Policiales
Jefe de fiscales federales acusado de múltiples delitos espera junta médica
Después de diez meses de investigación, el futuro inmediato del expediente que se instruye contra el fiscal general federal de Misiones, Rubén González Glaría, acusado de una multiplicidad de delitos, hoy depende de una junta médica.
La medida, solicitada por Pablo Turano, fiscal de la Procuración General de la Nación que impulsa la investigación, fue autorizada en diciembre del año pasado por el magistrado José Luis Casals, titular por subrogancia del Juzgado Federal de Posadas, y establecida para su realización el 9 de marzo próximo.
El procedimiento busca profundizar en el cuadro depresivo que González Glaría aduce padecer en sus certificados médicos y determinar si efectivamente ese diagnóstico le impide afrontar la audiencia de declaración indagatoria o si, simplemente, se trata de una estrategia para dilatar el proceso que se lleva en su contra desde abril de 2021.
El pedido de la junta médica es la última carta jugada por Turano -que incluso pidió contar con un perito de parte en el procedimiento- para conseguir que el fiscal denunciado comparezca a declarar por las denuncias que lo tienen bajo la lupa.
González Glaría, el fiscal que ocupa el mayor cargo jerárquico del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) en Misiones, tuvo dos llamados a indagatoria (en octubre y en noviembre de 2021) y ambas audiencias fueron suspendidas ante la presentación de certificados médicos que diagnosticaban “trastorno depresivo” y recomendaban 30 días de reposo.
Fue tras esa última postergación de noviembre que Turano solicitó que el implicado entonces sea evaluado por una junta de profesionales en la salud y el juez Casals dio lugar, pero ahora se suma una nueva presentación que debe ser analizada por las autoridades antes de llevar adelante el procedimiento médico, según consignaron fuentes consultadas por La Voz de Misiones.
Es que el viernes pasado, apenas culminada la feria judicial, el defensor particular del fiscal investigado, el letrado Hugo Zapana, presentó un nuevo escrito solicitando la suspensión de todas las medidas procesales hacia su cliente, argumentando “razones humanitarias” y adjuntando estudios clínicos que sostienen que la depresión de González Glaría se debe a un tratamiento oncológico intensivo que afronta desde noviembre del 2021.
Las mismas fuentes detallaron que el pedido sostiene que el imputado debe realizar “reposo absoluto domiciliario”, teniendo “vedado cumplir funciones laborales o administrativas”.
También se indica que el tratamiento oncológico se extenderá hasta mayo y que luego González Glaría debe ser intervenido quirúrgicamente.
En base a lo expuesto, Zapana solicitó que el proceso quede suspendido hasta tanto su cliente tenga el alta definitiva.
Las fuentes de LVM señalaron que ese pedido todavía no tuvo respuesta de parte del juzgado interviniente, aunque sí se supo que se giró la historia clínica al Cuerpo Médico de la Cámara de Apelaciones Federal para que dichos profesionales se expidan respecto a si González Glaría está en condiciones o no de afrontar la junta médica.
Allí podría definirse el futuro inmediato del expediente que se instruye contra, ni más ni menos, que el jefe de todos los fiscales federales de la provincia. De ello depende una nueva citación a indagatoria y las consecuentes medidas que puedan devenir.
Es que sin ese trámite clave no se puede avanzar, a pesar del material ya recolectado en la investigación, entre testimoniales y prueba documental.
Las denuncias
La investigación contra González Glaría, de 67 años y fiscal general federal de la provincia desde 1993, comenzó en abril de 2021, a partir de una denuncia radicada por el secretario de la Fiscalía General Civil de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Marcelo Quiroz, pero desde ese momento el escándalo fue en aumento.
Las fuentes indicaron que, de acuerdo a los elementos recogidos en la instrucción de la causa, existen varios hechos que prácticamente ya se darían por “probados” y otros que aún se encuentran en fase de investigación.
Uno de los hechos por los cuales se lo acusa al fiscal general es solicitar una parte del sueldo a Silvana Bogado, prosecretaria letrada de la Fiscalía General.
La investigación trazada estima que durante cuatro años -entre 2008 y 2012- la mujer estuvo obligada a darle dos tercios de su salario a González Glaría, como condición para su contratación y que supuestamente el dinero iba a ser destinado a pasantes.
