo

La fiscalía pidió 22 años de prisión para el misionero Francisco Rolando Angelotti Notarbartolo, acusado de liderar una organización que se dedicó a captar menores de edad en la tierra colorada para explotación sexual en Buenos Aires, y 11 años de cárcel para Leandro Aguiar, otro coterráneo.

Los alegatos fueron formulados por el fiscal general Juan García Elorrio ante el Tribunal Oral Federal Tres de Buenos Aires, en una audiencia que también tuvo como dato sobresaliente el pedido de absolución para el ex ganador de Gran Hermano y productor televisivo Marcelo Corazza. En su caso, el representante del Ministerio Público entendió que el único hecho de abuso sexual que se le atribuye ocurrió en 2001 y prescribió, además de sostener que no existen pruebas para responsabilizarlo por el delito de asociación ilícita.

Además de las penas requeridas para los dos misioneros, la fiscalía pidió 10 años de prisión para Fernando Charpenet y Raúl Mermet, a quienes consideró partícipes necesarios de los delitos investigados. La querella, en tanto, mantuvo la acusación contra los cinco imputados, incluido Corazza, según amplió el medio porteño Infobae.

El juicio comenzó a mediados del año pasado y se desarrolla a puertas cerradas para proteger la integridad de los denunciantes y las víctimas.

Acusación

Según la investigación, la organización funcionó entre 1999 y marzo de 2023 y se dedicó a reclutar niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, principalmente en Misiones, para trasladarlos a la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con fines de explotación sexual.

Para la fiscalía, Angelotti Notarbartolo era quien lideraba la estructura y se encargaba de captar y manipular a las víctimas, además de coordinar los encuentros con los demás integrantes de la organización.

Aguiar, también oriundo de Misiones, habría ingresado a la red en 2018. De acuerdo con la acusación, junto a Charpenet, Mermet y Corazza solicitaba encuentros con las víctimas para luego abusar de ellas y explotarlas sexualmente.

La causa incluye denuncias por abuso sexual, trata de personas con fines de explotación sexual, promoción de la prostitución, corrupción de menores y tenencia de material de abuso sexual infantil. Entre las pruebas mencionadas durante el debate figuran promesas de viajes, regalos y dinero para captar a las víctimas, que tenían entre 11 y 16 años al momento de los hechos denunciados.

Inicio

El expediente se inició en octubre de 2022, luego de la denuncia de una víctima ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex). A partir de esa presentación, la investigación derivó en la detención de los cinco acusados en marzo de 2023 y posteriormente en la elevación de la causa a juicio oral.

Tras los alegatos de la fiscalía y de las querellas, restan las exposiciones de las defensas antes de que el tribunal fije la fecha del veredicto. Además de las condenas, el Ministerio Público solicitó que, en caso de sentencia condenatoria, los acusados afronten de manera solidaria una reparación económica para las víctimas.

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