Judiciales
A 20 años de la muerte del soldado Ramírez: “Hay testigos que saben lo que pasó”
La certeza es que el 26 de junio de 2003 el soldado chaqueño Mauro Ramírez (22) murió de un tiro en el pecho dentro del Regimiento de Monte 30 de Apóstoles, pero la incógnita es quién efectuó ese disparo. Para la Justicia en un principio fue un suicidio, mientras que la familia sostiene que hubo un entramado de poder y corrupción para ocultar el fusilamiento del joven. Hoy, 20 años después, la cuestión sigue sin dilucidarse.
La causa por el fallecimiento del soldado Ramírez fue archivada como suicidio en tres ocasiones. Primero por la Justicia provincial y luego por la Justicia Federal en dos instancias, pero en 2016 la investigación fue reabierta a partir de un dictamen emitido por Procuraduría General de la Nación, al advertir que el caso podría tratarse de un hecho de violencia institucional.
“No se suicidó”
La muerte de Ramírez fue reportada el 26 de junio de 2003, a las 10 de la mañana. Su cuerpo sin vida, con un disparo en el pecho, fue hallado frente a una garita del destacamento del Ejército Argentino en Apóstoles.
El inicio de la pesquisa estuvo en manos del Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, a cargo en ese entonces del magistrado José Antonio Reyes -posteriormente destituido-, quien apenas tres meses después decidió archivar la causa al considerar el hecho como un suicidio.
“Hubo entramado de encubrimiento para hacerme creer que mi hijo se suicidó y él no se suicidó. Yo sé que a mi hijo lo mataron, no es una cosa inventada”, exclamó la madre del soldado, Susana Pintos, quien además acusó al ex juez Reyes de hacer desaparecer pruebas, específicamente unas cartas que el joven guardaba en su cofre de seguridad.
En la misma sintonía, el defensor oficial federal de Bahía Blanca, Gabriel Jarque, que actúa en la causa como querellante en representación de Pintos, sostuvo que “la versión que en su momento nos aportó el Ejército y el juez (Reyes) apuntó a un suicidio y no hay ningún elemento que permita sostener esa premisa. En esas primeras diligencias hubo deficiencias inexcusables. Es más, ni siquiera tenemos certezas de que el fusil y las prendas peritadas hayan sido efectivamente de Ramírez”.

El soldado Mauro Ramírez nació en Resistencia, Chaco.
Justamente, en su carácter de querellante, fue Pintos la que tuvo un rol trascendental para que, dos décadas después del hecho, la causa permanezca abierta y en pleno proceso. Es que, desde un principio, descreyó de la hipótesis de un suicidio y prácticamente se convirtió en una investigadora privada que se dedicó a recolectar elementos y recibir testimonios para esclarecer el hecho.
En diálogo con La Voz de Misiones, la mujer contó que “pude recorrer y contactarme con ex compañeros de Mauro que me dijeron que a él lo hicieron callar porque no se quiso involucrar en cuestiones de droga y contrabando de armas, pero algunos fueron amenazados y otros fueron acomodados en puestos importantes para que no cuenten la verdad. Mi hijo fue fusilado”.
Sin embargo, añadió Pintos, en muchas ocasiones, esas mismas personas que por privado le contaron una versión de los hechos, al momento de declarar ante la Justicia negaron todo o excusaron falta de memoria.
“Yo sé que hay testigos que tienen pesadillas, que no pueden dormir porque saben lo que pasó y no lo cuentan. Mi esperanza es que uno de ellos se quiebre y creo que en algún momento sucederá; muchos de hoy ellos hoy también son padres”, lanzó.
De testimoniales e indagatorias
Desde la reapertura de la causa, la investigación avanzó, aunque de manera lenta y con contratiempos en el medio como, por ejemplo, cambio de fiscales y una pandemia que obligó a frenar actividades.
Actualmente, el expediente está en manos del Juzgado Federal de Posadas, aunque la jueza original María Verónica Skanata se inhibió y, por subrogancia, el caso recayó en Miguel Ángel Guerrero, en tanto que, en representación del Ministerio Público Fiscal, interviene Vivian Barbosa.
Según pudo saber LVM, desde la reactivación de la causa, ya declararon más de 25 testigos y la querella considera que la etapa de testimoniales está pronta a culminar, tras lo cual planean solicitar el llamado a indagatoria de dos uniformados que podrían haber tenido responsabilidad en el hecho, tal como ya lo pidieron sin éxito en 2017.
“Tenemos algunos testigos pendientes, pero ya serían los últimos. Vamos a insistir con las citaciones a indagatorias. Nosotros tenemos elementos y pruebas como para demostrar que estas dos personas puntuales no solamente estuvieron revistando en el regimiento el día del hecho, sino que también han tergiversado sus dichos”, puntualizó el defensor Gabriel Jarque.
Asimismo, el letrado tampoco descartó que el pedido se amplíe a otros involucrados, de acuerdo a los nuevos elementos que puedan ser recolectados.

