Policiales
El rugby y las patotas: “juntos se creen físicamente invencibles y superiores”
“Los rugbiers en general tienen un código de ética bastante estricto dentro del campo de juego, no se entiende por qué no lo aplican afuera”, dijo una de las psicólogas, con motivo del asesinato de un chico de 18 años por un grupo de rugbiers.
El ataque de un grupo de rugbiers contra Fernando Báez Sosa, el joven al que terminaron matando a patadas a la salida de un boliche en la ciudad balnearia de Villa Gesell, generó un debate: por qué estos hechos se repiten y cuál podría ser el vínculo entre este deporte y la actitud de los adolescentes que participaron de la pelea.
Aunque algunos protesten por una supuesta estigmatización infundada de ese deporte, lo cierto es que no se suceden tantos casos de agresiones, peleas violentas e incluso asesinatos asociados a practicantes de otros juegos, como sí sucede con el rugby.
De acuerdo con psicólogos consultados, es posible que los agresores se hayan sentido “superiores” a su víctima por ser jugadores de rugby, aunque el factor grupal y un posible prejuicio de clase también pueden haber influido.
Según Elvecia Trigo, quien se define a sí misma como la primera psicóloga youtuber, “la adolescencia es el momento en el que las hormonas están a ‘full’ y los chicos se sienten con impunidad para hacer lo que quieran”, por lo que es una etapa en la que “creen que todo vale”.
“Los rugbiers, en general, tienen un código de ética que es bastante estricto dentro del campo de juego, no se entiende por qué no lo aplican afuera. Hay que tener en cuenta también la presencia del alcohol y las drogas: si están bajo esos efectos, no pueden medir las consecuencias”, señaló la especialista graduada en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados (AEAPG).
Además, la licenciada resaltó que “el estar en grupo” podría haber impulsado a los agresores a comenzar la pelea, ya que “al estar en masa nos potenciamos y si algo nos molestó, lo atacamos”. El estar acompañado de otras personas genera una sensación de “indiferencia e impunidad porque no se sabe quién fue (el que mató a la víctima), no es la responsabilidad de uno que da la cara, no se sabe”.
Para Trigo, “sería interesante saber de qué colegio provienen” los 11 detenidos por el crimen y “en qué familias se criaron, porque les pudieron haber dado valores buenos para formarse, pero evidentemente no alcanzaron”.
“Para llegar a esta situación de matar a alguien es porque no se los cuidó y no lo trabajaron en la escuela o en el grupo del club”, añadió.
“Se sienten una clase superior, pertenecen a una élite, no cualquiera es rugbier. Si este joven (que falleció) era de nacionalidad paraguaya (sus padres nacieron en ese país), es muy probable que se hayan ensañado más con él por no ser de una clase social alta”, agregó.
En este punto, coincidió la psicóloga y escritora Celia Antonini, quien dijo que quienes practican esta actividad “tienen sensación de mayor superioridad física”. Además, “hay un vínculo de estos hechos no con el deporte en general, sino con este tipo de deportes”.
En este sentido, Antonini resaltó que el rugby es una disciplina “de contacto”, por lo que sus jugadores “se sienten más fortalecidos y mucho más fuertes que el resto de las personas”. Justamente por esta razón se suele aconsejar a quienes padecen de “baja autoestima” la práctica de deportes como el boxeo o el rugby.
En otro orden, Antonini explicó que “existe algo que en psicología se llama efecto manada”; es decir, “existe un mecanismo que lleva a la necesidad de no ser rechazado socialmente”. El miedo al rechazo social “activa las mismas regiones neuronales que el dolor físico”, explicó.
“En el momento en que suceden las cosas el individuo que está en grupo no puede ponerse en contra de los demás. A veces, hay uno que dice ‘paremos’, pero el resto sigue y entonces esa persona se une al grupo, yendo incluso contra sus creencias o convicciones. Y pueden hacer cosas que están más allá de su ética, se van al diablo, porque sólo porque los arrastra la emoción colectiva”, precisó.
“Las emociones, positivas o negativas, como en este caso la agresividad, se contagian a todo el grupo”, afirmó Antonini.
Finalmente, Alejandra Libenson, psicóloga y psicopedagoga especialista en crianza, opinó que “el deporte tiene sus propios valores, implica formar parte de un grupo, tener un objetivo en común”, por lo que los agresores pudieron actuar sin medir las consecuencias “porque para ser valorado hay que demostrar la fuerza”.
La experta, que trabaja en la prevención de las “violencias invisibles” y comenzará un programa al respecto en radio RZ, sostuvo que “las patotas y las bandas no soportan las diferencias y no pueden reprimir las ganas de poner el cuerpo para ser valorados” por sus pares.
“Entre los jóvenes se replican las mismas diferencias que entre los adultos y, si los prejuicios están instalados en las familias de los chicos, inciden en ellos también. Esa cuestión de la discriminación, de juzgar al otro por lo que tiene y no por lo que es, se genera en la familia y se traslada a los jóvenes en sus actitudes afuera de la casa”, concluyó.
