Judiciales
Condenado a 30 años por abusos en un hogar de niños afrontará otro juicio
Omar Raúl Mudry (67), el ex titular del hogar de niños Tabita de Montecarlo, condenado a 30 años de prisión por abusos cometidos varios menores que tenía a su cargo, volverá a sentarse en el banquillo de los acusados para ser juzgado por más hechos similares cometidos contra otras víctimas.
El debate oral se llevará ante el Tribunal Penal Uno de Eldorado, presidido por el magistrado Ángel Atilio León, y las audiencias se desarrollarán los días 4, 5 y 6 de diciembre, según confirmaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
El acusado está imputado por el delito de “promoción a la corrupción de menores agravado por la edad de las víctimas (menores de 13 años), por los modos comisivos (violencia, amenazas y abuso de autoridad) y por la calidad del autor (encargado de su educación o guarda)”.
Puntualmente, en esta causa Mudry está acusado de abusar de dos hermanos (una niña y un niño, de entre 6 y 4 años), a quienes obligaba a practicar actos sexuales entre ellos y a presenciar mientras él violaba a otra adolescente que residía en el hogar Tabita, además de golpearlos con zapatos u otros objetos si se negaban a cumplir lo pedido.
Según la reconstrucción realizada en la etapa de instrucción, estas víctimas ingresaron al lugar en 2001 y residieron allí durante un lapso de 18 meses hasta que fueron retirados cuando su familia obtuvo casa propia, aunque los hechos fueron denunciados en 2008, tras destaparse el escándalo que derivó en el primer juicio contra Mudry.
El accionar del acusado quedó en evidencia gracias a una trabajadora social que realizó un relevamiento sobre el funcionamiento del hogar Tabita, que se ubicaba en el acceso a Montecarlo y que en su momento alcanzó a resguardar a 50 niños en situaciones de vulnerabilidad y judicializados.
Cuando la profesional inició su trabajo, en la residencia sólo quedaban cinco menores, pero ella ubicó a todos los niños y niñas que pasaron por el lugar para entrevistarse con ellos.
Fue así que saltó la primera denuncia por parte de una adolescente de 13 años, quien a su vez indicó que habían más víctimas y ello dio inicio a una causa con múltiples damnificados.
Omar Mudry, encargado del hogar y denunciado por abusos, fue detenido en 2008 y afrontó un primer juicio en 2011.
Con todo esto sobre el tapete, Mudry fue detenido en marzo de 2008 y en 2011 enfrentó un juicio oral que se extendió a lo largo de un mes.
Culminado el proceso, el Tribunal Penal Uno de Eldorado condenó al acusado a ni más ni menos que 30 años de prisión como autor de los delitos de “promoción a la corrupción de menores agravada por la calidad de guardador reiterado (dos hechos), abuso sexual con acceso carnal agravado por su calidad de guardador reiterado (cuatro hechos) y abuso sexual simple agravado por su calidad de guardador todo en concurso real”.
Mientras ello sucedía, la causa que se ventilará en debate a partir del 4 de diciembre todavía estaba en etapa de investigación y recién fue elevada a instancia de juicio en diciembre de 2011.
Según consignaron fuentes de LVM, el segundo debate contra Mudry fue programado en tres ocasiones anteriores, pero todas las veces el proceso debió ser postergado por diversas razones, entre ellas la pandemia.
Ahora, finalmente, las autoridades volvieron a fijar fecha y se espera que esta vez las audiencias se concreten tal lo previsto. Mudry, mientras tanto, cumple en prisión su anterior condena.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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