Policiales
El Ruso Lohrmann, su mapamundi criminal y su recaptura en España
El Ruso Lohrmann no entiende de otra vida. Es un delincuente nato. Así se definió y así lo demuestra. En los cinco meses que llevaba prófugo en Europa, ya estaba inserto en un esquema criminal: dedicándose a los atracos, siendo mano de obra para un grupo de narcotraficantes y moviéndose por Alicante (España) en una imponente camioneta Porsche, con dos armas y 50.000 euros en la guantera.
En una carta enviada al periodista Nahuel Gallotta (Clarín) en 2019, el mítico criminal argentino admitió que a los 15 años se calzó una pistola en la cintura y nunca más se la sacó. “Yo pienso que era mi destino. Que estaba marcado, como el de tantos delincuentes”, confesó.
Rodolfo José “Ruso” Lohrmann Krenz cumplió 60 años un día antes de ser recaptura. Nació el 5 de febrero de 1965 en Concordia, Entre Ríos, y es hijo de agricultores con antepasados alemanes y holandeses.
De adolescente empezó a robar camiones de ganado y de ahí en más no paró hasta transformarse en el delincuente más buscado y temible de la Argentina, dejando su huella criminal en al menos 50 países. Excepto en Canadá y en Estados Unidos, cometió fechorías en tierras europeas, asiáticas y también africanas.
“En Europa también viví y asalté en Lituania, Grecia, Serbia y Montenegro, Moldavia y Eslovaquia, entre otros. Estuve hasta en Asia y en África. Robé en todos lados”, detalló sobre su mapamundi delictivo en ese mismo escrito de puño y letra enviado en 2019.
El Ruso Lohrmann comenzó a delinquir a los 15 años y no paró hasta transformarse en un criminal internacional.
De atracos y secuestros
Su carrera delictiva comenzó en la adolescencia, cuando ya vivía en el partido bonaerense de Zárate. Primero manejó un camión robado, pero después se encargó de protagonizar los golpes.
Cayó preso por primera vez en 1985 y más tarde volvería a caer, pasando un tiempo recluido en el penal de Sierra Chica, donde terminó de formarse como hampón.
Hasta allí se dedicaba al robo de vehículos, a la piratería del asfalto y a “meter caño” en hospitales, municipalidades y fábricas para hacerse de los sobres con el sueldo de los trabajadores.
Para fines de los 90 ya había recorrido todo el Litoral, incluido Misiones, donde se cree que estuvo detrás del asalto al desaparecido Banco Bisel, perpetrado en pleno microcentro posadeño en septiembre de 1999.
Después de ello, optó salir del país y comenzó a jugar en las grandes ligas. “Con una banda de zona norte robamos bancos y blindados en Bolivia, Paraguay, Perú y Ecuador. Eso fue entre fines de los 90 y comienzos del 2000”, recordó en esa carta enviada a Gallotta, reconocido y experimentado periodista de temas policiales.
Su sombra criminal se acrecentó en esa época. Como en Argentina el dinero escaseaba en las calles por la crisis y el corralito, Lohrmann tuvo que reinventarse y así fue como empezó a cometer secuestros extorsivos a integrantes de familias adineradas.
El joven correntino Cristian Schaerer es el caso más emblemático, a tal punto que se transformó en el secuestro extorsivo más largo de la historia del país, dado que fue raptado el 21 de septiembre de 2003 y hasta hoy nada se sabe de su paradero, a pesar de los 277.300 dólares pagados por su rescate.
Por ese caso hubo varios detenidos y condenados, pero solo Lohrmann parece saber qué sucedió con Cristian y encontrar esa respuesta se convirtió en una pelea contra el tiempo.
Después del secuestro, el Ruso se esfumó. Fue literalmente un fantasma. Se convirtió en el prófugo más buscado del país y nunca más hubo novedades sobre él, a pesar de que con identidades falsas reingresó varias veces a la Argentina para visitar familiares.
Las imágenes previas a la fuga de Ruso Lohrmann del presidio de Vale de Judeus.
Captura y recaptura
Todo cambió en noviembre de 2016, cuando cayó robando bancos y joyerías en Aveiro (Portugal), aunque recién tres meses después se pudo comprobar su verdadera identidad mediante el cotejo de huellas dactilares.
Antes de eso estuvo cuatro años detenido en Bulgaria, pero nadie acreditó su verdadero nombre. Al salir continuó robando hasta caer en Portugal, donde finalmente fue condenado a 17 años de prisión.
Esa pena la cumplía en la cárcel de máxima seguridad de Vale de Judeus, a 70 kilómetros de Lisboa, pero en septiembre pasado escapó junto a otros cuatro criminales extranjeros.
Tras la fuga, las autoridades alertaron sobre el perfil de “peligrosidad” de Lohrmann y emitieron un pedido de captura que se irradió por todo Europa, continente que el argentino conocía a la perfección, además de que tenía experiencia para manejarse entre las sombras.
Todo fue confirmado cinco meses después, el pasado 6 de febrero, cuando la Policía española recapturó al entrerriano durante un operativo ejecutado en una Alicante. Lohrmann estaba junto al británico Marck Roscaleer, otro de los fugados de Vale de Judeus.
La pista del Ruso en España ya había surgido en octubre. Primero se pensó que se ocultaba en Málaga, pero en realidad se movía por Murcia y allí se asentó una comitiva de investigadores encubiertos dedicados a realizar vigilancia sobre los criminales.
Lohrmann en la camioneta Porsche que utilizaba en Alicante.
Como primer paso identificaron que se movilizaban en una camioneta Porsche, pero no encontraban el momento exacto para concretar la captura. Lo que apuntaló todo fue una denuncia radicada el 28 de enero, a partir de la cual los investigadores supieron que ambos fugitivos habían amenazado de muerte a una persona, dado que se encontraban trabajando para un grupo de narcotraficantes, cometiendo extorsiones y ajustes de cuentas.
Una semana después el operativo final ya estaba articulado. Solo había que esperar el momento oportuno y eso ocurrió el jueves 6 de febrero. Lohrmann y Roscaleer fueron interceptados en una estación de servicios de Alicante, donde se resistieron, pero no pudieron doblegar a los agentes tácticos convocados para la misión.
Dentro de la camioneta encontraron dos armas de fuego, además de 50.000 dólares y también confirmaron que, fiel a su estilo, el argentino camuflaba su verdadera identidad utilizando un pasaporte esloveno.
Tras su detención, Ruso Lohrmann fue trasladado a Madrid, donde la Justicia le dictó prisión preventiva sin fianza y allí aguardará los trámites de extradición para regresar a Portugal a terminar de purgar su pena. En Argentina también lo esperan para responder por el caso Schaerer.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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