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A 20 años de la muerte del soldado Ramírez: “Hay testigos que saben lo que pasó”

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La certeza es que el 26 de junio de 2003 el soldado chaqueño Mauro Ramírez (22) murió de un tiro en el pecho dentro del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, pero la incógnita es quién efectuó ese disparo. Para la Justicia en un principio fue un suicidio, mientras que la familia sostiene que hubo un entramado de poder y corrupción para ocultar el fusilamiento del joven. Hoy, 20 años después, la cuestión sigue sin dilucidarse.

La causa por el fallecimiento del soldado Ramírez fue archivada como suicidio en tres ocasiones. Primero por la Justicia provincial y luego por la Justicia Federal en dos instancias, pero en 2016 la investigación fue reabierta a partir de un dictamen emitido por Procuraduría General de la Nación, al advertir que el caso podría tratarse de un hecho de violencia institucional.

“No se suicidó”

La muerte de Ramírez fue reportada el 26 de junio de 2003, a las 10 de la mañana. Su cuerpo sin vida, con un disparo en el pecho, fue hallado frente a una garita del destacamento del Ejército Argentino en Apóstoles.

El inicio de la pesquisa estuvo en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo en ese entonces del magistrado José Antonio Reyes -posteriormente destituido-, quien apenas tres meses después decidió archivar la causa al considerar el hecho como un suicidio.

“Hubo entramado de encubrimiento para hacerme creer que mi hijo se suicidó y él no se suicidó. Yo sé que a mi hijo lo mataron, no es una cosa inventada”, exclamó la madre del soldado, Susana Pintos, quien además acusó al ex juez Reyes de hacer desaparecer pruebas, específicamente unas cartas que el joven guardaba en su cofre de seguridad.

En la misma sintonía, el defensor oficial federal de Bahía Blanca, Gabriel Jarque, que actúa en la causa como querellante en representación de Pintos, sostuvo que “la versión que en su momento nos aportó el Ejército y el juez (Reyes) apuntó a un suicidio y no hay ningún elemento que permita sostener esa premisa. En esas primeras diligencias hubo deficiencias inexcusables. Es más, ni siquiera tenemos certezas de que el fusil y las prendas peritadas hayan sido efectivamente de Ramírez”.

El soldado Mauro Ramírez nació en Resistencia, Chaco.

Justamente, en su carácter de querellante, fue Pintos la que tuvo un rol trascendental para que, dos décadas después del hecho, la causa permanezca abierta y en pleno proceso. Es que, desde un principio, descreyó de la hipótesis de un suicidio y prácticamente se convirtió en una investigadora privada que se dedicó a recolectar elementos y recibir testimonios para esclarecer el hecho.

En diálogo con La Voz de Misiones, la mujer contó que “pude recorrer y contactarme con ex compañeros de Mauro que me dijeron que a él lo hicieron callar porque no se quiso involucrar en cuestiones de droga y contrabando de armas, pero algunos fueron amenazados y otros fueron acomodados en puestos importantes para que no cuenten la verdad. Mi hijo fue fusilado”. 

Sin embargo, añadió Pintos, en muchas ocasiones, esas mismas personas que por privado le contaron una versión de los hechos, al momento de declarar ante la Justicia negaron todo o excusaron falta de memoria.

“Yo sé que hay testigos que tienen pesadillas, que no pueden dormir porque saben lo que pasó y no lo cuentan. Mi esperanza es que uno de ellos se quiebre y creo que en algún momento sucederá; muchos de hoy ellos hoy también son padres”, lanzó.

De testimoniales e indagatorias

Desde la reapertura de la causa, la investigación avanzó, aunque de manera lenta y con contratiempos en el medio como, por ejemplo, cambio de fiscales y una pandemia que obligó a frenar actividades.

Actualmente, el expediente está en manos del Juzgado Federal de Posadas, aunque la jueza original María Verónica Skanata se inhibió y, por subrogancia, el caso recayó en Miguel Ángel Guerrero, en tanto que, en representación del Ministerio Público Fiscal, interviene Vivian Barbosa.

Según pudo saber LVM, desde la reactivación de la causa, ya declararon más de 25 testigos y la querella considera que la etapa de testimoniales está pronta a culminar, tras lo cual planean solicitar el llamado a indagatoria de dos uniformados que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho, tal como ya lo pidieron sin éxito en 2017.

