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Bolsonarista prófugo por intento de golpe en Brasil vive en Puerto Iguazú

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Joelson Sebastiao Freitas (48), un seguidor de Jair Bolsonaro actualmente prófugo de la Justicia brasileña por el intento de golpe de Estado y asalto al edificio de gobierno en Brasilia en enero del año pasado, reside en la localidad misionera de Puerto Iguazú y desde su país denuncian que incluso cuenta con residencia argentina.

La historia marca que Bolsolavista, como se hace llamar en redes sociales, era guardia municipal en Foz de Iguazú desde 1995 y fue uno de los tantos seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro que en enero de 2023 se movilizaron e invadieron el Palacio de Planalto como protesta tras la victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva, quien apenas un mes antes había tomado posesión del edificio gubernamental tras imponerse en las elecciones presidenciales de 2022.

El brasileño, que también fue candidato a diputado ese mismo año, fue captado en las imágenes de los actos de vandalismo registrado ese 8 de enero de 2023 y ubicado en cercanías a campamentos de militantes de extrema derecha e integrantes del Ejército brasileño, según la acusación judicial. 

Además, él mismo grabó un montón de situaciones para luego publicarlas en sus redes sociales, donde se presenta como “Cristiano, conservador, bolsonarista y Olavista” y se dedica a realizar posteos de índole política.

Sin ir más lejos, el 3 de septiembre publicó un video grabado desde el hito Tres Fronteras de Puerto Iguazú para denunciar el “abandono” del nuevo puente que une Brasil con Paraguay.

Justamente, esas imágenes llamaron la atención en Brasil, dado que en su país denuncian que el implicado posee un pedido de captura activo en el marco de la causa Lesa Patria, que investiga los hechos acaecidos el 8 de enero de 2023 en el Palacio del Planalto en Brasilia.

Fue la periodista, también conservadora, Ana María Cemin, la que se encargó de exponer la situación en el portal Bureau da Comunicacao.

La toma del Palacio del Planalto se registró el 8 de enero de 2023.

Fugado/Exiliado

Cemin repasó que Bolsolavista estuvo detenido desde el 17 de marzo hasta el 29 de noviembre de 2023, cuando obtuvo la libertad tras argumentar problemas de salud como hipertensión y disminución auditiva, entre otras afecciones.

Sin embargo, después de ello se cortó la tobillera electrónica, cruzó la frontera y desde el 10 de junio es considerado prófugo de la Justicia. Por esa razón, posee un pedido de captura emitido por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, uno de los jueces considerados entre “los más poderosos” de ese país y recientemente mencionado internacionalmente por el conflicto que enfrentó al gobierno brasileño con el multimillonario dueño de X -entre otras compañías- Elon Musk.

La periodista brasileña también expuso que Bolsolavista no solo que se muestra libremente en Puerto Iguazú, sino que publicó que el implicado se encuentra en Argentina desde el 5 de mayo y que primero estuvo en La Plata junto a otros compatriotas en su misma condición, para luego afincarse en Puerto Iguazú tras obtener un permiso de residencia permanente otorgado por el gobierno de Javier Milei el pasado 19 de julio.

El último 29 de agosto, el brasileño publicó otro video en su cuenta de Instagram, donde recuerda haber estado preso y describe que vive “un infierno” como consecuencia de las medidas de Alexandre de Moraes. También aduce ser un “exiliado político” que hoy “vive del otro lado”.

Vida en Iguazú

En su artículo, Cemin indicó que Bolsolavista arguyó a travesar dificultades financieras y deudas por más 270.000 reales en abogados, mientras que en Puerto Iguazú encontró una vida más barata.

“Encontré un apartamento pequeño, con un alquiler barato. Los muebles los hice yo misma con madera. Los electrodomésticos, que aquí son muy caros, los logré traer de Brasil. Tengo toda mi documentación al día desde el principio y siempre que sea posible. Si tengo dudas, hablo con la gente de la Defensoría Pública (Buenos Aires). Tienen especial cariño y cuidado con los presos políticos brasileños. Me dijeron que cualquier proceso de deportación demoraría alrededor de 6 años”, sostuvo el brasileño, según publicó Cemin. 

