Policiales
Hijo de Ramona Gauto exige ser querellante y apunta a un quinto implicado en el crimen
Luego de que tres de los cuatro sospechosos que eran buscados fueran citados y liberados por el juez Juan Manuel Monte, Daniel De Jesús, hijo de la empresaria panadera asesinada en 2010, solicita ser parte de la investigación.
Entre ayer y hoy, se presentaron en el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas tres de los cuatro sospechosos sobre quienes pesa una orden de captura en el marco de una causa paralela que investiga la posible participación de más personas en el asesinato de la empresaria panadera Ramona Gauto.
Ayer fue el turno de César Rodríguez Dos Santos (37), quien fue acompañado por su abogado para presentarse ante el juez Juan Manuel Monte, donde se redactó un acta de apercibimiento mediante la cual el sospechoso se compromete a comparecer cada vez que lo requiera el magistrado, quien además le prohibió salir de Posadas.
Esta mañana siguieron los mismos pasos sus hermanos, José Ángel (31) y Sergio Omar Rodríguez Dos Santos (40), quienes salieron caminando de los tribunales de la calle Santa Fe, ya que ninguno de ellos permanecerá tras las rejas.
Asimismo, La Voz de Misiones pudo saber que al primero de ellos se le extrajeron muestras de ADN para ser cotejadas con los rastros genéticos hallados en el departamento de la calle Colón y Bolívar, escenario del homicidio ocurrido el 29 de mayo de 2010. Se trata de rastros de sangre, cabellos y huellas dactilares que no coinciden con los perfiles de Ramona Gauto ni de su ex pareja Jorge De Jesús, que purga una pena a perpetua.
No obstante, Daniel De Jesús, el hijo de ambos, pone reparos en el accionar de la Justicia, que liberó a los ex empleados de la panadería de la avenida Cabred a pesar de que están sospechados de haber participado de uno de los hechos más impactantes de la historia criminal misionera y por lo cual, además, el magistrado Juan Manuel Monte le otorgó un botón antipánico, ante la peligrosidad que representan estos sujetos.
Además, la Justicia busca a un cuarto apuntado, identificado como Christian Muñoz, un presunto ladrón con conexiones con dos ex policías, quienes lo habrían contratado para robar en la casa de Ramona Gauto dos semanas antes del asesinato, según declaró el propio ladrón en 2011 frente al juez César Yaya.
Esa declaración testimonial fue el disparador para que, en 2013, se creara una cabeza de sumario para investigar la implicancia de otras personas en el crimen de la panadera, expediente del cual ahora la familia de la víctima busca ser querellante.
Lento con la víctima, rápido con los sospechosos
Luego de que se retiraran los sospechosos de participar en el asesinato de su madre, Daniel De Jesús se hizo presente en el Juzgado de Instrucción Dos junto a su medio hermano Emiliano De Jesús y su abogado, Arturo Irigoyen Cundom.
Allí, el hijo de la víctima exigió al juez Juan Manuel Monte que le otorgue la posibilidad de ser parte de la causa: “El juez ordenó que se le extraiga la muestra y no nos conceden la querella, no me dejan investigar ni poner un perito de parte”, lanzó De Jesús y agregó: “Exijo al juez Monte y al Juzgado de Instrucción Dos porque ya cumplí todos los requisitos”.
Asimismo, el joven empresario manifestó sus sospechas sobre la posibilidad de que el proceso se vea manchado: “Quiero que sea todo visible, no quiero pensar que algo raro se esta tramando acá, le pido a la Justicia que por favor me escuchen y se cumplan mis derechos”, indicó.
“Hace diez meses pedí la querella y el juez me dijo hace dos semanas que ya estaba, que faltaban detalles y todavía nada”, explicó Daniel y fustigó: “Ya se está avanzando en la causa y yo desconfío totalmente de cualquier organismo de peritaje de la provincia de Misiones”.
En este sentido, De Jesús insistió en la necesidad de participar del proceso: “Yo quería presentar un perito de parte para que una genetista presente estos ADN y se pueda cotejar en Chaco o Buenos Aires y obviamente que me dejen aportar todas las pruebas”.