“Tenemos algunos testigos pendientes, pero ya serían los últimos. Vamos a insistir con las citaciones a indagatorias. Nosotros tenemos elementos y pruebas como para demostrar que estas dos personas puntuales no solamente estuvieron revistando en el regimiento el día del hecho, sino que también han tergiversado sus dichos”, puntualizó el defensor Gabriel Jarque.

Asimismo, el letrado tampoco descartó que el pedido se amplíe a otros involucrados, de acuerdo a los nuevos elementos que puedan ser recolectados.

Una inspección ocular realizada en el Regimiento de Apóstoles tras la reapertura de la investigación, en 2016.

En esa línea, detalló que “lo que estas personas aportaron cuando declararon como testigos no es cierto en todos sus aspectos y son contradictorias en parte. Es decir, para nosotros saben más de lo que están diciendo y por eso creemos que estas personas tuvieron alguna intervención en el hecho, ya sea por acción o por omisión. Eso da como para citarlos”.

Pintos, además, fustigó por la actualidad de algunos de los posibles implicados y su próximo objetivo es plantear la cuestión ante el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana.

“Algunas de las personas que pudieron tener responsabilidad en la muerte de mi hijo están retirados, pero otros siguen en funciones, en distintos destinos. Se pasean libremente y eso no puede ser así”, cuestionó la madre.

“Una perpetua de dolor”

En ese marco, la causa continúa en pie y este domingo, Susana volvió a Apóstoles para realizar actividades y ceremonias en memoria de su hijo.

“Como hacemos siempre, no vamos a destruir, ni hacer pintadas. Solo llevo conmigo mi dolor, mi angustia, una oración y ramo de flores. Solo quiero estar un rato en la garita donde mi hijo estuvo con vida por última vez”, señaló la mujer, que se dedica a la docencia en Chaco.

La madre del soldado fallecido, Susana Pintos, estará hoy y mañana en Misiones realizando actividades.

Las actividades comenzaron hoy a las 9, con una visita al barrio Esperanza de Apóstoles, donde hay un mural en honor al soldado fallecido y también se repartió chocolatada y pelotas para niños de la zona.

Se hará, por otra parte, una visita al regimiento y una misa, al tiempo que mañana se hará una ofrenda floral frente al Juzgado Federal de Posadas, ubicado sobre la avenida Corrientes. 

“A mí ya me arruinaron la vida, pero necesito llegar a la verdad. Yo hoy tengo una condena a perpetua de dolor, pero sigo en la lucha por Mauro y para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro soldado que solo sueña con defender nuestra bandera y nuestra patria”, expresó.

Quienes tengan información sobre lo sucedido, pueden comunicarse al 0291-4527588 y aportarla bajo todas las garantías.

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De abandono y muerte a posible homicidio, el juicio a una madre en Posadas

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Quince años tenía Rocío Belén López cuando la encontraron muerta sobre su cama. La adolescente, que padecía una enfermedad neurológica que la dejó postrada, estaba deshidratada, desnutrida y con escaras en la piel. Las acusaciones por su mal cuidado recayeron en su madre, que hoy, trece años después, comenzó a ser juzgada por abandono seguido de muerte, aunque ya en la primera audiencia la fiscalía pidió ampliar la acusación al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar e hidratar a su hija deliberadamente.

El caso se remonta al 23 de julio de 2013, cuando la empleada municipal Mariela Andrea Ramírez llamó al 911 para alertar sobre el fallecimiento de su hija “Belencita”, una adolescente de 15 años diagnosticada con el Síndrome de Rett, una enfermedad genética que afecta al desarrollo neuronal, lo que se traduce en la pérdida de las habilidades motoras y del habla.

Como consecuencia de esa condición, la menor era incapaz de valerse por sí misma, por lo que vivía postrada a una cama, con la necesidad de un cuidado permanente que Ramírez alternaba con sus padres, dado que el progenitor de la niña nunca se responsabilizó.

Sin embargo, unos diez días antes del trágico desenlace, ese deber de cuidado había quedado bajo absoluta responsabilidad de Ramírez debido a que sus padres viajaron a otra provincia.

