Judiciales
Condenan a cuatro misioneros que manejaban red de trata en Paso de los Libres
La banda misionera, cuya cabeza era Rosana Estela Rodríguez (38), acusada de administrar una red de trata de personas que operaba en la localidad correntina de Paso de los Libres desde 2010 hasta 2016 fue condenada a penas de entre 8 y 4 años de prisión.
La sentencia fue dictada anoche, en el marco de la última audiencia del debate oral que se realizaba desde el 10 de mayo en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes capital.
De manera detallada, el fallo dispuso una condena de 8 años de prisión para Rodríguez al ser considerada “coautora” del delito de “explotación sexual de víctimas de trata”, mientras que el empresario correntino Ricardo Aguirre recibió una pena de 6 años como “partícipe necesario”.
Por su parte, los otros misioneros que integraban la organización, identificados como Juan Ramón Carpe, Silvio Antonio Dos Santos y Claudia María Dos Santos, fueron sentenciados por el mismo delito a penas de entre 5 y 4 años de cárcel, con diferenciación en sus grados de participación en el ardid.
Además, el tribunal integrado por los jueces Víctor Antonio Alonso, Fermín Amado Ceroleni y Manuel Alberto Jesús Moreira (del TOF de Posadas pero interviniente en este juicio por subrogación legal) ordenó que los cinco condenados se hagan cargo de una reparación económica de 50 millones de pesos para dos de las víctimas.
En la causa había más de una quince de imputados, incluidos ex gendarmes y funcionarios judiciales acusados de prestar un marco de impunidad para el accionar de la organización.
Algunos de esos otros imputados eran el comandante principal retirado de GNA José María Viero, los empresarios María Clelia Espada y su hijo Ricardo Gustavo Aguirre, y el abogado Dionisio Velasco, quienes fueron absueltos por el TOF.
Otro de los procesados en esta causa fue el ex fiscal federal Benito Pont, aunque fue separado del debate por deterioro cognitivo.
Los fundamentos de la sentencia serán comunicados el próximo 20 de octubre, según señalaron al culminar el debate oral.
Los fiscales intervinientes en el proceso fueron Carlos Schaefer, Tamara Pourcel, Soledad Branchi y Victoria Sassola, de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), mientras que la querellante fue la defensora oficial Rosana Marini.
En su alegato, expuesto a fines de agosto, el fiscal Schaefer había pedido una pena de 12 años de prisión para la misionera Rodríguez y entre 8 y 4 para el resto de los integrantes de la organización.
Según la información relevada por La Voz de Misiones, Rodríguez también es conocida como “Yani”, es oriunda de Jardín América y no es la primera vez que enfrenta la Justicia ya que en 2013 recibió una pena de seis años de prisión en una causa por lavado de dinero proveniente del narcotráfico en el que también fue condenado su concubino Pedro Norberto Sánchez, ex comandante de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), quien llegó a construir una escuela privada Crisol Universal en Candelaria para blanquear sus ganancias.
La causa: 36 víctimas y marco de impunidad
De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, la causa comenzó a investigarse a fines de 2015 tras una denuncia anónima recibida en la Línea 145 de Protex.
Los elementos recolectados posteriormente dieron cuenta que en la localidad de correntina de Paso de los Libres funcionaban tres locales nocturnos donde se explotaba sexualmente a mujeres de diversas edades y ciudades de procedencia.
Esos locales eran “Roxi” o “Puro Movimiento”, “Balizas” y “Kilómetro de Oro”, los cuales finalmente fueron allanados durante operativos de la GNA ejecutados a comienzos de 2016.
Durante la pesquisa, se advirtió, además, que los locales Puro Movimiento y Momentos, ya habían sido decomisados en 2013 en el marco del juicio por lavado de activos de origen delictivo que tuvo como imputada a la misionera Rodríguez.
La investigación global determinó, entonces, que la organización que administraba los tres locales funcionó al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero de 2016, período en el cual se identificaron al menos 36 mujeres en estado de vulnerabilidad que fueron víctimas de explotación sexual, entre ellas 4 misioneras.
De acuerdo con la acusación, estos prostíbulos fueron comandados por distintos grupos criminales y uno de ellos estaba liderada por Rodríguez -entre otros imputados- e integrada por Carpe, Claudia y Silvio Dos Santos, además de otros involucrados.
A la investigación inicial impulsada por la PROTEX se acumuló luego una de las causas en la que intervenía el ex fiscal federal Benito Antonio Pont, aunque luego se determinó que el funcionario judicial era parte de la organización, desviando la pesquisa y garantizando la impunidad de la banda, al igual que su cuñado, el ex comandante de GNA José María Viero.
Los dos fueron imputados en la causa y para el ex gendarme el fiscal Schefer pidió una pena de 12 años de prisión, mientras que el ex fiscal fue apartado transitoriamente del debate oral por razones de salud.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.
El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
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