Policiales
El domingo habrá una marcha por Chany y otras víctimas de sicariato en Irigoyen
A casi una semana del crimen de Sebastián “Chany” Fernández (42), asesinado a tiros por un sicario en motocicleta, sus familiares organizan para el domingo una marcha para pedir justicia por el caso y convocan a los allegados de las víctimas de los otros cuatro crímenes de similares características registradas en Bernardo de Irigoyen desde mayo del año pasado.
“La estamos pasando muy mal y no tenemos ninguna solución. El hecho está por cumplir una semana y no tenemos nada. Para nosotros hay muchos sospechosos, pero parece que nadie los busca”, reclamó a La Voz de Misiones Rosa Fernández, tía de Chany.
La mujer añadió que su sobrino ya había sido amenazado en 2021 y que el miércoles pasado -dos días antes del crimen- recibió otra llamada en la que le dijeron que habían ordenado su muerte.
“El año pasado él ya había sido amenazado y pagó para saber quién lo había amenazado. Se hizo denuncia y todo eso lo tiene la Policía. Hace poco vino a mi casa, me contó que lo habían amenazado y yo le dije que dejara Irigoyen, pero no llegó a hacerlo. El miércoles, incluso, recibió otra amenaza. El que le mandó el audio le pidió 1 millón de pesos para saber quién le iba a matar. Le pidieron que consiga el dinero para el jueves y el viernes fue asesinado”, agregó la mujer.
Para Rosa y sus familiares la angustia es total. Consideran que los autores del hecho, tanto materiales como intelectuales, pueden ser argentinos o brasileños y que pueden estar en cualquier lugar. “No sabemos de dónde pueden ser. Él también fue amenazado por brasileños, pero puede ser cualquiera. Puede estar al otro lado de la frontera o a la vuelta de nuestras casas. Ese es nuestro mayor miedo. Queremos saber quién fue o quién mandó a hacer esto y por eso estamos organizando esta marcha con familiares de otras víctimas de hechos similares”, señaló.
Respecto a la motivación del crimen, Rosa no dudó a la hora de relacionar el hecho con los negocios de frontera y aseguró que “la amenaza del año pasado fue por el paso, porque ellos trabajan pasando. La mitad del pueblo de Irigoyen sabe y trabaja de eso, nadie puede negarlo. Pero no hay explicación para esto, pareciera que acá es el poder del más fuerte no más porque nunca se encuentra a nadie”.
La movilización que se organiza será el domingo, a partir de las 14. La actividad tiene previsto comenzar en el barrio Vista Alegre y desde allí avanzar hasta la comisaría local y la zona de aduana.
El crimen
Chany Fernández era comerciante, se dedicaba al paso de productos en la frontera seca con Brasil y también era propietario de una cancha de fútbol 5. Era integrante del cuartel de Bomberos voluntarios, fanático de River Plate y de los jeeps.
El hombre fue asesinado a disparos el viernes pasado, cerca de las 9.30, cuando un individuo a bordo de una motocicleta con patente brasileña lo atacó frente a su propiedad sobre la avenida Tránsito Pesado, casi calle Saltos del Moconá.
La víctima recibió un total de siete disparos en diversas partes del cuerpo y falleció a los pocos minutos, antes de llegar a un centro asistencial.
Por el hecho la Justicia demoró a un sospechoso apuntado por un testigo del crimen, pero fue liberado al día siguiente en virtud de que los estudios de parafina dieron negativo y no existen mayores elementos como para vincularlo con el crimen.
En el caso intervine el Juzgado de Instrucción Uno de San Pedro, a cargo del magistrado Ariel Belda Palomar. Se aguardan por los datos que puedan extraerse del teléfono de la víctima para obtener mayores pistas.
Desde el año pasado hasta la actualidad ya se registraron tres homicidios de características mafiosas y vinculadas al contrabando de mercadería, principalmente de vinos. Las víctimas fueron: el abogado Juan María López, Rafael Antúnez de Olivera y Ariel Camargo de Lara.
Además, Maximiliano Pimentel continúa desaparecido y su ausencia provocó un enfrentamiento a tiros que derivó el homicidio de su tío Diego Pimentel.
El Juzgado de Instrucción Siete de Posadas, a cargo del magistrado Miguel Mattos, resolvió en las últimas horas el dictado de prisión preventiva contra las dos mujeres detenidas por el asesinato del agente penitenciario Julio César Argüello (45), registrado en febrero pasado.