Fue en ese marco que aquella noche de hace trece años atrás Ramírez llamó a la Policía para alertar sobre la muerte de su hija. Cuando los uniformados arribaron al lugar, constataron que la adolescente yacía sobre una cama rota y en un dormitorio que describieron como un “depósito”.

La posterior autopsia concluyó que la causa de muerte fue vinculante a un cuadro de desnutrición y deshidratación, al tiempo que también detectó escaras en el cuerpo, lesiones que daban cuenta del estado de vulnerabilidad en el que se encontraba.

Con esos elementos, sumado a una serie de testimonios en su contra, la fiscal María Laura Álvarez (como subrogante) pidió que Ramírez sea juzgada por el delito de “abandono de persona doblemente agravado por el vínculo y resultado”, solicitud que fue avalada por el magistrado Ricardo Balor, aunque ese proceso recién tuvo su inicio hoy, casi al filo de la prescripción.

Sumado a eso, en la audiencia de hoy, instancia en la que además de leerse el auto de elevación a juicio también se oyó el testimonio de la propia Ramírez y de los primeros cinco testigos, el fiscal Vladimir Glinka amplió la acusación al considerar que la mujer pudo haber dejado de alimentar a su hija en forma deliberada, ante lo cual pudo haber incurrido en un homicidio calificado por el vínculo en su modalidad por omisión.

Ese planteo se traduce en que, en caso de mantener esa acusación al momento de los alegatos finales, Ramírez podría enfrentarse a la posibilidad de recibir una pena de prisión perpetua.

Ramírez durante su declaración, junto a su abogado Varela y el fiscal Glinka.

“Me encontré desesperada”

En esta primera audiencia la imputada aceptó declarar y frente al tribunal presidido por el magistrado Gustavo Bernie e integrado por Viviana Cukla y Miguel Mattos (subrogante) dio un extenso testimonio.

La mujer se explayó desde el nacimiento de su hija. Contó que al enterarse del embarazo su pareja de ese momento la abandonó y nunca se hizo responsable, ante lo cual ella decidió continuar como madre soltera.

También relató que recién notaron algo diferente en Belencita a los dos años y medio cuando aún no hablaba. Eso dio inicio a una serie de estudios que más tarde derivaron en un diagnóstico de Síndrome de Rett.

Según su palabra, el cuidado de la niña fue alternado entre ella y sus padres, lapso en el cual ella siempre se dedicó a trabajar para mantener a su familia.

“Con el tiempo me independice con un nuevo novio y yo continué haciendo changuitas para poder comprar pañales para Belén y todo lo demás que necesitaba como la leche y los medicamentos. Yo nunca dejé de hacer los cuidados de Belén. Nunca me desentendía. Por las tardes iba siempre a la casa de mi mamá y yo le pasaba todo mi sueldo a mi papá, que era el que administraba. Por eso me busqué un segundo trabajo”, afirmó Ramírez, hoy de 48 años. 

Años después, su padre empeoró de salud y la niña fue a vivir con ella a Itaembé Miní, aunque de igual manera por las tardes la llevaba a casa de su madre mientras ella iba al trabajo. Durante esos años también contrató una persona que cuidaba a Belén y la rutina se extendió hasta que tuvieron que vender esa casa por deudas y volver a mudarse, esta vez a un inmueble más pequeño.

En ese lapso, Belén volvió a vivir a la casa de sus abuelos, mientras que Ramírez se separó de su segunda pareja. “Me separé de nuevo y ahí empezó mi caos. Ahí me comienzo a ver superada por la situación”, admitió la mujer, que es representada por el defensor oficial Miguel Ángel Varela.

Y desarrolló: “Días antes del hecho por el que estoy acá me llama mi mamá y me dice que tenía que ver cómo me iba a hacer cargo de Belén porque ellos necesitaban viajar a Corrientes para descansar. Yo no sabía qué hacer, estaba separaba, ganaba poco, no tenía para pagar a nadie. Mi hermana me dice que me arregle”.

Ramírez aseguró que pidió licencia en el trabajo pero no le dieron y debió enfrentar el cuidado de su hija en soledad, mientras que a la par criaba su otra hija. 