Bogado ya declaró en la causa y ratificó la denuncia. Además, una compañera suya prestó su testimonio y recordó haberle llevado varios sobres con ese dinero al fiscal apuntado. También hay extractos bancarios que probarían la operación, dado que las fechas y los porcentajes coincidirían con lo requerido en la presunta operación.
Estos hechos quedarían encuadrados como exacciones ilegales, pero las acusaciones no culminan allí.
A González Glaría también lo denunciaron por hacer uso particular de una camioneta Nissan Frontier 2016 en depositario judicial destinada para el uso oficial de la Fiscalía General. En el expediente se recolectaron -indicaron las fuentes- al menos 20 cruces migratorios realizados por el denunciado en la frontera Posadas – Encarnación con el vehículo en mención. Esto se correspondería a peculado de bienes públicos.
El listado de irregularidades presuntamente cometidas por el fiscal también incluye que, aparentemente, se tomaba licencias que después no notificaba y presentaba certificados de días trabajados para recibir la totalidad de su salario. En ese marco, los investigadores habrían comprobado que mientras el acusado decía estar cumpliendo horas de trabajo, se encontraba en el exterior.
En medio del escándalo que sacudió al ámbito de la Justicia Federal, el implicado también habría amenazado a su denunciante y luego habría tomado represalias administrativas en su contra como, por ejemplo, traslados y quita de insumos básicos.
Por último, el funcionario también es investigado por emitir resoluciones irregulares para beneficiar a cercanos.
Por ejemplo, en una causa de evasión fiscal que involucraba a su consuegra habría intercedido cuando en realidad debería haberse inhibido. Según explicaron las fuentes, también hay registros migratorios que prueban ese vínculo, dado que figuran cruzando juntos a Paraguay en varias ocasiones.
También aparece involucrado en un expediente por trata laboral contra una empresa de Ramón Puerta, causa en la cual González Glaría está apuntado por “puentear” al fiscal de instrucción e intervenir en el caso con un dictamen desestimatorio que finalmente habría favorecido al ex gobernador de la provincia.
Durante todo este tiempo, el fiscal investigado continúo cumpliendo funciones normalmente y una suspensión recién podría ser analizada después de un posible procesamiento, tal lo establecido tras las denuncias y escándalos que involucran a otros funcionarios judiciales del país, como el caso de Carlos Stornelli en Buenos Aires, entre otros.
Sin embargo, para que el procesamiento ocurra, primero el fiscal Turano debe completar la audiencia de declaración indagatoria y ese paso clave es el que se viene postergando desde octubre del año pasado.
Videos
Justo en medio del entramado de presentaciones y solicitudes planteadas por las partes involucradas, el fiscal investigado fue visto y filmado timoneando un yate y disfrutando del río Paraná en la Isla del Medio.
Dos videos de ese momento llegaron a la redacción de LVM y este medio pudo confirmar la veracidad de las imágenes que ahora podrían significar el inicio de una nueva investigación y otro problema para González Glaría.
Las imágenes habrían sido tomadas el 15 de enero y los testigos del momento indicaron que el fiscal fue visto timoneando el yate, aunque no está comprobado que la nave sea de su propiedad. “Al menos, en sus declaraciones juradas no está registrada”, ampliaron las fuentes.
Judiciales
Causa Cuadernos: Oscar Thomas y “la estafa de los arrepentidos”
La Justicia Federal reanudó a fines de febrero el juicio oral por la denominada “Causa Cuadernos”, que investiga una presunta red de corrupción y sobornos entre funcionarios públicos y empresarios de la construcción durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández (CFK), y que tiene entre sus imputados al misionero Oscar Thomas, ex director de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) durante la década kirchnerista.
La megacausa judicial, que se originó a partir de los cuadernos donde Óscar Centeno, chofer de Roberto Baratta, mano derecha del ex ministro Julio De Vido, dio cuenta de recorridos, fechas y bolsos que tenían como destino a funcionarios y la Quinta de Olivos, tiene 85 imputados, entre los que destaca la ex presidenta CFK, quien actualmente guarda prisión domiciliaria por la condena en la causa Vialidad.
El misionero Thomas aparece en los cuadernos como presunto intermediario en el cobro de coimas a empresas contratistas de obra pública durante su gestión al frente de la EBY.
El ex director de Yacyretá pasó varias semanas prófugo en 2018, cuando el proceso comenzaba la etapa de instrucción, e incluso llegó a ofrecerse una recompensa por información sobre su paradero.
