Judiciales
A 20 años de la muerte del soldado Ramírez: “Hay testigos que saben lo que pasó”
La certeza es que el 26 de junio de 2003 el soldado chaqueño Mauro Ramírez (22) murió de un tiro en el pecho dentro del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, pero la incógnita es quién efectuó ese disparo. Para la Justicia en un principio fue un suicidio, mientras que la familia sostiene que hubo un entramado de poder y corrupción para ocultar el fusilamiento del joven. Hoy, 20 años después, la cuestión sigue sin dilucidarse.
La causa por el fallecimiento del soldado Ramírez fue archivada como suicidio en tres ocasiones. Primero por la Justicia provincial y luego por la Justicia Federal en dos instancias, pero en 2016 la investigación fue reabierta a partir de un dictamen emitido por Procuraduría General de la Nación, al advertir que el caso podría tratarse de un hecho de violencia institucional.
“No se suicidó”
La muerte de Ramírez fue reportada el 26 de junio de 2003, a las 10 de la mañana. Su cuerpo sin vida, con un disparo en el pecho, fue hallado frente a una garita del destacamento del Ejército Argentino en Apóstoles.
El inicio de la pesquisa estuvo en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo en ese entonces del magistrado José Antonio Reyes -posteriormente destituido-, quien apenas tres meses después decidió archivar la causa al considerar el hecho como un suicidio.
“Hubo entramado de encubrimiento para hacerme creer que mi hijo se suicidó y él no se suicidó. Yo sé que a mi hijo lo mataron, no es una cosa inventada”, exclamó la madre del soldado, Susana Pintos, quien además acusó al ex juez Reyes de hacer desaparecer pruebas, específicamente unas cartas que el joven guardaba en su cofre de seguridad.
En la misma sintonía, el defensor oficial federal de Bahía Blanca, Gabriel Jarque, que actúa en la causa como querellante en representación de Pintos, sostuvo que “la versión que en su momento nos aportó el Ejército y el juez (Reyes) apuntó a un suicidio y no hay ningún elemento que permita sostener esa premisa. En esas primeras diligencias hubo deficiencias inexcusables. Es más, ni siquiera tenemos certezas de que el fusil y las prendas peritadas hayan sido efectivamente de Ramírez”.

El soldado Mauro Ramírez nació en Resistencia, Chaco.
Justamente, en su carácter de querellante, fue Pintos la que tuvo un rol trascendental para que, dos décadas después del hecho, la causa permanezca abierta y en pleno proceso. Es que, desde un principio, descreyó de la hipótesis de un suicidio y prácticamente se convirtió en una investigadora privada que se dedicó a recolectar elementos y recibir testimonios para esclarecer el hecho.
En diálogo con La Voz de Misiones, la mujer contó que “pude recorrer y contactarme con ex compañeros de Mauro que me dijeron que a él lo hicieron callar porque no se quiso involucrar en cuestiones de droga y contrabando de armas, pero algunos fueron amenazados y otros fueron acomodados en puestos importantes para que no cuenten la verdad. Mi hijo fue fusilado”.
Sin embargo, añadió Pintos, en muchas ocasiones, esas mismas personas que por privado le contaron una versión de los hechos, al momento de declarar ante la Justicia negaron todo o excusaron falta de memoria.
“Yo sé que hay testigos que tienen pesadillas, que no pueden dormir porque saben lo que pasó y no lo cuentan. Mi esperanza es que uno de ellos se quiebre y creo que en algún momento sucederá; muchos de hoy ellos hoy también son padres”, lanzó.
De testimoniales e indagatorias
Desde la reapertura de la causa, la investigación avanzó, aunque de manera lenta y con contratiempos en el medio como, por ejemplo, cambio de fiscales y una pandemia que obligó a frenar actividades.
Actualmente, el expediente está en manos del Juzgado Federal de Posadas, aunque la jueza original María Verónica Skanata se inhibió y, por subrogancia, el caso recayó en Miguel Ángel Guerrero, en tanto que, en representación del Ministerio Público Fiscal, interviene Vivian Barbosa.
