Judiciales
Banda paraguaya que traficaba droga a Buenos Aires será juzgada en Misiones
La banda paraguaya que se dedicaba a traficar marihuana hacia Buenos Aires y que fue desbaratada en 2022 tras un operativo desplegado en Apóstoles será juzgada en Misiones tras una resolución de competencia judicial dictada esta semana.
Los implicados son seis, entre ellos tres paraguayos y un camionero misionero, quienes cayeron tras una serie de procedimientos que comenzaron con la incautación de cinco toneladas de marihuana camufladas bajo una carga de alfalfa en el semirremolque de un camión interceptado en Apóstoles.
Dicho procedimiento se ejecutó el 27 de septiembre de 2022, pero la investigación contra la banda había comenzado al menos un año antes, tras una denuncia que apuntaba el accionar de un grupo de ciudadanos paraguayos dedicados a transportar marihuana desde Misiones hacia el conurbano bonaerense y cuyo líder, identificado como Chaparro Romero, tenía su base de operaciones en Villa Zavaleta, en el barrio porteño de Barracas.
La pesquisa general estuvo dirigida entonces por el magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal Dos de Morón, quien tras reunir los elementos suficientes consideró que ese 27 de septiembre de 2022 era el momento oportuno de actuar porque de las escuchas telefónicas surgió que el líder de la banda estaba preparando un nuevo envío de estupefacientes.
Fue así efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) anotaron todos los datos y trazaron el operativo que ese día culminó con la detención del camión con cinco toneladas de marihuana bajo cargas de alfalfa.
Allí fue detenido el misionero Leonardo Benítez (34), quien según Infobae en ese mismo momento confesó que transportaba estupefacientes. Mediante las escuchas se determinó que iba a cobrar 5 millones de pesos por el viaje.
El camión con la droga bajo alfalfa fue interceptado en Apóstoles y era conducido por un misionero.
Ese mismo día la PNA interceptó otros dos vehículos que funcionaban de guía al camión narco. Esos rodados eran una Toyota Hilux y un Renault Logan en los cuales viajaban Pedro Javier Gamarra Martínez, Javier Gamarra Martínez, Alberto Otazú Báez (todos paraguayos) y Pablo Mariano Vicente Mamani.
Más tarde, tras nuevos allanamientos realizados tanto en San Pedro, donde se incautaron otros 300 kilos de marihuana, como así también en diversos puntos de Buenos Aires, cayeron Abraham Benítez y Ezequiel Uranga, al tiempo que hay otros dos involucrados que permanecen prófugos, entre ellos, el sindicado líder.
En definitiva, todos quedaron detenidos e imputados como coautores del delito de “tráfico de estupefacientes con fines de comercialización participando de modo organizado y agravado por la participación de tres o más personas”.
La causa atravesó por completo su etapa de instrucción en Buenos Aires, hasta que el fiscal interviniente solicitó su elevación a juicio, ante lo cual el expediente debía ser remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de San Martín, cuyas autoridades ahora declinaron de su competencia en el caso y consideraron que el hecho debe ser juzgado en Misiones.
“Como se advierte del relato efectuado hasta aquí, no se cuenta en autos con elementos que determinen la competencia de este tribunal, si se atiende a que la totalidad de las probanzas colectadas, incautaciones y detenciones han ocurrido en ajena jurisdicción; por lo que es clara la conveniencia, en línea con los preceptos de economía procesal y buena administración de justicia, de que un Tribunal del ejido misionero desarrolle el debate oral”, consigna la resolución judicial dictada ayer.
De esta manera, el TOF 5 de San Martín declina de su competencia en la causa y resuelve poner tanto el expediente como los detenidos a disposición del Tribunal Oral Federal de Posadas.
Este martes a las 8.45 comenzó el juicio a los brasileños Gabriel Junior Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, quienes son acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz.
Ambos son oriundos de Porto Alegre, sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho y enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado ocurrido en mayo de 2022, en el barrio Yacyretá de la capital provincial, por lo que podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Al comenzar el juicio, se logró observar que los imputados tienen un aparato de traducción en tiempo real y en una sala contigua acompaña la audiencia una perito intérprete.
Como primera medida, se leyó el auto de elevación a juicio del expediente y las partes acordaron desistir de cuatro testigos citados para la fecha. El proceso prevé continuar toda la semana.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka, mientras que como defensora interviene la abogada Ramona Gómez.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Comando Vermelho.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.
El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
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