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Jefe de fiscales federales acusado de múltiples delitos espera junta médica

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Gonzalez Glaria

Después de diez meses de investigación, el futuro inmediato del expediente que se instruye contra el fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría, acusado de una multiplicidad de delitos, hoy depende de una junta médica.

La medida, solicitada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, fue autorizada en diciembre del año pasado por el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, y establecida para su realización el 9 de marzo próximo.

El procedimiento busca profundizar en el cuadro depresivo que González Glaría aduce padecer en sus certificados médicos y determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la audiencia de declaración indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso que se lleva en su contra desde abril de 2021.

El pedido de la junta médica es la última carta jugada por Turano -que incluso pidió contar con un perito de parte en el procedimiento- para conseguir que el fiscal denunciado comparezca a declarar por las denuncias que lo tienen bajo la lupa.

González Glaría, el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, tuvo dos llamados a indagatoria (en octubre y en noviembre de 2021) y ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban “trastorno depresivo” y recomendaban 30 días de reposo.

Fue tras esa última postergación de noviembre que Turano solicitó que el implicado entonces sea evaluado por una junta de profesionales en la salud y el juez Casals dio lugar, pero ahora se suma una nueva presentación que debe ser analizada por las autoridades antes de llevar adelante el procedimiento médico, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.

Es que el viernes pasado, apenas culminada la feria judicial, el defensor particular del fiscal investigado, el letrado Hugo Zapana, presentó un nuevo escrito solicitando la suspensión de todas las medidas procesales hacia su cliente, argumentando “razones humanitarias” y adjuntando estudios clínicos que sostienen que la depresión de González Glaría se debe a un tratamiento oncológico intensivo que afronta desde noviembre del 2021.

Las mismas fuentes detallaron que el pedido sostiene que el imputado debe realizar “reposo absoluto domiciliario”, teniendo “vedado cumplir funciones laborales o administrativas”.

También se indica que el tratamiento oncológico se extenderá hasta mayo y que luego González Glaría debe ser intervenido quirúrgicamente.

En base a lo expuesto,  Zapana solicitó que el proceso quede suspendido hasta tanto su cliente tenga el alta definitiva.

Las fuentes de LVM señalaron que ese pedido todavía no tuvo respuesta de parte del juzgado interviniente, aunque sí se supo que se giró la historia clínica al Cuerpo Médico de la Cámara de Apelaciones Federal para que dichos profesionales se expidan respecto a si González Glaría está en condiciones o no de afrontar la junta médica.

Allí podría definirse el futuro inmediato del expediente que se instruye contra, ni más ni menos, que el jefe de todos los fiscales federales de la provincia. De ello depende una nueva citación a indagatoria y las consecuentes medidas que puedan devenir.

Es que sin ese trámite clave no se puede avanzar, a pesar del material ya recolectado en la investigación, entre testimoniales y prueba documental.

Las denuncias

La investigación contra González Glaría, de 67 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.

Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.

Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.

La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.

Bogado ya declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.

Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.

A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.

El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.

En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.

Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.

Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.

También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.

Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.

Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando desde octubre del año pasado.

Videos

Justo en medio del entramado de presentaciones y solicitudes planteadas por las partes involucradas, el fiscal investigado fue visto y filmado timoneando un yate y disfrutando del río Paraná en la Isla del Medio.

Dos videos de ese momento llegaron a la redacción de LVM y este medio pudo confirmar la veracidad de las imágenes que ahora podrían significar el inicio de una nueva investigación y otro problema para González Glaría.

Las imágenes habrían sido tomadas el 15 de enero y los testigos del momento indicaron que el fiscal fue visto timoneando el yate, aunque no está comprobado que la nave sea de su propiedad. “Al menos, en sus declaraciones juradas no está registrada”, ampliaron las fuentes.

 

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Fuga de la UR X: allanan inmuebles relacionados a Guri Andino

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guri andino

La investigación por la fuga registrada el viernes pasado en la Unidad Regional X y la búsqueda de los evadidos que continúan fugitivos continúa en marcha este miércoles, con seis allanamientos simultáneos en inmuebles vinculados a Cristian Ezequiel “Guri” Andino (25), sindicado “cerebro” del escape.

