Judiciales
Ex sargento acusado de gatillo fácil en A3-2 aguardará el juicio en libertad
El ex sargento de la Policía Emanuel Esteban Soley (38), imputado por el asesinato de Arnaldo “Nano” Amarilla (33), perpetrado en julio de 2018, en el marco de un presunto caso de gatillo fácil, fue excarcelado por el cese de la prisión preventiva a fines del año pasado y ahora aguarda en libertad la realización del debate oral para esclarecer el hecho.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, la excarcelación se dio bajo caución juratoria y fue otorgada en diciembre de 2022 por las autoridades del Tribunal Penal Uno, tras considerarse vencidos los plazos de la prisión preventiva.
De esta manera, Soley salió de la cárcel y, al igual que su consorte de causa, el oficial subayudante David Salomón Villalba (34), aguardará en libertad el inicio del juicio oral en el que se esclarecerá el hecho y se determinará la responsabilidad de cada uno de ellos.
Ambos están imputados por el delito de “homicidio calificado por su función”, figura enmarcada por el artículo 80, inciso 9 del Código Penal de la Nación Argentina, que prevé una pena de prisión perpetua.
Al comienzo de la causa, Villalba estuvo imputado como partícipe secundario del mismo hecho, pero cuando René Casals asumió como titular de la Fiscalía de Instrucción Seis de Posadas, consideró que el uniformado debía responder como coautor por omisión, dado que era el encargado de la patrulla.
En ese marco, ambos imputados deberán enfrentar el juicio oral, que tendrá lugar en el Tribunal Penal Uno de Posadas, a cargo de los magistrados Viviana Cukla, Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie.
Las fuentes consultadas por LVM señalaron que el expediente está incorporado a la agenda de debates de este año y se estima que el proceso podría llevarse adelante entre agosto y octubre.
Como representante del Ministerio Público Fiscal intervendrá el fiscal original del Tribunal Penal Uno, Martín Rau, pero también participará como colaborador el fiscal Casals, quien instruyó la última etapa de la investigación y formuló el requerimiento de elevación a juicio del expediente.
La excarcelación de Soley ya había sido solicitada en la etapa de investigación, pero el magistrado Ricardo Balor, titular del Juzgado de Instrucción Seis, rechazó el planteo.
Tras la elevación a juicio, el pedido volvió a ser efectuado, esta vez ante el Tribunal Penal Uno, cuyas autoridades dieron lugar a la liberación de Soley al considerar vencido los plazos de la prisión preventiva, que estipula dos años y la posibilidad de una prórroga por un año más.
Las fuentes de LVM señalaron que Soley ahora debe cumplir determinados condicionamientos para mantener el beneficio, entre ellos, presentarse periódicamente ante el Tribunal para demostrar que continúa ajustado a derecho.
El hecho se registró el 1 de julio de 2018, en el barrio A3-2 de Posadas.
“Me genera dolor”
La excarcelación del ex sargento trajo malestar en la familia de Nano, encabezada por su madre Francisca Amarilla, quien adelantó que planean retomar las marchas con allegados a otras víctimas de casos de gatillo fácil en la provincia.
“Me genera dolor saber que la persona que mató a mi hijo está en libertad de nuevo. Yo quiero que llegue el momento del juicio y esta persona pague por lo que hizo. Hoy tenemos miedo, él puede llegar a amenazar o intimidar a los testigos”, señaló Francisca.
Y agregó que “por la forma en que mataron a mi hijo, creo que deben tener perpetua. Nosotros vamos a seguir organizando marchas para pedir justicia, no sólo por mi hijo, sino por todos los casos parecidos. Queremos que haya juicio porque si no parece que los policías son intocables y no es así; ellos tienen que pagar por lo que hicieron, como cualquier otro”.
El caso
De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el crimen se cometió el 1 de julio de 2018, entre las 1.30 y las 1.45 de la madrugada, en el barrio A3-2 de Posadas.
La hipótesis consigna que, esa noche, un patrullero integrado por Villalba, Soley y un chofer, todos con prestación de servicios en la Comisaría Décima, recorrían la zona a raíz de una denuncia por grescas que se habían producido en cercanías a la cancha 6 de Septiembre y sindicaban a Nano Amarilla como uno de los involucrados.
En esas circunstancias, se estima que, en el mencionado horario, el patrullero llegó a la casa de Amarilla, quien se encontraba durmiendo en la vereda en una avanzado grado de intoxicación etílica y, al advertir la presencia policial, corrió hacia el inmueble, pero Soley abrió fuego con una Ithaca calibre 12.70.
Amarilla resultó herido tras ese primer disparo, pero aun así continuó su corrida hacia el interior de su casa, instancia en la que recibió un segundo balazo en el omóplato derecho que le terminó provocando lesiones que lo llevaron a la muerte en el lugar.
Los elementos recolectados en el expediente también harían suponer que tras el hecho el patrullero regresó a la comisaría, pero cerca de las 4, ambos imputados volvieron a la escena tras el alerta de una persona fallecida en el lugar.
Villalba también está acusado del delito de “falsificación ideológica de documento público en concurso real”, dado que habría fraguado los registros de los movimientos de la patrulla.
FOTO: El Territorio
El ex convicto detenido por el asesinato a machetazos de su patrón, el productor agrícola Hugo Orlando Von Steiger (75), se abstuvo de declarar y fue imputado por homicidio agravado.
