Policiales
Jefe de fiscales federales acusado de múltiples delitos espera junta médica
Después de diez meses de investigación, el futuro inmediato del expediente que se instruye contra el fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría, acusado de una multiplicidad de delitos, hoy depende de una junta médica.
La medida, solicitada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, fue autorizada en diciembre del año pasado por el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, y establecida para su realización el 9 de marzo próximo.
El procedimiento busca profundizar en el cuadro depresivo que González Glaría aduce padecer en sus certificados médicos y determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la audiencia de declaración indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso que se lleva en su contra desde abril de 2021.
El pedido de la junta médica es la última carta jugada por Turano -que incluso pidió contar con un perito de parte en el procedimiento- para conseguir que el fiscal denunciado comparezca a declarar por las denuncias que lo tienen bajo la lupa.
González Glaría, el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, tuvo dos llamados a indagatoria (en octubre y en noviembre de 2021) y ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban “trastorno depresivo” y recomendaban 30 días de reposo.
Fue tras esa última postergación de noviembre que Turano solicitó que el implicado entonces sea evaluado por una junta de profesionales en la salud y el juez Casals dio lugar, pero ahora se suma una nueva presentación que debe ser analizada por las autoridades antes de llevar adelante el procedimiento médico, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Es que el viernes pasado, apenas culminada la feria judicial, el defensor particular del fiscal investigado, el letrado Hugo Zapana, presentó un nuevo escrito solicitando la suspensión de todas las medidas procesales hacia su cliente, argumentando “razones humanitarias” y adjuntando estudios clínicos que sostienen que la depresión de González Glaría se debe a un tratamiento oncológico intensivo que afronta desde noviembre del 2021.
Las mismas fuentes detallaron que el pedido sostiene que el imputado debe realizar “reposo absoluto domiciliario”, teniendo “vedado cumplir funciones laborales o administrativas”.
También se indica que el tratamiento oncológico se extenderá hasta mayo y que luego González Glaría debe ser intervenido quirúrgicamente.
En base a lo expuesto, Zapana solicitó que el proceso quede suspendido hasta tanto su cliente tenga el alta definitiva.
Las fuentes de LVM señalaron que ese pedido todavía no tuvo respuesta de parte del juzgado interviniente, aunque sí se supo que se giró la historia clínica al Cuerpo Médico de la Cámara de Apelaciones Federal para que dichos profesionales se expidan respecto a si González Glaría está en condiciones o no de afrontar la junta médica.
Allí podría definirse el futuro inmediato del expediente que se instruye contra, ni más ni menos, que el jefe de todos los fiscales federales de la provincia. De ello depende una nueva citación a indagatoria y las consecuentes medidas que puedan devenir.
Es que sin ese trámite clave no se puede avanzar, a pesar del material ya recolectado en la investigación, entre testimoniales y prueba documental.
Las denuncias
La investigación contra González Glaría, de 67 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.
Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.
Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.
La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.
Bogado ya declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.
Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.
A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.
El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.
En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.
Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.
También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando desde octubre del año pasado.
Videos
Justo en medio del entramado de presentaciones y solicitudes planteadas por las partes involucradas, el fiscal investigado fue visto y filmado timoneando un yate y disfrutando del río Paraná en la Isla del Medio.
Dos videos de ese momento llegaron a la redacción de LVM y este medio pudo confirmar la veracidad de las imágenes que ahora podrían significar el inicio de una nueva investigación y otro problema para González Glaría.
Las imágenes habrían sido tomadas el 15 de enero y los testigos del momento indicaron que el fiscal fue visto timoneando el yate, aunque no está comprobado que la nave sea de su propiedad. “Al menos, en sus declaraciones juradas no está registrada”, ampliaron las fuentes.
Policiales
Misiones registra 10 femicidios en 2025, la cifra más alta en un año desde 2015
Con el reciente asesinato de Claudia De Lisboa (41) en su chacra de Gobernador Roca, la provincia de Misiones suma diez femicidios en lo que va del 2025, siendo la mayor cifra registrada en un año desde 2015.
El crimen de De Lisboa se registró el domingo pasado, en su vivienda rural de Colonia Yacutinga, donde fue ultimada de un escopetazo efectuado por su marido, Omar Rozsinieski (68), que después del hecho se suicidó con la misma arma.
Previo a este caso la tierra colorada fue testigo de otros nueve femicidios, registrados desde el 18 de enero, cuando la jubilada Amanda Müller (70) fue asesinada a golpes y puñaladas en su casa de Santa Ana.
Por ese hecho detenido y procesado con prisión preventiva por femicidio el ex agente penitenciario Isaías Keller (30).
