Policiales
El Superior Tribunal dispuso baja de pena para Rocío Santa Cruz y eludiría la cárcel
Hizo lugar a un recurso de casación. Y admitió su responsabilidad en la muerte de un motociclista.Pero advirtió que conducía dentro de los límites establecidos. Una cadena de inhibiciones la beneficiarían para evitar la prisión por la condena de cuatro años que recibió.
POSADAS: El Superior Tribunal de Justicia dispuso que sea revisada la pena de cuatro años de prisión impuesta a la abogada Rocío Santa Cruz, por la muerte de un motociclista en un siniestro vial, con lo cual podría eludir el encierro en un penal.
Si bien el máximo órgano judicial coincidió con el fallo del juez César Jiménez en cuanto a la responsabilidad de la mujer en la muerte de Ramón Cabrera, un empleado municipal, consideró que la velocidad con que se desplazaba estaba dentro de los límites permitidos.
Dicha circunstancia habría sido evaluada como un atenuante para que el Tribunal diera curso al pedido de reducción de la pena de cuatro años de prisión, que por su monto debería ser de cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario.
Tras haber superado el trámite de casación, el expediente debería retornar al juez de la causa, aunque en fuentes judiciales se estima que se inhibiría, y en el orden operativo debería recaer en el juzgado de la jueza Marcela Leiva, quien ya adoptó un actitud similar durante el procedimiento.
En la misma línea de conjeturas, la causa finalmente iría a parar al juzgado del magistrado Marcelo Cardozo, quien si bien no es posible asegurar, se estima que seguiría la recomendación del Superior Tribunal y la condenada obtendría la rebaja de la pena y evitaría ir a prisión.
El caso
El hecho por el cual fue juzgada y condenada Santa Cruz se registró el 31 de enero de 2016, en la avenida Quaranta (tramo urbano de la Ruta Nacional 12) de Posadas, aunque la investigación determinó una serie de dudas sobre la conducta que tuvo la acusada tras el accidente.
El 26 de noviembre de 2018 fue condenada a cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir automotores, al ser hallada responsable por la muerte Cabrera, luego de colisionar el auto que manejaba con la motocicleta conducida por la víctima fatal.
Entre las medidas complementarias de la condena, el juez Jiménez le impuso a Santa Cruz la prohibición de salir del país mientras se tramitaban recursos y hasta que la pena quedara firme, pero en la Navidad de 2018, dos empleados judiciales la identificaron en un vuelo Asunción-Lima.
En febrero de 2019 la abogada, con prestación de servicios en la AFIP-Posadas, fue detenida por desobediencia durante 155 días, pero consiguió la libertad por un recurso de habeas corpus que fue tramitado ante la jueza Georgina López Liva, y desde entonces goza del beneficio.
El hospital Madariaga dio a conocer el último parte médico que corresponde a los dos sobrevivientes de la masacre registrada en el barrio San Lorenzo de Posadas el lunes 10 de agosto, cuando José Ferreyra atacó a familiares, mató a sus dos hijos y luego se quitó la vida.
El relevamiento médico con fecha de hoy, indica que Paola Vieyra (45), quien presentaba politraumatismos con herida punzocortante, pasó a sala general en la jornada de ayer domingo.
Por estas horas, la mujer continúa bajo seguimiento multidisciplinario y pronóstico reservado. La paciente además cursa un embarazado de tres meses.
En tanto, su hermano Hugo Ríos (50), quien presenta discapacidad motora, con herida cortante que fue suturada, continúa internado en sala general.
En los últimos días transitó un cuadro de neumonía, por lo que se encuentra bajo tratamiento y control multidisciplinario, con pronóstico reservado.
El hecho
El fatal desenlace se conoció el lunes 10 de agosto, alrededor de las 7, cuando efectivos de la Policía de Misiones arribaron a una vivienda ubicada en cercanías de las calles 170A y 53 del barrio San Lorenzo de Posadas, donde el obrero José Ricardo Ferreyra, se quitó la vida luego de degollar a sus propios hijos a machetazos y herir a otros dos familiares.
Al llegar al inmueble los efectivos encontraron a Ferreyra pendiendo de un tirante del techo. Debajo yacía sin vida su hija Evelyn, de 13 años, con una herida cortante en el cuello. En otro sector de la vivienda, se halló el cuerpo de su otro hijo Mariano, de 21 años, con discapacidad, con un corte similar.
En cuanto a los sobrevivientes, la pareja de Ferreyra fue hallada con lesiones cortantes en el cuello y trasladada de urgencia en ambulancia al hospital.
La Policía detuvo en Puerto Iguazú a un joven de 26 años que a principio de mes había sido denunciado por abusos sexuales reiterados en perjuicio de dos hijastras menores de edad, a quienes además habría grabado durante los vejámenes.
El sospechoso fue identificado como Jonatan F. (26), quien el pasado 8 de agosto fue denunciado por su ex concubina y madre de las víctimas, aunque al enterarse de la acusación escapó hacia Paraguay por un paso clandestino y recién ahora pudo ser capturado.
La detención se concretó en la tarde de ayer, cuando los agentes de la Comisaría de la Mujer dependiente de la Unidad Regional V obtuvieron información que ubicaba nuevamente al sospechoso en territorio misionero, más precisamente en el barrio San Juan de Iguazú, donde finalmente fue detenido.
Al implicado se le incautó un teléfono celular que será sometido a pericias y el detenido quedó a disposición del Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú, a cargo del magistrado Martín Brites.
El sospechoso afronta una severa acusación. La denuncia en su contra fue radicada por su ex concubina, quien acudió a la Policía luego de que sus hijas, de 11 y 15 años, le contaran el calvario que padecían a manos de su padrastro desde hace aproximadamente cuatro años.
Las niñas revelaron que el hombre las abusa sexualmente de manera reiterada, además de realizar grabaciones de los hechos y amenazarlas de muerte para que no contaran lo sucedido.
Después de conocer todo esto, la mujer acudió de inmediato a radicar la denuncia, pero para ese entonces el sospechoso ya había desaparecido de la ciudad.
La Jefatura de Policía apartó al segundo jefe de la Unidad Regional III de Eldorado, Miguel Alfredo Valenzuela, investigado en una causa judicial cuyos detalles hasta el momento no trascendieron.
Según el comunicado difundido desde la fuerza provincial, el comisario inspector Valenzuela es objeto de una investigación judicial que “continúa bajo reserva”, con medidas de prueba en curso, entre ellas el secuestro de su teléfono celular.
El ahora ex segundo jefe de la UR fue reasignado a la División de Verificación de Automotores y en su reemplazo asumió la comisario inspector Patricia Portillo, quien entró en funciones este mismo lunes.
“Desde la fuerza provincial remarcaron que se trató de un recambio institucional dispuesto mediante los mecanismos administrativos correspondientes, sin que exista medida de detención”, señalaron.
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