Una inspección ocular realizada en el Regimiento de Apóstoles tras la reapertura de la investigación, en 2016.
En esa línea, detalló que “lo que estas personas aportaron cuando declararon como testigos no es cierto en todos sus aspectos y son contradictorias en parte. Es decir, para nosotros saben más de lo que están diciendo y por eso creemos que estas personas tuvieron alguna intervención en el hecho, ya sea por acción o por omisión. Eso da como para citarlos”.
Pintos, además, fustigó por la actualidad de algunos de los posibles implicados y su próximo objetivo es plantear la cuestión ante el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Taiana.
“Algunas de las personas que pudieron tener responsabilidad en la muerte de mi hijo están retirados, pero otros siguen en funciones, en distintos destinos. Se pasean libremente y eso no puede ser así”, cuestionó la madre.
“Una perpetua de dolor”
En ese marco, la causa continúa en pie y este domingo, Susana volvió a Apóstoles para realizar actividades y ceremonias en memoria de su hijo.
“Como hacemos siempre, no vamos a destruir, ni hacer pintadas. Solo llevo conmigo mi dolor, mi angustia, una oración y ramo de flores. Solo quiero estar un rato en la garita donde mi hijo estuvo con vida por última vez”, señaló la mujer, que se dedica a la docencia en Chaco.

La madre del soldado fallecido, Susana Pintos, estará hoy y mañana en Misiones realizando actividades.
Las actividades comenzaron hoy a las 9, con una visita al barrio Esperanza de Apóstoles, donde hay un mural en honor al soldado fallecido y también se repartió chocolatada y pelotas para niños de la zona.
Se hará, por otra parte, una visita al regimiento y una misa, al tiempo que mañana se hará una ofrenda floral frente al Juzgado Federal de Posadas, ubicado sobre la avenida Corrientes.
“A mí ya me arruinaron la vida, pero necesito llegar a la verdad. Yo hoy tengo una condena a perpetua de dolor, pero sigo en la lucha por Mauro y para que esto no le vuelva a suceder a ningún otro soldado que solo sueña con defender nuestra bandera y nuestra patria”, expresó.
Quienes tengan información sobre lo sucedido, pueden comunicarse al 0291-4527588 y aportarla bajo todas las garantías.
Judiciales
Juicio a sicarios: Díaz esquivó el primer disparo y recibió seis en el piso
Siete disparos en total. Seis en el cuerpo, uno de ellos en la cabeza de la víctima. Ese fue el “escenario balístico” que esta mañana describieron los peritos de criminalística que intervinieron en la escena del crimen del comerciante Cristian Díaz (34), hecho cometido el 8 de mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de Posadas y por el cual hay dos presuntos sicarios brasileños que desde hoy afrontan un debate oral.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva (24) y David Weslley De Olveira Silva (24), quienes están acusados de llegar al kiosco de Díaz como clientes y al ser atendidos abrir fuego sin mediar palabras. Los dos enfrentan cargos por “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”, figura que prevé una pena de prisión perpetua.
El debate oral comenzó esta mañana en el Tribunal Penal Dos de Posadas, donde los imputados oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización Bala Na Cara, se abstuvieron de declarar y oyeron el avance del proceso conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real aportado por la Universidad Católica de las Misiones (Ucamis), en tanto que en una sola contigua también había una perito intérprete siguiendo cada minuto.
Para la fecha había siete testigos citados, aunque el fiscal Vladimir Glinka y la defensora particular Ramona Gómez acordaron desistir de cuatro de ellos para concentrarse únicamente en el “eje en contradicción”.
“Los imputados no niegan su presencia en la escena del hecho, niegan el crimen, entonces decimos avanzar con los testigos que interesan para tratar los puntos que están en discusión”, explicó Glinka ante los magistrados César Yaya -presidente-, Martín Rau y Gregorio Busse.
Bajo esa premisa, los testigos que sí pasaron a declarar fueron un médico y dos Licenciados en Criminalística de la Policía de Misiones, con quienes las partes ahondaron sobre el escenario del crimen, las primeras actuaciones y pericias.

