El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia rechazó un recurso extraordinario federal presentado por la defensa del hijo de una funcionaria del Iprodha acusado de abuso sexual en perjuicio de su hija y confirmó la anulación de la sentencia absolutoria dictada a su favor a fines de 2022, ante lo cual no queda más opción que realizar un nuevo juicio oral.

Con esta presentación, la defensa del imputado J. R. G. (34), cuyos datos filiatorios completos se preservan para no identificar a la víctima, pretendía recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que analice las actuaciones del caso, pero el máximo órgano judicial de la provincia consideró inadmisible la cuestión y por ende denegó el recurso, lo que en consecuencia dejó firme la resolución anterior sobre la anulación del fallo absolutorio.

De esta manera, ahora el expediente deberá regresar al Tribunal Penal Uno de Posadas para que con magistrados diferentes se realice un nuevo debate oral contra el imputado.

El acusado enfrenta cargos por “abuso sexual sin acceso carnal, agravado por configurar un sometimiento gravemente ultrajante, calificado por el vínculo, varios hechos en concurso real” en perjuicio de su hija, que al momento de los hechos tenía 5 años de edad.

La denuncia se radicó en 2013 y el caso llegó a instancia de juicio oral casi diez años después, proceso en el cual intervinieron María Laura Álvarez como fiscal, el abogado Hugo Zapana como querellante particular y los letrados Eduardo Paredes, María Laura Alvarenga y Fausto Mauricio Vergara como equipo técnico defensivo.

El juicio se celebró ante el Tribunal Penal Uno de Posadas, integrado para la ocasión con los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo (hoy jubilado) y Juan Manuel Monte (subrogante).

Tras varios días de audiencia, la fiscal y la querella solicitaron penas de 15 y 16 años de prisión para el acusado, aunque finalmente el tribunal resolvió absolver al imputado aplicando el beneficio de la duda.

Sin embargo, tras una casación trabada por las partes acusatorias, el STJ anuló la sentencia al considerar que la exclusión como prueba del aporte de una profesional que participó de la segunda Cámara Gesell realizada a la denunciante revestía “un vicio que afecta la validez de la sentencia” y, en contrapartida, esgrimió que los fundamentos de la defensa carecían sustento probatorio, entre otros planteos.

En consecuencia, en su resolución de agosto de 2024, el STJ resolvió declarar nula la sentencia y ordenar un nuevo juicio, pero en el medio atendieron el recurso extraordinario federal de la defensa, el cual ahora contestaron en forma negativa.

El STJ anuló sentencia que absolvió a imputado por abuso en Posadas

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Minutos antes de las 9 de hoy, en el Tribunal Penal Uno de Oberá, comenzó el juicio oral contra Marcelo Núñez (38), el ex cacique de la comunidad mbya Tarumá Poty de San Vicente acusado de asesinar a su pareja María Solange Diniz Rabela (22), cuyo cuerpo luego fue incinerado y enterrado a metros de su casa.

El hecho ocurrió el 12 de abril de 2020, en plena pandemia, y en su defensa el acusado alegó que la joven falleció como consecuencia del Covid y afirmó que quemó el cuerpo por recomendación de los médicos que realizaban visitas sanitarias en la comunidad. 

Esa cuestión será el principal tema de controversia durante el debate. Por más que la autopsia no haya podido determinar la causa exacta del deceso debido al estado de carbonización total que presentaban los restos, para la Justicia hubo muerte violenta y, por ende, consideró el caso como un femicidio. 

La hipótesis se apoya en episodios previos de violencia de género que Núñez ejercía contra la víctima, además de los testimonios de los médicos intervinientes, quienes negaron haber dado la recomendación de cremar el cuerpo. 

Según la reconstrucción trazada en el requerimiento de elevación a juicio, el hecho ocurrió el 12 de abril de 2020, un día después de una jornada de asado y bebidas alcohólicas que hubo dentro de la comunidad, aunque el caso recién salió a la luz el 16 de abril, tras una denuncia radicada por el padrastro de Diniz Rabela.

Con el descubrimiento de los restos enterrados y carbonizados, la Policía reconstruyó lo sucedido en los días anteriores y se estableció que al lugar arribaron la médica Mariel Ferreyra Díaz y el enfermero Ricardo Sabal.

Los agentes sanitarios se encontraron con Núñez y constataron la muerte de la joven, aunque no procedieron al traslado del cuerpo ni realizaron ninguna otra acción porque esas labores le correspondían a un médico policial o forense. 

Al retirarse, Núñez le pidió ayuda otros paisanos para retirar el cuerpo de la vivienda y trasladarlo hasta la fosa donde incineró los restos con combustible. Ante todos ellos el acusado afirmó que la cremación del cadáver fue el consejo dado por los médicos en virtud de que el Covid era “una enfermedad contagiosa”.

Los restos quedaron carbonizados en su totalidad, lo que impidió a los forenses determinar la causa exacta del deceso, pero sí se supo que la incineración se produjo post-mortem.

