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Policiales

Familiares de ex policías detenidos reclaman que la causa “no tiene avances”

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En la mañana de hoy, familiares de los ocho policías detenidos, acusados por “intento de sedición y conspiración”, se apostaron frente al Juzgado de Instrucción Tres de Posadas a la espera de respuestas por parte del juez Fernando Verón ante detenciones que llevan casi siete meses “sin avances” en la causa.  

“Vinimos al juzgado y nos enteramos que el juez sigue de licencia. Ahora nos dijeron que el expediente que necesitamos que salga de la Cámara de Apelaciones fue enviado al juzgado, pero que todavía no lo recibió, ni el digital ni el físico. Queremos respuestas”, detalló Matías Orrego en diálogo con La Voz de Misiones

“Creemos que para el lunes o martes de la semana que viene el juez debería tener en su despacho el expediente para poder empezar a resolver. Al parecer lo que nos dijo fue pura zaraza, todo esto da a entender que no le interesa mucho esta situación”, concluyó el familiar de uno de los detenidos sobre el estado del expediente.

Por su parte, Solmaira lamentó la falta de respuestas y sentenció: “Algo raro hay detrás de todo esto. Siendo un caso tan público, que esto quede trancado y pausado es raro. No puede desaparecer el expediente”.

Quienes permanecen detenidos desde octubre pasado son Diego Hernán Correa, Horacio Ezequiel Coutto, Iván Ezequiel Arrieta, Ramón Alejandro Arrieta, Lisandro Ramón Canteros, Joaquín Alejandro Orrego, Adolfo Basilio Guirula y Ramón Oscar Amarilla.

En este marco, hace dos semanas atrás los agentes Iván y Alejandro Arrieta, Adolfo Guirula y Diego Correa iniciaron una huelga de hambre en el penal de Loreto, con el objetivo de visibilizar la situación y acelerar los trámites burocráticos.

Según confirmaron los familiares presentes frente al juzgado ubicado sobre calle Santa Fe, entre Buenos Aires y Rivadavia, la medida continúa vigente. 

La situación se agrava considerando que dos de los detenidos que se encuentran realizando la huelga de hambre contrajeron enfermedades producto del estrés por encierro y las “malas condiciones de salubridad” que presenta una de las celdas conocida internamente como “La Pelada”. 

Madre de policías presos por sedición: “Están en condiciones inhumanas”

 

Judiciales

Muerte en edificio posadeño: detenido negó haber lanzado al vacío a la víctima

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El expediente que investiga la muerte de Marcelo Ojeda Krejzezúk (31), registrada el viernes a la madrugada tras su caída desde el tercer piso de un edificio sobre la calle Gómez Portiño de Posadas, avanzó este lunes con la indagatoria al único detenido que tiene la causa, Marcos Andrés Á. (27), quien negó la acusación por homicidio que pesa en su contra y planteó la posibilidad de que la víctima se haya suicidado luego de la pelea mantenida en el departamento.

La audiencia de declaración indagatoria se concretó esta mañana, una vez que el magistrado Fernando Verón, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Posadas por subrogancia legal, recibiera el sumario del caso y el informe de autopsia, examen que concluyó que la muerte de Ojeda fue consecuencia de un “politraumatismo craneal”, lesión compatible con el impacto del cuerpo contra el suelo.

La declaración del implicado se dio una vez formalizada la designación de Víctor Luciano Gómez como abogado defensor particular y su testimonio se extendió durante más de dos horas.

Según pudo averiguar La Voz de Misiones, ante el juez Verón y ante la fiscal Amalia Spinatto -conectada por Zoom-, Marcos brindó un pormenorizado relato de los sucesos ocurridos antes, durante y después del hecho que se investiga.

El detenido fue encontrado malherido y ensangrentado a cinco cuadras del lugar.

Bar, pelea y muerte

En ese marco, señaló que jueves a la noche asistió junto a Ojeda a un bar pub del microcentro posadeño, donde permaneció hasta las 2 del viernes, cuando decidieron regresar al departamento en el que convivían hace varios meses, dado que la víctima vino desde Esquina, Corrientes, para buscar trabajo y asentarse en Posadas.