Los brasileños siguen el debate conectados a un dispositivo de traducción en tiempo real.
Acribillado
El testimonio más sustancioso fue dado por el perito Jeremías Serrizuela, quien brindó detalles sobre las evidencias encontradas en el kiosco que Díaz tenía en su casa ubicada en la esquina de las calles 74 y 95, en la chacra 94, en pleno barrio Yacyretá.
Serrizuela precisó que las evidencias recolectadas dieron cuenta de un total de siete disparos, uno de los cuales impactó en un estante del kiosco y los otros seis dieron en el cuerpo de la víctima.
El perito también hizo un análisis de distancias, trayectorias y ubicación de las vainas servidas a partir de lo cual reconstruyó: “El primer tiro fue desde afuera y pegó en un estante. Después, el tirador ingresó el arma por la venta y continuó disparando. La víctima estaba estaba acostada al momento de recibir los seis disparos. Posiblemente se cayó después del primer disparo porque estaba de ojotas y medias en un piso muy resbaladizo. Es decir, se cayó y fue rematado boca arriba”.
Previo a Serrizuela pasó su colega Andrea Strocen Schelske, quien desarrolló sobre las pericias tendientes a dar con residuos de disparos en las prendas incautadas y afirmó que en las dos camperas (una del club Gremio) secuestradas en poder de los detenidos hubo resultados positivos, como así también el automóvil utilizado para llegar y escapar de la escena del crimen.
El médico Nelson Orlando Fernández, por su parte, repasó cada una de las heridas de arma de fuego y precisó que la lesión mortal fue dada por “un proyectil que ingresó por el cuello y quedó alojado en el cerebro”.

Los extranjeros fueron atrapados menos de un día después, cuando estaban a punto de volver a Brasil en colectivo.
La versión de Weslley
Como los dos imputados optaron por no declarar en el inicio del debate, el tribunal solicitó que se de lectura a las declaraciones brindadas en la etapa de instrucción, instancia en la que ambos negaron ser los autores del crimen.
Weslley De Olveira Silva, sindicado como el tirador, contó que en Florianópolis había conocido a una joven argentina con quien luego mantuvo contactos por redes y decidió venir a “visitarla”, aunque decidió no dar el nombre de esa presunta chica para “resguardarla”.
En su relato, señaló que le pidió a su amigo Gabriel que lo acompañe y poco después de llegar a la terminal de Posadas se sentaron en un bar de la zona donde conocieron a una persona de nombre “Yona”, a quien le ayudaron a empujar un auto Fiat Duna con desperfectos.
“Lo ayudamos y le comentamos que buscábamos un lugar donde alojarnos. Ahí él nos invitó a quedarnos en su casa, que solo teníamos que pagarnos nuestra comida”, declaró en aquella oportunidad Weslley.
El brasileño contó que en la casa de ese sujeto se quedaron varios días y casi todas las noches iban al kiosco de Díaz a comprar bebidas. Lo mismo dijo que hicieron ese 8 de mayo de 2022, aunque todo salió mal: “A las 2 fuimos de nuevo porque queríamos seguir bebiendo y al llegar al kiosco había un hombre con capucha y barbijo. El dueño se apareció con un arma y esa otra persona sacó otro arma y empezó a disparar. Nosotros con mi amigo corrimos al auto de Yona y nos escapamos”.
Esa persona que los imputados identifican como Yona sería Héctor Rodríguez, más conocido como Leche, sindicado en la causa como la persona que brindó logística, recursos y hospedaje a los extranjeros, aunque nunca fue localizado.

