Judiciales
Acusado de trata contra dos adolescentes continuará detenido
La Cámara Federal de Apelaciones de Posadas confirmó el rechazo del pedido de excarcelación formulado por la defensa de Fernando Ariel Skuarek, un hombre acusado de múltiples hechos que configuran trata de personas, y ordenó que se analice la viabilidad de un nuevo otorgamiento de prisión domiciliaria en virtud del estado de salud del implicado.
El apuntado es investigado desde fines de 2017 y está detenido desde mayo de este año, cuando la Justicia le revocó el beneficio de arresto domiciliario que gozaba en Aristóbulo del Valle y desde ese momento se encuentra privado de su libertad, procesado con prisión preventiva como autor de delitos como suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
Tras la detención, su defensa presentó trabó diversos recursos. En primera instancia solicitó la excarcelación u otorgamiento de un nuevo arresto domiciliario, lo cual fue rechazado por el Juzgado Federal de Posadas y ahora apelaron esa resolución.
Ante esas circunstancias, en el caso debió intervenir la Cámara Federal de Apelaciones, cuyos magistrados revisaron los planteos y resolvieron confirmar la denegatoria de la excarcelación.
Entre los argumentos esgrimieron “la gravedad de las conductas enrostradas a Skuarek” y “las altas penas en expectativa”, como así también “los recursos económicos y operativos de los que dispone y el efectivo amedrentamiento a testigos de la causa”, teniendo en cuenta que el acusado es hijo de un contador de Aristóbulo del Valle.
Los camaristas también tuvieron en cuenta “el grado de vulnerabilidad en la que las víctimas se encuentran” y sopesaron en que “los hechos investigados se vinculan con la temática de la violencia de género, imponiéndose la operatividad su tratamiento en la toma de medidas judiciales adecuadas para prevenir, sancionar y evitar la repetición de esos delitos”.
Zanjada esa cuestión, los magistrados intervinientes procedieron a analizar el segundo planteo, el referido al otorgamiento de una nueva prisión domiciliaria por razones de salud.
Sobre ese punto, indicaron que los informes médicos no alcanzan para dar claridad sobre el estado de salud del imputado y, por ende, no pueden analizar la procedencia o no de la morigeración del cumplimiento de la prisión preventiva.
En consecuencia, ordenaron que el Juzgado Federal de Posadas solicite un nuevo informe médico y psicológico con conclusiones actualizadas respecto a las patologías que presenta el imputado, como así también la opinión de profesionales respecto a la viabilidad de su tratamiento intramuros o no.
Una vez que todo ello se cumplimente, las autoridades deberán emitir un nuevo dictamen y allí se resolverá si Skuarek vuelve a obtener la prisión domiciliaria.
Mientras tanto, el imputado continuará detenido, a la espera de que la causa llegue a instancia de juicio oral.
El hombre, de 34 años en ese entonces, fue denunciado a fines de 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de una chica de 17.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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