“Tengo fe de que el fiscal Cristian Antúnez no va a permitir esto y va a tomar medidas para que a esta gente por lo menos esté detenida en todo el proceso, ya que son peligrosos y cometieron delitos de gravedad; le quiero recordar al fiscal que a esta gente no se le esta acusando del robo de una bicicleta, sino de un asesinato”, sostuvo el hijo de Ramona Gauto y subrayó: “Pido que me dejen investigar y ser querellante; toda la ciudadanía está en vilo de esta causa, el pueblo necesita saber que puede haber justicia”.
El joven sumó más cuestionamiento para la figura de Juan Manuel Monte, ya que “desde el lunes con mi abogado estoy queriendo hablar con el juez y no nos atiende; a mi me concedió un botón antipánico justamente para resguardarme de esta gente y los deja en libertad”, cuestionó. Así, pidió al juez que “se brinde transparencia en la causa y que no solamente trabaje para los acusados, sino que también trabaje para mi, que soy la víctima”.
El quinto elemento
Además de los tres hermanos Rodríguez Dos Santos, ex empleados de la panadería de la avenida Cabred, y del ladrón Christian Muñoz, los hermanos Daniel y Emiliano De Jesús aseguran que existe un quinto implicado, quien además sería uno de los autores materiales del crimen.
“Hay un quinto sospechoso que todavía no se procesó en la causa”, confirmó Daniel frente a la puerta del juzgado. LVM pudo saber que se trata de un delincuente oriundo de Oberá de estrecha relación con los hermanos, también oriundos de la Capital del Monte.
Sobre el quinto sospechoso, el joven empresario le pidió al fiscal Antúnez “que se pueda acelerar y que se lo impute también y se lo llame a declaración y hacer un cotejo de ADN”, dijo y aseguró: “Esta persona sería el autor material”.
Judiciales
Passalacqua propuso al fiscal Andrés Poujade para integrar el STJ
El gobernador Hugo Passalacqua elevó la propuesta del fiscal Andrés Poujade para ocupar un lugar en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, en el marco del proceso institucional para cubrir una vacante en el máximo órgano judicial de la provincia.
De acuerdo a lo comunicado, la postulación resalta el perfil académico y la trayectoria judicial de Poujade, actual fiscal de Cámara en lo Penal y de Menores de Misiones, cargo al que accedió en 2013 mediante concurso público y posterior acuerdo legislativo.
Nacido en Posadas, Poujade es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y cuenta con estudios de posgrado en el país y en el exterior. Entre sus antecedentes académicos figura una maestría en Derecho Francés y Europeo de Negocios y Nuevas Tecnologías cursada en Francia.
También destaca su participación en instancias de formación vinculadas al derecho penal, derechos humanos, políticas públicas y gestión judicial, además de su paso por la docencia universitaria.
En el ámbito institucional, además de desempeñarse como fiscal de Cámara, Poujade integra como vocal titular el Tribunal Electoral de Misiones.
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la propuesta apunta a fortalecer el Poder Judicial con perfiles que combinen experiencia, formación y trayectoria dentro del sistema judicial misionero.
La nominación deberá seguir ahora el procedimiento institucional correspondiente para su tratamiento legislativo y su designación cubriría la vacante que dejó Ramona Velázquez, tras su renuncia por jubilación el año pasado.
Judiciales
Un misionero prófugo y dos detenidos en causa federal por tráfico de éxtasis
Una investigación de la Justicia Federal de San Martín (Buenos Aires) por el tráfico de 18,5 kilogramos de pastillas de éxtasis valuadas en $650 millones tiene a Misiones como uno de los puntos centrales de la maniobra, con al menos tres personas oriundas de la provincia involucradas y una hipótesis judicial que ubica a la Triple Frontera como nueva vía de ingreso de drogas sintéticas al país.
En la causa se contabilizan dos prófugos y uno de ellos es Dyonathan Leonardo da Silva, de 31 años, oriundo de Oberá e hijo de un pastor, sobre quien pesa un pedido de captura internacional y una recompensa oficial de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan localizarlo. El otro involucrado que elude a la Justicia es Ernesto Lionel Godoy, con último domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.
