Judiciales
Acusado de matar a prestamista colombiano se defendió y pidió perdón
El crimen del prestamista colombiano Gustavo Gallego Rojas (32) llegó a juicio hoy. La hipótesis acusatoria sostiene que un compatriota suyo, junto a un posadeño, lo torturó y mató a puñaladas para robarle $70.000, aunque el principal acusado alega que actuó en defensa propia ante un primer ataque por parte de la víctima y en torno a ambas posturas girará el debate que prevé extenderse hasta el 30 de septiembre.
Los involucrados son el también colombiano Brayan Damián Casso Acosta (29) y el posadeño José Ramón Ramírez (30), quienes llegan a esta instancia acusados por el delito de “homicidio agravado por criminis causa y robo en concurso real”, figura bajo cual son pasibles de ser condenados a la pena de prisión perpetua.
“Yo no quería lastimarlo. Quería que se quede quieto. Me acuerdo que tiré dos puntazos hacia adelante. Fue muy rápido todo, prácticamente no me acuerdo de nada. Yo me desconozco. No soy así”, se defendió Casso Acosta esta mañana, al momento de comparecer ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Fernando Verón (subrogante).
La declaración del extranjero, que también es prestamista, se dio luego de la lectura del requerimiento de elevación a juicio de la causa, documento formulado por la fiscal de instrucción Patricia Clerici y donde se plasma una hipótesis diametralmente opuesta a la versión brindada por el imputado.

El debate oral comenzó hoy en el Tribunal Penal Uno de Posadas y continuará hasta el 30 de septiembre.
La acusación
El crimen de Gallego Rojas se registró el 28 de febrero de 2021, poco después de la medianoche, en su departamento ubicado en la chacra 103 del barrio Yacyretá de Posadas.
Al llegar al lugar, los efectivos policiales intervinientes se toparon con el colombiano sin vida en la zona del lavadero. La autopsia luego marcó que el cuerpo presentaba al menos 15 heridas cortantes en distintas partes, aunque la lesión mortal fue un puntazo que causó perforación cardíaca.
En su dictamen, la fiscal Clerici reconstruyó que los dos imputados habían venido desde Corrientes y que esa noche llegaron caminando a la casa de Gallego Rojas, quien les abrió la puerta porque se conocían de antes ya que los extranjeros habían trabajado juntos en el préstamo de dinero.
Una vez dentro, subieron el volumen de la música, cerraron la ventana, redujeron a la víctima y lo trasladaron hasta el lavadero, donde fue torturado a fin de que revele donde tenía dinero guardado.
La acusación plantea que mientras Ramírez sostenía a Gallego Rojas, Casso Acosta aplicó el puntazo final y juntos huyeron del lugar con una caja de seguridad que contenía 70.000 pesos y 600 dólares, aunque minutos después regresaron para buscar las llaves del cofre y llevarse el arma homicida.
La hipótesis se sostiene en base a declaraciones de testigos que vieron a ambos involucrados ingresando al departamento de la víctima, como así también rastros de ADN compatible con Casso Acosta que fueron levantados de un picaporte y de una canilla del lavadero, entre otras evidencias recolectadas a lo largo de la investigación llevada adelante por el magistrado Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas.
“No quería hacerlo”
Esta mañana, tras oír la lectura de dicho requerimiento, Casso Acosta decidió declarar por primera vez en la causa y pasó ante el estrado del tribunal para defenderse de las acusaciones.
El imputado narró que llegó a Argentina en 2013 y que siempre se dedicó a la venta de muebles y al préstamo de dinero. Dijo que conoció a Gallego Rojas gracias a un pariente y que en 2019 decidió venir a Posadas para trabajar junto a quien terminaría siendo la víctima en esta causa.
“Con el tiempo empezaron las diferencias. Hice mis reclamos y él nunca me respondía, así que empecé a trabajar solo, por mi cuenta. Una vez nos encontramos, discutimos y dijo que me iba a pagar, pero eso ya fue para mediados de 2020”, narró el extranjero.
Luego, recordó que un conocido le advirtió que Gallego Rojas “quería sacarme del camino” y poco fue después fue citado por su compatriota para jugar al pool. “Me llamó la atención de repente su ataque de amistad”, reveló Casso Acosta.
El imputado señaló que después de ello volvió a trabajar en Corrientes, pero en febrero de 2021 regresó a Posadas para “cobrar una platica” que había quedado pendiente de los préstamos realizados y fue en esas circunstancias que se reencontró con Gallego Rojas.
“Él me seguía escribiendo que quería arreglar las cosas. A mi no me interesaba el dinero, yo solo quería volver a vivir a Posadas para estar con mi hija. Ese día no sé cómo saqué coraje y fui”, expresó.
“Como yo estaba con Ramírez fui con él. Me voy a lo de Gustavo. Él abre la puerta, se ríe y me hace pasar. Yo pasé al baño y escuché un ruido. Cuando salgo él estaba peleando con Ramírez, entonces yo me meto y él se cae sobre una ventana”, relató.