La audiencia de declaración indagatoria se concretó en las últimas horas y fue realizada ante la magistrada Adriana Zajackowski, titular del Juzgado Correccional y de Menores Uno de Oberá, pero actualmente a cargo por subrogancia del Juzgado de Instrucción Uno de la misma circunscripción judicial.
Frente a ella compareció Samuel de Almeida (45), ex convicto y peón rural de la víctima, quien decidió guardar silencio y acto seguido fue imputado preliminarmente por “homicidio agravado”.
De esta manera, el sospechoso continuará privado de su libertad y su futuro dependerá de los elementos probatorios que los instructores de la causa logren reunir para esclarecer el hecho.
El crimen de Von Steiger se registró el 9 de enero, cuando su cuerpo fue encontrado a un costado de su camioneta Volkswagen Saveiro sobre un camino vecinal en una zona de plantaciones en el límite entre Oberá y General Alvear.
El hombre presentaba múltiples lesiones de machetazos en miembros inferiores, superiores, tórax y rostro.
De Almeida fue la última persona vista junto a la víctima y después del hecho permaneció prófugo casi un día, hasta que efectivos policiales lo capturaron a unos 25 kilómetros de la escena del crimen.
El sospechoso trabajaba como peón de Von Steiger hace unos tres años. Antes de eso estuvo cuatro años preso por un delito contra la integridad sexual.
Atrapan a ex convicto acusado de matar a machetazos al productor Von Steiger
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) se hizo eco del intento de censura contra La Voz de Misiones y mediante un comunicado expresó que “deplora” el accionar del abogado y ex juez penal José Antonio Reyes, autor de una carta documento enviada a este medio.
El caso fue relevado por integrantes del monitoreo de libertad de expresión de Fopea, quienes se interiorizaron en la situación y resolvieron expresar su postura a favor de La Voz de Misiones.
En el mismo comunicado señalaron que “Fopea advierte que pretender impedir o condicionar la publicación de información veraz sobre hechos juzgados constituye un intento de censura, incompatible con los principios constitucionales que protegen la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informada”.
“La existencia de resoluciones judiciales refuerza el carácter público de la información difundida y el derecho de los medios a darla a conocer”, consignan después y cierran: “Reafirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares esenciales del sistema democrático, que deben ser garantizados y protegidos frente a cualquier intento de restricción”.
El intento de censura contra LVM provino de parte del ex juez penal de Apóstoles José Antonio Reyes –destituido en 2007-, quien ahora se desempeña como abogado particular y actuó como defensor de una pareja de bonaerenses condenada por participar de una maniobra de entrega de bebés en Concepción de la Sierra, ardid que fue expuesto por este medio mediante un informe publicado el pasado 5 de enero.
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Ex juez pide censura a LVM por nota sobre entrega de bebés en Concepción
José Antonio Reyes, el abogado que pidió censurar a La Voz de Misiones por una nota sobre entrega de bebés que involucraba a dos de sus defendidos, fue juez penal de Apóstoles hasta su destitución en 2007, aunque eso ya se sabía y múltiples publicaciones dan cuenta de ello.
En contrapartida, lo que en estos años pasó desapercibido es que la destitución de Reyes fue ratificada en 2021 por la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), hasta donde el ex magistrado recurrió para tratar de revertir el fallo que le quitó el cargo por incumplimiento de sus deberes.
La medida del máximo órgano judicial del país fue firmada por los jueces Carlos Fernando Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Daniel Rosatti, quienes analizaron el recurso de casación interpuesto y desestimaron uno por uno los argumentos esgrimidos por Reyes en su escrito.
La resolución tiene 17 páginas, es información pública en internet y en uno de sus apartados los jueces la Corte concluyen, sin vueltas: “Que, en las condiciones expresadas, no puede ponerse fundadamente en tela de juicio que el ex magistrado fue imputado por un cargo definido, en base a una conducta descripta con suficiente precisión; que pudo ejercer su derecho de defensa, efectuando su descargo sobre la base de los hechos concretos que le fueron imputados; que su conducta fue evaluada y juzgada dentro de un plazo razonable; y que fue destituido, con sustento en los mismos hechos”.
De esta manera, quedó ratificada la destitución resuelta por el jurado de enjuiciamiento que analizó el caso en 2007 y encontró a Reyes responsable de “incumplimiento de sus deberes”.
El pedido de jury había sido formulado por Gabriel Díaz, por aquel entonces gerente regional del banco Macro, quien acusó a Reyes de emitir un recurso de amparo a favor de la empresa “Touché-Moreno Ocampo y Otros UTE” pese a no ser competente.
Esa resolución le permitió a la empresa extraer unos 3 millones de pesos del banco, supuestamente en concepto por pagos pendientes por el cobro tercerizado de morosos de Rentas.
Antes de llegar al jury, el magistrado presentó la renuncia, pero el gobierno no se la aceptó. Tras su destitución, Reyes habló con el diario El Territorio y prometió: “Voy a reclamar hasta la última instancia porque considero justo, se violó mi derecho a la defensa y el debido proceso, eso tilda de nulo el proceso. Es una grosera sentencia”.
Décadas después, la contienda judicial llegó hasta la Corte Suprema, cuyos magistrados entendieron que a Reyes no le asistía la razón.
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