Policiales
Detienen a ex policía por intentar incendiar una casa con sus sobrinos dentro
Ayer martes detuvieron a un ex policía por intentar incendiar la vivienda en la que se encontraban sus sobrinos, los cuatro menores de edad.
Según informó Verónica Denis, cuñada del acusado, en diálogo con La Voz de Misiones, la vivienda, ubicada en el Barrio Yacyretá de la ciudad de Posadas, se encuentra en sucesión luego de la muerte de la madre de su esposo, Adrián Ramón Ariel Rodríguez, período tras el cual sería puesta en venta.
“La sucesión la abrió mi marido y todos estaban de acuerdo, pero mi cuñado no quería vender la casa, quería quedársela. Entonces lo que hizo mi marido fue abrir la sucesión y, como nadie se quería hacer cargo de la casa, mi esposo accedió. Nos hicimos cargo de la luz y todo eso”, comenzó explicando Verónica.
“Mi suegra murió hace un mes, después de lo cual mi cuñado vino y se llevó todo lo que le correspondía a ella: el título de la casa, las cosas, el auto”, detalló.
En desacuerdo con la sucesión, el actual detenido, Jorge Francisco Rodríguez, se hizo presente en el domicilio el lunes 26 a las 11: “Ingresó a la casa y le robó la llave a mi marido, diciéndole que la casa era de él y que nadie iba a vivir ahí”.
“Después de eso se fue a la seccional Sexta diciendo que la casa le correspondía a él y que mi marido tenía que retirarse y nosotros con los chicos”, explicó.
Verónica y Ariel también asistieron a la comisaria para hacer la denuncia, frente a lo cual el agente que los recibió, según recuerda Verónica, les dijo: “Esperen, vamos a ver cómo arreglamos las cosas, todos pueden vivir ahí, todos son herederos, no es tu casa”.
De acuerdo al relato de su cuñada, el detenido manifestó: “Usted no entiende, nadie va a vivir ahí”, y se dirigió a su auto como para irse.
El policía de la seccional lo alcanzó y, luego de un rato de charla, volvió y les dijo: “Él va a ir a hacer una copia de la llave y en unas dos horas vuelve, esperen acá”.
“El oficial sale y le habla con toda la paciencia del mundo en la calle, como que tenían una amistad o algo, yo le digo que tenía que proceder; cómo puede ser que él esté actuando así, mi cuñado arranca el auto y el policía me promete que va a ser una copia de la llave, esperen dos horas para las 7”, dijo la denunciante.
Verónica señaló que su cuñado está retirado voluntariamente de la Fuerza de Bomberos de la Policía y que actualmente trabaja como conductor de un trasporte escolar.
También recordó varias ocasiones en que les señalaron “que no venga la prensa”.
Intento de incendio
Más tarde, volvieron a ir a la comisaría para recibir la copia de la llave y, alrededor de las 19, su hija de 16 años la llamó y le dijo que “él está acá dentro, mami, nos quiere prender fuego”.
“Mi hija estaba sola en la casa con sus hermanos”, añadió.
“Me desesperé, le digo a los policías que se muevan, que por favor vayan a mi casa y nunca se movieron, nunca hicieron nada, minimizaron todo”.
Refiriéndose a José Francisco Rodríguez, manifestó: “Él les decía: ‘Vengan adentro’; ‘¿qué te pasa, tío?’, le decía mi hija”.
“‘Vengan adentro, entren que ya está estoy bien con tu papá y tu mamá, quédense acá adentro’, les decía mientras iba rociando todo: las camas, las piezas de los chicos, el baño”, describió la cuñada.
“Mi hija más chiquitita quedó atrapada en la pieza, la más grande volvió a entrar y la sacó, porque él estaba decidido, vino vestido todo de negro con una capucha”, recordó Verónica.
“Mi otra sobrina lo esperaba en la esquina con un auto gris, él se bajó con tres bidones de nafta, también había otro en una moto, eran de la fuerza los que lo estaban esperando”, acusó la madre y los identificó como Brenda y Jonathan Rodríguez.
“Mi esposo corrió porque es cerca de la comisaría a mi casa, cuando llegó ya estaba todo prendido fuego, mis hijos estaban en la calle, los vecinos con matafuego trataron de apagar , él para eso le pegaba al que entraba, no quería que nadie entre”, reflejó.
