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Inicios de Lotocki en Misiones: boliches, clínica irregular y la primera muerte

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Aníbal Lotocki

Aníbal Lotocki (53) hoy es conocido por su tendal de víctimas del jet set porteño y por las horas de prime time que ocupa su nombre en la televisión tras el fallecimiento de Silvina Luna, pero el viejo “cirujano de las famosas”, ahora devenido en el “cirujano de la muerte”, ya hacía gala de su fama en Posadas en la década del 2000.

Corría el año 2006 y, en Posadas, era furor el café que después de la medianoche se transformaba en discoteca, el recordado Mentecato, ubicado en pleno microcentro capitalino. En ese lugar de alta alcurnia, Lotocki era un personaje habitué.

Allí, aseguran, el médico conoció a varias chicas que se terminaron transformando en sus clientas y víctimas, algunas con más suerte que otras.

“Yo lo conocí en el boliche, me ofreció canje publicitario y con él me hice una lipo (liposucción). Esa misma noche de la operación me lo volví a cruzar en el boliche, nunca me dijo que me cuide ni nada, una inconsciencia total. Yo era chica. Después prácticamente se me pudrió el ombligo, aunque por suerte no pasó a mayores”, contó una ex paciente del médico a La Voz de Misiones.

Aníbal Rubén Lotocki nació el 2 de julio de 1970 en la localidad misionera de Oberá, luego fue a estudiar medicina a Corrientes y el 9 de noviembre de 1994 obtuvo el título de médico cirujano.

Con el paso del tiempo, realizó cursos que para muchos carecen de idoneidad sobre “cirugía cosmética” y arrancó el nuevo milenio de parabienes, con la apertura de su clínica Full Esthetic Center, ubicada sobre calle Córdoba, entre Colón y Félix de Azara, también en pleno microcentro posadeño.

En lo que queda de su perfil en LinkedIn, el médico misionero se presenta como un profesional con “más de 10.000 horas efectivas en quirófano de cirugías estéticas” y “más de 10.000 procedimientos de estética no quirúrgica”, además de repasar que participó “activamente en numerosos workshops, meetings, congresos y cursos, tanto nacionales como internacionales”.

Muchas de esas tantas intervenciones que Lotocki apunta como trayectoria se dieron en Full Esthetic Center, una clínica que acumulaba irregularidades e inhabilitaciones.

“Encanto” y “bajo costo”

La clínica tuvo años dorados por aquel entonces, al igual que Lotocki, que -según recuerdan sus contemporáneos- se transformó en un verdadero personaje de la noche posadeña. Siempre presente en los boliches, rodeado de jóvenes modelos y haciendo gala de su “encanto”.

Justamente, en esos lugares conoció a muchas de sus futuras pacientes y su “encanto” era una de las cartas que utilizaba para convencer a las chicas. La segunda era el bajo precio que cobraba.

“Él era muy entrador, amoroso, siempre se hacía amigo de sus clientas. Y además de eso, la diferencia de precios que tenía con otras clínicas era abismal”, recordó otra antigua clienta, que prefirió mantener su identidad en resguardo.

La mujer contó que, con Lotocki, se realizó una reducción mamaria y luego tuvo un absceso de grasa, que afortunadamente no empeoró, aunque aún recuerda con bronca que, al momento de la segunda consulta, el cirujano admitió sin resquemores que “quizás me olvidé una gasa adentro”.

romina vega

Romina Vega era promotora, tenía 21 años y falleció tras una “lipo” de Lotocki en Posadas.

“Romina iba a salir caminando y salió casi muerta”

Distinta fue la suerte de Romina Vega, una joven promotora de 21 años que el 7 de febrero de 2007 se sometió a una lipoaspiración y apenas dos horas después de salir del quirófano sufrió una descompensación que derivó en su muerte esa misma tarde.

“Ella nos contó que conoció a Lotocki en el boliche, por intermedio de una amiga que a su vez era amiga de Pamela Sosa”, dijo Lorena, hermana de Romina, en referencia a la modelo misionera que fuera pareja del médico.

“Como mucho, eso habrá sido un mes antes de la operación y ella comenzó a juntar la plata, creo que era algo así como $1.000 en aquel entonces”, recordó, en entrevista con LVM.

Y agregó que “mi mamá no estaba muy de acuerdo con la operación, pero ella estaba totalmente convencida y como hacía poco nomás había cumplido los 21 años, dijo que se iba a hacer igual. Lotocki le dijo a mi mamá que era una operación simple y que ese mismo día Romina iba a salir caminando de la clínica, pero salió prácticamente muerta de ahí”.