Según la investigación, ambos aparecen vinculados a una estructura que habría coordinado el envío de un cargamento de comprimidos de alto poder desde el norte del país hacia Buenos Aires, con presunto origen en Paraguay o Brasil. Los investigadores sostienen que la ruta utilizada muestra un desplazamiento del tráfico de drogas sintéticas hacia corredores vinculados con la Triple Frontera.
El portal porteño Infobae reconstruyó que la causa se originó el 29 de mayo de 2025, cuando personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detectó una encomienda sospechosa durante un control en el kilómetro 240 de la ruta nacional 14, en la provincia de Entre Ríos. El paquete había sido despachado desde Puerto Esperanza y tenía como destino el partido bonaerense de San Martín. Un perro detector marcó la carga y permitió hallar las pastillas ocultas en el interior del envío.
Por ese tramo de la causa quedaron procesados otros dos misioneros, Ruth Engel (26) y su pareja Juan Sandobal, ambos oriundos de Puerto Esperanza. De acuerdo con el expediente, fueron señalados por empleados de la empresa de transporte utilizada para despachar la encomienda y permanecen con prisión preventiva y embargo de 15 millones de pesos cada uno.

El misionero entre los más buscados del país.
El gendarme y la pista
La resolución judicial también menciona la intervención de un gendarme nacido en Misiones, actualmente radicado en San Miguel, provincia de Buenos Aires, quien habría sido convocado para retirar el paquete una vez arribado al conurbano bonaerense. Según declaró, aceptó realizar el traslado a cambio de 50 mil pesos, bajo la explicación de que se trataba de una caja con perfumes.
El efectivo fue detenido en la sucursal donde debía retirar la encomienda, aunque luego obtuvo falta de mérito tras entregar su teléfono celular y aportar información sobre el contacto que lo convocó, identificado por la Justicia como Sandobal.
En paralelo, la pesquisa vincula a Da Silva con el número telefónico usado para recibir el cargamento y con la importación de una máquina para fabricar pastillas adquirida en Hong Kong, elemento que abrió otra línea de investigación sobre una posible estructura de producción o fraccionamiento.
La jueza federal Alicia Vence y el secretario Juan Ignacio Furia sostienen que los movimientos detectados entre Misiones, Paraguay, Brasil y Buenos Aires consolidan una nueva modalidad de tráfico de drogas sintéticas, con la provincia de Misiones como punto de salida dentro del circuito investigado.
Cayó gendarme que fue a retirar 18 kilos de éxtasis enviados desde Misiones
Policiales
Prefectura incautó 99 kilos de marihuana tras una persecución en San Javier
La Prefectura Naval Argentina (PNA) secuestró más de 99 kilos de marihuana durante un operativo realizado en la localidad de San Javier, en un procedimiento que incluyó una persecución y un rastrillaje en zona de monte.
El operativo se desarrolló durante la tarde del jueves en una zona rural, donde efectivos de la fuerza detectaron un vehículo que se dirigía hacia la costa del río Uruguay y, ante esa situación, iniciaron un seguimiento controlado.
Según informaron fuentes oficiales, al advertir la presencia policial, los ocupantes del rodado embistieron el portón de ingreso de una propiedad privada, abandonaron el vehículo y escaparon hacia una zona de monte cercana.
Tras la fuga, se desplegó un operativo de refuerzo con personal de apoyo, testigos y un can detector, realizándose un rastrillaje intensivo en el área, aunque sin resultados positivos en cuanto a la localización de los sospechosos.
Durante la requisa del vehículo abandonado, los uniformados encontraron ocho bultos que contenían 132 panes de sustancia ilícita, con un peso total superior a los 99 kilos.
Además de la droga, se secuestró el vehículo utilizado, un teléfono celular y otros elementos considerados de interés para la investigación.
De acuerdo a la valuación oficial, el cargamento incautado tiene un valor estimado superior a los 356 millones de pesos.
La causa quedó en manos de la Fiscalía Federal de Oberá, que interviene en la investigación para identificar a los involucrados.
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