Judiciales
Aceptan la citación de Pedro Puerta como testigo en el juicio del caso Kiczka
El Tribunal Penal Uno de Posadas dio lugar a la requisitoria formulada por la fiscalía y avaló la citación del diputado Pedro Puerta como testigo en el juicio oral que se lleva adelante desde ayer contra los hermanos Germán y Sebastián Kiczka, imputados por delitos de tenencia, falicitación y distribución de archivos Masi.
El legislador de Activar y ex socio político de Germán Kiczka era uno de los 67 testigos admitidos previamente, pero a pocos días de comenzar el debate oral las defensas de los imputados se opusieron a la inclusión de Puerta y de otras dos personas ofrecidas como testigos por la fiscalía.
La misma controversia se expuso en la jornada de ayer al momento del planteo de cuestiones preliminares. Desde la fiscalía, representada por Martín Rau y Vladimir Glinka, reiteraron el pedido de que Pedro Puerta sea testigo en el debate oral, mientras que los defensores Gonzalo De Paula (por Germán) y Eduardo Paredes (por Sebastián) insistieron en oponerse.
La resolución fue tomada hoy por el tribunal integrado por los jueces Gustavo Bernie, Viviana Cukla y César Yaya.
De tal forma, la decisión final quedó en manos del tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por sus pares Viviana Cukla y César Yaya (subrogante), quienes difirieron la resolución del tema para esta mañana, en el inicio de la segunda audiencia, que a partir de ahora se desarrolla a puertas cerradas por tratarse de una causa que afecta la integridad sexual de las víctimas.
Según pudo saber La Voz de Misiones, al inicio de esta jornada los magistrados comunicaron su resolución ante las partes y dieron lugar a la inclusión de Pedro Puerta como testigo en la causa.
De esta manera, el diputado e hijo del ex gobernador Ramón Puerta será notificado de su citación como testigo en las próximas horas y en fecha de definir tendrá que declarar en la causa que investiga a su ex compañero de bancada.
En este punto, vale aclarar que, por su carácter de legislador provincial, Puerta tiene la potestad de declarar por escrito. Para ello, las partes deberán enviarle un formulario con las preguntas que consideren oportunas.
“Tenemos alguna serie de mensajes intercambiados con algunos de los imputados y queremos que nos explique sobre eso. Él está como testigo”, adelantó el fiscal Rau en un diálogo mantenido con la prensa ayer al mediodía, una vez culminada la primera jornada.
Sebastián Kiczka y en la otra punta su hermano Germán, en el inicio del juicio ayer.
Leonardo Kiczka, el primer testigo
La audiencia de hoy, en tanto, marcará el inicio de la etapa de incorporación de pruebas. Las testimoniales de dos testigos citados previamente serán incorporadas por lectura tras un acuerdo alcanzado ayer por las partes, mientras que se aguarda la declaración presencial de al menos dos personas hoy.
Entre ellos se destaca la presencia de Leonardo Kiczka, padre de ambos imputados y dueño de la vivienda donde se realizó el primer allanamiento de la causa.
En esa vivienda del barrio Illía se incautaron los soportes informáticos que confirmaron la presencia de archivos Masi, corroborando así la alerta que llegó desde Estados Unidos a una fiscalía especializada en ciberdelitos de Caba y que disparó la operación global Guardines Digitales de la Niñez.
Fiscales del caso Kiczka: “Demostraremos que hay una conducta criminal grave”
Quince años de prisión fue la condena impuesta por el Tribunal Penal Uno de Oberá contra un hombre acusado de abusos sexuales cometidos en perjuicio de dos hijas menores de su concubina.
El imputado es oriundo de San Javier y la investigación en su contra comenzó en agosto de 2022 por una denuncia de violación contra una hijastra de 10 años.
De acuerdo a lo reconstruido, ese hecho sucedió en una vivienda del barrio Nueva Esperanza, donde el hombre residía junto a su concubina, a las dos hijas menores de ella y a otros niños que tuvieron en común.
El abuso de la niña de 10 años se habría registrado mientras su madre no se encontraba en la casa y después de ese primer hecho la otra niña reveló haber padecido lo mismo años antes en otra vivienda.