Entre los testimonios recolectados también figuran vecinos y familiares de la víctima, quienes narraron antecedentes de violencia.

Una paisana, por ejemplo, recordó que “una vez yo estaba en la casa de mi abuela y María salió corriendo de su casa y mostró los dedos cortados. Él salió atrás de ella y le decía que vuelva. A veces los gritos duraban hasta una hora”.

También se tuvo en cuenta una declaración en Cámara Gesell vertida por uno de los dos hijos menores de Diniz Rabela, donde el niño reveló que “el cacique era malo para mí mamá, le daba piñas y patadas”.

La jornada de hoy

Ahora, todos esos testigos que declararon durante la instrucción de la causa deberán comparecer ante el tribunal durante la jornada de hoy. En total hay 13 personas citadas. 

Se prevé que el juicio se extenderá hasta mañana, jornada en la que se producirán los alegatos de las partes y posteriormente se dictará sentencia. El debate puede seguirse en vivo, a través de Youtube.

El cacique Marcelo Núñez, que en la comunidad era conocido como Claudio, enfrenta una acusación por femicidio, figura que prevé una pena de prisión perpetua.

El tribunal encargado de llevar adelante el juicio es presidido por el magistrado Francisco Aguirre e integrado por sus pares Horacio Paniagua y Jorge Villalba.

En representación de la fiscalía interviene David Milicich, en tanto que el implicado es defendido por Jorge Horacio Zabulanez. Del proceso también forma parte un intérprete del idioma guaraní para favorecer la comunicación y garantizar el entendimiento de las partes con el imputado.

En diálogo con Emipa, el letrado que defienda al cacique sostuvo la inocencia del acusado y reclamó en la causa hubo discriminación contra Nuñez por ser integrante de la comunidad indígena.

“Él es totalmente inocente, si no hubiera sido aborigen probablemente ya estaría fuera. El abandono a las Comunidades Indígenas tiene una base institucional y racial”, planteó.

Y agregó: “Me gustaría que se haga justicia y que esta persona no siga en la cárcel porque no hay ningún elemento que pueda decir que cometió un asesinato. Sin embargo creo que aunque él salga, la situación en relación al trato y la discriminación con los indígenas no va a cambiar. Si no fuese Mbya, hubiese tenido acceso a otras cosas”.

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La figura del criminal paraguayo Carlos Cabrera Carrera (43) atemorizó a toda la zona norte de Misiones desde su fuga de una comisaría de Puerto Iguazú en 2022 hasta su asesinato a manos de la policía paraguaya en 2024. Un año más tarde, es la sombra de su hijo la que aparece detrás de un millonario atraco registrado el mes pasado en Wanda.

Es Kevin Rolando Cabrera Segovia, hijo de Triple C, como se era apodado su padre, el que ahora aparece como uno de los tres paraguayos bajo sospecha del asalto perpetrado contra un empresario de Wanda, al que despojaron de 120 millones de pesos el pasado 21 de mayo.

Los demás extranjeros bajo la lupa son Iván “Kiki” Ávalos y Yonathan Manuel Mongelos. Todos ellos cuentan con antecedentes por asaltos cometidos en su país e incluso varios registran pedidos de captura vigente por otros casos.

La figura del Kevin Cabrera cobró notoriedad en abril de 2024, un mes después del asesinato de su padre, quien cayó abatido durante un enfrentamiento a tiros con la Policía Nacional paraguaya, que lo tenía como una de sus prioridades dado los constantes golpes que le atribuían, la mayoría de ellos asaltos o voladuras de cajeros automáticos en localidades próximas a la Triple Frontera.

En aquella ocasión, el joven paraguayo utilizó su cuenta de TikTok para publicar una selfie con lo que parecía una pistola 9 milímetros en mano y una promesa de venganza: “Para el que mató a mi papá, recuerden que su hijo sigue vivo”.

Para ese entonces Kevin ya tenía antecedentes, dado que meses antes, en agosto de 2023, había sido detenido por haberle asaltado y robado el celular a una mujer en su pueblo natal Domingo Martínez Irala, ubicado a la misma altura que Puerto Libertad en Misiones.

La figura de este joven es la que ahora aparece detrás del planificado y certero atraco cometido el mes pasado contra un empresario de Wanda, quien fue interceptado a plena luz de día por cuatro delincuentes armados. 

La investigación trazada por la Policía de Misiones ubica a Kevin Cabrera como uno de los tres ciudadanos paraguayos que cruzaron la frontera para cometer el asalto y que luego regresaron a su país con gran parte del botín.

En la tierra colorada la Policía detuvo a otros tres hombres sospechados de ser parte de la banda transfronteriza. Uno es apuntado como el “entregador”, otro como “colaborador” y el tercero sería el “nexo” entre ambas partes. Todos ellos fueron detenidos durante cuatro operativos simultáneos ejecutados en las localidades de Puerto Libertad, Wanda, Puerto Esperanza y Posadas.

Líder de banda robacamionetas en Misiones volvió a huir a los tiros en Paraguay

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