De los seis procedimientos, tres tienen lugar en Posadas y otros tres en Garupá. Uno de los inmuebles pertenece a la madre de Andino, mientras que los restantes responden a amigos y conocidos del mismo implicado.

De acuerdo a lo consignado por fuentes policiales, en los sitios allanados el personal de la Dirección Investigaciones Complejas secuestró aparatos telefónicos que podrían contener pistas para dar con el paradero de Andino y del paraguayo Walter Ramón Ávalos Cáceres (25).

Los dos prófugos registran causas por delitos vinculados al narcotráfico e incluso Andino tiene sobre sus espaldas una condena de 5 años y 6 meses de prisión dictada en diciembre pasado tras un juicio oral realizado ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Posadas.

Ambos estaban detenidos en el Pabellón B de la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional X, ubicada en el barrio A4 de Posadas. De ese lugar escaparon el viernes a la medianoche, junto a otros dos sujetos con causas de abuso sexual Ramón Alberto Silvero (40) y Ángel Gabriel Dainchuk (19), quienes ya fueron recapturados.

La fuga se concretó a través de un boquete en el techo de un patio interno, tras lo cual alcanzaron las calles del barrio A4 y presuntamente contaron con la colaboración del conocido de ladrón de motos Rodrigo “Koala” P. (25), quien los esperó en un Volkswagen Bora gris para alejarlos del lugar.

Koala fue detenido el lunes a la madrugada y el vehículo fue incautado horas más tarde en el barrio San Juan Evangelista durante procedimientos ejecutados por efectivos de la Dirección Investigaciones Complejas.

Ese mismo día Silvero fue encontrado deambulando en la localidad de Loreto, mientras Dainchuk cayó el martes a la madrugada en el barrio El Porvenir II de Posadas.

FOTO PRINCIPAL: Ilustrativa.

Atraparon a Gabriel Dainchuk y quedan dos prófugos de la Unidad Regional X

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Eldorado: causa de carpintero golpeado por sus patrones tiene tres imputados

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Jonás (20) sufrió un accidente laboral el pasado 4 de enero operando una máquina en una carpintería ubicada por calle Almirante Brown, a la altura del kilómetro 3 de Eldorado, por lo que el médico le sugirió dos semanas de reposo. Lo que nunca imaginó fue lo que pasaría al reincorporarse: lo privaron ilegítimamente de su libertad y obligaron a firmar hojas en blanco bajo coacción. Hoy el caso se encuentra en manos del Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado con tres imputados y dos detenidos.

Tras la agresión recibida por parte de quienes serían sus jefes, el joven no dudó en relatar todo lo ocurrido a través de un video que rápidamente se viralizó a través de las redes sociales el pasado viernes 23 de enero. Acompañado por su madre, mostró los vestigios visibles a través de arañazos en el torso y cuello, además de golpes en el rostro que le provocaron hematomas alrededor de los ojos e hinchazón en una de las mejillas. 

La agresión se produjo cuando Jonás regresó a la carpintería, tras dos semanas de reposo médico al cual se vio obligado a raíz de un accidente laboral que rebanó uno de sus dedos, mientras trabajaba con una amoladora. “Me presenté hoy a las 8 de la mañana en la oficina con la constancia de reposo, y a trabajar, porque me pidieron que lleve los papeles”, contó en su video. 

Y continuó: “Al ingresar a la oficina me dijeron que no había trabajo para mi y que no se me iban a remunerar ninguno de los días de reposo que tuve, por lo que exigí que me paguen porque el accidente lo sufrí un lunes laboral y sucedió dentro de su carpintería. Me respondieron que no me iban a pagar nada y que querían que les firmara tres papeles en blanco”. 

El joven aseguró que en ese momento se negó rotundamente al pedido de firmas irregulares sobre papeles en blanco, ante lo cual, su jefe expresó ante su hijo: “Bueno, vamos a pagarle entonces al muchacho. Cerrá la puerta”. 

Cuando cerró la puerta me atacaron entre los tres. Me empezaron a pegar con los puños, con un palo sobre la cabeza, me amenazaron con una pala y me pedían que firme. Yo me rehusé y me siguieron pegando hasta que por cansancio accedí a firmar los papeles”, recordó Jonás.

