Judiciales
Acusado de matar a prestamista colombiano se defendió y pidió perdón
El crimen del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32) llegó a juicio hoy. La hipótesis acusatoria sostiene que un compatriota suyo, junto a un posadeño, lo torturó y mató a puñaladas para robarle $70.000, aunque el principal acusado alega que actuó en defensa propia ante un primer ataque por parte de la víctima y en torno a ambas posturas girará el debate que prevé extenderse hasta el 30 de septiembre.
Los involucrados son el también colombiano Brayan Damián Casso Acosta (29) y el posadeño José Ramón Ramírez (30), quienes llegan a esta instancia acusados por el delito de “homicidio agravado por criminis causa y robo en concurso real”, figura bajo cual son pasibles de ser condenados a la pena de prisión perpetua.
“Yo no quería lastimarlo. Quería que se quede quieto. Me acuerdo que tiré dos puntazos hacia adelante. Fue muy rápido todo, prácticamente no me acuerdo de nada. Yo me desconozco. No soy así”, se defendió Casso Acosta esta mañana, al momento de comparecer ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Fernando Verón (subrogante).
La declaración del extranjero, que también es prestamista, se dio luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, documento formulado por la fiscal de instrucción Patricia Clerici y donde se plasma una hipótesis diametralmente opuesta a la versión brindada por el imputado.
El debate oral comenzó hoy en el Tribunal Penal Uno de Posadas y continuará hasta el 30 de septiembre.
La acusación
El crimen de Gallego Rojas se registró el 28 de febrero de 2021, poco después de la medianoche, en su departamento ubicado en la chacra 103 del barrio Yacyretá de Posadas.
Al llegar al lugar, los efectivos policiales intervinientes se toparon con el colombiano sin vida en la zona del lavadero. La autopsia luego marcó que el cuerpo presentaba al menos 15 heridas cortantes en distintas partes, aunque la lesión mortal fue un puntazo que causó perforación cardíaca.
En su dictamen, la fiscal Clerici reconstruyó que los dos imputados habían venido desde Corrientes y que esa noche llegaron caminando a la casa de Gallego Rojas, quien les abrió la puerta porque se conocían de antes ya que los extranjeros habían trabajado juntos en el préstamo de dinero.
Una vez dentro, subieron el volumen de la música, cerraron la ventana, redujeron a la víctima y lo trasladaron hasta el lavadero, donde fue torturado a fin de que revele donde tenía dinero guardado.
La acusación plantea que mientras Ramírez sostenía a Gallego Rojas, Casso Acosta aplicó el puntazo final y juntos huyeron del lugar con una caja de seguridad que contenía 70.000 pesos y 600 dólares, aunque minutos después regresaron para buscar las llaves del cofre y llevarse el arma homicida.
La hipótesis se sostiene en base a declaraciones de testigos que vieron a ambos involucrados ingresando al departamento de la víctima, como así también rastros de ADN compatible con Casso Acosta que fueron levantados de un picaporte y de una canilla del lavadero, entre otras evidencias recolectadas a lo largo de la investigación llevada adelante por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.
“No quería hacerlo”
Esta mañana, tras oír la lectura de dicho requerimiento, Casso Acosta decidió declarar por primera vez en la causa y pasó ante el estrado del tribunal para defenderse de las acusaciones.
El imputado narró que llegó a Argentina en 2013 y que siempre se dedicó a la venta de muebles y al préstamo de dinero. Dijo que conoció a Gallego Rojas gracias a un pariente y que en 2019 decidió venir a Posadas para trabajar junto a quien terminaría siendo la víctima en esta causa.
“Con el tiempo empezaron las diferencias. Hice mis reclamos y él nunca me respondía, así que empecé a trabajar solo, por mi cuenta. Una vez nos encontramos, discutimos y dijo que me iba a pagar, pero eso ya fue para mediados de 2020”, narró el extranjero.
Luego, recordó que un conocido le advirtió que Gallego Rojas “quería sacarme del camino” y poco fue después fue citado por su compatriota para jugar al pool. “Me llamó la atención de repente su ataque de amistad”, reveló Casso Acosta.
El imputado señaló que después de ello volvió a trabajar en Corrientes, pero en febrero de 2021 regresó a Posadas para “cobrar una platica” que había quedado pendiente de los préstamos realizados y fue en esas circunstancias que se reencontró con Gallego Rojas.