El tribunal está integrado por los jueces Martín Rau, César Yaya -presidente- y Gregorio Busse.
La trama narco detrás
En el requerimiento de elevación a juicio formulado por la fiscal Patricia Clérici se desliza como hipótesis que los implicados fueron contratados para concretar el crimen de Díaz en represalia a una carga de marihuana que le atribuyen a Leche y que fue incautada por Gendarmería.
Sin embargo, en el mismo documento se aclara que “no hubo elementos que acrediten que Leche era el dueño de la carga, ni que Díaz se dedicara a otra cosa que no sea su kiosco”. Asimismo, señala que tampoco se pudo identificar a un posible “autor intelectual” del crimen.
En contrapartida, lo que sí quedó claro para Clérici es que los imputados actuaron de manera coordinada y agredieron por sorpresa a la víctima, sin darle posibilidad de defensa. Por eso la imputación de “homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos o más personas y alevosía”.
El debate continúa mañana con más testigos y podría prolongarse a lo largo de toda la semana.
Sicarios brasileños van a juicio por acribillar a un kiosquero en Posadas
Judiciales
Empezó el juicio a sicarios brasileños por el crimen de Cristian Díaz
Este martes a las 8.45 comenzó el juicio a los brasileños Gabriel Junior Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, en el Tribunal Penal Dos de Posadas, quienes son acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz.
Ambos son oriundos de Porto Alegre, sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Bala Na Cara y enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado ocurrido en mayo de 2022, en el barrio Yacyretá de la capital provincial, por lo que podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Al comenzar el juicio, se logró observar que los imputados tienen un aparato de traducción en tiempo real y en una sala contigua acompaña la audiencia una perito intérprete.
Como primera medida, se leyó el auto de elevación a juicio del expediente y las partes acordaron desistir de cuatro testigos citados para la fecha. El proceso prevé continuar toda la semana.
El debate se desarrolla ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka, mientras que como defensora interviene la abogada Ramona Gómez.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.
Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas
Judiciales
Arranca el juicio a dos sicarios brasileños acusados de un crimen en Posadas
El Tribunal Penal Dos de Posadas juzgará desde este martes a dos ciudadanos brasileños acusados de asesinar a balazos al comerciante Cristian Javier Díaz, en un hecho ocurrido en mayo de 2022 en el barrio Yacyretá de la capital provincial. Ambos enfrentan una acusación por homicidio doblemente calificado y podrían recibir prisión perpetua en caso de ser hallados culpables.
Los imputados son Gabriel Junio Guimaraes Da Silva y David Weslley de Oliveira Silva, oriundos de Porto Alegre y sospechados de integrar la organización narcocriminal brasileña Bala Na Cara.
Los dos implicados permanecen detenidos y llegan a esta instancia acusados de haber ejecutado el ataque contra Díaz, quien tenía 34 años al momento del crimen.
El debate se desarrollará ante el Tribunal Penal Dos, integrado por los jueces César Antonio Yaya -presidente-, Martín Alejandro Rau y Gregorio Augusto Busse. La acusación está a cargo del fiscal Vladimir Glinka.
La causa llegó a juicio después de que el juez de Instrucción Siete de Posadas, Miguel Mattos, dispusiera en febrero de 2024 la elevación del expediente. La calificación legal establecida fue la de homicidio doblemente calificado por el concurso premeditado de dos personas y alevosía, figura que contempla como pena la prisión perpetua.

Los extranjeros fueron detenidos pocas horas después.
El crimen
El homicidio ocurrió durante la madrugada del 8 de mayo de 2022, en la vivienda de Díaz, ubicada en la chacra 94, en jurisdicción del barrio Yacyretá.
Según la reconstrucción realizada durante la investigación, cerca de las 3.30 dos hombres llegaron hasta el kiosco que funcionaba en el frente del inmueble y llamaron a la ventana. Cuando Díaz se acercó para atender, fue atacado a tiros.
En la escena fueron levantados vestigios de siete disparos y seis impactos fueron encontrados en el cuerpo de la víctima, principalmente en cuello, tórax y abdomen. La lesión en el cuello fue considerada mortal.
La investigación de la Dirección Homicidios de la Policía de Misiones permitió avanzar rápidamente a partir de testimonios y del análisis de cámaras de seguridad. Los investigadores identificaron un Fiat Duna blanco con desperfectos en las luces traseras que había circulado por la zona después del ataque.
El vehículo fue localizado en una vivienda del barrio Luis Piedrabuena. Allí también se estableció que habían estado alojados los dos brasileños.
Los investigadores continuaron con las tareas de seguimiento y detectaron que ambos habían abandonado el inmueble en un remís rumbo a la terminal de ómnibus de Posadas. Fueron detenidos allí cuando, según la pesquisa, se disponían a tomar un colectivo para regresar a Brasil.

El Duna blanco, una pista clave.
La trama narco detrás
El expediente también estuvo atravesado por una hipótesis relacionada con el narcotráfico.
En octubre de 2021, Gendarmería Nacional había secuestrado 155 kilogramos de marihuana en un vehículo abandonado frente al inmueble del barrio Luis Piedrabuena donde posteriormente se estableció que habían permanecido los dos acusados.
A partir de esa conexión, el juez Mattos inicialmente se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal, al considerar que el homicidio podía estar relacionado con una investigación por narcotráfico. Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la competencia y la causa regresó al fuero provincial.
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