Más tarde se sucedieron los femicidios de Soledad Machuca en Posadas; Juana Maciel en Puerto Iguazú; Claudia Batista en San José; Marciana Rodríguez en Salto Encantado; Marisa Acuña en San Vicente; Elvira Irene Medina, en Puerto Esperanza; Gloria Soledad Yrepa en Oberá; y Daiana Raquel Da Rosa en Comandante Andresito.
Casi todos estos crímenes tienen un sospechoso entre rejas e imputados por femicidios. La mayoría de ellos son parejas, ex parejas o tenían algún tipo de vínculo con sus víctimas.
Sus nombres son Gustavo Cardozo (caso Machuca); Ismael Centurión (caso Maciel); Gabriel Cruz (caso Batista); Hugo G. (caso Rodríguez); Marcelo Da Rosa (caso Acuña) y Andrés Garcete (caso Medina).
Daniel “Porteño” García (caso Yrepa), Natanael Comes (caso Da Rosa) y el mencionado Omar Rozsinieski por el reciente caso De Lisboa, se suicidaron tras sus crímenes.
La cifra de diez femicidios contabilizados en lo que va del año ubica al 2025 con el peor índice anual de la última década.
De 2015 a 2020
Un repaso histórico realizado por La Voz de Misiones concluye que el primer femicidio de 2015 se registró el 23 de marzo, cuando Mirta Gladis González (45) fue asesinada en su casa de Bernardo de Irigoyen. Luis “Polaco” G., su ex pareja, fue condenado a perpetua un año más tarde.
Luego, el 7 de abril, ocurrió el crimen de la adolescente Miriam Cuba (16), en Puerto Piray. El caso tuvo un condenado a 25 años de prisión. Apenas unos días después, la víctima fue la niña Luz Natalia Ramos (12). El caso ocurrió en 9 de Julio y un vecino de la víctima, de nacionalidad brasileña, fue condenado a perpetua.
A mitad de ese mismo año surgió el movimiento Ni Una Menos y el 16 de agosto ocurrió uno de los crímenes más atroces de la historia reciente de la provincia.
La víctima fue Horacelia Marasca, una adolescente de 16 años que fue asesinada, descuartizada y descartada en las alcantarillas del arroyo Martíres en Posadas. Por ese crimen fue condenado a prisión perpetua su ex pareja, el carpintero Martín Monzón, tras un juicio realizado en 2023.

Martín Monzón purga prisión perpetua por el femicidio de Horacelia Marasca, cometido en 2016.
Meses después, el 21 de octubre de 2015, la víctima fue Hilda Manzur (36), en Leandro L. Alem, caso por el cual fue detenida su pareja, aunque el caso hasta el momento no llegó a debate oral.
De allí hay que pasar a 2016, año en el cual se contabilizaron cinco mujeres asesinadas en contextos de violencia de género: Gisel Rodríguez Da Silva (26); Angélica Suárez (20); Margarita Valdez (76); Evelyn Rojas (26); e Irma Ferreyra Da Rocha (47).
Salvo el caso de Margarita Valdez, por el asesinato de todas las demás chicas ya hubo responsables condenados a prisión perpetua.
Da Silva fue estrangulada en su casa de la chacra 32-33 de Posadas y por ese hecho purga prisión el carnicero Carlos Martín Ruiz Díaz, que tras el crimen escapó a Paraguay y fue detenido en Encarnación.
Por el caso Angélica Suárez, quien también fue estrangulada y luego arrojada dentro de una valija al arroyo El Soberbio, cumple prisión perpetua su ex pareja Oscar Baungardt.
El crimen de la joven trans Evelyn Rojas también fue considerado como femicidio por la Justicia y en esa causa fue condenado fue Ramón Da Silva, más conocido como Junior, Ramoncito o Polaquito. La sentencia también incluyó el agravante de “odio a la identidad de género”, pero el Superior Tribunal de Justicia (STJ) lo eliminó tras analizar el fallo, aunque no modificó la pena.
El último femicidio del 2016 fue del Irma Ferreyra da Rocha (47), abusada y asesinada luego de una fiesta en Garupá. Alejandro Guillermo “Porteño” Esteche (34) purga prisión perpetua por aquel crimen.
Al año siguiente se registraron cuatro asesinatos marcados por la violencia de género. María Belén Rivas (16), que además estaba embarazada de siete meses, en Puerto Iguazú y Paulina Portillo (27) en Eldorado. Por el primer caso fue sentenciado a perpetua Carlos Batista, mientras que por el crimen de Portillo fue detenido Máximo Barúa.
Los restantes femicidios de ese año fueron el de Viviana Soledad Cabrera en Bonpland (26) y el de Mirta Roxana Carvallo en Villa Bonita (43). Los asesinos fueron Lucas Cabrera y Luis Ricardo Coussin (43), quienes se suicidaron tras los crímenes.
