Judiciales
“Fue un virus o un hacker”: familiares de detenido por pornografía infantil
Los familiares de Chen Meng Ching, el profesor de artes marciales de origen taiwanés detenido a fines de junio en el marco del mega operativo internacional Luz de Infancia IX contra la pornografía infantil, reclamaron su excarcelación y defendieron la inocencia del hombre, al considerar que la situación pudo haber sido consecuencia de un “virus” informático o un “hacker”.
“La Justicia llegó a mi casa y nos dijeron que descargamos muchas cosas malas desde internet. Mi esposo quiere ser Youtuber y siempre descarga muchas cosas para desarrollar sus videos. Él es autodidacta, entonces siempre baja muchas cosas para aprender, de verdad no sabemos qué pasó. Lo que pensamos es que fue un virus”, expresó Claudia Cheng, en diálogo con La Voz de Misiones.
La mujer contó que su marido es maestro de kun fu y masajista, en tanto que incursiona a través de videos sobre cultura china y artes marciales en un canal de Youtube.
En esa línea, Claudia sostuvo que “pienso que él no hizo eso, porque él siempre baja cosas para aprender y yo nunca vi eso. Me dijeron que pudo ser un ataque a su IP” y agregó que “no sabemos porque ellos -por la Justicia- piensan así. Pensamos que puede ser un ataque de un hacker, un virus o no sé si cuando mi esposo bajó algunos recursos se descargó accidentalmente”.

Claudia Cheng, esposa del detenido, dialogó con La Voz de Misiones.
Chen Meng Ching fue detenido el 30 de junio, durante un allanamiento en su casa, procedimiento enmarcado en el mega operativo internacional Luz de Infancia IX contra la pornografía infantil, que se extendió a otras trece provincias argentinas y seis países (Estados Unidos, Brasil, Ecuador, Paraguay, Panamá y Costa Rica).
En ese momento, las fuentes de LVM señalaron que la vivienda del profesor de artes marciales fue marcada mediante la dirección IP utilizada para la descarga de material y que la actividad habría sido realizada en febrero, aunque el reporte proveniente de Homeland Security (de Estados Unidos) llegó ese 30 de junio, lo cual activó los procedimientos en distintas partes del continente.
En la causa intervino el Juzgado de Instrucción Dos, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte, que ordenó el allanamiento de la vivienda y hasta allí se dirigió el personal de Cibercrimen de la Policía de Misiones y de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (Saic), dependiente del Poder Judicial.
En el lugar los uniformados incautaron para pericias una computadora, discos rígidos y un teléfono celular.
A tres meses de ese procedimiento, desde la defensa de Chen Meng Ching, encabezada por el letrado David Sebastián Mieres, consideran que el hombre debe ser excarcelado por la inexistencia de material pornográfico o similar en los dispositivos incautados.
En ese contexto, fuentes de LVM señalaron lo contrario y detallaron que el informe preliminar de las pericias informáticas consigna que tanto en la PC como en uno de los discos rígidos secuestrados se detectó “bastante” contenido de pornografía infantil, no así en el teléfono Xiaomi incautado.
Los voceros añadieron que en total cerca de 25 terabytes de contenido de esa índole y que ahora se aguarda el resultado de otra pericia para establecer si el implicado sólo almacenaba las imágenes o si también las distribuía o comercializaba, lo que agravaría severamente su acusación.
“Él no es consumidor de pornografía infantil. Mi esposo me dijo ‘quién es tan tonto para usar su computadora?’. Vivimos hace más de once años acá y es muy fácil de ser encontrados. Él se siente muy mal porque no hizo nada malo y el ambiente es muy diferente. Le pegaron, le abrieron el labio y le tuvieron que coser, tiene 12 puntos, y su ojo está morado, muy oscuro”, agregó al respecto Claudia.
Actualmente, el hombre se encuentra detenido en una comisaría posadeña. Su caso es monitoreado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura e incluso, aseguran las fuentes, recibió la visita de delegados del consulado de Taiwán.
El implicado está imputado por delitos contemplados en el artículo 128 del Código Penal de la Nación, que prevé penas de entre 3 y 6 años de prisión para quien “produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere” material de pornografía infantil.
La imputación es provisoria y podría modificarse en virtud del avance de la investigación, principalmente en lo referido a la autopsia digital a los insumos informáticos incautados en poder del sospechoso.
Hasta el momento, lo que para la Justicia estaría comprobado es la tenencia y de dichos contenidos. En este punto, las fuentes fueron tan descriptivas que señalaron que durante el allanamiento los peritos técnicos revisaron una computadora y allí mismo encontraron material pornográfico infantil.
Judiciales
La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
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Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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