Tras la denuncia, el acusado identificado como Antonio M. fue detenido y ahora llegó a instancia de juicio oral, donde finalmente fue condenado a 15 años de prisión, pena que deberá ser cumplida en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul.
El fallo fue dictado por los magistrados Horacio Paniagua como presidente y Jorge Erasmo Villaba y Teresa Hedman como vocales en carácter de subrogantes.
En representación de la fiscalía intervino David Milicich, que en su alegato solicitó la misma pena impuesta, mientras que también hubo un querellante particular que había pedido 35 años de prisión contra el acusado y la defensa requirió la absolución.
El imputado fue condenado como autor de los delitos de “abuso sexual con acceso carnal agravado por la convivencia, dos hechos en concurso real”.
Un día antes de enfrentar a la Justicia desde el banquillo de los acusados en un juicio oral, Fernando Ariel Skuarek (41) decidió reconocer su responsabilidad en la causa que se le seguía desde 2017 por “suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual” contra dos adolescentes posadeñas y firmó un acuerdo de juicio abreviado por 9 años de prisión.
El debate oral en su contra debía comenzar este miércoles a la mañana en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas, pero todo quedó suspendido en virtud de un cambio de postura en el imputado, quien decidió admitir su culpabilidad y aceptar los 9 años prisión que la fiscalía propuso como pena.
Según adelantaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones, Skuarek firmó el acuerdo ayer y este miércoles el acta sumó las rúbricas de los fiscales, del abogado defensor del imputado y de los letrados que intervinieron en la causa como querellantes particulares en representación de las dos denunciantes.
Además de los 9 de años de prisión establecidos como pena, el acuerdo también contempla una reparación integral para las víctimas. Todo lo firmado deberá ser analizado por los magistrados del TOF y posteriormente homologado como sentencia.
Resta determinar si el implicado continúa internado en una clínica especializada en salud mental o cumpla su condena con prisión efectiva en una unidad carcelaria de Misiones.
La causa
La investigación contra el imputado data desde 2017, cuando los padres de una adolescente denunciaron la privación de la libertad de su hija de 17 años.
Luego se sumó otra denunciante y las acusaciones avanzaron. Los señalamientos eran que Skuarek suministraba estupefacientes a las chicas, tras lo cual las exponía a contextos de encierro, violencia y abuso sexual.
Los hechos ocurrieron en diferentes departamentos que el muchacho habitaba en el microcentro posadeño y las denunciantes narraron haber sido drogadas con cócteles de alcohol, cocaína, éxtasis y ketamina, episodios que provocaron trastornos de salud mental que hasta ahora requieren tratamiento terapéutico.
El implicado, oriundo de Aristóbulo del Valle e hijo de un contador con vínculos políticos, más tarde fue procesado con prisión preventiva en orden a los delitos de suministro de estupefacientes, abuso y reducción a la servidumbre sexual en perjuicio de dos adolescentes. Todo ello configura una violación a la ley 26.364 de Trata de Personas.
De ahí en más se sucedieron presentaciones judiciales y recursos de apelación. En mayo de 2023 quedó detenido por el revocamiento de una prisión domiciliaria, aunque más tarde consiguió que le acepten su internación en una clínica, condición que ahora podría volver a cambiar.
El médico acusado de entregar certificados médicos truchos fue imputado por la Justicia y continúa detenido a la espera de que se resuelva el pedido de excarcelación presentado por su defensa.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la audiencia de declaración indagatoria al médico Manuel Ramón G. (72) se concretó ayer a la mañana, ante el magistrado Juan Manuel Monte, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
La información obtenida añade que el profesional decidió abstenerse de declarar, tal como lo ampara su derecho y fue formalmente imputado por hechos que van desde estafa, falsificación de documentos, ejercicio irregular de la profesión hasta asociación ilícita.
La detención del psiquiatra se efectuó el jueves a la tarde, cuando la Policía irrumpió en su departamento del microcentro posadeño a raíz de una investigación por la confección de certificados truchos que luego eran utilizados para obtener licencias médicas.
La investigación comenzó en la empresa Casino Club, tras advertir que al menos una treintena de trabajadores solicitaron licencias con certificaciones firmadas por el mismo profesional médico.
A partir de ese dato profundizaron en una pesquisa interna y mediante una cámara oculta confirmaron el ardid, tras lo cual dieron intervención a la Justicia.
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