“Estuve en Brasilia el 8 de enero y no invadí, no destrocé, no me enfrenté a la Policía. Cuando llegamos a la Praça dos Três Poderes ya no había barandillas ni policías bloqueando el acceso. El camino estaba despejado. Tenía la intención de manifestarme pacíficamente y registrar los hechos como periodista registrado en la Orden de Periodistas de Brasil”, se defendió el extranjero en la misma entrevista.

“Técnicamente, los abogados hicieron un trabajo perfecto y como me di cuenta de que la persecución política continuaría, decidí cortarme la tobillera y cruzar la frontera antes de ser arrestado nuevamente. Sin embargo, la verdad no se puede ocultar por mucho tiempo y la gente ya está empezando a tomar conciencia de lo que realmente pasó en Brasilia el 8 de enero”, concluyó.

Mientras tanto, en Brasil lo esperan para ser llevado a juicio. Le acusan por cinco delitos que podrían traducirse en una pena de entre 14 y 17 años de prisión.

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Rechazan anular causa contra contador imputado desde 2013 por delitos fiscales

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El contador Rubén Eduardo Kuhlmann, procesado hace más de diez años en una causa por asociación ilícita fiscal que tiene otros once involucrados, solicitó que la acción penal en su contra sea anulada por aplicación de la Ley 27.743, más conocida como “Paquete Fiscal”, que prevé el blanqueo de capitales y moratoria para deudas de contribuyentes, aunque el planteo fue denegado en dos instancias y por lo tanto el caso continúa abierto.

El planteo efectuado por Khulmann, a través de su abogado defensor, que también representa a otros tres imputados en la misma causa, fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones, que en un fallo firmado este jueves ratificó una resolución en idéntico sentido alcanzada por el Juzgado Federal de Posadas, dependencia judicial que lleva la instrucción del expediente.

En su presentación, los recurrentes argumentaron que la Ley 27.743, sancionada en junio de 2024, establece “la extinción de todas las acciones penales derivadas de ‘delitos tributarios’ sin distinguir entre ellos” e hicieron especial hincapié en el decreto reglamentario 608/2024, que incluyó de manera específica a la asociación ilícita fiscal entre los delitos alcanzados por la normativa, medida que no había ocurrido en legislaciones antecesoras sobre la misma cuestión.

Sin embargo, los camaristas Mirta Delia Tyden y Mario Osvaldo Boldú, no compartieron los argumentos esgrimidos y en contrapartida avalaron el rechazo al recurso, al considerar que “el ilícito investigado al ser un delito de peligro abstracto no generó obligaciones tributarias o impositivas susceptibles de regularización a través del procedimiento previsto en la ley”.

Rubén Kuhlmann, en 2013, cuando nombre y su rostro ocupó la portada los diarios durante varias semanas.

Y en otro párrafo del documento alegan que “más allá de la improcedencia de acceder a la extinción de la acción penal respecto del delito enrostrado a los incidentistas, tampoco se acompañó constancia alguna que acredite el pago de tributo en los términos exigidos por la normativa aplicable, lo que no hace sino evidenciar la inexistencia de obligaciones tributarias generadas por el tipo penal en cuestión”.

Conocida esta resolución, ahora la defensa cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar un nuevo recurso de casación o, en caso contrario, el expediente regresará al Juzgado Federal de Posadas para que la instrucción avance hasta la elevación a juicio del caso.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la causa ya había sido elevada al Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, aunque regresó a instrucción para subsanar falencias y deficiencias observadas.

La causa tiene un total de doce imputados, aunque Khulmann fue el hombre de mayor relevancia cuando estalló el caso a comienzos de 2013 y su nombre supo ser tapa de diario en la provincia durante varios meses.