“Con el pasar de los días tuve que tomar la decisión de irme a trabajar, no tenía otra opción. Me encontré desesperada y sin saber qué hacer. Tenía que seguir trabajando para tener ingresos. Lo primero que yo hacía cuando me levantaba era darle el desayuno e higienizarla para poder dejarla en condiciones. Al mediodía cocinaba guisitos y fideos que también le gustaba, cosas que estaban a mi alcance porque no tenía mucho dinero”, recordó.

Ante los jueces, la mujer explicó que su rutina consistía en dar el desayuno a Belén, llevar a su otra hija a la escuela e ir al trabajo, donde permanecía desde las 8 hasta después del mediodía, cuando regresaba a casa en colectivo.

“Los primeros días ella estaba normal, comiendo”, contó Ramírez y agregó: “Hasta que empecé a notar que se enojaba, noté que se estaba deprimiendo porque extrañaba a mi hermana y a mi mamá. Ese era su hogar para ella. Entonces ella empieza a trabajarme la mandíbula, a cerrar la boca. Ahí empezó a comer menos”.

En ese tramo, y tras consultas del fiscal, la mujer explicó que la menor aceptaba líquidos pero era se mostraba más reticente a ingerir alimentos, aunque de igual manera le daba “galletitas con mate cosido”.

Sobre las escaras, Ramírez alegó que las heridas fueron porque la menor se rascaba y dañaba su piel, lesiones que luego se infectaban. “Yo no tenía ni para el cicatrizante, le pedí al papá de la nena y me llevó un aloe. Entonces le ponía eso”, aseguró.

Casi sobre el final, la mujer contó que ese 23 de julio de 2013 su jefa le pidió trabajar de corrido para cubrir a otra compañera y al regresar encontró a su hija sin vida. Intentó reanimarla con RCP, pero no pudo.

Yo en ningún momento abandoné a mi hija. No es que yo la dejé a la deriva o no le dedicaba las horas que ella requería. Nosotros con mi otra hija nos pasábamos todas las tardes con ella para que ella no se sienta sola y no sienta la ausencia de mi mamá y mi hermana”, se defendió.

Y reafirmó: “En ningún momento se me pasó por la cabeza que iba a pasar esto. Siempre velé por estar bien todas luché dentro de mis posibilidades, pero entré en una desesperación de no saber qué hacer. En ningún momento la abandoné, no hubo intención de provocar la muerte, nunca. Traté siempre de salir adelante. Hice lo mejor que pude como madre”.

Al momento de ser interrogada por Glinka, la mujer admitió que la cama de la adolescente tenía “la rejilla rota” y en oportunidades apilaba paquetes de pañales para compensar.

Sobre la habitación, que algunos uniformados describieron como “similar a un depósito”, respondió que se debía a que “no tenía la mudanza terminada” y que se acumularon cosas en ese lugar porque su vivienda anterior era más grande, con más muebles.

El tribunal es presidido por el magistrado Gustavo Bernie (a la derecha).

Testimonios

“Tengo la imagen de esa persona en la cama, no recuerdo si estaba rota o inclinada hacia un costado. Sé que no estaba en la posición en que no debía estar. Sí que había bolsas negras, detalles que se me vienen a la cabeza. Por el montón de cosas amontonadas y tiradas parecía más un depósito que un dormitorio”, declaró minutos después Carlos Adolfo Krapp, comisario general retirado que intervino en la escena del hecho.

Quien también declaró como testigo hoy fue el forense Rogelio Canteros. El profesional sostuvo que las escaras que presentaba la víctima tenían un grado de “evolución avanzada”, estado que permitía inferir un tiempo aproximado de “20 días de postración sin ningún movimiento”.

Canteros también consideró que el cuadro de la joven fallecida condecía con una “deshidratación severa” que se pudo haber prolongado durante siete días, precisión sobre la cual más tarde se apoyó Glinka para fundamentar una ampliación de la acusación sobre la imputada.