Luego, inició la eliminación de pruebas: “Al acceder a firmar los papeles me dejaron de pegar, le firmé los tres papeles que querían, me pidieron el teléfono, pero no se lo quise dar. Me sacaron el teléfono por la fuerza, lo rompieron, me volvieron a pegar para que le de la contraseña del dispositivo y eliminaron contactos“, dijo en alusión a los números correspondientes a la empresa, el jefe y sus hijos.

Mientras todo eso ocurría, pasaron al menos tres horas: “Me tuvieron encerrado en la oficina desde las 8:10 hasta las 11:30”, aseguró. Sin embargo, la tortura no terminó allí. Luego de eliminar todos los contactos vinculados a la empresa, procedieron a llevarlo a un escribano, contra su voluntad, donde firmó un documento, le devolvieron el teléfono y lo dejaron “tirado” frente a la escribanía ubicada en el kilómetro 9 de Eldorado.

La denuncia 

Inmediatamente, la familia de Jonás realizó la denuncia correspondiente en sede policial, junto a las constancias médicas forenses, por lo que el caso ya se encuentra en manos de la Justicia.

Consultado por La Voz de Misiones, el abogado Matías Sotelo, representante legal de Jonás, confirmó que la causa está caratulada como “privación ilegítima de la libertad, extorsión y lesiones”.  

El letrado añadió que el expediente se instruye ante el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado con tres imputados de los cuales Román A. y Miguel V. A, de 24 y 72 años, se encuentran detenidos desde el sábado.

“El último tenía orden de detención y habría sido detenido o se habría entregado, según información que tenemos”, añadió.

A su vez, descartó que desde la empresa se hayan comunicado nuevamente con Jonás a raíz de la difusión y viralización que cobró el caso en redes sociales.

Durante el allanamiento concretado en la carpintería y aserradero, por disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, los efectivos secuestraron una tabla de madera presuntamente utilizada para agredir a la víctima.

Por su parte, Jonás fue asistido en el hospital Samic, donde el médico policial diagnosticó traumatismos en el rostro y en el cuero cabelludo y ahora debe someterse a nuevas placas radiográficas debido a la severidad de los golpes recibidos en el cráneo.

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Lleva cinco días internada y piden ayuda para dar con el auto que la chocó

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empleada judicial internada

A cinco días del accidente que dejó la empleada judicial Yohana Maribel Fernández (39) internada en terapia intensiva, sus familiares, amigos y compañeros de trabajo reiteran un pedido de colaboración a la comunidad para dar con el automóvil que se dio a la fuga después del siniestro. 

El hecho ocurrió el jueves pasado, entre las 7.30 y las 7.45, mientras la mujer se dirigía hacia su trabajo a bordo de una motocicleta Gilera Smash 110 hasta que, en la rotonda de ingreso al aeropuerto de Posadas se precipitó a la acera tras ser embestida por un automóvil que se dio a la fuga.

Según los primeros datos, la mujer circulaba sobre la avenida Ulises López, en dirección al centro de la ciudad, mientras que un automóvil blanco que ingresó a la rotonda y al girar hacia su izquierda impactó contra la motocicleta.

Como consecuencia, Fernández se precipitó contra la acera, sufriendo graves lesiones que requirieron de su internación urgente en el hospital Favaloro de Villa Cabello. La paciente luego fue derivada al Sanatorio Camino, donde continúa internada en terapia intensiva.

“Ella sigue en terapia intensiva. Están esperando que esté un poco más estable para que entre a cirugía”, precisó esta tarde Juan Esteban Ruiz Díaz, esposo de Fernández.

En diálogo con La Voz de Misiones, el hombre detalló que su pareja sufrió fractura de clavícula y costillas, que también afectaron un pulmón. “Ella está consciente y habla, pero habla poco porque enseguida ya empieza a sentir dolor”, agregó.

La Policía abrió una investigación para esclarecer lo sucedido, aunque hasta el momento no hay mayores datos sobre el otro vehículo implicado.

Ante esta situación, tanto sus familiares como sus compañeros de trabajo, nucleados en la Unión Judicial de Misiones, emitieron un sentido pedido de colaboración a la comunidad. “Toda información, por mínima que parezca, puede resultar clave”, resaltaron.

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