Tanto él como los demás involucrados fueron procesados por la Justicia Federal a mediados de 2024, al considerar que formaban parte de una organización dedicada a facilitar la evasión tributaria de terceras personas a través de la creación de empresas fantasmas, utilización de presta nombres y documentación apócrifa, entre otras tretas.

En el marco de la investigación hubo una veintena de allanamientos y como querellantes particulares en la causa se constituyeron tanto Afip -ahora Arca- y la Dirección General Impositiva (DGI).

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Crimen del penitenciario: su hermana se abstuvo y su pareja negó complicidad

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Tanto la hermana como la pareja del penitenciario Julio César Argüello (45), asesinado de un disparo en la cabeza, comparecieron este miércoles en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la que la primera de ellas guardó silencio y la otra se desligó de la acusación, al tiempo que ambas fueron imputadas por el crimen y continuarán detenidas mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, ambas mujeres fueron trasladadas esta mañana hacia dicha dependencia judicial, donde la primera en comparecer ante el magistrado Miguel Mattos fue Lidia Rosa Argüello (54), hermana de la víctima.

La mujer ya había estado en ese mismo juzgado el lunes, cuando designó como defensor legal a un abogado particular y ahora estaba citada para prestar declaración indagatoria, aunque optó por guardar silencio.

De igual manera, Lidia fue notificada del hecho que se investiga, oyó al detalle el listado de indicios que se registran en su contra y provisoriamente fue imputada como autora del homicidio, que podría sumar el agravante del vínculo existente con la víctima, lo que elevaría la expectativa de pena que podría recibir en su contra en caso de declararse su responsabilidad en el hecho en un futuro debate oral y público.

La que pisó por primera vez el juzgado que dirige Mattos fue Paola Z. (35), pareja del penitenciario, quien en contrapartida su cuñada eligió declarar y negó haber prestado su complicidad en el crimen.

La joven fue imputada como encubridora del homicidio y por el momento también continuará detenida hasta que las autoridades dispongan nuevas medidas en el marco de la causa que aún aguarda el resultado de pericias balísticas.

crimen del penitenciario

Lidia Argüello fue imputada como autora del homicidio.

Crimen y sospechas

El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.

El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica y será sometido a pericias.

Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.

Un revólver calibre 32 que se investiga como arma homicida fue incautada en la casa de la hermana de la víctima.

 

Muerte de penitenciario se investiga como homicidio y detuvieron a su hermana

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Crimen del penitenciario: su hermana designó abogado y declara el miércoles

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El miércoles fue el día establecido por la Justicia para citar en audiencia de declaración indagatoria a Lidia Rosa Argüello (54), detenida desde el último viernes como sospechosa del crimen de su hermano, el agente penitenciario Julio César Argüello (45), herido de un disparo en la cabeza en su casa y fallecido una semana después en el hospital Madariaga.

Según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer fue trasladada este lunes al Juzgado de Instrucción Siete de Posadas y designó a un abogado defensor, mientras que la indagatoria ante el juez Miguel Mattos fue postergada al miércoles.

En esa instancia, la sospechosa podrá brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar. También será notificada del hecho que se investiga, de los elementos de prueba que se registran en su contra y sería imputada.

Cabe mencionar que la causa tiene una segunda persona detenida, que se trata, ni más ni menos, que de la pareja de la víctima, quien fue aprehendida como presunta encubridora del crimen.

El caso

Según lo que se pudo reconstruir, todo comenzó el viernes 6 de febrero, minutos antes de las 9, cuando Lidia alertó haber encontrado a su hermano herido dentro de su casa sobre la calle Puerto Rico de Posadas.

El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en severo estado de salud hasta que este jueves se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo.

Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.

Entre esos elementos se destacan una cámara de seguridad que la muestra ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 milímetros encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.

El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica.

Crimen del penitenciario Argüello: detuvieron a su pareja por encubrimiento

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