2018 fue el año con el peor registro de la década analizada, con un total de 9 femicidios. Las víctimas de ese año fueron Elsa Inés Glosniski (64), de Aristóbulo del Valle; María Larrosa (51), de Dos Hermanas; Carolina Aguerre (30), de Oberá; Raquel Dos Santos (17), de San Pedro; Ruth Gómez (17), de Iguazú; Liliana Toth (56), de Gobernador Roca; Natalia Samaniego (25), de Posadas; Claudia Dino (27), de San Martín; y Cecilia Krujoscki (34), de Aristóbulo del Valle.

Baugardt cumple prisión perpetua por el asesinado de Angélica Suárez en El Soberbio.
Las perpetuas fueron para Ariel Duarte, por el caso Gómez; Teodoro Lukasiewicz por Toth; Juan Carleris por Samaniego; Daniel Salvayot por Dino; y Miguel Ángel Feldick por Krujoscki.
En 2019 los casos registrados fueron seis y las víctimas fueron más porque hubo un triple femicidio vinculado: María Belén González (16), de Iguazú; Fiorella Itatí Aghem (20), de San Vicente; Antonela Bernhardt (27) de Oberá (asesinada en Posadas); Estela Fidencia Arapayú (49), de Colonia Oasis; Raquel Pereira (22) y sus hijos Thiago (5) y Jefferson (8), de San Pedro; y, por último, Vilma Mercado (19), también de Iguazú.
Todos los hechos estuvieron marcados por la crudeza, más aún el de Raquel Pereira, que junto a sus hijos fue masacrada a machetazos por su ex pareja Silvio Mogarte, que después de la matanza intentó suicidarse, pero no lo logró y tras quedar detenido fue condenado a prisión perpetua, al igual los asesinos de las demás chicas: Sebastián Estridel; Leopoldo Borovski; Lotario Puzin; y el soldado Carlos Leandro Luis Villar.
En el caso Bernhardt, cuyo acusado fue el fotógrafo Cristian Vargas, llegó a juicio imputado por femicidio pero el Tribunal Penal Uno decidió condenarlo a 20 años de prisión por homicidio simple, aunque luego el Superior Tribunal de Justicia (STJ) modificó el fallo y le aplicó perpetua.
De 2020 a la actualidad
En 2020, año marcado por el inicio de la pandemia y las restricciones sanitarias, hubo 7 casos: Salete Rodríguez López (54), en San Antonio; Sonia Cerpa (40), en Dos Hermanas; Lorena Barreto (32), en Puerto Libertad; María Solange Diniz Rabela (24), en la comunidad mbya Tarumá Poty de San Vicente; Yésica Tavárez (19), en San Javier; Cintia Lemos (27), en Montecarlo; y Patricia Mereles (32).
Por esos siete casos se dictaron cuatro condenas a perpetua, aunque en uno de ellos, en el crimen de Mereles, el STJ ordenó que se dicte una nueva sentencia sin el agravante de femicidio.
Otro hecho tiene a su imputado a la espera del juicio oral. Se trata del cacique Claudio, que el 18 de junio enfrentará a la Justicia por el asesinato de su pareja Diniz Rabela.
Los restantes casos se trataron de femicidios seguido de suicidios.
El segundo año de la pandemia, es decir, 2021, se dirigía a terminar sin femicidios, pero el sábado 27 de noviembre la joven madre Amalia Pamela Torres (22) fue hallada sin vida en su casa de Oberá.
Todas las sospechas recayeron sobre su ex pareja, quien fue detenido a las pocas horas pero tras un meses quedó libre por falta de pruebas y el caso camino hacia la impunidad.
Para 2022 el flagelo volvió a tomar otra dimensión con otras siete mujeres asesinadas en contextos de violencia machista: Estefanía Beatriz Benítez (22), en Oberá; Gabriela Agüero (39) y su hija Débora Elizalde (24), en San Antonio; la taxista Claudia Benítez (34), en Posadas; Beatriz Machado (17), en San Antonio; Dora Samaniego (79), en Posadas; y Virginia Riquelme (41), en Wanda.

Marcelo Daniel “Nanico” Muller (34) está detenido por el crimen de Fabiana Sirino, de 8 años.
De entre esos casos, hasta el momento solo fue condenado el responsable de la muerte de Machado, Pablo Rafael Alvez Policeno. Las demás causas tienen detenidos a la espera de juicio o se suicidaron tras el hecho.