El día de la intervención, Vega se presentó junto a su madre en Full Esthetic Center cerca de las 9.40, mientras que a las 12.40 fue derivada a una supuesta “sala intermedia” de internación después de la operación. Para las 15 entró en paro, ante lo cual se solicitó la asistencia de un servicio de salud privada.

La ambulancia llegó al lugar con dos paramédicos, quienes estabilizaron a Vega y la trasladaron a un sanatorio céntrico. La joven ingresó directamente a terapia intensiva y una hora después falleció.

Tras el deceso, la familia Vega radicó una denuncia por mala praxis y la investigación quedó en manos del Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, por aquel entonces a cargo del ex magistrado José Luis Rey, que años después fue noticia en todo el país por haber sido detenido en un expediente por escuchas ilegales que también salpicó a Mauricio Macri, causa que finalmente fue anulada en 2018 durante la presidencia del líder del PRO.

La pesquisa se inició bajo la carátula de “homicidio culposo” y durante el proceso se estableció que la clínica Full Estetic Center contaba con serias irregularidades, según pudo indagar LVM, en base a fuentes y documentos consultados.

Por ejemplo, contaba con una constancia de habilitación como consultorio por dos años emitido por el Colegio de Médicos en 2003, la cual no había sido renovada para 2007.

Además, estaba inhabilitado como “quirófano para cirugías ambulatorias”, aunque el médico igualmente realizaba operaciones, y tampoco contaba con el personal profesional idóneo para todos los servicios que ofrecía.

Las falencias eran tantas que el edificio en el que funcionaba la clínica ni siquiera contaba con ascensor, ni salida de emergencia con rampa, cuyas consecuencias también quedaron a la vista a la hora de auxiliar a Vega.

Es que los médicos que socorrieron a la primera víctima en el historial de Lotocki declararon que, al no contar con salidas de emergencia apropiadas, debieron realizar una evacuación de “extrema dificultad”, bajando a la paciente en estado crítico atada a una tabla por una escalera a la que describieron como “estrecha”, “inclinada” y “tortuosa”.

La autopsia practicada posteriormente determinó que Vega falleció como consecuencia de un “edema agudo de pulmón no cardiogénico o síndrome de distrés respiratorio con bronco aspiración agónica”.

La traducción de este diagnóstico es que la paciente sufrió dificultades para respirar que no estuvieron asociadas o que no fueron ocasionadas para una enfermedad del corazón y, en palabras de Lorena Vega, la explicación es más sencilla: “Lo que le pasó a ella es que la grasa se le fue a los pulmones”.

“Después de todo eso, él igual fue sobreseído. A pesar de la muerte de mi hermana, a pesar de que mentía sobre su especialidad y a pesar de todas las irregularidades en las que incurría”, criticó Lorena.

La muerte de Silvina Luna derivó en escraches frente a la casa de Lotocki en Buenos Aires.

Sobreseimiento en Posadas y tendal de víctimas en otras partes

Fuentes de este medio indicaron que, en la causa iniciada, Lotocki solo declaró como “testigo sospechoso” y, en su momento, cubrió una caución real de 50.000 pesos para seguir el proceso en libertad.

Después de ello, el expediente no registró mayores novedades, hasta que el 22 de noviembre de 2007 se dictó la falta de mérito y el 20 de marzo de 2009 se dispuso el sobreseimiento del médico. Actualmente, la causa está prescripta, sin ninguna posibilidad de reapertura.

“El abogado que teníamos en ese momento tampoco hizo un seguimiento de todo y, cuando nos avisó del sobreseimiento, ya era tarde. No pudimos apelar nada. Ahora ya es imposible reactivar algo”, se lamentó Romina.

Después del caso Vega, Lotocki dejó Posadas y recaló en Chile, donde al poco tiempo también comenzó a recibir acusaciones. Después de ello se asentó en Buenos Aires, donde la historia se repitió.

Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Gabriela Trenchi y su ex pareja, la también misionera Pamela Sosa, fueron algunas de las famosas que lo denunciaron. Esa demanda se transformó en una causa por “lesiones graves” y en febrero de 2022, Lotocki fue condenado a cuatro años de prisión, aunque no fue a la cárcel.

En esa causa, se determinó que el cirujano causó lesiones en el cuerpo de las cuatro mujeres con el uso de un relleno que contenía microesferas de polimetil metacrilato (PMMA), en lugares del cuerpo en los que está prohibido su uso y en cantidades superiores a las sugeridas por la comunidad científica.

Luego de esa condena, el médico sufrió otro revés cuando la Justicia lo procesó como posible autor de “homicidio simple con dolo eventual”, figura que prevé entre 8 y 25 años de prisión, por la muerte de otro paciente identificado como Christian Zárate (50).

