Policiales
“En un ratito llegamos”: en su cumpleaños, murió junto sus hijos calcinado
Alejandro Torres estaba tan feliz por el regalo que le había hecho su hermana que ese mismo 25 de agosto en el que celebraba su cumpleaños número 39 decidió llevar a sus tres hijos y a una sobrina de Merlo a Tandil en su flamante auto nuevo.
Sin embargo, durante el regreso a su casa, los cinco integrantes de la familia Torres se encontraron con la muerte, después de ser embestidos por una camioneta Grand Cherokee, impactar de frente contra un camión cementero y quedar atrapados entre las llamas de un vehículo calcinado.
El hecho se produjo el último domingo de agosto cerca de las 21 en el km 225 de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de Cacharí, y tuvo como saldo trágico la muerte inmediata de los cinco tripulantes del Chevrolet Corsa Classic que Torres acababa de estrenar.
Asimismo, el conductor de la camioneta Grand Cherokee, Horacio Luis Castilla (67 años), quedó imputado por la justicia provincial por el delito de “quíntuple homicidio culposo agravado” por una posible conducción temeraria y por la cantidad de víctimas mortales.
En caso de ser encontrado culpable, podrá recibir una pena de entre 3 y 6 años de prisión.
Yésica Torres, la hermana de Alejandro, fue quien le regaló el vehículo unos días antes, con el fin de poder ayudarlo a mejorar su economía familiar. La víctima mortal tenía dificultades para sumar ingresos monetarios mediante su trabajo como plomero y pensaba iniciarse como chofer de Uber.
“El día domingo 25 de agosto, mi hermano cumplía 39 años y decidió ir a pasar el día a Tandil con sus tres hijos: Daira de 19, Demián de 17 y también fue Mía, de 6. También llevó a una de mis sobrinas, Lara, de 14″, relató Yésica Torres, en declaraciones al programa Telefe Noticias.
Según la propia familia, Alejandro era muy unido a sus hijos y a sus sobrinos. Era de los más dedicados a la alegría de los más chicos de la familia, por lo que todos querían pasar un tiempo con él.
De tal manera, el mismo domingo decidió salir por la mañana bien temprano desde Merlo hacia Tandil con sus tres hijos y una de sus sobrinas. Según Yésica, la prudencia de Alejandro fue tal que les impidió viajar a otras de sus sobrinas, porque ya eran cinco dentro del vehículo.
Después de llegar a la ciudad bonaerense, Alejandro les envió un mensaje de audio a sus familiares en el que describió la tranquilidad con la que se movieron en la ruta y destacó que estaban próximos al regreso. Esa fue la última vez que sus familiares escucharon su voz.
“Todos con cinturones de seguridad, no pasamos los 70 km/hora, 73, 74, y vamos re tranqui. Paramos cada media hora, 40 minutos, paramos a cargarle agua al auto, cargar agua al mate”, afirmó Alejandro en el audio.
“Ahora estamos en Las Flores. Ahora, igual, en un ratito ya llegamos y paramos a comer, todo eso, nos quedamos un ratito y pegamos la vuelta ya”, agregó, cerca del mediodía.
El accidente se produjo por la noche y las circunstancias del mismo todavía representan un misterio.
“Pasaron todo el día en Tandil y al regreso, a la altura de Azul, venían atrás de un camión de Loma Negra, de Cemento, ellos venían atrás, y una Grand Cherokee que la conducía Horacio Luis Castilla de 67 años, venía a gran velocidad desde Tandil y lo impacta desde atrás, incrustándolos detrás del camión”, relató Yésica Torres.
“Murieron todos en el acto. Después explota el auto y se queman todos: mis cuatro sobrinos y mi hermano”, completó.
Hasta el momento, se desconocen los motivos del accidente. Los peritos todavía no pudieron determinar la velocidad a la que venía la camioneta conducida por Castilla, que también quedó calcinada a causa del incendio. Como si fuera poco, en el asfalto no se pudieron registrar las marcas de frenadas, por lo que se dificulta establecer la posible velocidad de los vehículos.
Al caso se le sumó la indignación de la familia, ya que por decisión del titular del Juzgado de Garantías Nº 2, con asiento en los Tribunales de Azul, el dr. Federico Barberena, se le otorgó a Castilla la posibilidad de excarcelación bajo el pago de una fianza de 10 millones de pesos.