Según afirmó la mujer, fue el Comando Policial quien se lo llevó detenido a la comisaría cuarta: “En la Sexta nunca nos tomaron ni la denuncia y nos dijeron que no cambiemos la cerradura de la puerta”.
“Ayer me tuve que ir hasta la Comisaría de la Mujer a exigirles que le tomen la declaración a mi hija porque ella está consciente y sabe lo que pasó, ella estuvo adentro”, lanzó.
“Ahí me dijeron que los de la sexta actuaron mal, que tuvieron que haber resguardado a los menores, principalmente”, agregó.
Asimismo, afirmó haber solicitado asistencia psicológica y el botón antipánico: “Mis hijos no pueden dormir tranquilos”, sumado a una restricción por 1 año del acusado.
Al momento, los implicados esperan ser llamados a declarar ante la Justicia.
“Yo exijo que los otros dos no estén más en la fuerza, que hagan algo, porque son cómplices también, dos policías así no están preparados para ser policía, lo llevaron a que prenda fuego a chicos”, remarcó.
Para la Justicia misionera, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez cometieron delitos durante el acampe que interrumpió el tránsito sobre lo avenida Uruguay a mediados del año pasado durante una protesta multisectorial en reclamo de mejoras salariales.
Así lo determinó esta tarde la jueza Correccional y de Menores Uno de Posadas, Marcela Leiva, quien como presidenta del tribunal unipersonal encargado de llevar adelante el juicio oral decidió condenar a ambos trabajadores de la educación como coautores de los delitos de “desobediencia judicial y entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación con la cual llegaron a esta instancia.
Las penas impartidas fueron 10 meses de prisión en suspenso para Gurina y 8 meses de prisión en suspenso para Sánchez, quienes además deberán realizar 8 horas mensuales de tareas comunitarias dando clases en comedores infantiles.
Los fundamentos del fallo serán comunicados el 1 de diciembre, jornada para la cual el colectivo de docentes y trabajadores de la educación unidos en acompañamiento a los ahora condenados anunció un paro con posible movilización hacia el Palacio de Justicia, donde esta mañana volvieron a montar una vigilia y luego reclamaron que el veredicto busca “criminalizar la protesta”.
La defensa de los docentes, encabezada por el abogado Eduardo Paredes, junto a Roxana Rivas y María Laura Alvarenga, adelantó que una vez conocido los argumentos apelarán el fallo y de ser necesario insistirán hasta llevar el caso a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).
La fiscal María Laura Álvarez fue la primera en alegar y solicitó condenas para los imputados.
“No hay derecho absoluto”
El fallo se ajustó casi en su totalidad con el planteo efectuado previamente por la fiscal María Laura Álvarez, que al momento de su alegato consideró que ambos docentes habían cometido los delitos imputados en el marco de la protesta realizada el año pasado y, por ende, pidió 1 año de prisión en suspenso para Gurina y 10 meses en suspenso para Sánchez.
Álvarez argumentó que el mayor pedido contra Gurina fue porque ella “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe instalado sobre la avenida Uruguay, casi Trincheras de San José, una cuadra antes del campamento similar montado por agentes policiales frente al Comando Radioeléctrico Uno.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por unos 80 comerciantes de la avenida Uruguay, tomando como ejemplo a Gustavo Cardozo, dueño de Vicar Muebles, que como testigo declaró que sus ventas bajaron un 40% durante los días que duró la protesta.
Consideró, además, que ambos docentes incumplieron en forma “dolosa” con la orden de despeje de la calle emitida por el juez Ricardo Balor y para ello se apoyó en las declaraciones de varios agentes policiales que hoy comparecieron como testigos, entre ellos Mariela Acosta, mediadora de la fuerza provincial.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez que anoche además presentó un escrito solicitando que la audiencia de hoy se restrinja al público.
En sus argumentos, expuso que el martes se sintió “coaccionada, intimidada y acosada” por el público que acompañaba a los docentes enjuiciados.
La defensa se opuso y la jueza Leiva también, que aceptó el ingreso del público, aunque reiteró las normas de comportamiento. Lo que no hubo fue transmisión oficial en vivo, como suele en la mayoría de los debates orales, salvo excepciones como casos de abuso sexual donde prevalece el derecho a la intimidad de la víctima.
