Policiales
Hallaron el cadáver de una mujer que estaba desaparecida: detuvieron a uno de sus hijos
La víctima había sido vista con vida por última vez el 12 de junio en el partido de Morón, en Buenos Aires.
BUENOS AIRES. Luego de una semana de búsqueda, la Policía Bonaerense encontró el cuerpo de Ema Rosario Colque en Castelar. La mataron a puñaladas y enterraron el cuerpo en su propia casa.
La víctima, identificada como Ema Rosario Colque (50), estaba desaparecida desde el pasado 12 de junio y fue encontrada enterrada en la vivienda situada en Colgliati al 4.000, del barrio San Juan, que compartía con sus tres hijos mayores de edad.
El cuerpo de Colque presentaba signos de haber recibido al menos tres heridas de arma blanca en el pecho y en la cabeza. Según el diario Crónica, Daniel C., hijo menor de la víctima, le confesó a la Policía que había matado a su madre y luego había sepultado el cuerpo.
El fiscal imputó al joven por el “homicidio agravado por el vínculo” y desde ayer está siendo sometido a exámenes psiquiátricos para establecer si padece esquizofrenia. Mientras tanto, el fiscal solicitó a la Justicia de Garantías que extienda la detención de forma provisoria y que el joven sea alojado en una institución durante los estudios médicos.
La familia de Ema alertó el 15 de junio sobre la desaparición ocurrida el 12, pero como los investigadores no encontraron rastros, sospecharon que algo había pasado dentro de la casa. Entonces allanaron la vivienda ubicada en la calle Cogliati, en la esquina con Casares, de la localidad de Castelar, partido de Morón. Allí encontraron el cuerpo de la víctima enterrado en el lugar.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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