Según pudo saber LVM, desde la reactivación de la causa, ya declararon más de 25 testigos y la querella considera que la etapa de testimoniales está pronta a culminar, tras lo cual planean solicitar el llamado a indagatoria de dos uniformados que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho, tal como ya lo pidieron sin éxito en 2017.
“Tenemos algunos testigos pendientes, pero ya serían los últimos. Vamos a insistir con las citaciones a indagatorias. Nosotros tenemos elementos y pruebas como para demostrar que estas dos personas puntuales no solamente estuvieron revistando en el regimiento el día del hecho, sino que también han tergiversado sus dichos”, puntualizó el defensor Gabriel Jarque.
Asimismo, el letrado tampoco descartó que el pedido se amplíe a otros involucrados, de acuerdo a los nuevos elementos que puedan ser recolectados.

Una inspección ocular realizada en el Regimiento de Apóstoles tras la reapertura de la investigación, en 2016.
En esa línea, detalló que “lo que estas personas aportaron cuando declararon como testigos no es cierto en todos sus aspectos y son contradictorias en parte. Es decir, para nosotros saben más de lo que están diciendo y por eso creemos que estas personas tuvieron alguna intervención en el hecho, ya sea por acción o por omisión. Eso da como para citarlos”.
Pintos, además, fustigó por la actualidad de algunos de los posibles implicados y su próximo objetivo es plantear la cuestión ante el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana.
“Algunas de las personas que pudieron tener responsabilidad en la muerte de mi hijo están retirados, pero otros siguen en funciones, en distintos destinos. Se pasean libremente y eso no puede ser así”, cuestionó la madre.
“Una perpetua de dolor”
En ese marco, la causa continúa en pie y este domingo, Susana volvió a Apóstoles para realizar actividades y ceremonias en memoria de su hijo.
“Como hacemos siempre, no vamos a destruir, ni hacer pintadas. Solo llevo conmigo mi dolor, mi angustia, una oración y ramo de flores. Solo quiero estar un rato en la garita donde mi hijo estuvo con vida por última vez”, señaló la mujer, que se dedica a la docencia en Chaco.

La madre del soldado fallecido, Susana Pintos, estará hoy y mañana en Misiones realizando actividades.
Las actividades comenzaron hoy a las 9, con una visita al barrio Esperanza de Apóstoles, donde hay un mural en honor al soldado fallecido y también se repartió chocolatada y pelotas para niños de la zona.
Se hará, por otra parte, una visita al regimiento y una misa, al tiempo que mañana se hará una ofrenda floral frente al Juzgado Federal de Posadas, ubicado sobre la avenida Corrientes.
“A mí ya me arruinaron la vida, pero necesito llegar a la verdad. Yo hoy tengo una condena a perpetua de dolor, pero sigo en la lucha por Mauro y para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro soldado que solo sueña con defender nuestra bandera y nuestra patria”, expresó.
Quienes tengan información sobre lo sucedido, pueden comunicarse al 0291-4527588 y aportarla bajo todas las garantías.
Judiciales
Comisario denunciado por abuso: declaró, fue imputado y seguirá detenido
El comisario retirado denunciado por abuso sexual en perjuicio de dos hijastras se defendió de las acusaciones en su contra, fue imputado y continuará detenido mientras avanza la investigación que se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, el ex uniformado identificado como Adolfo Miguel González (63), quien permaneció más de una semana en condición de prófugo, fue trasladado esta mañana hacia la dependencia judicial interviniente y ante el magistrado Juan Manuel Monte eligió declarar.
Si bien no trascendieron mayores detalles sobre su declaración, se pudo saber que el implicado negó las acusaciones que lo señalan por hechos de abuso contra dos hijas de quien fuera de su pareja.
En la misma audiencia, González fue imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado” y continuará detenido a disposición de la Justicia.
El comisario retirado se encuentra privado de su libertad desde el martes a la tarde, cuando se entregó después de más de una semana en condición de prófugo.
