Policiales
Inhabilitan a médico de Eldorado condenado por muerte de una mujer en 2014
Más de dos años después de haber sido condenado por una mala praxis que derivó en la muerte de una paciente en Eldorado, el médico gastroenterólogo Guillermo Horrisberger quedó formalmente inhabilitado para el ejercicio de la profesión tras una última resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, que echó por tierra un último recurso defensivo.
La sentencia contra Horrisberger, imputado por la muerte de Edith Gross, de 73 años, fue dictada en septiembre de 2019 e impartía dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para el ejercicio de la profesión como autor del delito de homicidio culposo.
Sin embargo, ese fallo fue apelado por la defensa del médico y la sentencia debió ser analizada por el STJ, que en 2019 confirmó la condena.
Pero la defensa jugó una nueva carta e interpuso un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la condena sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Justamente, ese fue el recurso que ahora denegó el STJ de Misiones y por lo tanto la condena contra el médico quedó firme, tras lo cual se procederá a la ejecución de la sentencia.
Eso implica que ahora, más de dos después del fallo, Horrisberger quede inhabilitado para seguir ejerciendo la médica y, además, deberá afrontar el pago de las indemnizaciones a la familia de la víctima, que en esta causa intervino como querellante particular bajo la representación del estudio jurídico integrado por los letrados Sergio Armoa y Gisela Peter.
Otro que deberá hacer efectiva la indemnización es el Sanatorio Buddenberg de Eldorado, que también fue demandado y condenado civilmente en el mismo juicio realizado en 2019 bajo la órbita de un tribunal unipersonal presidido por el magistrado Martín Brites.
“La condena civil también quedó firme y tendrán que abonar, tanto el médico condenado, Horrisberger, como el Sanatorio Buddenberg S. A., ya que ambos fueron condenados a pagar las indemnizaciones. Como de la primera sentencia a la fecha ha pasado ya un tiempo importante hay que realizar una planilla de actualización. Caso contrario se inicia un proceso de embargo”, precisó el letrado Armoa en diálogo con La Voz de Misiones.
Según estimaciones, el monto de las indemnizaciones alcanzaría los 5 millones de pesos.
El caso
La causa penal contra el médico fue iniciada por los hijos de la víctima, cuya muerte se produjo el 23 de julio de 2014 luego de una práctica colonoscópica llevada adelante por Horrisberger en su consultorio en el sanatorio Buddenberg.
Para la familia, la muerte de la mujer se debió a la aplicación de un sedante denominado Midazolam, cuya utilización no habría sido lo recomendable para el caso y la práctica además habría sido realizada sin los protocolos y recomendaciones seguridad médica.
La investigación por el caso fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo del magistrado Roberto Saldaña, quien en mayo de 2017 decidió elevar a juicio la causa con Horrisberger acusado por el delito de homicidio culposo.
De esta forma, el momento del debate oral llegó en 2019. Las audiencias fueron realizadas el 17 y 18 de septiembre ante un tribunal unipersonal presidido por el juez Brites (titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú), en tanto que la fiscalía estuvo representada por Bibiana Alderice.
En aquel entonces, tras la declaración del propio acusado y de varios testigos, el tribunal decidió declarar responsable al profesional por el delito de homicidio culposo y, por consiguiente, condenarlo a la pena de dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para ejercer de manera legal la medicina. También se dio lugar a la demanda civil.
La víctima fue Edith Gross, de 73 años. Su familia intervino en la causa como querellantes particulares.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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