Policiales
Investigan si la madre del Oso Schandler le dejó comida con cocaína en el penal
Fue el viernes en Puerto Rico y lo divulgó el Servicio Penitenciario. La defensa de la mujer desmintió y dijo que la requisa fue ilegal porque ella no estaba presente. Schandler está preso por haber dado muerte a golpes a su ex suegro, en Eldorado, el año pasado.
POSADAS y ELDORADO. La Policía provincial y el Servicio Penitenciario iniciaron una investigación para determinar si la madre de Pablo Schandler, detenido por el crimen de su ex suegro Mariano Skeppstedt, fue la persona que dejó comestibles con cocaína para que le sea entregado en el penal.
El incidente se registró en viernes pasado en la Unidad Penal VII-Puerto Rico y quedó envuelto en una polémica porque si bien las autoridades informaron la participación de la mujer, ésta lo negó y adujo que la requisa se había realizado sin su presencia.
Schandler de 28 años se encuentra detenido desde el 28 de julio cuando atacó y mató con certeros golpes a Skeppstedt en la vereda de una sede judicial de Eldorado, mientras esperaba que su hija saliera del trabajo, alertado por las amenazas que había recibido la joven.
“El Oso”, como se conoce al detenido por su aspecto físico, se encuentra en el mencionado Penal con prisión preventiva y acusado por “homicidio simple y amenazas”, ordenado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores.
El viernes último Andrea Piccoli, madre del detenido, llegó al lugar para entregar un paquete con una torta y galletas, además de leche en polvo, ya que el régimen de visita se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria.
Los comestibles fueron depositados en la oficina de control para que sea entregado al detenido, tras lo cual la mujer se retiró del lugar, pero en el interior los efectivos iniciaron la requisa de los elementos que hicieron llegar familiares y amigos de los reclusos.
En la operación se detectó que entre los comestibles destinados a Schandler había envoltorios cuyo contenido fue sometido a las pruebas de narcotest por parte de peritos de Toxicomanía de la Policía, determinándose que se trataba de cocaína.
Desmentida
Ante la divulgación del caso el abogado Claudio Paniagua, en representación de la mujer, negó que ésta hubiera tratado de ingresar droga al penal para su hijo detenido, y advirtió que “las requisas son instantáneas, no pueden realizarse después que la persona se haya ido” y puso en dudas el procedimiento.
A raíz de la situación planteada, las autoridades de la Policía y del Servicio Penitenciario iniciaron una investigación, en tanto que el defensor de la madre de Schandler anticipó que denunciará el caso ante la justicia, al negar la acusación contra su defendida.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
Judiciales
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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