Judiciales
Bolsonarista prófugo por intento de golpe en Brasil vive en Puerto Iguazú
Joelson Sebastiao Freitas (48), un seguidor de Jair Bolsonaro actualmente prófugo de la Justicia brasileña por el intento de golpe de Estado y asalto al edificio de gobierno en Brasilia en enero del año pasado, reside en la localidad misionera de Puerto Iguazú y desde su país denuncian que incluso cuenta con residencia argentina.
La historia marca que Bolsolavista, como se hace llamar en redes sociales, era guardia municipal en Foz de Iguazú desde 1995 y fue uno de los tantos seguidores del ex presidente Jair Bolsonaro que en enero de 2023 se movilizaron e invadieron el Palacio de Planalto como protesta tras la victoria de Luiz Inácio Lula Da Silva, quien apenas un mes antes había tomado posesión del edificio gubernamental tras imponerse en las elecciones presidenciales de 2022.
El brasileño, que también fue candidato a diputado ese mismo año, fue captado en las imágenes de los actos de vandalismo registrado ese 8 de enero de 2023 y ubicado en cercanías a campamentos de militantes de extrema derecha e integrantes del Ejército brasileño, según la acusación judicial.
Además, él mismo grabó un montón de situaciones para luego publicarlas en sus redes sociales, donde se presenta como “Cristiano, conservador, bolsonarista y Olavista” y se dedica a realizar posteos de índole política.
Sin ir más lejos, el 3 de septiembre publicó un video grabado desde el hito Tres Fronteras de Puerto Iguazú para denunciar el “abandono” del nuevo puente que une Brasil con Paraguay.
Justamente, esas imágenes llamaron la atención en Brasil, dado que en su país denuncian que el implicado posee un pedido de captura activo en el marco de la causa Lesa Patria, que investiga los hechos acaecidos el 8 de enero de 2023 en el Palacio del Planalto en Brasilia.
Fue la periodista, también conservadora, Ana María Cemin, la que se encargó de exponer la situación en el portal Bureau da Comunicacao.

La toma del Palacio del Planalto se registró el 8 de enero de 2023.
Fugado/Exiliado
Cemin repasó que Bolsolavista estuvo detenido desde el 17 de marzo hasta el 29 de noviembre de 2023, cuando obtuvo la libertad tras argumentar problemas de salud como hipertensión y disminución auditiva, entre otras afecciones.
Sin embargo, después de ello se cortó la tobillera electrónica, cruzó la frontera y desde el 10 de junio es considerado prófugo de la Justicia. Por esa razón, posee un pedido de captura emitido por el ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre de Moraes, uno de los jueces considerados entre “los más poderosos” de ese país y recientemente mencionado internacionalmente por el conflicto que enfrentó al gobierno brasileño con el multimillonario dueño de X -entre otras compañías- Elon Musk.
La periodista brasileña también expuso que Bolsolavista no solo que se muestra libremente en Puerto Iguazú, sino que publicó que el implicado se encuentra en Argentina desde el 5 de mayo y que primero estuvo en La Plata junto a otros compatriotas en su misma condición, para luego afincarse en Puerto Iguazú tras obtener un permiso de residencia permanente otorgado por el gobierno de Javier Milei el pasado 19 de julio.
El último 29 de agosto, el brasileño publicó otro video en su cuenta de Instagram, donde recuerda haber estado preso y describe que vive “un infierno” como consecuencia de las medidas de Alexandre de Moraes. También aduce ser un “exiliado político” que hoy “vive del otro lado”.
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Vida en Iguazú
En su artículo, Cemin indicó que Bolsolavista arguyó a travesar dificultades financieras y deudas por más 270.000 reales en abogados, mientras que en Puerto Iguazú encontró una vida más barata.
“Encontré un apartamento pequeño, con un alquiler barato. Los muebles los hice yo misma con madera. Los electrodomésticos, que aquí son muy caros, los logré traer de Brasil. Tengo toda mi documentación al día desde el principio y siempre que sea posible. Si tengo dudas, hablo con la gente de la Defensoría Pública (Buenos Aires). Tienen especial cariño y cuidado con los presos políticos brasileños. Me dijeron que cualquier proceso de deportación demoraría alrededor de 6 años”, sostuvo el brasileño, según publicó Cemin.
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“Estuve en Brasilia el 8 de enero y no invadí, no destrocé, no me enfrenté a la Policía. Cuando llegamos a la Praça dos Três Poderes ya no había barandillas ni policías bloqueando el acceso. El camino estaba despejado. Tenía la intención de manifestarme pacíficamente y registrar los hechos como periodista registrado en la Orden de Periodistas de Brasil”, se defendió el extranjero en la misma entrevista.
“Técnicamente, los abogados hicieron un trabajo perfecto y como me di cuenta de que la persecución política continuaría, decidí cortarme la tobillera y cruzar la frontera antes de ser arrestado nuevamente. Sin embargo, la verdad no se puede ocultar por mucho tiempo y la gente ya está empezando a tomar conciencia de lo que realmente pasó en Brasilia el 8 de enero”, concluyó.
Mientras tanto, en Brasil lo esperan para ser llevado a juicio. Le acusan por cinco delitos que podrían traducirse en una pena de entre 14 y 17 años de prisión.
Judiciales
Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.
La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.
En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.
En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.
La denuncia
La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.
Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Medidas
Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.
En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).
Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.
Judiciales
La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Judiciales
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
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