Al presentarse, negó todas las acusaciones y rechazó convertirse en “arrepentido”, la figura instrumentada por la Justicia Federal para intercambiar confesiones por beneficios procesales entre los empresarios y ex funcionarios imputados.
Arrepentidos
En la causa, que se tramita en el Tribunal Oral Federal 7 (TOF), hay 31 imputados “arrepentidos”: 25 son empresarios y el resto ex funcionarios kirchneristas.
Todos ellos, entre los que figuran el chofer Centeno y su jefe Baratta, el empresario Angelo Calcaterra, ex propietario de la constructora Iecsa y primo del ex presidente Mauricio Macri; Enrique Pescarmona y Francisco Valenti, de la metalúrgica Impsa; Luis Betnaza, de la multinacional Techint; Aldo Roggio, del Grupo Roggio; y Armando Loson, de Albanesi S.A., dijeron haber participado en la trama de corrupción que se investiga.
Con el reinicio del juicio, la validez de estos testimonios es el eje central del debate, ya que para mantener los beneficios y evitar cargos por falso testimonio, estos 31 “arrepentidos” deben ratificar sus dichos ante el TOF7.
Lo cierto es que, a lo largo del trámite de la causa, fueron varios los “arrepentidos” que terminaron en contradicciones respecto a su declaración original, empezando por el mismo Centeno, quien arrancó diciendo que tenía los cuadernos originales, pero luego dijo que los había quemado en la parrilla de su casa.
Recientemente, el empresario Loson denunció “irregularidades” en el proceso, en relación con la prueba principal de la causa: los cuadernos de Centeno.
La defensa del empresario habló de “falsificación” y “manipulación” y aseguró haber encontrado más de 1.600 irregularidades en las anotaciones del chofer, entre tachaduras y enmiendas, múltiples caligrafías, alteración de fechas y lugares, y el uso de diferentes tintas.
Otro, cuyo testimonio cuelga de un hilo, es Víctor Manzanares, ex contador de la familia Kirchner, considerado un “arrepentido” clave, quien, en noviembre de 2025, manifestó a través de su abogado que no quería salir de prisión, a pesar de tener el beneficio, lo que siembra dudas de lo que hará cuando sea requerido por el tribunal.
En febrero pasado, el “arrepentido”, Mario Ludovico Rovella, titular de la constructora Rovella Carranza S.A., solicitó formalmente la nulidad de su testimonio, alegando que fue obligado a declarar bajo la amenaza de quedar detenido por el juez Claudio Bonadío.
Estafa
El testimonio de los “arrepentidos” es el pilar de la acusación contra Thomas, quien al igual que otros imputados, como la misma CFK, aseguran que las “confesiones” de estos colaboradores fueron obtenidas mediante coacción.
La reciente solicitud de Ravella, de retirar su “confesión”, alegando haberla hecho bajo amenaza, va en línea con el principal argumento de los defensores de los imputados, incluido el abogado de Thomas, Juan Manuel Ubeira.
El mismo Thomas afirmó que durante su detención fue presionado y amenazado para que declarara en contra de la ex presidenta Cristina Fernández a cambio de su libertad.
Ubeira basa, además, su pedido de nulidad de la causa en el hecho, probado, de que las declaraciones de los “arrepentidos” no fueron registradas en audio o video, como establece la Ley 27.304 que crea la figura del imputado colaborador, sino que se plasmaron en actas escritas frente al fiscal Carlos Stornelli.
Asimismo, el letrado considera “nulos” los testimonios de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que señaló a Thomas en el entramado de corrupción en la obra pública; y del chofer Centeno, quien declaró que el misionero entregó bolsos con dinero a su jefe Baratta para que este los llevara a la Quinta de Olivos o al departamento de los Kirchner.
Ubeira y varios de sus colegas describen el proceso como un “montaje”, una “ficción judicial”, donde la prueba principal no son los cuadernos de Centeno, que le dieron el nombre a la causa, sino la “estafa de los arrepentidos”, cuyos testimonios están “viciados de nulidad”.
Policiales
Investigan como homicidio la muerte del joven que cayó de un edificio
El caso del joven que esta madrugada murió al caer de un edificio ubicado sobre la calle Gómez Portiño de Posadas se investiga como homicidio, dado que la principal hipótesis es que haya sido lanzado al vacío durante una pelea con otro muchacho que resultó con heridas leves y tras una breve atención médica quedó formalmente en condición de detenido.