Comisario retirado denunciado por abuso se entregó tras ocho días prófugo
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Se suspendió el juicio a ex gendarme acusado de matar a su esposa en 2001
El debate oral programado para hoy contra el ex gendarme Carlos Ramón Gómez, imputado por el asesinato de su esposa María Esther Barreda (36), cometido el 9 de diciembre de 2001, fue suspendido en virtud de “maniobras dilatorias” de sus abogados advertidas por el Tribunal Penal Dos de Posadas, que resolvió diferir el inicio de las audiencias y designar un defensor oficial sustituto para evitar que el accionar se repita en la próxima fecha a definir.
La decisión se tomó luego de que el imputado notificara un último cambio de defensa, designando a la letrada Olga Anahí Tabacchi, ex fiscal en Santo Tomé y con condena ratificada por la Corte Suprema por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público, en lugar de la abogada posadeña María Laura Alvarenga.
En ese marco, el tribunal presidido por el magistrado César Antonio Yaya advirtió que la medida pudo corresponderse a una “maniobra dilatoria”, alegando que los anteriores abogados de Gómez (Eduardo Paredes y Mauricio Vergara) “exhibieron idéntica conducta procesal” en otros tres causas puntuales en las que renunciaron o solicitaron cambios a último momento, entre otros planteos.
Ante ese panorama, y a fin de asegurar el derecho de defensa del imputado y garantizar la realización del debate sin nuevas dilaciones, las autoridades resolvieron suspender la audiencia de hoy y pautar una nueva fecha de inicio, aunque antes de ello ordenó designar un defensor oficial sustituto para que actúe en caso de una nueva renuncia o cambio de abogado a último momento.
Gómez llega a esta instancia libertad y enfrenta cargos por “homicidio calificado”, figura bajo la cual puede ser condenado a prisión perpetua, pena que al momento del hecho preveía 25 años de cárcel.
El expediente quedó habilitado para tratarse en debate oral luego de que el pasado 7 de julio la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) fallara en contra de uno de los tantos planteos defensivos que los diferentes abogados de Gómez presentaron a lo largo de dos décadas.
Crimen y derrotero judicial
El hecho que se pretende esclarecer se registró el 9 de diciembre de 2001 y la víctima fue María Esther Barreda, una mujer de 36 años que estaba en pareja con el ex gendarme acusado.
Según lo reconstruido en su momento, el crimen ocurrió en una vivienda del barrio San Lucas, a pocas cuadras del club Centro de Cazadores de Posadas, donde Gómez habría encontrado a su pareja con otro hombre y la atacó a balazos con su arma reglamentaria.
La mujer recibió un total de cuatro disparos y falleció en el lugar, mientras que el ex uniformado huyó de la escena para un día después entregarse en el puesto de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) de San José.
Inicialmente, la causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción Tres de Posadas, presidido en ese entonces por el magistrado Eduardo D’Orsaneo, aunque más tarde el caso ingresó en un largo proceso recursivo y el derrotero judicial que se extendió durante más de 20 años.
Tras las primeras actuaciones, el juez D’Orsaneo dictó la prisión preventiva para el imputado e incluso más tarde la fiscal Margarita Wenner avanzó con el requerimiento de elevación a juicio.
La defensa, por su parte, jugó otra carta. Se opuso al requerimiento y pidió el sobreseimiento de Gómez alegando una “inimputabilidad” de su cliente en razón de haber actuado en forma “enceguecida” por encontrar a su pareja con un presunto amante.
Para 2003, en el expediente intervino el Tribunal Penal Uno de Posadas, que resolvió revocar la elevación a juicio y dictar el sobreseimiento de Gómez, cuya ejecución fue apelada, no así la resolución que lo dispuso.
De ahí, el asunto pasó a manos del Tribunal Penal Dos, actuando como Cámara de Apelaciones, cuyas autoridades consideraron que el caso debía seguir siendo investigado y en consecuencia remitió las actuaciones al Juzgado de Instrucción Uno, entonces presidido por Horacio Gallardo (fallecido), que liberó al sospechoso y estableció una prórroga extraordinaria para resolver si Gómez debía ir al banquillo o no.