Y continuó: “Había un cuchillo y él me ataca primero. Yo le agarro la mano y ahí fue que yo me corto. Yo no quería lastimarlo, quería que se quede quieto. Me acuerdo que tiré dos puntazos hacia adelante. Prácticamente no me acuerdo nada, fue muy rápido todo. Yo me desconozco”.

El posadeño José Ramón Ramírez es el otro imputado y hoy se abstuvo de declarar.
Casso Acosta argumentó que después del hecho entró en shock y que cuando se vio ensangrentado pensó que el herido era él, pero al sacarse la remera notó que estaba ileso.
“Desesperado agarré y me fui. Por el camino Ramírez me golpeaba la espalda y yo como que no reaccionaba. Yo no entendía lo que estaba pasando”, alegó.
El extranjero fue detenido horas después. Él asegura que iba a entregarse. “Yo me iba a entregar. Me estaba despidiendo de la mamá de mi hija que estaba embarazada y ahí me agarraron”, argumentó.
Antes de cerrar su deposición, pidió perdón: “Al hermano de Gustavo, quiero pedirle perdón por lo ocurrido. Fue algo que no quería hacer, esa persona no era yo”.
A diferencia de Casso, Ramírez optó por no declarar y su abogado defensor oficial, Mario Ramírez, adelantó que se opone a la acusación, advirtiendo que la participación de su cliente en el caso fue “secundaria”, ante lo cual solicitará que al final del juicio el joven sea incorporado el régimen de prueba para poder acceder a las salidas transitorias.
El debate continuará mañana, a partir de las 8, con la declaración de los primeros testigos.
El extranjero imputado es defendido por la abogada particular Lilia Vargas, en tanto que en el debate también interviene el letrado Ignacio Peña como querellante y en representación del Ministerio Público Fiscal se encuentra el fiscal Martín Rau.
Judiciales
Defensor de Ramírez tras la sentencia por el caso Belén: “Primó el patriarcado”
Tras la condena a 16 de años de prisión impartida contra la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48), acusada por la muerte de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15), el abogado defensor oficial se despachó con críticas hacia parte del tribunal encargado de emitir la sentencia y adelantó que recurrirá el fallo, aunque tampoco confía que el Superior Tribunal Justicia (STJ) revierta la medida.
“Primó el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada sobre las desigualdades que ha sufrido una mujer”, manifestó Miguel Ángel Varela, haciendo referencia a los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos, quienes por mayoría decidieron condenar a la imputada y se impusieron frente a la jueza Viviana Cukla que opinó por la absolución.
Para el funcionario, hubo dos factores clave en el fallo: la “ignorancia” y la “falta de perspectiva de género”.
“En el caso de las vecinas, que supieron de la existencia de Belén, cinco años antes, no sabían de la enfermedad y es comprensible que confundieran, pero que el médico que hizo la autopsia no supiera nada de las manifestaciones y síntomas del Síndrome de Rett y que en base a esa ignorancia se condene a una mujer sin que se sepa la causa de muerte me parece lamentable”, apuntó.
Y sobre el segundo punto planteó que “no tener la perspectiva de género es vergonzoso”, instancia en la que también aprovechó para lanzar críticas hacia el fiscal Vladimir Glinka.
“Se la pasa llevando información a los diarios y no sé si será parte de una campaña de él para un cargo superior. Yo no busco prensa, esto es una cosa que surge del debate. Yo no llamo a la prensa ni buscando una foto”, disparó.
En esa línea, Varela adelantó que recurrirá la sentencia, aunque no espera una revisión favorable por parte del STJ.
“No sé si en el STJ se revierte esto, por el poder que tiene el señor fiscal y el cuál está usando. Quiero creer que la Corte Suprema sí va a revertir”, cerró.
Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
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Caso Belén: su madre fue condenada por homicidio y recibió 16 años de prisión
La empleada municipal Mariela Andrea Ramírez (48) fue declarada responsable por el homicidio de su hija con discapacidad Rocío Belén López (15) y fue condenada a 16 años de prisión, pena que desde hoy comenzará a cumplir en la Unidad Penal V de Mujeres de Miguel Lanús.
La sentencia fue impartida este mediodía por el Tribunal Penal Uno de Posadas, con los votos mayoritarios de los magistrados Gustavo Bernie y Miguel Mattos (subrogante), quienes se impusieron ante la jueza Viviana Cukla que se inclinó por la absolución.
De acuerdo a la parte resolutiva del fallo, Ramírez fue declarada penalmente responsable del delito de homicidio agravado por el vínculo con circunstancias de atenuación, razón por la cual recibió 16 años de prisión y no perpetua, como había solicitado el fiscal Vladimir Antonio Glinka en su alegato.
Con una votación idéntica, el tribunal también resolvió disponer la inmediata detención de Ramírez, que llegó a este debate libre y se retiró esposada dentro de un vehículo del Servicio Penitenciario Provincial (SPP), mientras sus familiares desde la vereda reprochan a gritos la resolución.