El panorama en 2023 no fue muy diferente, con otros siete femicidios. Las víctimas de ese año fueron Natalia Castro (41), en Posadas; la gendarme Jéssica Galeano (31), en Posadas; Daniela Carmen Radke (23), en San Vicente; Norma Maidana (40), en Garupá; Jéssica Silvana Duarte (30), en Comandante Andresito; y Adriana Estefanía Dos Santos (16), en San Pedro.
Los siete casos tiene a sus respectivos sospechosos detenidos y a la espera del avance de las investigaciones. Todos están imputados por femicidio, que prevé prisión perpetua.
En 2024 la tendencia negativa se mantuvo. Fueron seis los crímenes de este tipo registrados a lo largo de ese año: la niña Milagros Ayelén Prestes (10), en Colonia Aurora; Graciela Beatriz Soto (49), en San Ignacio; Ramona Morínigo (39); en Posadas; Priscila Cecilia Díaz (20), en Jardín América; otra niña, Fabiana Sirino (8), en 25 de Mayo; y María Ofelia Calixto (33), en Alberdi.
Todos los hechos tienen detenidos bajo firme sospecha de ser autores de los crímenes investigados, a excepción del caso Soto, que permanece sin resolverse y del de Calixto, cuyo responsable se suicidó.
Policiales
Detienen y separan de la fuerza a policía investigado por una causa de drogas
Un suboficial de la Policía de Misiones fue detenido esta mañana en su domicilio por agentes del Escuadrón 50 de la Gendarmería Nacional (GN), en cumplimiento de una orden del Juzgado Federal de Posadas, a cargo de la jueza María Verónica Skanata. La detención se produjo en el marco de una investigación por presuntas irregularidades vinculadas a una causa por estupefacientes. Desde la Jefatura informaron que el efectivo fue separado de la fuerza provincial.
El caso inició el pasado 29 de octubre, cuando una persona denunció en la institución policial irregularidades durante un operativo por drogas a cargo del suboficial, precisó la Jefatura de Policía de Misiones.
A raíz de la acusación contra el funcionario policial, la Cúpula ordenó el cumplimiento de los protocolos internos ante estos casos, elevando la denuncia a la Justicia Federal junto con todos los elementos recabados “para garantizar una investigación objetiva”, informaron desde la fuerza.
De esa manera, el Juzgado Federal de Posadas procedió con la investigación que derivo en la detención del suboficial de la Policía en su vivienda, ubicada en la chacra 249 de Posadas, quien fue trasladado a la dependencia de GN que intervino.
Por su parte, la dirección de Asuntos Internos de la fuerza provincial instruyó las actuaciones correspondientes, pasando a disponibilidad preventiva al involucrado.
Policiales
Denuncian usurpación de la casa de afiliada del Pami internada
Una cuidadora denunció la usurpación de la vivienda de una afiliada al Programa de Asistencia Médica Integral (Pami) de 76 años, quien permanece internada en un hospital de Posadas. La propiedad, ubicada en el barrio Rocamora de la capital provincial, forma parte de una urbanización destinada a adultos mayores.
El hecho salió a la luz el último domingo, cuando la denunciante fue alertada por una vecina lindante, quien le informó que gente desconocida había ingresado a la vivienda de la mujer a la que asiste.
La cuidadora se dirigió al inmueble con la llave que estaba bajo su resguardo y constató la presencia de tres personas en el interior, entre ellas una adulta mayor.
“Cuando llegué, me encontré con que ya habían cambiado el candado. Salen las personas y les digo que están usurpando. Me respondieron que ahí no vivía nadie, que la casa estaba vacía. Les aclaré que la señora está internada, no falleció, y que la vivienda tiene todas sus pertenencias”, relató la mujer en su denuncia radicada en la comisaría Segunda de Posadas.
En su declaración, también contó que, al reclamar por los bienes de la afiliada, “una chica joven me dijo ‘a usted qué le importan las cosas, si no son suyas’. Le contesté que cuido la casa y que me dieron la llave para eso”.
“Después salió un muchacho y me dijo ‘señora, la pobre abuelita no tiene dónde vivir’. Le respondí que no me interesaba la casa, sino las pertenencias de la persona que yo cuido”, agregó.
Ante la negativa de los ocupantes a retirarse o devolver los objetos personales de la mujer internada, la cuidadora decidió formalizar la denuncia. “No me quedó otra opción, actuaron de mala fe”, sostuvo.
En sede policial, la denunciante enumeró los bienes que permanecen dentro del inmueble, a la espera de que se tomen medidas.
“Estamos a la expectativa de cómo se resuelve esto, sobre todo porque se trata de un barrio de adultos mayores, muchos con preocupación por la situación, ya que no conocen a las personas que ingresaron”, señalaron desde la comisión vecinal del barrio Rocamora a La Voz de Misiones.
Foto principal: Ilustrativa
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