Policiales
Jefe de fiscales federales acusado de múltiples delitos espera junta médica
Después de diez meses de investigación, el futuro inmediato del expediente que se instruye contra el fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría, acusado de una multiplicidad de delitos, hoy depende de una junta médica.
La medida, solicitada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, fue autorizada en diciembre del año pasado por el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, y establecida para su realización el 9 de marzo próximo.
El procedimiento busca profundizar en el cuadro depresivo que González Glaría aduce padecer en sus certificados médicos y determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la audiencia de declaración indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso que se lleva en su contra desde abril de 2021.
El pedido de la junta médica es la última carta jugada por Turano -que incluso pidió contar con un perito de parte en el procedimiento- para conseguir que el fiscal denunciado comparezca a declarar por las denuncias que lo tienen bajo la lupa.
González Glaría, el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, tuvo dos llamados a indagatoria (en octubre y en noviembre de 2021) y ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban “trastorno depresivo” y recomendaban 30 días de reposo.
Fue tras esa última postergación de noviembre que Turano solicitó que el implicado entonces sea evaluado por una junta de profesionales en la salud y el juez Casals dio lugar, pero ahora se suma una nueva presentación que debe ser analizada por las autoridades antes de llevar adelante el procedimiento médico, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Es que el viernes pasado, apenas culminada la feria judicial, el defensor particular del fiscal investigado, el letrado Hugo Zapana, presentó un nuevo escrito solicitando la suspensión de todas las medidas procesales hacia su cliente, argumentando “razones humanitarias” y adjuntando estudios clínicos que sostienen que la depresión de González Glaría se debe a un tratamiento oncológico intensivo que afronta desde noviembre del 2021.
Las mismas fuentes detallaron que el pedido sostiene que el imputado debe realizar “reposo absoluto domiciliario”, teniendo “vedado cumplir funciones laborales o administrativas”.
También se indica que el tratamiento oncológico se extenderá hasta mayo y que luego González Glaría debe ser intervenido quirúrgicamente.
En base a lo expuesto, Zapana solicitó que el proceso quede suspendido hasta tanto su cliente tenga el alta definitiva.
Las fuentes de LVM señalaron que ese pedido todavía no tuvo respuesta de parte del juzgado interviniente, aunque sí se supo que se giró la historia clínica al Cuerpo Médico de la Cámara de Apelaciones Federal para que dichos profesionales se expidan respecto a si González Glaría está en condiciones o no de afrontar la junta médica.
Allí podría definirse el futuro inmediato del expediente que se instruye contra, ni más ni menos, que el jefe de todos los fiscales federales de la provincia. De ello depende una nueva citación a indagatoria y las consecuentes medidas que puedan devenir.
Es que sin ese trámite clave no se puede avanzar, a pesar del material ya recolectado en la investigación, entre testimoniales y prueba documental.
Las denuncias
La investigación contra González Glaría, de 67 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.
Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.
Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.
La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.
Bogado ya declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.
Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.
A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.
El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.
En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.
Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.
También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando desde octubre del año pasado.
Videos
Justo en medio del entramado de presentaciones y solicitudes planteadas por las partes involucradas, el fiscal investigado fue visto y filmado timoneando un yate y disfrutando del río Paraná en la Isla del Medio.
Dos videos de ese momento llegaron a la redacción de LVM y este medio pudo confirmar la veracidad de las imágenes que ahora podrían significar el inicio de una nueva investigación y otro problema para González Glaría.
Las imágenes habrían sido tomadas el 15 de enero y los testigos del momento indicaron que el fiscal fue visto timoneando el yate, aunque no está comprobado que la nave sea de su propiedad. “Al menos, en sus declaraciones juradas no está registrada”, ampliaron las fuentes.
Judiciales
Apelaciones anuló el archivo de la causa por la muerte de Juanita Sirimarco
La Cámara de Apelaciones de la provincia declaró la nulidad de la resolución que archivó la investigación por la muerte de la pequeña Juanita Milargos Sirimarco Díaz (13), registrada el 12 de octubre de 2024 tras el regreso de un viaje de egresados a Córdoba.