Las implicadas son Rosa Lidia Argüello (54), hermana de la víctima, quien enfrenta una acusación como autora del delito de “homicidio simple” -que prevé entre 8 y 25 años de prisión-, y Paola Z. (35), última pareja del penitenciario, cuya imputación es por “encubrimiento agravado por tratarse de un delito grave”.
El agente penitenciario que se desempeñaba como adscripto en el ministerio de Derechos Humanos fue atacado el 6 de febrero en su casa sobre calle Puerto Rico, a metros de la residencia del gobernador en el barrio Luis Piedra Buena de Posadas.
El hecho fue alertado por la propia hermana, quien llamó a una ambulancia para auxiliar al agente que estaba herido dentro de la vivienda.
El hombre fue trasladado al hospital Madariaga y quedó internado en grave estado de salud hasta que el jueves 12 de febrero se produjo su fallecimiento, ante lo cual se realizó un examen de autopsia que confirmó que la lesión sufrida correspondía a un balazo y el caso pasó a ser investigado como homicidio.
Desde el principio hubo más dudas que certezas en cuanto a las circunstancias del hecho, pero después del estudio forense la Justicia pudo avanzar con más elementos y en la pesquisa recolectó indicios que colocaron a su hermana bajo la lupa.
Entre esos elementos sobresalen imágenes de una cámara de seguridad que la muestran ingresar a la vivienda de la víctima en un horario cercano al hecho y otro indicio más directo aún: un revólver calibre 32 encontrado en la casa de sus padres, donde la mujer reside, en calles Ghandi y Jerusalén, en cercanías a la estación transferencias Quaranta.
El arma, que además tenía una vaina percutada, fue incautada por el personal de la Dirección Científica para ser sometido a pericias.
Respecto a la pareja de la víctima, también cuenta con imágenes de seguridad que la muestran en el inmueble en cuestión y se sospecha que su intervención fue clave para limpiar la escena.
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Una mujer de 50 años fue detenida, acusada de sustraer dos vinos de colección valuados en más de 6 millones de pesos de una tienda de bebidas ubicada sobre avenida Mitre casi Colón.
Todo comenzó con una denuncia radicada el pasado 12 de febrero por la propietaria del local “Vinos y Co”, ubicado en la mencionada intersección, quien advirtió el faltante de dos botellas de alta gama.
Según consta en la denuncia, se trata de un vino Estiva Reservado 1994 de Catena Zapata, valuado en $4.000.000, y otro Estiva Reservado 2008 de la misma bodega, con un valor de $2.450.000, lo que eleva el perjuicio económico a más de 6 millones de pesos.
En ese marco, se inició una investigación para dar con el paradero de la presunta autora del hecho. Finalmente, en la tarde del 31 de marzo, personal policial ubicó a la sospechosa, quien fue detenida y quedó a disposición de la Justicia en averiguación del hecho. La misma fue identificada como Celia S. (50).
Por su parte, los investigadores buscan establecer el destino de las botellas sustraídas, analizando si fueron consumidas, obsequiadas o comercializadas.
La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas en el marco del expediente.
Un oficial subayudante de la Policía de Misiones fue detenido y separado de la fuerza luego de dos denuncias por hechos contra la integridad sexual radicadas por uniformadas que compartieron dependencias con él en la localidad de El Soberbio.
El implicado fue identificado como Emanuel K. (26), cuya detención fue ordenada por el Juzgado de Instrucción Tres de San Vicente, a cargo del magistrado Gerardo Casco, donde se tramita ambas presentaciones radicadas en su contra.
Según la información brindada por la propia fuerza, de las denuncias se desprende que uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2023, cuando el apuntado presuntamente encerró a una camarada en una oficina e intentó someterla sexualmente.
El siguiente hecho tuvo lugar en septiembre de 2025, cuando el mismo uniformado se propasó con una agente con la que compartía lugar de trabajo y después de ello la amenazó para que no relevara lo que había sucedido.
Las denuncias fueron presentadas hace pocos días y después de ello el juzgado ordenó la detención del agente involucrado, al tiempo que la Jefatura de Policía inició una investigación administrativa a través de la Dirección de Asuntos Internos y ordenó el pase a disponibilidad del acusado.
El uniformado ahora se encuentra detenido y a disposición de las autoridades intervinientes en la causa, quienes decidirán los próximos pasos a seguir.
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