Policiales
Inhabilitan a médico de Eldorado condenado por muerte de una mujer en 2014
Más de dos años después de haber sido condenado por una mala praxis que derivó en la muerte de una paciente en Eldorado, el médico gastroenterólogo Guillermo Horrisberger quedó formalmente inhabilitado para el ejercicio de la profesión tras una última resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, que echó por tierra un último recurso defensivo.
La sentencia contra Horrisberger, imputado por la muerte de Edith Gross, de 73 años, fue dictada en septiembre de 2019 e impartía dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para el ejercicio de la profesión como autor del delito de homicidio culposo.
Sin embargo, ese fallo fue apelado por la defensa del médico y la sentencia debió ser analizada por el STJ, que en 2019 confirmó la condena.
Pero la defensa jugó una nueva carta e interpuso un recurso extraordinario federal con el objetivo de que la condena sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
Justamente, ese fue el recurso que ahora denegó el STJ de Misiones y por lo tanto la condena contra el médico quedó firme, tras lo cual se procederá a la ejecución de la sentencia.
Eso implica que ahora, más de dos después del fallo, Horrisberger quede inhabilitado para seguir ejerciendo la médica y, además, deberá afrontar el pago de las indemnizaciones a la familia de la víctima, que en esta causa intervino como querellante particular bajo la representación del estudio jurídico integrado por los letrados Sergio Armoa y Gisela Peter.
Otro que deberá hacer efectiva la indemnización es el Sanatorio Buddenberg de Eldorado, que también fue demandado y condenado civilmente en el mismo juicio realizado en 2019 bajo la órbita de un tribunal unipersonal presidido por el magistrado Martín Brites.
“La condena civil también quedó firme y tendrán que abonar, tanto el médico condenado, Horrisberger, como el Sanatorio Buddenberg S. A., ya que ambos fueron condenados a pagar las indemnizaciones. Como de la primera sentencia a la fecha ha pasado ya un tiempo importante hay que realizar una planilla de actualización. Caso contrario se inicia un proceso de embargo”, precisó el letrado Armoa en diálogo con La Voz de Misiones.
Según estimaciones, el monto de las indemnizaciones alcanzaría los 5 millones de pesos.
El caso
La causa penal contra el médico fue iniciada por los hijos de la víctima, cuya muerte se produjo el 23 de julio de 2014 luego de una práctica colonoscópica llevada adelante por Horrisberger en su consultorio en el sanatorio Buddenberg.
Para la familia, la muerte de la mujer se debió a la aplicación de un sedante denominado Midazolam, cuya utilización no habría sido lo recomendable para el caso y la práctica además habría sido realizada sin los protocolos y recomendaciones seguridad médica.
La investigación por el caso fue llevada adelante por el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, a cargo del magistrado Roberto Saldaña, quien en mayo de 2017 decidió elevar a juicio la causa con Horrisberger acusado por el delito de homicidio culposo.
De esta forma, el momento del debate oral llegó en 2019. Las audiencias fueron realizadas el 17 y 18 de septiembre ante un tribunal unipersonal presidido por el juez Brites (titular del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú), en tanto que la fiscalía estuvo representada por Bibiana Alderice.
En aquel entonces, tras la declaración del propio acusado y de varios testigos, el tribunal decidió declarar responsable al profesional por el delito de homicidio culposo y, por consiguiente, condenarlo a la pena de dos años de prisión en suspenso y cinco de inhabilitación para ejercer de manera legal la medicina. También se dio lugar a la demanda civil.
La víctima fue Edith Gross, de 73 años. Su familia intervino en la causa como querellantes particulares.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó penas de 1 año y 10 meses de prisión, respectivamente, para los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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