La medida fue resuelta por la Sala I del tribunal de alzada, con la firma de los vocales Pedro Benito Piriz y Marisa Ruth Dilaccio, quienes consideraron que la desestimación de la causa por parte del magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis de Posadas, presentaba una fundamentación insuficiente.
El caso llegó a manos de la Cámara de Apelaciones en virtud de una apelación presentada por el letrado Miguel Cassettai, en carácter de querellante particular en representación de la madre de la niña fallecida.
En su planteo, la querella argumentó que en la resolución del juez Balor hubo una “falta de valoración íntegra” de los testimonios recabados en la causa, entre ellos las del chofer del micro, de su guarda y de otra adolescente que viajaba con Juanita, lo cual derivó en una “insuficiente fundamentación”, agravio que los magistrados de la cámara consideraron pertinente y resolvieron en coincidencia.
De esta manera, Apelaciones decretó hoy la nulidad de la resolución alcanzada en instancia previa y, en consecuencia, el expediente deberá volver a etapa de instrucción para que se abra un nuevo período de análisis de la prueba.
En su dictamen de mayo del año pasado, el juez Balor había dispuesto el archivo de la causa por “inexistencia de delito”, al entender ninguna de las acciones realizadas configuraba una conducta culposa o negligente que reprochar a los adultos responsables del viaje.
“Conforme a la prueba colectada, las personas implicadas demuestran ‘haber empleado toda la diligencia de un buen padre de familiar para prevenir el daño’. Se corrobora el haber realizado todo lo necesario en base a sus conocimientos médicos y experiencias de anteriores viajes de egresados para que la menor Juanita Sirimarco Díaz pudiera mejorarse, por lo que no existe alguna conducta negligente”, había planteado Balor en aquella resolución, pero ahora, después de una apelación de la querella, la Cámara de Apelaciones entendió que las fundamentaciones esgrimidas eran insuficientes.
Final trágico
La muerte de Juana Milagros Sirimarco Díaz se produjo el sábado 12 de octubre de 2024 en el hospital de Pediatría, días después de llegar en severo estado de salud del viaje de egresados que había realizado a Carlos Paz (Córdoba) con sus compañeros del Instituto Cristiano República Argentina (Icra), en un servicio contratado con la empresa de turismo Viaturex.
Según relató en ese momento Claudia Díaz, su madre, en medio de las actividades realizadas en Córdoba, la niña sufrió una lesión en la rodilla que mereció atención médica y en paralelo comenzó a experimentar dolores de garganta, pero el doctor le comentó que los analgésicos recetados para la lesión de rodilla también harían efecto sobre esa dolencia.
Fue el lunes 7 de octubre, a la noche, que el contingente emprendió el regreso a casa y durante el trayecto la niña empeoró su estado. Desde Posadas, su madre hacía el seguimiento de su estado de salud a través de una maestra que viajó como acompañante.
Claudia añadió que a la madrugada siguiente Juanita vomitó y tuvo diarrea, amaneciendo muy descompuesta. También subió de temperatura y el médico del seguro del viaje recomendó la aplicación de dipirona.
“De casualidad, en el otro colectivo viajaba una mamá que es enfermera y ella tenía una ampolla de dipirona y se la aplicó. Después de eso, según los mensajes de la maestra, le bajó la temperatura, pero seguía vomitando y con diarrea”, contó la mujer en diálogo con diversos medios de comunicación, tanto de Misiones como de Buenos Aires, ya que la noticia tomó repercusión nacional.
Díaz narró que en varias oportunidades pidió que su hija sea atendida por un profesional y que fuese llevada a un hospital, pero los reclamos fueron desoídos. La última vez que solicitó esto fue cuando el colectivo estaba en Virasoro, Corrientes, pero los responsables del viaje decidieron continuar camino hacia Posadas.