El gobernador Hugo Passalacqua dispuso el apartamiento de Carlos Alberto Heppner, quien se desempeñaba como director de Promoción y Protección de Derechos del Adulto Mayor, en el ámbito de la Subsecretaría del Adulto Mayor, luego de que su nombre quedara incorporado en la investigación judicial por una estafa piramidal.
La medida se conoció mientras avanza la causa que investiga un esquema de inversiones denunciado por varios damnificados, en el que se habrían ofrecido retornos económicos elevados a partir de supuestas operaciones comerciales vinculadas a exportaciones e importaciones. Según fuentes consultadas, Heppner aparece mencionado dentro del expediente y habría tenido participación en la operatoria investigada.
De acuerdo con la reconstrucción judicial, la maniobra consistía en captar fondos con promesas de ganancias semanales y mensuales por encima de los valores habituales del mercado. Durante los primeros meses se habrían concretado pagos parciales, pero luego comenzaron los incumplimientos y reclamos por falta de devolución del dinero invertido.
En el marco de la causa, en los últimos días también se realizaron nuevos procedimientos en Posadas, entre ellos un operativo en el barrio Itaembé Guazú donde fueron detenidas dos personas vinculadas al entorno del principal acusado, conocido como Charly. En esos allanamientos se secuestraron tarjetas bancarias y teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.
La investigación judicial continúa enfocada en el análisis de movimientos financieros y en el circuito de fondos utilizado para canalizar los aportes de los inversores, mientras no se descartan nuevas medidas procesales en los próximos días.
Luego de que Geremías D. S (69) arrastrara a un perro atado a su moto en marcha y sea filmado por un transeúnte, lo que derivó en un operativo policial que capturó al hombre, la agrupación proteccionista “Patas Sucias” formalizó la denuncia enmarcada en la Ley Nacional 14.346, que sanciona el maltrato animal.
En el video, que se viralizó rápidamente en redes sociales, se puede observar que el perro presentaba resistencia mientras el hombre a bordo de la moto avanzaba lentamente para pasarlo de un lado a otro de la ruta 210 de San Ignacio.
El hecho provocó un rápido repudio social y, tras la llegada de efectivos policiales que concretaron la detención del hombre y el resguardo del animal, una mujer de 26 años, integrante de la agrupación proteccionista Patas Sucias, radicó la denuncia correspondiente.
Según consta en la presentación, el acusado identificado como Geremías D. S, “había sido visto mientras arrastraba a un perro atado con una soga a una motocicleta, provocándole sufrimientos innecesarios”.
Por disposición del Juzgado de Paz local, la denuncia fue incorporada al sumario contravencional en curso en el marco de la Ley Nacional 14.346, que sanciona los actos de crueldad hacia los animales.
Puntualmente, esta normativa nacional penaliza el maltrato y la crueldad hacia los animales, considerándolos víctimas y no solo propiedad.
Al mismo tiempo, establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes cometan actos de maltrato o crueldad, incluyendo el abandono, la falta de alimento y la tortura.
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El avance de la causa por el homicidio de Ivo Rodrigo Torres, el joven indígena de 22 años asesinado durante una persecución de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) en La Quiaca (Jujuy), derivó en el sobreseimiento de dos efectivos misioneros que habían sido imputados en el expediente judicial.
Se trata del subalférez Alexander Gunther, oriundo de Aristóbulo del Valle, y del cabo primero Marcos Leonardo Wisniewski, oriundo de Santa Rita, quienes integraban la patrulla del Escuadrón 21 al momento del hecho ocurrido el 6 de febrero de 2025.
La resolución fue adoptada por la Justicia Federal de Jujuy tras considerar que no existían elementos suficientes para atribuirles participación directa en los disparos que terminaron con la vida del joven motociclista.
La investigación determinó, a partir de pericias balísticas y reconstrucciones técnicas, que los proyectiles mortales provinieron de un único arma reglamentaria, utilizada por el sargento primero Walter Daniel Álvarez, otro integrante del operativo.
En una primera etapa, los dos efectivos misioneros, junto a la cabo Juliana Enciso, habían quedado imputados por homicidio agravado, aunque con el correr de la instrucción fueron desvinculados del hecho principal.
Los sobreseimientos fueron firmados el 27 de febrero y el 4 de marzo pasado, por el juez de Garantías N° 1 de Jujuy Eduardo Hansen.
Ivo Rodrigo Torres fue asesinado de un disparo en la espalda en febrero del año pasado.
Un gendarme a juicio
Con la elevación de la causa, el único acusado que llegará a juicio oral será el sargento primero Álvarez, señalado como autor de los dos disparos efectuados durante la persecución que se extendió por varios kilómetros en inmediaciones de la frontera entre Argentina y Bolivia.
Según la acusación fiscal, uno de los proyectiles impactó por la espalda en Torres y le provocó heridas fatales. Por ese hecho, Álvarez deberá responder por homicidio doblemente agravado, tanto por alevosía como por su condición de integrante de una fuerza de seguridad.
La acusación es impulsada por el fiscal federal Federico Zurueta, mientras que la querella, en representación de la familia de la víctima, sostiene que existió un uso desproporcionado de la fuerza durante el procedimiento.
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