Policiales
El Superior Tribunal dispuso baja de pena para Rocío Santa Cruz y eludiría la cárcel
Hizo lugar a un recurso de casación. Y admitió su responsabilidad en la muerte de un motociclista.Pero advirtió que conducía dentro de los límites establecidos. Una cadena de inhibiciones la beneficiarían para evitar la prisión por la condena de cuatro años que recibió.
POSADAS: El Superior Tribunal de Justicia dispuso que sea revisada la pena de cuatro años de prisión impuesta a la abogada Rocío Santa Cruz, por la muerte de un motociclista en un siniestro vial, con lo cual podría eludir el encierro en un penal.
Si bien el máximo órgano judicial coincidió con el fallo del juez César Jiménez en cuanto a la responsabilidad de la mujer en la muerte de Ramón Cabrera, un empleado municipal, consideró que la velocidad con que se desplazaba estaba dentro de los límites permitidos.
Dicha circunstancia habría sido evaluada como un atenuante para que el Tribunal diera curso al pedido de reducción de la pena de cuatro años de prisión, que por su monto debería ser de cumplimiento efectivo en un establecimiento carcelario.
Tras haber superado el trámite de casación, el expediente debería retornar al juez de la causa, aunque en fuentes judiciales se estima que se inhibiría, y en el orden operativo debería recaer en el juzgado de la jueza Marcela Leiva, quien ya adoptó un actitud similar durante el procedimiento.
En la misma línea de conjeturas, la causa finalmente iría a parar al juzgado del magistrado Marcelo Cardozo, quien si bien no es posible asegurar, se estima que seguiría la recomendación del Superior Tribunal y la condenada obtendría la rebaja de la pena y evitaría ir a prisión.
El caso
El hecho por el cual fue juzgada y condenada Santa Cruz se registró el 31 de enero de 2016, en la avenida Quaranta (tramo urbano de la Ruta Nacional 12) de Posadas, aunque la investigación determinó una serie de dudas sobre la conducta que tuvo la acusada tras el accidente.
El 26 de noviembre de 2018 fue condenada a cuatro años de prisión efectiva y diez de inhabilitación para conducir automotores, al ser hallada responsable por la muerte Cabrera, luego de colisionar el auto que manejaba con la motocicleta conducida por la víctima fatal.
Entre las medidas complementarias de la condena, el juez Jiménez le impuso a Santa Cruz la prohibición de salir del país mientras se tramitaban recursos y hasta que la pena quedara firme, pero en la Navidad de 2018, dos empleados judiciales la identificaron en un vuelo Asunción-Lima.
En febrero de 2019 la abogada, con prestación de servicios en la AFIP-Posadas, fue detenida por desobediencia durante 155 días, pero consiguió la libertad por un recurso de habeas corpus que fue tramitado ante la jueza Georgina López Liva, y desde entonces goza del beneficio.
Un jubilado de 81 años fue sorprendido en su casa de Eldorado por al menos tres delincuentes encapuchados que lo redujeron a golpes para sustraerle 3 millones de pesos, joyas y un teléfono celular.
El violento episodio de inseguridad se registró el lunes a la noche, cerca de las 21, cuando un grupo de asaltantes irrumpió en la vivienda de Juan Pedro Johansen (81), ubicada sobre la avenida Fundador, a la altura del kilómetro 6.
Según relató la víctima a los efectivos policiales, los delincuentes eran entre tres y cuatro, quienes actuaron con el rostro cubierto con capuchas y al menos uno de ellos portaba un arma de fuego.
Durante el asalto, el dueño de casa fue amenazado, reducido y golpeado en reiteradas oportunidades, quedando con severas lesiones en el rostro. Debió ser hospitalizado para tratar las heridas.
Del lugar los asaltantes se llevaron aproximadamente 3 millones de pesos, algunas joyas y un teléfono celular.
La Policía informó que tras lo ocurrido se inició un operativo de búsqueda que incluye recorridas por la ciudad y el barrido de cámaras de videovigilancia, aunque hasta el momento no hay mayores novedades sobre los delincuentes.
Daniel Marco (50), el gitano apuñalado el viernes pasado durante una discusión mantenida con el médico Ernesto Omar Ramp (55), falleció en las últimas horas y de esta manera se agravó la situación judicial del acusado, quien hasta este hecho se desempeñaba como director del hospital de Aristóbulo del Valle.
El deceso de Marco se conoció esta mañana y ocurrió en el hospital Madariaga de Posadas, donde se encontraba internado con bajo cuidados intensivos y con pronóstico reservado como consecuencia de la estocada que recibió a la altura del pecho.
Con este desenlace, la causa fue recaratulada como “homicidio” y la situación procesal del médico implicado se agravó considerablemente ya que este tipo de delitos prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión.
Ramp continúa detenido en una celda de la comisaría Segunda de Oberá y la causa se tramita ante el Juzgado de Instrucción Dos de esa misma ciudad, cuyo magistrado ahora ordenó un examen de autopsia al fallecido.
El hecho se registró el pasado 26 de diciembre, sobre calle Apóstoles Norte al 158, en Oberá, donde Ramp llegó para reclamar una deuda y mantuvo una discusión con Marco y sus dos hijos, conflicto que acabó con la víctima trasladado de urgencia al hospital Samic, desde donde fue derivado a Posadas debido a su complejo cuadro de salud.
En redes sociales se registraron múltiples comentarios a favor de Ramp, donde además aseguran que la versión del detenido apunta que él fue atacado en primera instancia y las agresiones se dieron en un acto de defensa.
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Un joven fue detenido esta mañana en el marco de un allanamiento realizado en su casa del barrio A3-2 de Posadas a raíz de una investigación iniciada por reportes emitidos desde Estado Unidos por posibles maniobras tráfico de archivos Masi (material de abuso sexual infantil).
El aprehendido fue identificado como Matías Nahuel E., quien ahora se encuentra a disposición del Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, encargado de llevar adelante la pesquisa del caso en conjunto con la Fiscalía de Ciberdelitos, presidida por Juan Pablo Espeche.
Según detallaron, la pesquisa inició hace varios meses, cuando la Justicia misionera recibió un reporte emitido por National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) de Estados Unidos, información que fue articulada por la Fiscalía de Ciberdelitos, cuyas autoridades ordenaron nuevas medidas de cotejo y con datos técnicos solicitados a la plataforma Telegram obtuvieron resultados determinantes para el avance del proceso judicial.
Mediante esas labores pudieron establecer una relación concreta entre las maniobras de tráfico de Masi y actividades digitales que quedaron registradas en direcciones de IP vinculadas al domicilio del sospechoso.
En el lugar allanado los agentes policiales de Cibercrimen y el personal de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic) incautaron numerosos aparatos electrónicos, celulares y dispositivos de almacenamiento, como así también ladrillos de marihuana, dosis de cocaína y un arma de fuego.
Todo los elementos serán enviados ahora al laboratorio de la Saic para ser sometidos a los correspondientes exámenes periciales para seguir recolectando pruebas para esclarecer el ardid efectuado.
El allanamiento fue realizado con personal de la Policía y de la Saic.
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