El último pedido, según planteó la madre en aquel momento, fue que se gestionara con el seguro para que la niña bajase en Garupá, donde se quedaban otros compañeros que formaban parte del contingente, para que desde allí sea trasladada en ambulancia a Posadas.
Cuando Juanita ingresó al hospital Pediatría su estado ya era grave. “Tenía la boca negra y los ojos rojos, estaba en shock. La llevaron a emergencia y le pusieron un montón de líquidos en vena, estaba totalmente deshidratada, su corazoncito estaba latiendo mal y su presión estaba bajísima, con apenas 8/2. Como no lograron levantarle la presión arterial la llevaron directamente a terapia intensiva”, relató Claudia.
En el hospital se confirmó que la niña tenía Influeza B, cuadro que pudo haberle provocado la sepsis generalizada que la llevó a la muerte, aunque esto no pudo determinarse con certeza científica debido a que después del deceso la familia tomó la decisión de cremar el cuerpo.
Policiales
El SPP custodiará presos en comisarías de Posadas en horario nocturno
El ministerio de Gobierno, a cargo de Marcelo Pérez, puso en marcha en un nuevo esquema operativo en las comisarías posadeñas y dispuso que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) se haga cargo de las labores de resguardo de detenidos en dependencias policiales durante el turno nocturno, lo que permitirá destinar más efectivos a las calles y reforzar la seguridad en barrios de la ciudad durante la noche.
Con esta disposición, los agentes del SPP se encargarán de la custodia de detenidos en aquellas dependencias con mayor concentración de personas privadas de su libertad durante el turno comprendido desde las 19 hasta las 7.
Según consignaron desde la fuerza provincial, “a partir de esta readecuación, los efectivos policiales que cumplían funciones de guardia en comisarías serán reasignados a tareas preventivas, reforzando los patrullajes, las recorridas barriales, la instalación de puestos fijos y la presencia activa en puntos estratégicos de la capital provincial”.
“El esquema es coordinado entre la Jefatura de Policía y el Servicio Penitenciario Provincial, en el marco de un proceso progresivo que busca optimizar los recursos disponibles y fortalecer la operatividad en el territorio”, explicaron en el mismo comunicado.
La medida se implementa, además, casi dos meses después de la última fuga de presos registrada en la Unidad Regional X de Posadas.
En aquella ocasión, cuatro internos con diversas causas judiciales escaparon a través de un orificio en el techo del patio interno de la dependencia y dos de ellos, el paraguayo Walter Ramón Ávalos Cáceres (25) y el posadeño Cristian Ezequiel “Guri” Andino (23) permanecen prófugos.
Se fugaron cuatro presos de la UR X: uno había sido condenado en diciembre
Policiales
Investigan como homicidio la muerte de un joven y detuvieron a su novia
La autopsia practicada a un joven de 26 años reveló que su muerte, ocurrida el último lunes en la localidad de Concepción de la Sierra, se produjo por causas violentas y tras esa confirmación la Justicia dispuso la detención de su novia como sospechosa de homicidio.
La víctima del hecho fue identificada como Ramón Germán Bergergi, cuyo deceso se descubrió el lunes, cuando un familiar suyo lo encontró sin vida en su casa de Concepción.
Después de ello, el Juzgado de Instrucción Cuatro de Apóstoles, ordenó el cuerpo sea enviado a autopsia, examen forense que finalmente reveló que el deceso no se dio por causas naturales, sino más bien por causas violentas, lo que modificó el enfoque de la investigación.
En ese marco, las mismas autoridades dispusieron la detención de la novia de la víctima como sospechosa de homicidio. Según consignaron fuentes consultadas, la muchacha, de 18 años, habría estado consumiendo estupefacientes con Bergergi momentos antes del desenlace fatal.
Entre las medidas dispuestas también allanamientos y procedimientos que culminaron con el secuestro de teléfonos celulares, registros de cámaras de seguridad y un martillo. Todos los dispositivos y elementos serán sometidos a pericias.
En paralelo, los investigadores aguardan el resultado de los estudios complementarios y toxicológicos que podrían aportar mayores precisiones sobre lo ocurrido.
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