Los avances de la investigación fueron comunicados esta tarde por la fuerza provincial, mediante un parte de prensa en el que además consignaron que entre las primeras labores se procedió a la toma de declaración testimonial a un testigo que aparece como la última persona que estuvo con ambos involucrados antes del trágico desenlace.
La reconstrucción señala que tanto la víctima, identificada como Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), como el ahora sospechoso de homicidio, Marcos Andrés Á. (27), eran amigos, convivían juntos en ese departamento del barrio Patotí y la noche previa al hecho que se investiga habían salido juntos.

Marcelo Ojeda Krejzezúk era oriundo de Esquina, Corrientes.
Se estima que después de esa salida regresaron al inmueble, más precisamente al departamento 3°D del edificio ubicado sobre calle Gómez Portiño al 1300, casi avenida Urquiza, donde se produjo la pelea que derivó en la caída de Ojeda hacia un estacionamiento interno del complejo.
Sin embargo, nada esto se supo hasta las 4, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un joven herido y ensangrentado en el skate park de la costanera, a unas cinco cuadras del edificio del barrio Patotí.
Ese joven herido se trataba de Marcos Á., quien reveló que minutos antes había mantenido una pelea con otro muchacho a quien identificó como su “primo” y cuando los uniformados de la comisaría Decimosexta acudieron al lugar encontraron el cuerpo sin vida de Ojeda.
Después de eso Marcos fue trasladado al hospital Madariaga, donde recibió curaciones para las heridas cortantes que presentaba y tras ser dado de alta quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas, a cargo del magistrado Fernando Verón, por subrogancia legal.

El sospechoso fue encontrado malherido y ensangrentado en el skate park de la costanera.
Por lo pronto, entre las primeras medidas dispuestas, Verón ordenó que el cuerpo de Ojeda sea trasladado a la morgue judicial para ser sometido a un examen de autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte, ya que no se descarta que la víctima presente lesiones previas, como heridas cortantes que pudieron haberle provocado la muerte antes de la caída.
Efectivos de la Dirección de Policía Científica además trabajaron en el inmueble donde convivían los involucrados y donde se desató la pelea que culminó en forma trágica. Los primeros datos señalan que en el lugar se relevó una importante cantidad de manchas de sangre.
Todos los indicios y elementos de interés serán volcados en el sumario policial que confecciona la comisaría Decimosexta para luego ser elevado a la Justicia, que recién allí programará una audiencia declaración indagatoria para el detenido.
Policiales
Falleció tras caer de un tercer piso y detuvieron a su primo en Posadas
En la madrugada de hoy, un hombre fue hallado sin vida en el estacionamiento de un edificio de la calle Gómez Portiño, casi avenida Urquiza. Por el caso, la Policía investiga una posible pelea ocurrida momentos antes en el departamento desde donde habría caído y por el hecho fue detenido un primo de la víctima, que fue encontrado herido en la costanera.
Todo comenzó alrededor de las 4, con un llamado al 911 que alertó sobre una persona con una lesión cortante en el cuello en la zona de la pista de skate de la Costanera.
Al llegar al lugar, efectivos de la comisaría Decimosexta de la Unidad Regional I asistieron a Marcos Á. (27), quien fue trasladado a un centro de salud y permanece con custodia policial.
A partir de las primeras averiguaciones, los investigadores establecieron que el hombre habría protagonizado momentos antes una pelea con su primo en un departamento ubicado sobre Gómez Portiño al 1300, a unas cinco cuadras del skate park.

El joven que quedó detenido fue encontrado herido en el skate park, a unas cinco cuadras del lugar del hecho.
Fue así que, minutos después, alrededor de las 4.40, los efectivos localizaron en el sector de estacionamiento de un edificio situado en avenida Gómez Portiño el cuerpo sin vida de Marcelo Ojeda Kryszczuk (31), domiciliado en la provincia de Corrientes.
En el lugar intervinieron el magistrado Fernando Verón y la fiscal Amalia Spinatto, junto a Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes.
Las primeras diligencias permitieron establecer que el incidente se habría originado en un departamento del tercer piso del edificio, desde donde, por causas que se investigan, la víctima cayó hacia el sector de estacionamiento.
En el marco de la investigación, Marcos Á. fue detenido en averiguación del hecho, mientras que el cuerpo de la víctima será sometido a autopsia médico legal para determinar las circunstancias de la muerte.
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