Los jueces Mattos y Bernie se impusieron con los votos y la decisión final fue condenar a la imputada.
El caso
La muerte de Belén López se registró el 23 de julio de 2013 en la casa de su madre, donde estuvo en forma transitoria durante diez días porque su abuela y tía materna, quienes la cuidaron gran parte de su vida, hicieron un viaje a Corrientes.
La autopsia determinó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición, deshidratación e hipotermia. Apoyado en esa conclusión y en el testimonio vertido por casi una veintena de testigos, el fiscal Glinka consideró que la mujer actuó en forma deliberada y desatendió a su hija con el objetivo de dejarla morir de hambre y sed para “eliminarla de su proyecto de vida”.
A partir de esa hipótesis, el fiscal amplió la acusación inicial de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y por el resultado muerte” a “homicidio agravado por el vínculo en su modalidad por omisión”.
La defensa, en tanto, encabezada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela, cuestionó severamente el informe forense y aseveró que la muerte se dio por causas naturales propias a la enfermedad Síndrome de Rett, factor que no fue tenido en cuenta por el médico encargado de efectuar la autopsia.
También criticó que el fallo no tuvo perspectiva de género y apuntó contra “el patriarcado de dos jueces varones que no entienden nada de las desigualdades que ha sufrido una mujer”.
Varela adelantó que recurrirá la resolución, aunque no confía en que el Superior Tribunal de Justicia (STJ) revierta la medida y sí en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

Mariela Ramírez se quebró al recibir el abrazo de su hija y familiares después de la sentencia.
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Dieron arresto domiciliario a los 17 policías implicados en el caso Golemba
Los 17 policías, entre activos y retirados, detenidos en el marco de la investigación por la desaparición forzada de Mario Fabián Golemba, ocurrida en marzo de 2008, quedaron este jueves bajo arresto domiciliario por disposición de la Justicia Federal de Posadas.
La medida fue adoptada por la magistrada María Verónica Skanata, titular del Juzgado Federal de Posadas, y la fiscal Silvina Gutiérrez analiza si presenta un recurso de apelación.
El beneficio alcanza a los 16 efectivos que habían sido detenidos durante los allanamientos realizados el lunes a la mañana y a Alfredo Lorenzo Ortiz, quien se presentó posteriormente de manera espontánea ante el juzgado.
De esta manera, los 17 sospechosos continuarán sujetos al proceso, aunque ya no permanecerán alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La resolución todavía puede ser apelada por la Fiscalía Federal Dos de Posadas, a cargo de Silvina Gutiérrez.
La investigación busca determinar qué ocurrió con Golemba, quien fue visto por última vez el 27 de marzo de 2008, cuando regresaba a su domicilio en la zona de Dos de Mayo después de haber viajado a Oberá.
La hipótesis de la desaparición forzada
La principal hipótesis que impulsa la Fiscalía Federal sostiene que Golemba fue privado ilegalmente de su libertad y que, posteriormente, habría sido trasladado y sometido a violencia en dependencias policiales.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, distintos testimonios ubicaron al joven dentro de la comisaría de Dos de Mayo durante las horas posteriores a su desaparición.
La pesquisa también apunta a determinar la existencia de un presunto “pacto de silencio institucional” entre integrantes de la Policía para ocultar lo ocurrido y garantizar la impunidad de los responsables.
En ese sentido, la fiscalía analiza no solamente la posible participación de quienes pudieron haber intervenido directamente en la privación de la libertad de Golemba, sino también las conductas de aquellos funcionarios que eventualmente hayan colaborado con el encubrimiento o hayan omitido actuar ante lo sucedido.
Entre los imputados se encuentra el comisario retirado Ewaldo Katz, quien estaba al frente de la comisaría de Dos de Mayo al momento de la desaparición y durante su indagatoria decidió abstenerse de declarar.
Una causa que lleva 18 años
Golemba tenía 27 años cuando desapareció. El 27 de marzo de 2008 había viajado desde Dos de Mayo hasta Oberá para asistir a una consulta médica y posteriormente emprendió el regreso.
Sin embargo, nunca llegó a su casa y desde entonces nada se supo de su paradero.
La causa tuvo durante años una investigación en el ámbito de la Justicia provincial, hasta que posteriormente pasó al fuero federal. Con el avance de la pesquisa comenzaron a incorporarse nuevos testimonios y elementos que permitieron poner el foco sobre el accionar de policías que se encontraban en funciones durante los días posteriores a la desaparición.
Las detenciones concretadas esta semana marcaron un giro significativo en una investigación que llevaba casi dos décadas sin personas imputadas por la desaparición del joven.
Ahora, con los 17 acusados bajo arresto domiciliario, la Justicia Federal deberá avanzar con el análisis de las pruebas y determinar la situación procesal de cada uno de ellos.
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