Policiales
“En un ratito llegamos”: en su cumpleaños, murió junto sus hijos calcinado
Alejandro Torres estaba tan feliz por el regalo que le había hecho su hermana que ese mismo 25 de agosto en el que celebraba su cumpleaños número 39 decidió llevar a sus tres hijos y a una sobrina de Merlo a Tandil en su flamante auto nuevo.
Sin embargo, durante el regreso a su casa, los cinco integrantes de la familia Torres se encontraron con la muerte, después de ser embestidos por una camioneta Grand Cherokee, impactar de frente contra un camión cementero y quedar atrapados entre las llamas de un vehículo calcinado.
El hecho se produjo el último domingo de agosto cerca de las 21 en el km 225 de la Ruta Nacional Nº 3, a la altura de Cacharí, y tuvo como saldo trágico la muerte inmediata de los cinco tripulantes del Chevrolet Corsa Classic que Torres acababa de estrenar.
Asimismo, el conductor de la camioneta Grand Cherokee, Horacio Luis Castilla (67 años), quedó imputado por la justicia provincial por el delito de “quíntuple homicidio culposo agravado” por una posible conducción temeraria y por la cantidad de víctimas mortales.
En caso de ser encontrado culpable, podrá recibir una pena de entre 3 y 6 años de prisión.
Yésica Torres, la hermana de Alejandro, fue quien le regaló el vehículo unos días antes, con el fin de poder ayudarlo a mejorar su economía familiar. La víctima mortal tenía dificultades para sumar ingresos monetarios mediante su trabajo como plomero y pensaba iniciarse como chofer de Uber.
“El día domingo 25 de agosto, mi hermano cumplía 39 años y decidió ir a pasar el día a Tandil con sus tres hijos: Daira de 19, Demián de 17 y también fue Mía, de 6. También llevó a una de mis sobrinas, Lara, de 14″, relató Yésica Torres, en declaraciones al programa Telefe Noticias.
Según la propia familia, Alejandro era muy unido a sus hijos y a sus sobrinos. Era de los más dedicados a la alegría de los más chicos de la familia, por lo que todos querían pasar un tiempo con él.
De tal manera, el mismo domingo decidió salir por la mañana bien temprano desde Merlo hacia Tandil con sus tres hijos y una de sus sobrinas. Según Yésica, la prudencia de Alejandro fue tal que les impidió viajar a otras de sus sobrinas, porque ya eran cinco dentro del vehículo.
Después de llegar a la ciudad bonaerense, Alejandro les envió un mensaje de audio a sus familiares en el que describió la tranquilidad con la que se movieron en la ruta y destacó que estaban próximos al regreso. Esa fue la última vez que sus familiares escucharon su voz.
“Todos con cinturones de seguridad, no pasamos los 70 km/hora, 73, 74, y vamos re tranqui. Paramos cada media hora, 40 minutos, paramos a cargarle agua al auto, cargar agua al mate”, afirmó Alejandro en el audio.
“Ahora estamos en Las Flores. Ahora, igual, en un ratito ya llegamos y paramos a comer, todo eso, nos quedamos un ratito y pegamos la vuelta ya”, agregó, cerca del mediodía.
El accidente se produjo por la noche y las circunstancias del mismo todavía representan un misterio.
“Pasaron todo el día en Tandil y al regreso, a la altura de Azul, venían atrás de un camión de Loma Negra, de Cemento, ellos venían atrás, y una Grand Cherokee que la conducía Horacio Luis Castilla de 67 años, venía a gran velocidad desde Tandil y lo impacta desde atrás, incrustándolos detrás del camión”, relató Yésica Torres.
“Murieron todos en el acto. Después explota el auto y se queman todos: mis cuatro sobrinos y mi hermano”, completó.
Hasta el momento, se desconocen los motivos del accidente. Los peritos todavía no pudieron determinar la velocidad a la que venía la camioneta conducida por Castilla, que también quedó calcinada a causa del incendio. Como si fuera poco, en el asfalto no se pudieron registrar las marcas de frenadas, por lo que se dificulta establecer la posible velocidad de los vehículos.
Al caso se le sumó la indignación de la familia, ya que por decisión del titular del Juzgado de Garantías Nº 2, con asiento en los Tribunales de Azul, el dr. Federico Barberena, se le otorgó a Castilla la posibilidad de excarcelación bajo el pago de una fianza de 10 millones de pesos.
El conductor de la Grand Cherokee, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y con residencia en Tandil, ofreció un inmueble de la Capital Federal como parte de la fianza y recuperó la libertad a los pocos días del accidente.
