Judiciales
“Con esto se pudre copado”: los chats sobre el armado de otra revuelta policial
La detención el último lunes del oficial ayudante Diego Hernán Correa y el secuestro de su teléfono celular fueron clave para que la Justicia desactive el armado de otra revuelta policial en Misiones.
El uniformado con prestación de servicios en la comisaría Décima de Posadas fue denunciado por otro camarada a quien incitaba a participar de nueva protesta policial y cuando los peritos analizaron su teléfono celular encontraron todas las pruebas que derivaron ayer en la detención de -hasta ahora- siete agentes, tanto activos como retirados, entre ellos el vocero Ramón Amarilla.
Las medidas ordenadas ayer por el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, fueron en el marco de una causa que investiga posibles delitos caratulados como “intento de sedición y conspiración” y encontraron sustento en una serie de chats detectados en un grupo de whatsapp llamado “Solo Cola”, donde los involucrados proponían diferentes acciones para desestabilizar a la cúpula de la institución.
“Con esto se pudre copado”, celebró Diego Correa -según los chats que se filtraron- cuando otro de los miembros del grupo propuso provocar incendios de malezas en diferentes puntos de la ciudad para luego sustraer los móviles de Bomberos.
“Llamar al 911 en simultáneo y hacer incendio de malezas, o cerca del Parque de la Ciudad prender fuego. Que vayan los bomberos. Ahí hay que estar atento, apresto. Una vez que baja el chofer agarrar el móvil. Y así las demás jurisdicciones”, fue el audio que envío uno de los ahora detenidos.
“Nosotros tenemos que hacer primero los móviles de bomberos. Porque si ya robaron un móvil de cualquier comando o comisaría, el móvil de bombero no va a salir por un incendio de malezas, solo por un incendio de QTH (casas) o una persona atrapada”, respondió y redobló la apuesta otro.
Y agregan: “Eso se planifica. Primero nos podemos centrar en el móvil de bomberos y otro grupo en el móvil de las comisarías. Para eso estábamos hablando con los choferes a ver si se prestan”.
Entre quienes se alcanzan a ver como integrantes de ese grupo están los tres agentes detenidos ayer a la tarde Ramón Alejandro Arrieta, Elías Horacio Coutto y Lisandro Ramón Cantero, quienes también están imputados en la otra causa que se tramita en forma separada en el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas por el acampe policial que se extendió desde el 17 hasta el 29 de mayo pasado.
Pero no fueron los únicos detenidos, ya que el número ascendió anoche a siete, siendo el último aprehendido Ramón Amarilla, a quien fueron a buscar a su casa pero él se presentó en la Jefatura de Policía para ponerse a disposición de las autoridades.
En ese lugar, Amarilla fue subido a un patrullero y trasladado a la comisaría Segunda, donde pasó la noche y quedó detenido en carácter de incomunicado.
“Esto podía haber sido una citación”
El vocero estuvo acompañado de su abogado defensor, el ex juez penal Ramón Grinhauz, quien dialogó con La Voz de Misiones y confirmó que la nueva causa se desencadenó a partir de los chats mencionados.
“Esta causa dio origen a través de una denuncia de un oficial de policía que supuestamente había recibido un pedido para tomar la jefatura. A raíz de esa denuncia se desencadena todo esto y hay un chats y se desencadenó todo este operativo”, precisó.
“Como siempre, todos quisieron estar a disposición de la Justicia. En esta, no hacía falta hacer todo este despliegue, desgaste jurisdiccional. Amarilla como hombre de la Justicia, como auxiliar de la Justicia, se presentó para comparecer”, agregó.
El letrado afirmó “esto es todo nuevo, no tengo idea de lo que hay dentro del expediente. Me llamó la atención este despliegue. Esto podía haber sido un comparendo, una citación y la gente se iba a presentar. Acá no hay posibilidad de fuga, ni entorpecimiento. No hay nada que amerite tamaña detención”.
Grinhauz también es defensor de Correa, el primer policía detenido, quien se abstuvo de declarar ante el juez Verón y se pidió por su excarcelación, aunque la solicitud todavía no tuvo respuesta.
“Ellos buscaban un pequeño aumento nuevamente, porque como todo sube, todo cuesta, las cosas siguen subiendo (de precio), todos tienen conocimiento de ello. Así que entonces sí, ellos estaban luchando con sus compañeros para que las cosas sigan mejorando. O sea, no esperaba, creo yo, no tenía deseos de que pasara esto. Él quería seguir luchando con sus compañeros para que se pueda conseguir ese aumento (salarial)”, expresó a Agencia Hoy la pareja de Correa tras la detención del agente.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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