El conductor de la Grand Cherokee, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y con residencia en Tandil, ofreció un inmueble de la Capital Federal como parte de la fianza y recuperó la libertad a los pocos días del accidente.
Además, Barberena obligó a Castilla a entregar su registro de conducir y quedó inhabilitado para manejar un vehículo durante la duración del proceso. También se le prohibió salir del país en el mismo período.
Por el momento, Castilla acudió una semana después del accidente al Hospital Dr. Ángel Pinto de Azul con un fuerte dolor en el pecho. Desde entonces se encuentra internado allí en una sala común, bajo custodia policial.
“Le otorgaron una excarcelación de 10 millones de pesos. La vida de mi familia pasa por alto. Pone plata y el tipo queda libre. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Que pague. Nadie nos va a devolver la vida de ninguno de mi familia, pero queremos que él esté preso y que pague por lo que hizo”, se lamentó Yésica Torres, entre lágrimas.
Se espera que la titular de la UFI Nº 6 de Azul, Karina Genusso, obtenga los resultados de los análisis toxicológicos para determinar la posible presencia de alcohol en la sangre de Castilla al momento del fatal accidente.
La joven que denunció por abuso sexual al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, se constituyó como querellante particular y a través de su representante legal podrá ser parte activa del proceso judicial, con el impulso de medidas probatorias y responder planteos defensivos.
Los trámites correspondientes fueron completados ayer, en paralelo a la audiencia de ratificación de denuncia, y el requerimiento fue aceptado por el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, dependencia judicial que lleva adelante el expediente.
Es Balanda Gómez el que dirige la investigación del caso, mientras que la acción pública es impulsada por Héctor Simón, titular de la Fiscalía de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, rol que ahora compartirá con la querella particular que represente los intereses de la denunciante e incluso pueden trabajar juntos, aunando criterios y colaborándose mutuamente en la recolección de pruebas.
Denuncia y ratificación
En su denuncia, la joven, que trabaja en el Concejo Deliberante de Caraguatay, acusó al intendente de ese mismo municipio por hechos de acoso y abuso sexual perpetrados a mediados del año pasado.
La presentación que dio inicio al expediente se radicó el 25 de febrero y fue ratificada ayer, con una ampliación de su declaración ante el magistrado que instruye la causa, quien ya dispuso una serie de medidas preventivas, como una restricción de acercamiento y contacto contra el intendente, y órdenes de allanamiento en busca de elementos de prueba.
Según pudo averiguar La Voz de Misiones, el primer suceso denunciado ocurrió el 8 de julio de 2025, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Pedido de licencia
Si bien la presentación inicial se radicó el 25 de febrero, el caso tomó estado público ayer y después de la ratificación de la denuncia efectuada por la joven, el gobernador Hugo Passalacqua le pidió a Peyer que se tome licencie en el cargo y enfrente a la Justicia.
“Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”, comunicó el gobernador en su cuenta de X.
Passalacqua pidió que el intendente denunciado por abuso se tome licencia
Ezequiel Arnold, de 17 años, se encontraba internado en estado crítico en Oberá tras protagonizar un siniestro vial el lunes 9 de marzo sobre la ruta 103, a unos tres kilómetros del acceso a la localidad de Mártires.
Ese día, el joven se desplazaba en horas de la siesta a bordo de una motocicleta Honda Titan 150 cc. cuando colisionó contra la parte posterior de una camioneta Chevrolet S10, propiedad de Saúl Humberto P. de 53 años de edad.
Por causas que son materia de investigación, el radado menor impactó contra la parte trasera de la camioneta y a raíz del fuerte impacto Ezequiel fue trasladado de urgencia al Hospital Samic de Oberá, donde permaneció internado durante dos días en el sector de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones.
Finalmente, a las 19:50 de este miércoles se confirmó su fallecimiento. Según consta el informe del médico policial, la causa del deceso fueron traumatismos y fracturas graves en la cabeza y pierna derecha, colapso pulmonar, entre otras lesiones.
El magistrado interviniente dispuso la entrega del cuerpo a los familiares para su velatorio e inhumación, mientras que las actuaciones judiciales continúan para determinar las circunstancias del siniestro.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
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