En esa línea, la hermana de la primera víctima fatal que se le atribuye a Lotocki contó que actualmente existe un grupo de WhatsApp con más de 25 antiguas pacientes del médico cirujano, muchas de las cuales afortunadamente no experimentaron complicaciones, pero a la luz de los nuevos acontecimientos, ahora temen por su salud y comenzaron a realizarse estudios médicos.

Lotocki continúa desligándose de los hechos y sigue en libertad, aunque está inhabilitado desde julio, más de 15 años después del caso Vega en Posadas.

Policiales

Inspección ocular en el Concejo de Caraguatay por la denuncia contra Peyer

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En la antesala al inicio de la sesión extraordinaria a realizarse esta tarde en el Concejo Deliberante de Caraguatay, las oficinas de la dependencia parlamentaria fue objeto de una inspección ocular ordenada por el juzgado que lleva adelante la investigación por la denuncia de abuso sexual que pesa contra el intendente local Mario Peyer.

El procedimiento, que incluye toma de fotografías, labores de planimetría y búsqueda de cámaras de seguridad, fue ordenado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, como una de las tantas medidas que se viene ejecutando desde el miércoles, entre las que se incluye el allanamiento de la oficina y de la casa intendente denunciado, como así también el secuestro de su teléfono celular y otros dispositivos electrónicos.

La medida tiene por objetivo dejar asentado dimensiones, características y disposición de inmuebles dentro de las oficinas, a fin de contrastar lo relevado con el testimonio brindado por la denunciante, quien en su declaración ante la Justicia expuso que el 4 de septiembre del año el intendente abusó de ella en una oficina del edificio parlamentario municipal.

Culminado el procedimiento, se prevé que el concejo finalmente de inicio a la sesión extraordinaria convocada para hoy para tratar la situación del alcalde Peyer, quien esta misma mañana solicitó licencia en el caso para ponerse a disposición de la Justicia.

FOTO: EL TERRITORIO

Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay

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Intendente denunciado por abuso se toma licencia y reclama su inocencia

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El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, denunciado por abuso sexual en perjuicio de una trabajadora del Concejo Deliberante del mismo municipio, se tomó licencia en el cargo y se puso a disposición de la Justicia, tal como lo había solicitado el miércoles a la noche el gobernador Hugo Passalacqua.

La decisión de Peyer fue comunicada a través de un posteo en su cuenta de Facebook y en el escrito indicó que “en virtud de las denuncias y acusaciones que han tomado estado público en contra de mi persona, comunico a mis vecinos de Caraguatay, y a toda la provincia, que he decidido presentar mi licencia al cargo de intendente”.

En la continuidad de la publicación, el intendente añadió que “me he puesto a entera y absoluta disposición de la Justicia, para colaborar en todo lo que fuese necesario, a fin de que se pueda esclarecer lo más pronto posible la grave y falaz denuncia de la cual he sido objeto”.

En otro párrafo, agregó que “desconozco la motivación o las causas que pueden haber desencadenado semejante acusación, pero manifiesto mi plena confianza en que la Justicia fallará a favor de la verdad, es decir, de mi inocencia. Y mientras atravieso este duro proceso, me rodearé del cariño de mi familia, que me apoya plenamente, y en el afecto de los vecinos de mi querida comunidad”.

La denuncia

La decisión llega 48 horas después de que se hiciera pública la denuncia que el jefe comunal registra en su contra desde el pasado 25 de febrero, cuando una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay lo acusó por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

Sumado a la presentación inicial, ese mismo miércoles la denunciante compareció ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, instancia en la que ratificó cada una de sus acusaciones, brindando un detallado relato de los padecimientos que afirma haber sufrido en manos del alcalde que llegó al cargo en 2023.

Ante la Justicia, la joven denunció que primer suceso ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Medidas

Atento a que Peyer goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde, el magistrado que dirige la investigación dispuso una serie de medidas preventivas, entre ellas una restricción de acercamiento y contacto hacia la denunciante.

En paralelo, ordenó otras medidas para la recolección de pruebas y en ese marco hubo allanamientos en su oficina en la municipalidad y en su casa. En esos procedimientos ya se incautaron dispositivos electrónicos como celulares y computadoras, elementos que serán sometidos a pericias por parte de los especialistas de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

Los investigadores también realizaron un registro fotográfico de la oficina del alcalde y de otras dependencias que pudieran haber sido escena de alguno de los hechos denunciados.

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Judiciales

La joven que denunció al intendente de Caraguatay será querellante particular

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La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.

Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.

Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.

Denuncia y ratificación

En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.

La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.

El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.

En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.

La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.

Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.

Pedido de licencia

Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.

“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.

Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia

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