“Él me seguía escribiendo que quería arreglar las cosas. A mi no me interesaba el dinero, yo solo quería volver a vivir a Posadas para estar con mi hija. Ese día no sé cómo saqué coraje y fui”, expresó.
“Como yo estaba con Ramírez fui con él. Me voy a lo de Gustavo. Él abre la puerta, se ríe y me hace pasar. Yo pasé al baño y escuché un ruido. Cuando salgo él estaba peleando con Ramírez, entonces yo me meto y él se cae sobre una ventana”, relató.
Y continuó: “Había un cuchillo y él me ataca primero. Yo le agarro la mano y ahí fue que yo me corto. Yo no quería lastimarlo, quería que se quede quieto. Me acuerdo que tiré dos puntazos hacia adelante. Prácticamente no me acuerdo nada, fue muy rápido todo. Yo me desconozco”.
El posadeño José Ramón Ramírez es el otro imputado y hoy se abstuvo de declarar.
Casso Acosta argumentó que después del hecho entró en shock y que cuando se vio ensangrentado pensó que el herido era él, pero al sacarse la remera notó que estaba ileso.
“Desesperado agarré y me fui. Por el camino Ramírez me golpeaba la espalda y yo como que no reaccionaba. Yo no entendía lo que estaba pasando”, alegó.
El extranjero fue detenido horas después. Él asegura que iba a entregarse. “Yo me iba a entregar. Me estaba despidiendo de la mamá de mi hija que estaba embarazada y ahí me agarraron”, argumentó.
Antes de cerrar su deposición, pidió perdón: “Al hermano de Gustavo, quiero pedirle perdón por lo ocurrido. Fue algo que no quería hacer, esa persona no era yo”.
A diferencia de Casso, Ramírez optó por no declarar y su abogado defensor oficial, Mario Ramírez, adelantó que se opone a la acusación, advirtiendo que la participación de su cliente en el caso fue “secundaria”, ante lo cual solicitará que al final del juicio el joven sea incorporado el régimen de prueba para poder acceder a las salidas transitorias.
El debate continuará mañana, a partir de las 8, con la declaración de los primeros testigos.
El extranjero imputado es defendido por la abogada particular Lilia Vargas, en tanto que en el debate también interviene el letrado Ignacio Peña como querellante y en representación del Ministerio Público Fiscal se encuentra el fiscal Martín Rau.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una denuncia por acoso y abuso sexual radicada por una trabajadora del Concejo Deliberante de esa misma localidad y, mientras se investigan los hechos señalados, la Justicia le impuso al jefe comunal una restricción de acercamiento hacia la mujer.
La presentación que dio inicio a una causa penal fue realizada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, aunque los hechos habrían ocurrido a mediados del año pasado.
Según la denuncia radicada, uno de los sucesos tuvo lugar el 8 de julio de 2024, cuando el intendente citó a la mujer de 30 años en su despacho para tratar una cuestión laboral y le terminó acariciando las manos de manera indebida.
El siguiente episodio ocurrió el 4 de septiembre, cuando presuntamente el jefe comunal fue hasta el Concejo Deliberante para llevarle una caja de bombones a la denunciante por el Día de la Secretaria.
En esa ocasión mantuvieron una conversación dentro de una oficina, pero en determinado momento -según la denuncia- Peyer trabó la puerta, forcejó con la mujer y abusó de ella.
En su presentación la mujer indicó que en ese momento le dejó en claro al acusado que iba a radicar la denuncia por el hecho, pero el intendente amenazó con tomar represalias labores contra su esposo y por eso se mantuvo en silencio los meses siguientes, hasta que decidió accionar penalmente.
Al momento de la denuncia, la fiscalía estaba a cargo de Jorge Fernández como subrogante, quien realizó el requerimiento de instrucción formal.
La trabajadora fue citada este miércoles para realizar una ampliación de su denuncia ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez.
Según consignaron fuentes consultadas, en la audiencia de hoy la mujer ratificó cada una de sus acusaciones e incluso nombró a una persona que fue testigo de los hechos ocurridos el 8 de julio, quien ahora será citada a prestar declaración testimonial.
Las mismas fuentes recordaron que el jefe comunal no puede ser detenido por contar con fueros, aunque como medida preventiva recibió una restricción de acercamiento hacia la denunciante.
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