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Dos presos de la Segunda manejaban red de narcomenudeo con ayuda de policías

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La investigación sobre el funcionamiento de una red de venta de estupefacientes que salpica a la comisaría Segunda de Posadas registra una decena de detenidos hasta el momento, entre ellos un suboficial que prestaba servicios en esa dependencia y tanto el jefe como el subjefe de la seccional fueron citados a declarar como imputados mañana ante la Justicia Federal.

Fuentes consultadas por La Voz de Misiones describieron que el operativo desplegado esta mañana por la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) consistió en la realización de al menos 15 allanamientos en diversos puntos de la ciudad, principalmente domicilios particulares e inmuebles que funcionaban como boca de expendio de estupefacientes.

La pesquisa se focaliza sobre una red dedicada al narcomenudeo, operación en la cual tendrían relevancia dos personas actualmente detenidas por delitos similares en la comisaría Segunda, quienes a su vez aparentemente contaban con la connivencia de uniformados para poder mantener comunicación activa con sus cómplices en el exterior, entre otros “favores”.

Allí es donde participarían el suboficial hoy detenido, como así también el jefe y el subjefe de la dependencia, quienes si bien no fueron apresados, están supeditados a la misma causa y fueron citados a prestar declaración indagatoria como imputados.

En diálogo con Radioactiva 100.7, el jefe de la Policía de Misiones, el comisario general Carlos Merlo, precisó que ambos uniformados fueron pasados a disponibilidad hasta tanto se determine el grado de responsabilidad en el hecho investigado y que los dos están designando abogado defensor para declarar mañana ante la Justicia Federal.

El mandamás de la fuerza provincial también confirmó que todo el personal de la comisaría será trasladado y que la dependencia ahora quedará a cargo del comisario Sergio Benítez.

“Base de dealers”

Si bien la pesquisa es ejecutada por la GNA en el marco de una causa de la Justicia Federal, el comisario Merlo precisó que “se está trabajando sobre la base de dealers” y respecto a la implicancia de uniformados en la red aseguró que “no tenemos información de que los internos hayan salido de sus celdas, pero sí que tenían comunicación con el exterior, ya sea telefónica o a través de otros medios. Todo esto surge a través de escuchas telefónicas”.

Por último, se supo que los dos internos alojados en celdas de la comisaría Segunda involucrados en la red también serán trasladados a otra unidad.

En los múltiples allanamientos, algunos de ellos efectuados en Villa Cabello y otros barrios de Posadas, la GNA también secuestró dosis de marihuana, cocaína y más elementos utilizados para el fraccionamiento y venta de estupefacientes.

El expediente por esta investigación es encabezado por la Fiscalía Federal Dos de Posadas y el Juzgado Federal de la misma ciudad.

 

Judiciales

La defensa pidió la absolución y hay cuarto intermedio hasta sentencia

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Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.

Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.

Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.

A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”

Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.

Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.

La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.

El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.

Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.

Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.

En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.

“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.

A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.

Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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Comenzó el segundo día de juicio a Mónica Gurina y Leandro Sánchez

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El debate oral contra los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez se reanudó está mañana en el SUM del Palacio de Justicia.

Previo al inicio, se conocio un pedido de la fiscal María Laura Álvarez, quién planteó que la audiencia de hoy se realice a puertas cerradas, solo con la presencia de las partes y los medios acreditados.

En sus argumentos, expuso que se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.

En el escrito sostuvo que en sus 13 años de trayectoria jamás experimento algo similar y recordó que la magistrada Marcela Leiva en varias oportunidades debió realizar llamados de atención a los asistentes para obtener el silencio adecuado en la sala.

La defensa, encabezada por el equipo legal integrado por los letrados Eduardo Paredes, Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, se opuso al pedido.

La magistrada Leiva, presidenta del tribunal unipersonal encargada de dirigir el proceso, no dió lugar al pedido y aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento.

Para este miércoles se prevé la declaración de al menos seis testigos, entre comerciantes y agentes policiales, principalmente.

Para hoy también está programado que se realice la ronda de alegatos y al culminar se decidirá el momento del dictado de sentencia.

Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”

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