Policiales
El Juez Cardozo imputó al camionero que atropelló a Sotelo de homicidio culposo con penas de 1 a 6 años de prisión
El conductor del camión que se dirigía de Posadas hacia Candelaria y que finalmente atropelló y mató a Franco Sotelo, el chacal que murió en la ruta a la altura de Garupá cuando intentaba escapar corriendo y desarmado de los policías que lo buscaban por el ser el principal sospechoso de la violación que sufrió una nena de 6 años en Pozo Azul, fue imputado esta mañana del delito de “homicidio culposo”.
El conductor declaró que cuando Sotelo se cruzó en su camino, no tuvo tiempo a esquivarlo y el resultado fue fatal. En un primer momento se dijo que el prófugo se arrojó bajo las ruedas del camión, luego se consolidó la versión de que en realidad quiso cruzar la carretera para seguir la fuga y en eso lo impactó el transporte de cargas.
En el juzgado de Cardozo están reconstruyendo los últimos minutos con vida de Sotelo. Hace unos días, había declarado otro testigo, quien aseguró haber escuchado disparos antes de que se produjera el atropellamiento letal. El muchacho muerto tenía un balazo en la espalda. El proyectil fue detectado en la segunda autopsia que el practicaron. Era una bala calibre 22 disparada a corta distancia.
El testigo dijo que esa tarde del 17 de abril estaba sobre la colectora de la ruta nacional 12, sentado en su moto, cuando oyó gritos y luego vio que un joven tatuado, con el torso desnudo, era perseguido. De inmediato se le acercó un policía y le dijo que condujera hacia el sector donde se estaba produciendo la persecución y se colocó detrás de él, como acompañante. En eso, afirmó, escuchó dos disparos. Poco después vio que el tatuado estaba muerto sobre el asfalto, tras ser atropellado por el camión.
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez
El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.
Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.
En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.
La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.
La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.
Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.
Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.
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