Junto a ellos estuvo unos minutos un tercer joven que después dejó el inmueble y allí se desató el conflicto entre los involucrados, quienes mantenían una relación de confianza debido a que Marcos es ahijado del padre de Ojeda.

En su indagatoria, el detenido aseguró que en determinado momento decidió acostarse y Ojeda pretendió hacerlo junto a él, pero Marcos se negó y esa situación dio inicio a un enfrentamiento.

“Yo ahí dije ‘me voy’, pero él me atacó y después agarró un cuchillo con el que me hizo un corte. Yo ahí empecé a defenderme y al intentar sacarle el cuchillo los dos nos lastimamos también”, fue parte de su declaración.

En esas circunstancias -amplió el Marcos-, Ojeda se resbaló producto de la sangre desparramada en el piso y quedó tendido en el piso, situación que él aprovechó para retirarse del departamento en busca de ayuda.

Marcelo Ojeda tenía 31 años y era oriundo de Esquina, Corrientes.

El imputado sostuvo que recién se enteró de la muerte de su “primo” una vez trasladado a la comisaría, luego de que la Policía lo encontrara malherido, ensangrentado y en shock en el skate park de la costanera, a unas cinco cuadras del departamento ubicado en Gómez Portiño, casi Urquiza.

Ante las preguntas de las partes, el joven negó haber lanzando o empujado accidentalmente durante la pelea a la víctima por el balcón. A su entender, hipotetizó que quizás Ojeda pudo arrojarse por decisión propia.

Culminada la audiencia, el juez Verón imputó al muchacho por homicidio simple -que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión- y dispuso que continué privado de su libertad, aunque en paralelo la defensa presentó un pedido de excarcelación que ahora debe ser analizado por las partes.

Mientras tanto, el proceso continúa con la toma de testimoniales y se aguarda el resultado de las pericias científicas realizadas en la escena del hecho, principalmente en los estudios tendientes a determinar a quién corresponden las manchas de sangre detectadas en la baranda de la ventana balcón del departamento.

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Judiciales

Fallo judicial ordena a Muni de Eldorado a informar sobre acuerdo con ETCE

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Fallo judicial ordena a Muni de Eldorado a informar sobre acuerdo con ETCE

Un fallo judicial hizo lugar parcialmente a una acción de amparo por acceso a la información pública presentada contra la Municipalidad de Eldorado y ordenó al Ejecutivo, a cargo del intendente Rodrigo “Pipo” Durán, a completar datos vinculados al servicio de transporte urbano de pasajeros.

La demanda fue presentada por los abogados José Luis Fuentes y María Mercedes Galeano, quienes solicitaron que el municipio entregue de manera completa y gratuita información relacionada con el sistema de transporte urbano en la ciudad, respaldándose en el derecho de acceso a la información pública reconocido por la Constitución Nacional, la Constitución de Misiones y la Ley IV N.º 58.

Según consta en el fallo del Juzgado Civil y Comercial Uno de la Tercera Circunscripción Judicial de Misiones, al que accedió La Voz de Misiones, los demandantes realizaron un pedido administrativo ante la Municipalidad de Eldorado el 2 de octubre de 2025. El municipio respondió el 20 del mismo mes mediante correo electrónico, aunque Fuentes y Galeano consideraron que la información brindada era parcial.

Concretamente, los letrados solicitan que la comuna informe sobre lo ocurrido con la empresa ETCE durante el paro total del servicio de transporte en la ciudad, que se produjo sin previo aviso y paralizó completamente la movilidad de los vecinos el 1 de octubre. En ese contexto, un día después el Ejecutivo firmó con la prestataria un acuerdo de reconocimiento de deuda por 1.400 millones de pesos, que luego fue validado por el Concejo Deliberante. Los demandantes buscan conocer los pormenores de esa decisión, según señalaron en un comunicado.