Los años pasaron y recién en 2013 el ex gendarme volvió a ser detenido para enfrentar el juicio. El inicio de las audiencias estuvo programado para 2018, pero fue suspendido por el pedido de licencia del fiscal.
En ese lapsus, la defensa volvió a jugar otra carta y recurrió al máximo órgano judicial del país aludiendo el sobreseimiento dictado en su momento a favor de Gómez, entre otros planteos como de prescriptibilidad, arbitrariedad y violación del principio de defensa en juicio por preclusión.
Ese planteo es el que recientemente respondió de manera negativa la Corte, aunque sin analizar la cuestión de fondo. Tras ese revés, Gómez quedó sin más posibilidades recursivas y, por eso, hoy debía sentarse en el banquillo de los acusados aunque el inicio del debate volvió a ser postergado.
Ex gendarme irá a juicio por el crimen de su esposa 24 años después
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Ordenan junta médica para el suegro de Wiebel antes de fijar la indagatoria
El hombre de 82 años detenido desde el viernes pasado por el crimen de su ex yerno, el empresario y piloto Alfredo Wiebel (48), continúa internado en Puerto Iguazú y la Justicia ordenó que sea sometido a una junta médica para determinar si su estado de salud le permite comparecer en audiencia de declaración indagatoria.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones mediante diversas fuentes consultadas, el detenido, identificado como Ángel Ramón Zalazar (82), continúa internado con custodia policial en la misma clínica privada a la que se presentó el viernes a la tarde mientras era intensamente buscado por el crimen registrado horas antes.
Si bien los certificados médicos aún no fueron elevados formalmente a las autoridades intervinientes, el implicado además de atención por patologías de base recibiría tratamientos de salud de mental, factor que la Justicia pretende esclarecer y para ello se ordenó que el Cuerpo Médico Forense realice una evaluación integral del paciente para determinar si puede comparecer en audiencia de indagatoria.
En paralelo, siguen en curso otras medidas de prueba como la toma de testimoniales y la realización de diversas pericias.
En la causa ahora interviene César Lirussi, titular del Juzgado de Instrucción Dos de Eldorado, magistrado que quedó a cargo de la investigación tras la inhibición de Martín Brites, del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú.
Crimen
El crimen de Wiebel ocurrió el 11 de septiembre a la mañana, cerca de las 11, en una obra en construcción ubicada sobre la avenida República Argentina, en el barrio Industrial de la Ciudad de las Cataratas.
En ese lugar habría mantenido una discusión con Zalazar hasta que, en determinado momento, fue atacado a balazos ante la vista de varios albañiles que trabajaban en el predio y fueron testigos del crimen.
Fueron ellos mismos quienes narraron que después del ataque Zalazar se fue caminando hasta una su empresa ubicada en la zona y allí escapó al mando de una camioneta Toyota SW4.
El sospechoso estuvo prófugo unas horas hasta que, a las 16, se reportó su ingreso a una clínica de la ciudad, donde quedó internado con custodia policial.
La posterior autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos “mortales”. La información se sumó al hecho de que el sábado la Policía allanó la vivienda del único sospechoso y en el lugar incautaron una pistola calibre 9 milímetros que, se presume, podría tratarse del arma homicida. La certeza llegará una vez que los peritos en criminalística realicen los estudios correspondientes y arriben a una conclusión científica al respecto.
Wiebel, además de piloto de automovilismo, era empresario del rubro turístico, con negocios hoteleros y gastronómicos. Zalazar, en tanto, también es un hombre de negocios, vinculados a la importación y exportación.
Ambos compartían algunas de esas actividades y una hipótesis sostiene que el crimen pudo deberse a diferencias económicas que complicaron la relación.
La autopsia reveló que Wiebel recibió cinco balazos, cuatro de ellos mortales
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