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Acusado de matar a prestamista colombiano se defendió y pidió perdón

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El crimen del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32) llegó a juicio hoy. La hipótesis acusatoria sostiene que un compatriota suyo, junto a un posadeño, lo torturó y mató a puñaladas para robarle $70.000, aunque el principal acusado alega que actuó en defensa propia ante un primer ataque por parte de la víctima y en torno a ambas posturas girará el debate que prevé extenderse hasta el 30 de septiembre.

Los involucrados son el también colombiano Brayan Damián Casso Acosta (29) y el posadeño José Ramón Ramírez (30), quienes llegan a esta instancia acusados por el delito de “homicidio agravado por criminis causa y robo en concurso real”, figura bajo cual son pasibles de ser condenados a la pena de prisión perpetua.

Yo no quería lastimarlo. Quería que se quede quieto. Me acuerdo que tiré dos puntazos hacia adelante. Fue muy rápido todo, prácticamente no me acuerdo de nada. Yo me desconozco. No soy así”, se defendió Casso Acosta esta mañana, al momento de comparecer ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Fernando Verón (subrogante).

La declaración del extranjero, que también es prestamista, se dio luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, documento formulado por la fiscal de instrucción Patricia Clerici y donde se plasma una hipótesis diametralmente opuesta a la versión brindada por el imputado.

El debate oral comenzó hoy en el Tribunal Penal Uno de Posadas y continuará hasta el 30 de septiembre.

La acusación

El crimen de Gallego Rojas se registró el 28 de febrero de 2021, poco después de la medianoche, en su departamento ubicado en la chacra 103 del barrio Yacyretá de Posadas. 

Al llegar al lugar, los efectivos policiales intervinientes se toparon con el colombiano sin vida en la zona del lavadero. La autopsia luego marcó que el cuerpo presentaba al menos 15 heridas cortantes en distintas partes, aunque la lesión mortal fue un puntazo que causó perforación cardíaca. 

En su dictamen, la fiscal Clerici reconstruyó que los dos imputados habían venido desde Corrientes y que esa noche llegaron caminando a la casa de Gallego Rojas, quien les abrió la puerta porque se conocían de antes ya que los extranjeros habían trabajado juntos en el préstamo de dinero.

Una vez dentro, subieron el volumen de la música, cerraron la ventana, redujeron a la víctima y lo trasladaron hasta el lavadero, donde fue torturado a fin de que revele donde tenía dinero guardado. 

La acusación plantea que mientras Ramírez sostenía a Gallego Rojas, Casso Acosta aplicó el puntazo final y juntos huyeron del lugar con una caja de seguridad que contenía 70.000 pesos y 600 dólares, aunque minutos después regresaron para buscar las llaves del cofre y llevarse el arma homicida. 

La hipótesis se sostiene en base a declaraciones de testigos que vieron a ambos involucrados ingresando al departamento de la víctima, como así también rastros de ADN compatible con Casso Acosta que fueron levantados de un picaporte y de una canilla del lavadero, entre otras evidencias recolectadas a lo largo de la investigación llevada adelante por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.

“No quería hacerlo”

Esta mañana, tras oír la lectura de dicho requerimiento, Casso Acosta decidió declarar por primera vez en la causa y pasó ante el estrado del tribunal para defenderse de las acusaciones.

El imputado narró que llegó a Argentina en 2013 y que siempre se dedicó a la venta de muebles y al préstamo de dinero. Dijo que conoció a Gallego Rojas gracias a un pariente y que en 2019 decidió venir a Posadas para trabajar junto a quien terminaría siendo la víctima en esta causa.

Con el tiempo empezaron las diferencias. Hice mis reclamos y él nunca me respondía, así que empecé a trabajar solo, por mi cuenta. Una vez nos encontramos, discutimos y dijo que me iba a pagar, pero eso ya fue para mediados de 2020”, narró el extranjero.

Luego, recordó que un conocido le advirtió que Gallego Rojas “quería sacarme del camino” y poco fue después fue citado por su compatriota para jugar al pool. “Me llamó la atención de repente su ataque de amistad”, reveló Casso Acosta.

El imputado señaló que después de ello volvió a trabajar en Corrientes, pero en febrero de 2021 regresó a Posadas para “cobrar una platica” que había quedado pendiente de los préstamos realizados y fue en esas circunstancias que se reencontró con Gallego Rojas.

“Él me seguía escribiendo que quería arreglar las cosas. A mi no me interesaba el dinero, yo solo quería volver a vivir a Posadas para estar con mi hija. Ese día no sé cómo saqué coraje y fui”, expresó.

“Como yo estaba con Ramírez fui con él. Me voy a lo de Gustavo. Él abre la puerta, se ríe y me hace pasar. Yo pasé al baño y escuché un ruido. Cuando salgo él estaba peleando con Ramírez, entonces yo me meto y él se cae sobre una ventana”, relató.

Y continuó: “Había un cuchillo y él me ataca primero. Yo le agarro la mano y ahí fue que yo me corto. Yo no quería lastimarlo, quería que se quede quieto. Me acuerdo que tiré dos puntazos hacia adelante. Prácticamente no me acuerdo nada, fue muy rápido todo. Yo me desconozco”.

El posadeño José Ramón Ramírez es el otro imputado y hoy se abstuvo de declarar.

Casso Acosta argumentó que después del hecho entró en shock y que cuando se vio ensangrentado pensó que el herido era él, pero al sacarse la remera notó que estaba ileso.

“Desesperado agarré y me fui. Por el camino Ramírez me golpeaba la espalda y yo como que no reaccionaba. Yo no entendía lo que estaba pasando”, alegó.

El extranjero fue detenido horas después. Él asegura que iba a entregarse. “Yo me iba a entregar. Me estaba despidiendo de la mamá de mi hija que estaba embarazada y ahí me agarraron”, argumentó.

Antes de cerrar su deposición, pidió perdón: “Al hermano de Gustavo, quiero pedirle perdón por lo ocurrido. Fue algo que no quería hacer, esa persona no era yo”.

A diferencia de Casso, Ramírez optó por no declarar y su abogado defensor oficial, Mario Ramírez, adelantó que se opone a la acusación, advirtiendo que la participación de su cliente en el caso fue “secundaria”, ante lo cual solicitará que al final del juicio el joven sea incorporado el régimen de prueba para poder acceder a las salidas transitorias. 

El debate continuará mañana, a partir de las 8, con la declaración de los primeros testigos.

El extranjero imputado es defendido por la abogada particular Lilia Vargas, en tanto que en el debate también interviene el letrado Ignacio Peña como querellante y en representación del Ministerio Público Fiscal se encuentra el fiscal Martín Rau.

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Imputaron al ex convicto detenido por el crimen del productor Von Steiger

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El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.

La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.

Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.

De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.

El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.

El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.

De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.

El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.

Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger

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Fopea “deplora” el intento de censura del ex juez Reyes contra LVM

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El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.

El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.

En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.

“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.

El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.

 

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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción

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La Corte Suprema ratificó en 2021 la destitución de José Reyes como juez

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José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.

En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.

La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos  por Reyes en su escrito.

La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.

De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.

El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.

Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.

Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.

Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón. 

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