Además, Barberena obligó a Castilla a entregar su registro de conducir y quedó inhabilitado para manejar un vehículo durante la duración del proceso. También se le prohibió salir del país en el mismo período.
Por el momento, Castilla acudió una semana después del accidente al Hospital Dr. Ángel Pinto de Azul con un fuerte dolor en el pecho. Desde entonces se encuentra internado allí en una sala común, bajo custodia policial.
“Le otorgaron una excarcelación de 10 millones de pesos. La vida de mi familia pasa por alto. Pone plata y el tipo queda libre. Nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Que pague. Nadie nos va a devolver la vida de ninguno de mi familia, pero queremos que él esté preso y que pague por lo que hizo”, se lamentó Yésica Torres, entre lágrimas.
Se espera que la titular de la UFI Nº 6 de Azul, Karina Genusso, obtenga los resultados de los análisis toxicológicos para determinar la posible presencia de alcohol en la sangre de Castilla al momento del fatal accidente.
El gobernador Hugo Passalacqua le solicitó al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, denunciado por abuso sexual contra una trabajadora del Concejo Deliberante de esa localidad, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia.
El mandatario provincial hizo público su pedido a través de un posteo en su cuenta de X, donde esta noche escribió: “Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera ordenada y transparente”.
Ante la grave denuncia por abuso sexual radicada en el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Puerto Rico, solicito al intendente de Caraguatay, Mario Peyer, que pida licencia en el cargo y se ponga a disposición de la Justicia, a los fines de que la investigación se desarrolle de manera…
— Hugo Passalacqua (@passalacquaok) March 12, 2026
Denuncia y ratificación
El pedido del gobernador llega luego de que se hiciera público una grave denuncia que data contra el intendente desde el 25 de febrero pasado, cuando una empleada del Concejo Deliberante de Caraguatay acudió a la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico para realizar una presentación en la que acusaba al jefe comunal por hechos de acoso y abuso sexual.
El asunto tomó mayor relevancia este miércoles, luego de la que muchacha compareciera ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez, para ampliar su denuncia y en dicha audiencia ratificara cada una de las acusaciones.
En esa instancia, la mujer dio un pormenorizado relato de los hechos padecidos, con precisión de días, horarios, circunstancias y modos.
Según pudo saber La Voz de Misiones, la joven relató que los hechos ocurrieron el año pasado. El primer suceso se dio el 8 de julio del año pasado, cuando el intendente citó a la joven en su despacho y le “acarició las manos”, entre otros actos de miramientos, tocamientos y expresiones indebidas.
El segundo episodio y más grave, sucedió el 4 de septiembre, en el marco del Día de la Secretaria, cuando el jefe comunal se presentó en el Concejo Deliberante para entregar presentes a las trabajadoras del lugar.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina de la denunciante y tras una breve conversación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Violación, golpes y amenazas: la denuncia contra el intendente de Caraguatay
Contundente, detallado y angustiante. Así fue catalogada la ratificación de la denuncia por abuso sexual realizada hoy por una trabajadora del Concejo Deliberante de Caraguatay contra el intendente del mismo municipio, Mario Peyer, quien goza de inmunidad de arresto por sus fueros como alcalde pero que ya fue notificado de la instrucción de una causa penal en su contra y recibió una restricción de acercamiento hacia la víctima, entre otras medidas preventivas dispuesta por la Justicia.
Aunque los hechos descritos ocurrieron el año pasado, la denuncia que disparó el caso fue radicada el pasado 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico y esta mañana la mujer fue citada a ratificar su presentación ante el Juzgado de Instrucción Uno de la misma jurisdicción, donde brindó un pormenorizado relato de los sucesos padecidos ante el alcalde.
De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por La Voz de Misiones, la mujer se presentó ante el juzgado que dirige el magistrado Manuel Balanda Gómez acompañada de su abogada y en su declaración ratificó las acusaciones, brindando un detallado relato con precisiones de días, horarios, lugares, circunstancias y modos en que ocurrieron los hechos.
La mujer contó que todo comenzó con miramientos, tocamientos y expresiones indebidas del intendente hacia ella, pero la situación se agravó el último 4 de septiembre, cuando el acusado se presentó en el Concejo Deliberante con obsequios para las trabajadores del lugar en el marco del Día de la Secretaria.
En esas circunstancias, el hombre ingresó a la oficina donde estaba la denunciante y tras entregarle una caja de bombones y después de compartir una breve conservación, llaveó la puerta, se abalanzó sobre ella, le corrió la ropa y la sometió carnalmente, a la fuerza y sin el consentimiento de la muchacha.