“En base al interrogatorio con el médico, él ha aclarado que la chica tenía una deshidratación severa de siete días que derivó en una falla orgánica. La causa de muerte es que se le privó de alimentos y líquido de forma deliberada. No es una omisión simple, sino que apropósito y en forma deliberada evitó darle el sustento vital para que irremediablemente se produjo su dolo de muerte”, apuntó el representante del Ministerio Público Fiscal, que al comienzo de la jornada aclaró: “Esto no es una cuestión de género, no está imputada por su condición de madre. Ella está acá por el mal cuidado que desempeñó en los últimos diez días de Belén”.

Una vez culminada la ronda de testigos del día y el tribunal entonces pasó a un cuarto intermedio hasta mañana a las 7.45. Se prevé la recepción de más testimonios.

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Recibió 14 años de prisión por matar a un vecino por $500 en Candelaria

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Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino acusado de asesinar a puñaladas a un vecino de Candelaria por una deuda de $500, fue condenado esta mañana a 14 años de prisión.

La sentencia fue impartida por el Tribunal Penal Uno de Posadas, presidido por la magistrada Viviana Cukla e integrada por sus pares Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante), luego de cuatro audiencias de debate que se desarrollaron durante esta semana.

Silvero fue declarado responsable del delito de “homicidio simple” y recibió 14 años de prisión, pena levemente inferior a los 18 años solicitados ayer por el fiscal Vladimir Glinka.

Al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.

Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.

“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.

El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.

Silvero, por su parte, dio sus últimas palabras ayer y sostuvo que actuó en defensa propia, estrategia que también abordó el abogado defensor oficial Miguel Ángel Varela, que pidió la absolución del imputado, aunque el pedido no tuvo efectos.

FOTO: EL TERRITORIO

Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”

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Silvero dio sus últimas palabras y mañana dictan sentencia: “Yo me defendí”

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Roberto “El Negro” Silvero (23), el albañil paraguayo nacionalizado argentino que es juzgado por el homicidio de un vecino del barrio Niño Perdido de Candelaria, insistió esta mañana en haberse defendido de un primer ataque de la víctima y la sentencia en su contra se conocerá mañana.

El imputado dio sus últimas palabras hoy al mediodía, luego de la ronda de alegatos donde el fiscal Vladimir Glinka pidió una condena de 18 años de prisión en su contra, mientras que su abogado defensor Miguel Ángel Varela pidió la absolución por legítima defensa.

“Yo estaba con mi hijo y mi señora. Le dije a ella para ir a comprar unas cosas y ahí me crucé con él -por Luis Fernando Duarte Vázquez (23)-. Yo necesitaba los $500 para ir a comprar pañales. Ahí él se enojó conmigo, no sé si estaba drogado o qué”, relató Silvero ante el tribunal presidido por Viviana Cukla e integrado por Gustavo Bernie y Carla Freitag (subrogante).

“Él me atacó primero con un cuchillo”, agregó el acusado y desarrolló su versión: “Yo ahí agarré una rama y él se cayó. Ahí yo agarré el cuchillo y se levantó con una piedra. Yo después ya no me acuerdo nada. Yo solo me defendí y defendí a mi familia”.

Después de oír su palabra, el tribunal declaró cerrado el debate y pasó a un cuarto intermedio hasta mañana para el dictado de la sentencia.

Dealer del barrio

Previo a ello, al momento de alegar, el fiscal Glinka describió a Silvero como una persona “peligrosa” y en su teoría del caso expuso que el imputado era “el dealer del barrio” y cometió el crimen de Vázquez para vengar una deuda de $500 por la venta de cocaína.

Glinka expuso que el imputado asesinó de varias puñaladas a Duarte Vázquez, lesiones que incluso fueron efectuadas con la víctima en el suelo y de espaldas.

“Esto fue un acto cobarde y traicionero”, achacó el fiscal y apuntó: “Silvero, como transa del barrio, ya había tomado la decisión de que ese vago iba a morir. Eran las 12 del mediodía y le apuñaló frente a todos los vecinos. Él estaba dando un mensaje ahí, que no se jode con el transa del barrio”.

El hecho ocurrió el 14 de noviembre de 2021 en el barrio Niño Perdido de Candelaria, donde ambos residían. El debate comenzó el lunes y a lo largo de esta semana declararon varios testigos, entre vecinos, familiares, peritos y agentes policiales.

FOTO: EL TERRITORIO

Fiscal pidió 18 años para Silvero: “Era el transa del barrio y mató por $500”

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