Sánchez reinvidicó el derecho a protesta al dar sus últimas palabras, poco después de sufrir un cuadro de presión alta.
“Fue un hecho público y multitudinario”
En defensa de los imputados alegaron los tres letrados del equipo técnico legal, siendo Paredes y Rivas los principales oradores.
En primer término, Paredes realizó un repaso de las luchas sociales y conquistas de derechos obtenidas en el marco de protestas en las calles. A nivel nacional mencionó la protesta del campo contra la resolución 125 que lideró Alfredo De Angeli -hoy senador nacional- y en materia provincial recordó el tractorazo que derivó en la creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym).
“Hubo tractores sobre la plaza, se cortó el tránsito, los empleados apenas podían ingresar a la casa de gobierno. Aún así, el gobierno reconoció que eran derechos constitucionales y no tomó ninguna medida. Así salió el Inym y el gobierno provincial nunca impulsó un proceso”, ejemplificó.
Rivas, por su parte, consideró que la causa carecía de pruebas para dar por acreditada las acusaciones. “Fue un hecho público y multitudinario. No hay pruebas de que ambos hayan ‘liderado’ la protesta. Esto era, además, multisectorial. Es imposible endilgarle un ‘poder de dirección’ en los hechos”, apuntó.
También cuestionó que “los daños económicos en los comerciantes son presumido, no está acreditado” y aseveró que “la salida acá es entender que este conflicto ya se resolvió en sede administrativa”.
En consecuencia, la defensa pidió la absolución de los acusados o, en forma subsidiaria, la aplicación del estado de necesidad justificante o del estado de necesidad disculpante.
Los planteos defensivos no prosperaron. Tras más de dos horas de deliberación, la magistrada Leiva regresó a la sala con el veredicto y por secretaría se leyó la condena para ambos docentes.
La sentencia de la jueza Marcela Leiva fue impartida poco después de las 14.
Gurina y Sánchez en juicio: “Ir al acampe fue colectivo y asambleario”
Tras el pedido de absolución planteado por la defensa, los docentes y dirigentes sindicales Mónica Gurina y Leandro Sánchez hicieron uso de sus últimas palabras antes del cuarto intermedio para deliberar la sentencia por parte de la magistrada Marcela Leiva.
Sánchez, visiblemente emocionado y hasta con un cuadro de suba de presión, reinvindicó el derecho a protesta e insistió en el carácter asambleario de todas las decisiones tomadas durante la protesta del año pasado. “No tenemos liderazgos, tenemos asambleas en las plazas“, señaló.
Y afirmó: “No somos el diablo. Somos ciudadanos insurrectos, que no soportan la injusticia y no se resignan a ser maestros sin casa”.
A lo que agregó: “Si nos condenan, van a condenar la protesta social. Sentarán un precedente para el país y se llenarán las cárceles de maestros y trabajadores”
Gurina también se expresó brevemente y adhirió a las palabras de su colega.
Luego, la jueza Leiva dispuso un cuarto intermedio por tiempo indeterminado para deliberar y dictar sentencia.
Minutos antes, la fiscal María Laura Álvarez había solicitado penas de 1 años y 10 meses de prisión en suspenso para los imputados, siendo el mayor pedido contra Gurina.
La fiscalía pidió condenas contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez
La fiscal María Laura Álvarez solicitó 1 año de prisión para Mónica Gurina y 10 meses de prisión para Leandro Sánchez.
El cumplimiento de la pena es en suspenso, es decir, que no implica ir a la cárcel y también contempla la realización de tareas comunitarias.
Para la fiscalía, ambos fueron coautores de los delitos de “desobediencia judicial” y “entorpecimiento del normal funcionamiento de los medios de transporte”, misma imputación bajo la cual llegaron a juicio oral.
Alvarez argumentó que el mayor pedido de pena fue para Gurina porque “tenía un plus en la ejecución” de las acciones enmarcadas en la protesta y el acampe docente desarrollado entre mayo y junio de 2024.
En su alegato, la fiscal remarcó los perjuicios económicos sufridos por los comerciantes de la avenida Uruguay y el entorpecimiento del transporte.
“Nadie está en contra del derecho a la protesta, pero la Corte dijo que no hay ningún derecho absoluto”, expresó Álvarez.
A continuación es el turno de alegar a la defensa de los docentes imputados y más tarde la jueza Marcela Leiva dictaría sentencia.
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