La joven, incluso, entre lágrimas y visiblemente conmovida, narró que el intendente la golpeó y ejerció constante fuerza sobre ella para mantenerse en posición dominante durante el abuso. También describió que al momento del hecho llevaba pocos días de haber dado a luz, ante lo cual sufrió mayores dolencias físicas.
Después del hecho -aseguró la denunciante-, Peyer se retiró del lugar y amenazó a la joven para que no denuncie lo sucedido si quería mantener su trabajo, extorsión que se extendió durante varios meses, insertando a la víctima en un clima de sometimiento constante con llamados desde diferentes números telefónicos y visitas sorpresivas al Concejo Deliberante.
Meses más tarde la mujer encontró contención en una abogada local que se interiorizó en el caso y le recomendó accionar penalmente, lo cual finalmente ocurrió el pasado 25 de febrero, cuando radicaron la denuncia inicial ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, que en ese momento era subrogado por Jorge Fernández y que ahora nuevamente se encuentra a cargo de su titular Héctor Simón.
Como cierre de su testimonio, la denunciante agregó que el último sábado, a la medianoche, el intendente pasó en cercanías a su a casa a bordo de la camioneta del municipio y efectuó gestos amenazantes contra su hija de menor.
Con los elementos recolectados hasta el momento y atento a la inmunidad de arresto que Peyer goza por sus fueros como intendente, el juez Balanda Gómez dispuso una restricción de acercamiento hacia la denunciante, entre otras medidas, principalmente de contención a la víctima y de recolección de pruebas para avanzar con la causa que, preliminarmente, configuraría delitos de “abuso sexual con acceso carnal”.
Es la Ley Orgánica de Municipales que protege a Peyer de una medida coercitiva en su contra, aunque no impide que el implicado sea objeto de una investigación penal e incluso puede ser citado a prestar declaración indagatoria, lo cual podría ocurrir en los próximos días.
En ese panorama, fuentes de LVM explicaron que el Concejo Deliberante local tiene la potestad de actuar de oficio, solicitar informes a la Justicia y en base a eso decidir si avanza o no en un posible juicio política para desaforar al intendente.
Intendente de Caraguatay fue denunciado por abuso a una empleada del Concejo
El intendente de Caraguatay, Mario Darío Peyer, enfrenta una denuncia por acoso y abuso sexual radicada por una trabajadora del Concejo Deliberante de esa misma localidad y, mientras se investigan los hechos señalados, la Justicia le impuso al jefe comunal una restricción de acercamiento hacia la mujer.
La presentación que dio inicio a una causa penal fue realizada el 25 de febrero ante la Fiscalía de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo de Héctor Simón, aunque los hechos habrían ocurrido a mediados del año pasado.
Según la denuncia radicada, uno de los sucesos tuvo lugar el 8 de julio de 2024, cuando el intendente citó a la mujer de 30 años en su despacho para tratar una cuestión laboral y le terminó acariciando las manos de manera indebida.
El siguiente episodio ocurrió el 4 de septiembre, cuando presuntamente el jefe comunal fue hasta el Concejo Deliberante para llevarle una caja de bombones a la denunciante por el Día de la Secretaria.
En esa ocasión mantuvieron una conversación dentro de una oficina, pero en determinado momento -según la denuncia- Peyer trabó la puerta, forcejó con la mujer y abusó de ella.
En su presentación la mujer indicó que en ese momento le dejó en claro al acusado que iba a radicar la denuncia por el hecho, pero el intendente amenazó con tomar represalias labores contra su esposo y por eso se mantuvo en silencio los meses siguientes, hasta que decidió accionar penalmente.
Al momento de la denuncia, la fiscalía estaba a cargo de Jorge Fernández como subrogante, quien realizó el requerimiento de instrucción formal.
La trabajadora fue citada este miércoles para realizar una ampliación de su denuncia ante el Juzgado de Instrucción Uno de Puerto Rico, a cargo del magistrado Manuel Balanda Gómez.
Según consignaron fuentes consultadas, en la audiencia de hoy la mujer ratificó cada una de sus acusaciones e incluso nombró a una persona que fue testigo de los hechos ocurridos el 8 de julio, quien ahora será citada a prestar declaración testimonial.
Las mismas fuentes recordaron que el jefe comunal no puede ser detenido por contar con fueros, aunque como medida preventiva recibió una restricción de acercamiento hacia la denunciante.
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