Judiciales
Carta de la familia de Antonella Bernhardt a días del juicio por femicidio
A menos de una semana para el comienzo del juicio oral para esclarecer el femicidio de Antonella Bernhardt (27), registrado en abril de 2019 en Posadas, desde el entorno de su familia difundieron un comunicado para agradecer el acompañamiento recibido durante los años de lucha que transcurrieron hasta la llegada de esta etapa decisiva para la causa.
El comunicado contiene palabras de Carlos Bernhardt, padre de la víctima, quien apenas comienza se realiza una pregunta que sintetiza el sentimiento generalizado en la familia: “¿Cómo le explico a mi nieta de tres años que nunca va a conocer físicamente a su tía porque un individuo, en su retorcido machismo, no aceptó un NO como respuesta y decidió matarla?”.
Tal como publicó La Voz de Misiones, el juicio por el femicidio de Antonella se desarrollará desde el 6 hasta 10 de noviembre en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del Palacio de Justicia, escenario elegido para garantizar una mayor capacidad de aforo.
El debate oral será llevado adelante por el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado por los magistrados Gustavo Bernie, Ángel Dejesús Cardozo y Viviana Cukla, mientras que el Ministerio Público Fiscal estará representado por Martín Alejandro Rau. Se prevé la declaración de una treintena de testigos.
El acusado es el fotógrafo Cristian Daniel Vargas (32), quien llega a instancia de juicio detenido y procesado por el delito de femicidio, que prevé una pena de prisión perpetua.
“En su momento fue titular en primera página de los diarios, se habló de ello en todos los medios, pero después tuvimos que esperar. Pasaron cuatro años y medio desde aquella fatídica fecha, pero para nosotros, su familia, ha sido un tiempo mucho mayor, tiempos de dolor, de incertidumbre y de preguntarnos hasta cuándo tendríamos que esperar para que esto llegue a juicio”, señaló el padre de la joven en el comunicado difundido hoy.
La familia también tendrá participación en el debate con un representante legal que actuará como querellante y Carlos Bernhardt sostuvo: “¿La indudable condena nos dará algún alivio, algún consuelo? Probablemente no. Hay daños que son irreparables y, por mucho que haga el Poder Judicial, no lo podrá remediar”.
Además, reflexionó en que “lo que sí pueden hacer es extremar recursos para que estos hechos no se repitan, especialmente en aquellos casos donde hay indicios previos. Debo hacer todo lo que esté legalmente a mi alcance para evitar que este hombre pueda transitar libremente en nuestra sociedad”.
Por último, el hombre aprovechó para agradecer el acompañamiento recibido durante estos años a la espera del debate. “Estos cuatro años sirvieron para la reflexión. Recuerdo el acompañamiento que tuvimos con las marchas en las que participé antes por situaciones similares (…) No puedo dejar de agradecer a innumerables personas que nos han acompañado, muchas de ellas desconocidas; y a instituciones que lo han hecho, como el Instituto Carlos Linneo, la Facultad de Arte y Diseño, la Universidad Nacional de Misiones y organizaciones como NI UNA MENOS y MUMALA, entre tantas otras”, remarcó.
Antonella Bernhardt era de Oberá, tenía 27 años y fue asesinada de una puñalada en la garganta. Su femicidio se registró el 4 de abril de 2019 y Vargas fue filmado por una vecina mientras salía de la escena del crimen.
En un principio, el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Tres, encuadró el caso como un homicidio simple ya que no existía relación de pareja entre víctima y acusado, aunque luego de planteos realizados tanto por la fiscalía como por la querella, la acusación sumó el agravante de femicidio y la resolución posteriormente fue ratificada por la Cámara de Apelaciones.
La modificación significó un duro revés contra Vargas, ya que bajo una acusación de homicidio simple se enfrentaba a una pena de máxima de 25 años de cárcel, mientras que por femicidio el futuro sólo le depara la prisión perpetua en caso de ser declarado culpable.
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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