Respuesta de la Muni

La Municipalidad de Eldorado se presentó en el expediente a través de sus apoderados legales, contestó la demanda y solicitó su rechazo, negó en términos generales los hechos planteados por los demandantes, aportó documentación como prueba y dejó planteada la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la causa también intervino el Ministerio Público Fiscal de Misiones, que en su dictamen consideró que la acción no sería procedente, al entender que los demandantes contaban con otras vías administrativas para realizar el reclamo. El organismo participó en el proceso en su rol de defensor del patrimonio del fisco.

El fallo

Al analizar el caso, el juzgado interviniente entendió que la vía del amparo resultaba formalmente procedente y que el derecho de acceso a la información pública constituye una herramienta para el control ciudadano de la gestión estatal. El fallo también señaló que los organismos públicos tienen la “obligación de facilitar el acceso a la información disponible o indicar el lugar donde puede ser consultada”.

Tras evaluar la documentación incorporada al expediente, el tribunal concluyó que el municipio respondió dentro de un plazo razonable, pero que la información entregada no cubría todos los puntos solicitados ni indicaba en dónde podía accederse a los datos faltantes.

Asimismo, la Justicia precisó además que el derecho de acceso a la información pública se “limita a la información existente en poder del Estado” y no obliga a la administración a generar documentos nuevos o elaborar informes especiales que no formen parte de sus registros.

Con ese contexto, la sentencia resolvió hacer lugar parcialmente al amparo de Fuentes y Galeano y ordenó a la Municipalidad de Eldorado que, en un plazo de diez días, entregue la información solicitada o indique de forma clara la dependencia u oficina donde se encuentre disponible para su consulta.

“Este fallo pone un límite muy claro a la opacidad del poder político. No se puede dejar a una ciudad entera sin transporte y al día siguiente reconocer una deuda de más de 1.400 millones de pesos sin que la sociedad sepa cómo se calculó, de dónde surge, qué se pagó, qué se condonó y qué expediente respalda todo eso. Si al concesionario se le termina pagando una suma que equivale a más de un millón de dólares, la ciudadanía tiene derecho a conocer hasta el último papel de esa decisión”, apuntó el abogado José Luis Fuentes tras conocerse la decisión de la Justicia misionera.

La Voz de Misiones consultó al Ejecutivo municipal sobre el fallo y una fuente señaló que la Municipalidad “respondió en su momento el pedido de información solicitado por los demandantes”. En ese sentido, indicó que, en cumplimiento de la resolución judicial, “se completará o se indicará el acceso a la documentación existente”.

Además, la misma fuente sostuvo que “desde el día uno sostuvimos que la gestión pública debe ser transparente, pero también responsable en el uso de los recursos administrativos”.

Eldorado amaneció sin colectivos y buscan declarar emergencia en transporte

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Policiales

Dos personas incendiaron autos estacionados y huyeron en moto en Posadas

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Dos personas incendiaron autos estacionados y huyeron en moto en Posadas

Dos vehículos resultaron dañados durante un incendio intencional registrado en la madrugada de este lunes en Posadas, luego de que personas aún no identificadas arrojaran un recipiente con combustible contra los autos que se encontraban estacionados frente a una vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 5.50 en la intersección de la avenida Bustamante y la calle Portillo de la capital misionera. Según el testimonio del dueño de los autos a la Policía, un fuerte estruendo los despertó y al salir de su casa observó a dos personas que se alejaban rápidamente del lugar a bordo de una motocileta.

Al acercarse, el dueño advirtió que uno de los vehículos comenzaba a incendiarse. De acuerdo a lo que relató, los atacantes habrían arrojado una botella con combustible que impactó contra un Peugeot 208 y una Renault Kangoo, lo que provocó el inicio de las llamas y generó daños de consideración en uno de los rodados.

Tras el aviso, acudieron al lugar bomberos que lograron controlar el fuego antes de que se extendiera. Posteriormente, intervinieron en el caso efectivos de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias para determinar las circunstancias del ataque.

El propietario de los vehículos formalizó la denuncia y la Policía inició actuaciones para identificar a los responsables.

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